Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025
Deniega la tutela
El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, en el proceso de asistencia familiar a instancia de Paula Alejandra Aguilera Padilla en su contra, se libró un mandamiento de apremio ilegal, a pesar de haber cuestionado la filiación de la menor beneficiada, al ser falso el certificado de nacimiento y estar pendiente de resolución un recurso de apelación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 122 de 5 de julio de 2023, cursante de fs. 43 a 46, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, sin ingresar al análisis del fondo de la problemática planteada. 2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, manteniendo la validez de los actos posteriores a la concesión de la tutela efectuada a través de la Resolución de la mencionada Sala Constitucional, conforme las razones explicadas en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1472/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 56821-2023-114-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 122 de 5 de julio de 2023, cursante de fs. 43 a 46, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juvenal Hernán Echeverría Valle en representación sin mandato de Carlos Álvaro Saat Saat contra Bella Rosa Baldelomar Chávez, Jueza Pública de Familia Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 4 de julio de 2023, cursante de fs. 31 a 33, el accionante a través de su representante sin mandato, expresó que:
En el Juzgado Público de Familia Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, cursa proceso de asistencia familiar seguido por Paula Alejandra Aguilera Padilla contra Carlos Álvaro Méndez Saat, dentro del cual el 20 de junio de 2023, la Jueza demandada, libró un ilegal mandamiento de apremio en su contra; pese a encontrarse pendiente de resolución definitiva un incidente de reducción de asistencia familiar y el recurso de reposición. Alegando además que, es falso el certificado de nacimiento de la beneficiaria de asistencia, con el cual se inició el proceso familiar; por lo que, sería inexistente su vínculo legal con la menor.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad, sin citar normativa constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto el mandamiento de apremio de 20 de junio de 2023 librado en su contra.
Celebrada la audiencia pública virtual el 5 de julio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 40 a 43, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, manifestó que: a) Se dio una persecución indebida al librarse un mandamiento de apremio ilegal en su contra en un proceso de asistencia familiar; b) El vínculo de filiación de la menor beneficiada se encuentra en discusión; c) El 29 de noviembre de 2015 se demandó asistencia familiar en su contra con un certificado de nacimiento en el que figuran datos que no tienen relación con su persona; d) En la gestión 2021, la madre de la menor, demandó la rectificación de datos en la partida de nacimiento de su hija; por lo que, este documento sería falso; e) El Servicio de Registro Cívico (SERECI) emitió certificación sobre la inexistencia del certificado de nacimiento de la menor beneficiaria de la asistencia familiar; f) Hubo un procesamiento y persecución indebido en base a un certificado de nacimiento falso; y, g) No hay coincidencia en la identidad del impetrante de tutela y los datos del padre registrado en el certificado de nacimiento.
Bella Rosa Baldelomar Chávez, Jueza Pública de Familia Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 35.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 122 de 5 de julio de 2023, cursante de fs. 43 a 46, concedió la tutela impetrada, ordenando a la autoridad demandada que en el plazo de cuarenta y ocho horas se remitan obrados ante el mencionado Tribunal Departamental de Justicia, a objeto que se resuelva el recurso de apelación interpuesto por el accionante; con base en los siguientes fundamentos: 1) El Tribunal de garantías no puede determinar la falsedad o no del certificado de nacimiento de la menor beneficiaria, correspondiendo dicha valoración a los tribunales ordinarios; 2) El accionante presentó recurso de reposición con alternativa de apelación contra el Auto 367/23 de 23 de mayo de 2023, que aprobó la planilla de liquidación, encontrándose pendiente la remisión del recurso de apelación al superior en grado; 3) La situación jurídica del impetrante de tutela debe ser resuelta a la brevedad, al existir un mandamiento de apremio en su contra, para no ser privado de su libertad ilegalmente; y, 4) Este Tribunal a fin de buscar la celeridad en la tramitación del proceso de asistencia, abrió la tutela de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, basado en la informalidad que permite considerar otro extremo que no fue demandado en la presente acción. