Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 3 de agosto de 2026
Concede en parte la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en todo la Resolución 01/2024 de 4 de febrero, cursante de fs. 37 a 41, pronunciada por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Sexta del Distrito Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia; 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación al Sargento hoy coaccionado en los mismos términos de la Jueza de garantías, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la Secretaria accionada y el Director hoy coaccionado, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1479/2026-S1 Sucre, 3 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 61690-2024-124-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 01/2024 de 4 de febrero, cursante de fs. 37 a 41, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lucio Edgar Abircata Ali en representación sin mandato de María Elizabeth Tapia Chura contra Sandra Vargas Gutiérrez, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Sexto; Juan Carlos Ibarra Alarcón, Director y “Pachaguaya”, Sargento Encargado de Celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC); todos de El Alto del departamento de La Paz.
La accionante, a través de su representante sin mandado, por memorial presentado el 3 de febrero de 2024, cursante de fs. 17 a 19, denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de celeridad, inmediatez, a la defensa y a una justicia pronta y oportuna; puesto que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Juan Efraín Calle Huanca y Judith Maribel Huanca Pucho, por la presunta comisión del delito de asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 del Código Penal (CP), la Fiscal de Materia presentó el 29 de enero de ese año, Resolución de Imputación Formal contra su persona en grado de complicidad ante el Juzgado de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, quien en audiencia de medidas cautelares mediante Auto Interlocutorio 56/2024 de 30 de enero, dispuso la aplicación de medidas cautelares personales como la detención domiciliaria, arraigo y presentación de dos garantes solventes. Cumplido lo dispuesto, por memorial de 1 de febrero de igual año, solicitó se libre mandamiento de libertad y detención domiciliaria, mismo que fue remitido a la “Gestora de Procesos” para su cumplimiento, notificándose en las celdas de la FELCC al Sargento “Pachaguaya” -hoy coaccionado-, quien no quiso recepcionar el citado mandamiento, manifestando que no tendría personal para efectivizar el mismo; por lo que, el personal de la “Gestora de Procesos” restituyó el mandamiento a la Secretaria del Juzgado de origen, sin que hasta el presente se dé cumplimiento a lo dispuesto. Sandra Vargas Gutiérrez, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz -accionada-, mediante informe presentado el 4 de febrero de 2024, cursante a fs. 31 y vta., manifestó que: cumplió con sus funciones librando el respectivo mandamiento de libertad y detención domiciliaria el 2 de febrero de 2024, que fue remitido a la oficina “Gestora de Procesos”, la cual fue representada por el Sargento ahora coaccionado, quien no quiso recibir el mandamiento de libertad y detención domiciliaria. Juan Carlos Ibarra Alarcón, Director de la FELCC de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz y “Pachaguaya”, Sargento Encargado de Celdas de la FELCC de la señalada ciudad y del mencionado departamento, no asistieron a la audiencia de consideración de la acción de amparo de libertad, ni remitieron informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 22. La Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Sexta del Distrito Octavo de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante la Resolución 01/2024 de 4 de febrero, cursante de fs. 37 a 41., concedió en parte la tutela solicitada en cuanto al Sargento ahora coaccionado; así también, denegó la tutela solicitada con respecto a la Secretaria ahora accionada y el Director hoy coaccionado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución, para todas las causas comprendidas en el citado Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena, TCP-SP 010/2026 de 17 de junio. Por lo que, el formato del presente fallo, se ajusta a lo precedentemente determinado.
La SCP 0280/2025-S1 de 10 de abril, citando a la SC 0044/2010-R de 20 de igual mes, señala que a través de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto de despacho señala que: “…se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos (…).
Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; (…) por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad…” (las negrillas nos corresponden).
De los antecedentes relevantes traídos en revisión, se advierte que la accionante denuncia que la parte accionante no hubiesen dado cumplimiento al mandamiento de libertad y detención domiciliaria de 2 de febrero de 2024, dispuesto por el Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz. En el presente caso, se advierte que el Sargento ahora coaccionado fue el que vulneró y restringió el derecho a la libertad de la accionante; ya que, se rehusó a notificarse con el mandamiento de libertad y detención domiciliaria de 2 de febrero de 2024, argumentando que no contaba con personal; por lo que, dicha actitud es dilatoria por no dar cumplimiento al citado mandamiento que fue librado por autoridad judicial competente el cual mandó y ordenó específicamente que el Sargento hoy coaccionado, ponga en inmediata libertad a María Elizabeth Tapia Chura -accionante-; en tal sentido, el Sargento ahora coaccionado desobedeció una orden judicial directa que tiene carácter de cumplimiento obligatorio, causando que la accionante siga detenida y privada de su libertad hasta la realización de la presente acción de defensa; dicho entendimiento encuentra correspondencia con la jurisprudencia descrita en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional que señala: “…toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho…”; correspondiendo en el caso, conceder en parte la tutela solicitada, disponiendo que el Sargento hoy coaccionado, en el día dé cumplimiento al mandamiento de libertad y detención domiciliaria. En relación a la Secretaria ahora accionada y al Director hoy coaccionado, la accionante no describe de qué manera vulneraron sus derechos simplemente los nombra; por lo que, contra dichos demandados sin ingresar a mayores consideraciones se deniega la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada -ordenando que el Sargento ahora coaccionado, de estricto cumplimiento a lo ordenado por el Juez de la causa, en cuanto al mandamiento de libertad y detención domiciliaria, sea en el día, bajo responsabilidad disciplinaria-; y, denegar respectó a la Secretaria accionada y el Director hoy coaccionado, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en todo la Resolución 01/2024 de 4 de febrero, cursante de fs. 37 a 41, pronunciada por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Sexta del Distrito Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia; 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación al Sargento hoy coaccionado en los mismos términos de la Jueza de garantías, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la Secretaria accionada y el Director hoy coaccionado, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1479_2026-S1.pdf · páginas 1 a 4.
Huella digital del PDF (SHA-256): bbe892e5b1785bbb58e88a4eb4b75f9d1ed269ea2c5b24276a95fc2ddd80a4ba
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