Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 3 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 03/2024 de 1 de febrero, cursante de fs. 37 a 41, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme con los fundamento jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1467/2026-S1 Sucre, 3 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 61583-2024-124-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 03/2024 de 1 de febrero, cursante de fs. 37 a 42, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Noel Nina Viracohca en representación sin mandato de Rolando Cristian Funes Barrientos contra Marco Antonio Laurenty Titirico, Juez; Edith Torrez Camacho, Secretaria, ambos del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, Sergio Natalio Sillerico Blatnik, Director del Centro Penitenciario de San Pedro.
Mediante memorial presentado el 30 de enero de 2024, cursante de fs. 15 a 16 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, denunció la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad, al debido proceso y al principio de legalidad; puesto que, desde el 28 de enero de 2020, se le restringió su libertad, no obstante de cumplir la Sentencia 26/2022 de 3 de marzo que le impuso una pena privativa de libertad de cuatro años a la que fue condenado por el delito violencia familiar y doméstica, continúa privado de su libertad, sobrepasándose “hasta la fecha” incluso dos días de su cumplimiento, sin que los ahora accionados emitieran mandamiento de libertad en su favor. Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia se disponga: a) Su libertad por cumplimiento de condena; b) La remisión de oficio ante el Comando General de la Policía Boliviana para que en el acto procedan a realizar la acción directa por incumplimiento de deberes por parte de los ahora accionados; c) La remisión de antecedentes ante el Consejo de la Magistratura, del Juez y la Secretaria hoy accionados; d) La remisión de antecedentes ante el Director del Régimen Penitenciario del Estado Plurinacional de Bolivia para que tome acciones de negligencia al personal que posesiona; y, e) La remisión de antecedentes al Ministerio de Gobierno para que tome conocimiento sobre las conductas la cual incurren los funcionarios y la negligencia lo que genera responsabilidad internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Marco Antonio Laurenty Titirico, Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe de 1 de febrero de 2024, cursante a fs. 33 y vta., sostuvo que hubo imprecisión en la fecha de ingreso al penal del accionante, en la certificación emitida por la Dirección del Penal, salvada dicha ambigüedad y realizado el cómputo de privación de libertad del accionante, esta se cumplía el 30 de enero de 2024, por lo que se emitió la Resolución 014/2024 de 31 de enero, por la que dispuso su libertad definitiva, expidiéndose en igual fecha el respectivo mandamiento de libertad por cumplimiento total de la condena de cuatro años. Edith Torres Camacho, Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, a través de informe de 1 de febrero de 2024, cursante a fs. 34, expresó que el certificado emitido por el Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, indicaba como fecha de ingreso el 5 de febrero de 2020, reiterando los términos de lo informado por el titular de ese despacho judicial. Sergio Natalio Sillerico Blatnik, Director del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, mediante de informe de 1 de febrero de 2024, cursante a fs. 32, manifestó que en el file del accionante cursa mandamiento de detención preventiva de 30 de enero de 2020, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, de igual forma cursa mandamiento de condena de 26 de mayo de 2022, emitida por la Jueza de Partido de Sentencia Penal Segundo de El Alto del citado departamento, condenándolo a cuatro años de reclusión por el delito de violencia familiar y/o doméstica, solicitando se deniegue la tutela por falta de legitimidad pasiva. El Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías mediante Resolución 03/2024 de 1 de febrero, cursante de fs. 37 a 42, denegó la tutela solicitada, respecto al Director ahora coaccionado; y concedió en parte la tutela con relación al Juez y a la Secretaria ahora accionados en la modalidad innovativa, al haberse dispuesto la libertad del accionante. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución, para todas las causas comprendidas en el citado Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena, TCP-SP 010/2026 de 17 de junio. Por lo que, el formato del presente fallo, se ajusta a lo precedentemente determinado.
La SC 0044/2010-R de 20 de abril, ampliando la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad identificando, además al efectuada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación al hábeas corpus: “1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad”; entendida esta última como el mecanismo idóneo cuando se busca: “…acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del calor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos” (SCP 0011/2014 de 3 de enero) (el resaltado es nuestro).
La SCP 0619/2023-S4 de 12 de julio, estableció que: “En cuanto al mandamiento de libertad el art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) –Ley 2298 de 20 de diciembre de 2021–, señala que: “…cumplida la condena, concedida la libertad condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno. El funcionario que incumpla esa disposición, será pasible de responsabilidad penal, sin perjuicio de aplicarse las disposiciones penales que correspondan”. En ese orden cabe indicar que este Tribunal, a partir de la SC 0100/2010-R de 10 de mayo, reiteró el entendimiento asumido en la SC 0323/2003-R de 17 de marzo, con relación al art. 39 de la LEPS, estableciendo que;”’‘…ha determinado que, cuando ese precepto falta (...) señala que el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno, se refiere a que el detenido con la sola presentación del mandamiento será dejado en libertad, empero, resulta implícito el deber jurídico que recae sobre la Gobernación de la Cárcel, de tomar las debidas previsiones para evitar que alguien pueda ser puesto en libertad teniendo otros mandamientos pendientes o que el mandamiento de libertad pueda contener alguna falsedad material o ideológica, lo cual le impele a tener que verificar y solicitar la información pertinente y revisar previamente los registros antes de dar curso al mandamiento…’, comprobación y consulta que deberá ser realizada inmediatamente, una vez recibido el mandamiento de libertad’ Entendimiento complementado por las SSCC 0192/2004-R y 1696/2004-R, entre otras’” (el resaltado es ilustrativo).