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el representante sin mandato del accionante, pidió se aclare y complemente el fallo en relación al mandamiento de apremio vigente; al encontrarse el recurso de reposición con alternativa de apelación planteado pendiente de resolución por el superior en grado porque aún no se remitió; por lo que, pidió la suspensión de ese mandamiento hasta el envío al Tribunal de alzada. En sustanciación y resolución de lo impetrado, la precitada Sala Constitucional, señaló que tiene que remitirse inmediatamente obrados al Tribunal superior en grado para la definición del problema jurídico de todo lo actuado, que se emitió una Sentencia traslativa o de pronto despacho para dar celeridad y que en el plazo de cuarenta y ocho horas se remita la apelación; motivo por el que, no consideró la necesidad de aceptar lo peticionado.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial de 10 de febrero de 2023, presentado por Carlos Álvaro Saat Saat -solicitante de tutela-, interpuso recurso de apelación contra el Auto 235/22 de 23 de noviembre de 2022, ante Bella Rosa Baldelomar de Valverde, Jueza Pública de Familia Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, que declaró improbado el incidente de reducción de asistencia familiar mensual (fs. 15 y vta.). II.2. Según Auto 293/23 de 25 de abril de 2023, pronunciado por la Jueza demandada se concedió el recurso de apelación interpuesto contra el Auto 235/22 (fs. 25). II.3. Cursa mandamiento de apremio de 20 de junio de 2023, librado por la Jueza demandada, que ordenó el apremio de ‘“CARLOS ALVARO SAAT SAAT”’ (sic) hasta cancelar el monto de Bs95 850.- (noventa y cinco mil ochocientos cincuenta bolivianos), en el proceso de asistencia familiar seguido por Paula Alejandra Aguilera Padilla contra el solicitante de tutela, para que sea conducido al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz (fs. 30).
El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, en el proceso de asistencia familiar a instancia de Paula Alejandra Aguilera Padilla en su contra, se libró un mandamiento de apremio ilegal, a pesar de haber cuestionado la filiación de la menor beneficiada, al ser falso el certificado de nacimiento y estar pendiente de resolución un recurso de apelación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0097/2021-S1 de 27 de mayo, reiterando el entendimiento asumido en anteriores Sentencias Constitucionales Plurinacionales, señaló que: “El art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE) refiere respecto al planteamiento de la acción de libertad y señala que: Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Por su parte el Tribunal Constitucional a través de la SC 0008/2010-R de 6 de abril, hace mención a la naturaleza de esta acción de defensa al indicar que: ‘Su naturaleza hace que esta acción, frente a otros mecanismos ineficaces, se configure como un medio de defensa idóneo para la protección efectiva y real de derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y procesamientos indebidos que hagan peligrar, supriman o restrinjan estos derechos’. Asimismo, esta misma Sentencia Constitucional en el Fundamento Jurídico III.4 modulando en entendimiento señalado en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, manifiesta: I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas. En ese contexto la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, este entendimiento debe ser asumido en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio que vulnera el derecho a la libertad como resultado de una supuesta ilegal persecución, indebido procesamiento o privación de libertad, debiendo agotarse los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos al alcance, a efectos de buscar la restitución del derecho lesionado, no siendo pertinente activar de manera directa la justicia constitucional” (el resaltado es añadido).
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0018/2020-S1 de 12 de marzo, asumió el siguiente razonamiento: “La doctrina define al incidente como una cuestión que difiere de la causa principal de un proceso judicial, los cuales sin embargo se encuentran relacionados; es decir que, se trata de un litigio accesorio al procedimiento judicial principal, que el juez de la causa debe resolverlo a través de un auto debidamente fundamentado. El art. 255 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), señala referente a la procedencia de un incidente: ‘Todo incidente deberá formularse de manera fundamentada’; seguidamente los artículos del mismo Código hacen referencia a la tramitación de los incidentes planteados, señalando: Artículo 256. (TRAMITACIÓN). La tramitación de los incidentes deberá observar las siguientes disposiciones:
a) Los incidentes serán resueltos en audiencia. b) Si el incidente se planteare fuera de audiencia, éste deberá ser presentado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de la notificación. c) El incidente planteado en el curso de una audiencia será fundado y formulado verbalmente; oída la parte contraria si corresponde, se resolverá de inmediato. d) Si el incidente es notoriamente improcedente o se funda en hechos alegados anteriormente, la autoridad judicial lo rechazará sin más trámite. Además, si la resolución que resuelve el incidente planteado no fuere positiva para el incidentista, tiene la posibilidad de activar los medios de impugnación que el referido Código establece en los arts. 364.I ‘Las resoluciones judiciales son impugnables de acuerdo a las disposiciones previstas en el presente Código’; art.366 del mismo cuerpo legal indica: ‘Las resoluciones judiciales podrán impugnarse mediante los recursos de: a) Reposición. b) Apelación. c) Casación. d) Compulsa’; y, art. 368 del Código referido menciona: ‘…procede la reposición con alternativa de apelación únicamente contra los autos interlocutorios’. En conclusión, el incidente es una figura jurídica que se aplica en el ámbito de la jurisdicción ordinaria en materia familiar, medio procesal al que debe acudir la parte que se creyere afectada por defectos en el proceso, como ser falta de notificación o diligencia defectuosa entre otros, previo a acudir a la vía constitucional; y una vez agotada la misma, es decir, apelada ante la instancia superior, recién queda expedita la presente acción tutelar” (lo resaltado es añadido).