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SCP 1471/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
56816-2023-114-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El impetrante de tutela a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso; toda vez que, se encuentra privado de libertad; por lo que, solicitó cesación de la detención preventiva, previo señalamiento, el Juez demandado suspendió el acto por estar pendiente de resolución un recurso de apelación incidental. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2023 de 12 de junio, cursante de fs. 24 a 25, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimosexto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1471/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 56816-2023-114-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 11/2023 de 12 de junio, cursante de fs. 24 a 25, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marcos Benjamín Callao Vargas en representación sin mandato de Abel Callahuara Aguilar contra Ricardo Zegarra Coca, Juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de junio de 2023, cursante de fs. 14 a 17 vta., el accionante mediante su representante sin mandato expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Encontrándose detenido preventivamente en el Centro "CEPRON”, en el proceso penal que le sigue el Ministerio Público a denuncia de Martina Colque Aguilar, por el supuesto delito de violación agravada; el 23 de mayo de 2023 solicitó cesación de la detención preventiva de conformidad al art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP); por lo que, la autoridad jurisdiccional instaló la correspondiente audiencia el 6 de junio del mismo año, pero la suspendió por estar pendiente de resolución un recurso de apelación incidental, argumentando que estaría cuestionada la competencia del Juez -ahora demandado-; lo cual es falso, porque el incidente que planteó es de nulidad por defectos absolutos y exención de la responsabilidad penal; por consiguiente, la suspensión de audiencia ocasionó que no se resuelva su situación jurídica.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso; citando al efecto los arts. 22, 23.I y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, ordenando se fije día y hora de audiencia de consideración de la cesación de la detención preventiva.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 12 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 23 a 24, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, ratificó en su integridad los extremos señalados en su memorial de acción de libertad y amplió en los siguientes términos: a) El incidente de nulidad se planteó por defectos absolutos y exención de responsabilidad penal por inimputabilidad, declarada improcedente y recurrida en apelación, en el efecto no suspensivo; b) Solicitó cesación de la detención preventiva de acuerdo al art. 239.1 del CPP y el 6 de junio de 2023, la audiencia se instaló y suspendió por el Juez demandado, bajo el argumento de estar pendiente de resolución el incidente de nulidad ante el superior en grado en el que se discutirá su competencia, lo cual no es cierto; c) La suspensión de la mencionada audiencia vulneró el art. 239.1 del CPP violentando sus derechos; por lo que, se acudió a la instancia constitucional para que no esté indefinidamente detenido; y, d) La apelación incidental no se remitió al Tribunal de alzada, habiendo transcurrido ya un mes. El Juez de garantías preguntó al accionante qué recurso está pendiente de resolución con el superior en grado; contestando su abogado defensor que en Cámara Gessel se determinó la fecha en que ocurrió el hecho ilícito investigado, determinándose la edad de la víctima y del imputado -ahora accionante-, siendo ambos menores de edad; por lo que, se presentó incidente de nulidad absoluta, resuelta y ante la cual se interpuso recurso de apelación, el cual está pendiente de resolución ante el Tribunal de alzada.

I.2.2. Informe del demandado

Ricardo Zegarra Coca, Juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz, por informe escrito presentado el 12 de junio de 2023, cursante a fs. 22 y en audiencia de garantías, señaló que: 1) En el proceso penal que sigue el Ministerio Público contra Abel Callahuara Aguilar -impetrante de tutela- por la presunta comisión del delito de violación de infante niña, niño o adolescente; el 13 de enero de igual año se efectuó audiencia de medidas cautelares del demandante de tutela, sin que haya impugnación contra el Auto Interlocutorio dictado; 2) El 16 de mayo del citado año, se efectúo la audiencia del incidente de nulidad por defectos absolutos, interponiendo recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 36 de la misma data, que se encuentra ante el Tribunal de alzada; y, 3) Se suspendió la audiencia de cesación de la detención preventiva por la apelación que se encuentra pendiente contra la resolución respecto a la nulidad por defectos absolutos, habiendo la posibilidad de resolverse anulando obrados; motivo por el cual, posterior al fallo se procederá como corresponda. El Juez de garantías consultó si el incidente con recurso de apelación que se encuentra pendiente de resolución es sobre su competencia o con relación a defectos absolutos; respondiendo que, es por nulidad; que la audiencia de cesación de la detención preventiva no se efectúo y el incidente de nulidad de obrados fue denegado por haber consentido los actos judiciales del proceso, contra el cual interpusieron recurso de apelación que se encuentra pendiente de resolución y si el Tribunal de alzada anula obrados correspondiera la remisión ante la autoridad competente.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Decimosexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 11/2023 de 11 de junio, cursante de fs. 24 a 25, concedió la tutela impetrada, disponiendo que el Juez demandado instale la audiencia de cesación de la detención preventiva en el plazo de cinco días hábiles; con base en los siguientes fundamentos: i) “...la acción de libertad es un mecanismo de defensa Constitucional Extraordinari[o] de carácter preventivo, correctivo, reparado[r], traslativo de pronto despacho e i[n]novativo instituido para la protección inmediata y oportuna de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en caso de: detenciones, persecuci[ones], aprehensiones o procesamientos ilegales o indebidos; por parte de servidores públicos o particulares, así como de protección a la vida cuando esta se encuentra afectada o amenazada por la restricción o supresión de la libertad…” (sic); ii) Para la el uso de la vía constitucional es necesario agotar los mecanismos procesales específicos de defensa para restituir los derechos supuestamente lesionados; y, iii) El recurso de apelación pendiente de resolución no es impedimento para que restrinja las solicitudes de cesación de detención preventiva del accionante.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia y Auto Interlocutorio de 16 de mayo de 2023 mediante el cual Ricardo Zegarra Coca, Juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz -ahora demandado- dispuso denegar el incidente por defecto absoluto presentado por Abel Callahuara Aguilar -ahora accionante-, Resolución que fue apelada por el impetrante de tutela en el mismo acto, solicitando se remita en el plazo de veinticuatro horas al superior en grado, por tratarse de un “menor de edad” al que se le están vulnerando sus derechos (fs. 8 a 10). II.2. Por memorial presentado el 23 de mayo de 2023, el demandante de tutela, solicitó audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva al Juez de control jurisdiccional demandado, programándose audiencia para el 6 de junio del mismo año (fs. 11 y 12).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso; toda vez que, se encuentra privado de libertad; por lo que, solicitó cesación de la detención preventiva, previo señalamiento, el Juez demandado suspendió el acto por estar pendiente de resolución un recurso de apelación incidental. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