A través de la acción tutelar el accionante reclama que permanece privado de su libertad, al no haberse librado el respectivo mandamiento de libertad, a pesar que cumplió la pena a la que fue condenado. De los antecedentes del proceso, y de acuerdo a lo establecido en la Resolución del Juez de garantías que tuvo acceso al expediente del caso, se tiene que, dentro del proceso penal seguido contra el accionante, por el delito de violencia familiar y doméstica, este fue detenido preventivamente el 30 de enero de 2020 (fs. 11), posteriormente por Sentencia 26/2022 de 3 de marzo, fue condenado a la pena de reclusión de cuatro años; cursa igualmente Certificado de Permanencia y Conducta 03905/2024 de 1 de febrero, de la Dirección del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz (fs. 30), indicando que el nombrado ingresó al Centro Penitenciario el 5 de febrero de 2020, cuya permanencia a esa fecha, sería de tres años, once meses y veintiséis días; posteriormente y mediante Resolución 014/2024 de 31 de enero, el Juez ahora accionado, realizando el cómputo de la pena y estableciendo que el condenado cumplió los cuatro años de privación que le fueron impuestos, dispuso la libertad definitiva del accionante, expidiendo el mandamiento de libertad en su favor en igual fecha (fs. 47 y 48). En ese contexto, si bien resulta evidente que el 30 de enero de 2024, el accionante cumplió los cuatro años de reclusión a los que fue condenado; sin embargo, no es menos cierto que, del informe evacuado por la Dirección del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, adjunto al informe presentado por el Juez y la Secretaria hoy accionados en audiencia de consideración de la acción de libertad, si bien existe inicialmente imprecisión en la fecha de ingreso del accionante al Centro Penitenciario de La Paz, inscrito como 5 de febrero de 2020, dicho aspecto fue rectificado, tomando en cuenta el mandamiento de detención preventiva desde el 30 de enero de 2020; elementos que fueron evaluados en la Resolución 014/2024 de 31 de enero, emitida por el Juez ahora accionado al momento de su emisión en la que, igualmente, se dispuso se libre mandamiento de libertad en su favor, mismo que data del 31 de ese mes de 2024 y recibido el 1 de febrero de 2024, por la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 48); aspectos éstos que permiten concluir, que no puede constituirse en una dilación indebida por parte del Juez y Secretaria ahora accionados; puesto que, las determinaciones de esta naturaleza responden al tratamiento minucioso y responsable de términos y plazos, que den certeza a las resoluciones y órdenes a emitirse, siendo entendibles y atendibles las razones por las cuales, el mandamiento de libertad fue deferido al día siguiente de cumplida la pena y si bien se libró el 1 de igual mes y año, dicha demora, por los elementos expuestos sobre el cómputo y re cómputo de la privación de libertad del condenado, son excusables, correspondiendo denegar la tutela. Con referencia al Director del Recinto Penitenciario ahora coaccionado, tampoco es atendible la concesión de tutela solicitada, en razón a que su labor, si bien se circunscribe al cómputo del tiempo de permanencia en el Centro Penitenciario, en el presente caso, como se tiene establecido, el error de cómputo emergente de la no consideración de la detención preventiva en celdas policiales, resulta igualmente comprensible, al tratarse de un dato que no cursaba en el cuaderno procesal, conforme fue informado por el Juez hoy accionado y que no controvertido por el accionante, correspondiendo igualmente en este caso, denegar la tutela. Finalmente, en cuanto a la solicitud de remisión de antecedentes ante el Comando General de la Policía Boliviana, al Consejo de la Magistratura, al Director del Régimen Penitenciario del Estado Plurinacional de Bolivia y al Ministerio de Gobierno, no corresponde atender dichos pedidos; puesto que, si el accionante considera que se incurrió en alguna falta, las partes afectadas cuentan con las vías expeditas para promover las acciones que consideren convenientes ante las autoridades llamadas por ley. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela da, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 03/2024 de 1 de febrero, cursante de fs. 37 a 41, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme con los fundamento jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1467_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5c5cfc0d64084abf52d3c4206df22811aa26ee03e97da8695107ad0e9771e63a
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