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, en el proceso de asistencia familiar a instancia de Paula Alejandra Aguilera Padilla en su contra, se libró un mandamiento de apremio ilegal, a pesar de haber cuestionado la filiación de la menor beneficiada por ser falso el certificado de nacimiento y estar pendiente de resolución un recurso de apelación. Respecto al reclamo de falsedad de la filiación, dicha temática no puede ser analizada a través de esta acción de libertad debiendo promoverse bajo la forma y condiciones que prevé la ley, se deniega sin análisis de fondo. De acuerdo a los antecedentes, en el proceso de asistencia familiar en contra del accionante, se estableció que la resolución 235/22 de 23 de noviembre de 2022, que declaró improbado el incidente de reducción de asistencia familiar, fue objeto de recurso de apelación según memorial de 10 de febrero de 2023 (Conclusión II.1); y, concedido mediante Auto de 25 de abril del mismo año, en el efecto devolutivo ante el superior en grado (Conclusión II.2); y, que el 20 de junio de la misma gestión la Jueza demandada, emitió mandamiento de apremio por el monto de asistencia familiar devengado en contra del impetrante de tutela (Conclusión II.3). Por lo expuesto, es pertinente traer a colación la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 y III.2 de este fallo constitucional, por los cuales este Tribunal está impedido de ingresar al análisis de fondo de la problemática identificada, en atención al principio de subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad; puesto que el impetrante de tutela denunció las supuestas irregularidades procesales antes descritas, de forma directa ante la jurisdicción constitucional; sin agotar previamente los mecanismos de defensa legales y pertinentes consistente en el recurso de apelación que ya fue concedido en el efecto devolutivo, mismo que por su naturaleza permite la continuidad del proceso, pues no suspende la competencia de la autoridad jurisdiccional dentro del proceso familiar de origen. Toda vez que, de lo contrario este proceder conllevaría a una disfunción procesal, desnaturalizando el propósito tutelar de la acción de defensa que se examina, desconociendo la configuración constitucional y legal de los mecanismos de defensa ordinarios, que tienen un fin en sí mismos; por ello, corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo.
En este contexto resolutorio y en atención a la concesión de la tutela efectuada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, corresponde aplicar la facultad previsora de este Tribunal Constitucional Plurinacional, en situaciones excepcionales en las que, si bien se revoca la tutela concedida, es necesario dimensionar los efectos de la concesión inicial para no generar disfunciones procesales; por lo que, según lo contenido en el art. 40 del Código Procesal Constitucional (CPCo) que prevé el cumplimiento inmediato de las resoluciones emitidas por los jueces o tribunales de garantías, se pudo generar un despliegue procesal y jurisdiccional por la remisión de obrados ante el Tribunal Departamental de Justicia a objeto de resolverse el recurso de apelación interpuesto por el accionante. En tal sentido, la SCP 0869/2023-S3 de 9 de agosto, entre otras, sostuvo que: “…no obstante, en atención a la facultad previsora el Tribunal Constitucional, puede dimensionar los efectos de la Sentencia Constitucional, y de acuerdo a las circunstancias del caso y de manera excepcional toma determinaciones de tal manera que no se genere inseguridad jurídica” (negrillas añadidas); por lo que, en una labor previsora corresponde dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; quedando subsistente la sustanciación del recurso de apelación ordenado por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emergente de la acción de libertad. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 122 de 5 de julio de 2023, cursante de fs. 43 a 46, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, sin ingresar al análisis del fondo de la problemática planteada. 2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, manteniendo la validez de los actos posteriores a la concesión de la tutela efectuada a través de la Resolución de la mencionada Sala Constitucional, conforme las razones explicadas en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1472_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): d9130e4772b717b0a48cae780c8ee07576fc141b44e0ae94a4f102d7e1c76170
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