A través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, el Tribunal Constitucional estableció que la finalidad del hábeas corpus -ahora acción de libertad-traslativo o de pronto despacho, es “…acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras). En ese mismo sentido, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, sostuvo que: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso; toda vez que, se encuentra privado de libertad; por lo que, solicitó cesación de la detención preventiva, previo señalamiento el Juez demandado suspendió el acto por estar pendiente de resolución un recurso de apelación incidental. De lo expuesto y de la revisión de antecedentes que motivaron la interposición de esta acción de defensa, se establece que el 16 de mayo de 2023, el Juez demandado rechazó el incidente de nulidad por defecto absoluto presentado por el impetrante de tutela según Auto Interlocutorio de la misma fecha, resolución que fue apelada por el accionante en el mismo acto, solicitando la remisión del mismo en el plazo de veinticuatro horas al Tribunal de alzada, por ser el demandante de tutela un privado de libertad “menor de edad” (Conclusión II.1); empero, solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva a la autoridad demandada, acto procesal que fue suspendido por encontrarse pendiente de resolución el recurso de apelación interpuesto (Conclusión II.2). En este contexto, resulta evidente que el Juez demandado, incurrió en una dilación indebida, ante la negativa de llevar adelante la audiencia de cesación de la detención preventiva, bajo el fundamento de que estaría pendiente el pronunciamiento del recurso de apelación; sin considerar que, ambas resoluciones son distintas, situación que constituye un hecho arbitrario y amerita la concesión de la tutela conforme el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, no pudiendo estar condicionado el privado de libertad a que se resuelva una apelación incidental, que además tiene un efecto no suspensivo, ello en virtud al principio de favorabilidad y tomando en cuenta que las medidas cautelares, no causan estado y pueden ser interpuestas, modificadas e incluso cesar antes de la ejecutoria de la sentencia. Por ello, tales peticiones deben ser tramitadas, por los jueces y tribunales, con independencia de la existencia de una apelación en trámite y cuando se resuelva la apelación, si el resultado fuere desfavorable, la normativa faculta a la parte perjudicada usar los medios legales para impugnarla. Por lo que, es evidente que el hoy accionante de obtener su libertad o beneficiarse con la imposición de una medida cautelar menos gravosa a partir de la finalidad de desvirtuar la concurrencia de los peligros de obstaculización y riesgos procesales que motivan su detención preventiva, cuestión distinta y no supeditada al incidente rechazado y con recurso de apelación pendiente. En ese sentido, correspondía que la autoridad jurisdiccional desarrolle con normalidad la audiencia; sin embargo, al no llevar a cabo la misma bajo los argumentos desarrollados precedentemente, inobservaron el principio de celeridad y la diligencia debida en un trámite relacionado a la libertad personal del accionante, aspecto que determina se conceda la tutela impetrada, siendo la acción de libertad de pronto despacho la vía idónea para el presente caso, conforme se establece en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2023 de 12 de junio, cursante de fs. 24 a 25, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimosexto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1471_2025-S3.pdf · páginas 1 a 6.

Huella digital del PDF (SHA-256): 424eb7de44e1dab35397d1e08bcc7a95fbd19ce777f2f7e3ebd2ae3d124f7838

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