Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025
Concede en parte la tutela
La accionante -dentro de proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes- denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al trabajo y al principio de celeridad, por cuanto el Juez demandado, en atención a su solicitud -efectuada el 16 de mayo de 2023- de modificación de la medida cautelar de detención domiciliaria, la programó para el 25 de dicho mes y año y, en esta fecha, la pospuso para el 30 del mismo mes y año, superando, tanto para el primer señalamiento como para el segundo, el plazo legal previsto de cuarenta y ocho horas. Asimismo, los demandados no habrían atendido al procurador cuando intentó coordinar para sacar fotocopias para las respectivas notificaciones. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 43/2023 de 26 de mayo, cursante de fs. 20 a 27, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela con relación al Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, en cuanto a la vulneración del principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad, sin emitir ninguna disposición al respecto, en el entendido de que, por el transcurso del tiempo, su situación jurídica ya fue deferida; 2º DENEGAR la tutela impetrada, respecto al derecho al trabajo y con relación a la Secretaria del mismo Juzgado; 3º Exhortar al Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz a no incurrir en demoras en cuanto al señalamiento de audiencias de modificación o cesación de medidas cautelares personales, debiendo ajustar sus actos a los plazos legalmente previstos al efecto; y, 4º Llamar la atención al referido Juez de garantías, por la demora en que incurrió al remitir la presente acción de tutela a este Tribunal, según lo señalado en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1465/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 56719-2023-114-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 43/2023 de 26 de mayo, cursante de fs. 20 a 27, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ximena Lola Poma Berno en representación sin mandato de Cinthia Verónica Terán Irahola contra William Presvítero Rodríguez Álvarez, Juez; y, Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 25 de mayo de 2023, cursante de fs. 3 a 7 vta., la accionante, a través de su representante, expresó que:
El Ministerio Público, a instancia de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA), le siguió proceso penal, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, en el que, mediante Auto Interlocutorio 329/2023 (sin señalar fecha), se dispuso su detención domiciliaria, una fianza económica de Bs15 000.- (quince mil bolivianos), su arraigo, la prohibición de acercase a la mencionada empresa y la obligación de presentarse los días lunes entre las 08:00 a 12:00. En consecuencia, mediante memorial de 16 de mayo del indicado año, solicitó audiencia de modificación de medidas cautelares, la cual fue programada para el 25 del referido mes y año, empero suspendida -sin justificativo- para el 30 siguiente, no obstante haber estado todas las partes procesales presentes. Cabe aclarar que se conoció de la citada audiencia, como resultado del planteamiento de una acción de libertad el 23 del mes y año mencionados, cuyo Juez de garantías dispuso que las notificaciones deberían realizarse de oficio por el Juez demandado, sin dilación alguna; sin embargo, tanto el Juez como la Secretaria ahora demandados se negaron a atender al procurador que lleva adelante su causa penal, cuando intentó coordinar para sacar fotocopias y efectuar las correspondientes notificaciones. El señalamiento de audiencia para el 30 de mayo de 2023 es un acto dilatorio, pues el plazo legal es de cuarenta y ocho horas, es decir, hasta el 27 de dicho mes y año; por ello, continúa su detención domiciliaria, afectando su derecho al trabajo.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al trabajo y al principio de celeridad, a cuyo efecto citó el art. 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE), así como los arts. 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Se conceda la tutela solicitada y se ordene a la autoridad demandada señale fecha y hora de audiencia de modificación de medidas cautelares, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas.
Celebrada la audiencia pública virtual el 26 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 16 a 19, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su representante, ratificó expresamente los argumentos contenidos en la demanda tutelar y ampliándola añadió: La presente acción de libertad es bajo la modalidad de pronto despacho, pues la autoridad demandada incurrió en un retraso tanto en la realización de la audiencia de modificación de medidas cautelares, como en el señalamiento de una nueva audiencia. A las preguntas del Juez de garantías, respondió que: a) La acción de libertad planteada de forma previa a la presente, se basó en que la Secretaria del Juzgado que conoce el caso de autos, no habría señalado la audiencia de modificación de medidas cautelares desde el 16 de mayo de 2023, y, b) El Juez de garantías denegó la tutela, porque hubo un señalamiento de audiencia para el 25 de dicho mes y año.
William Presvítero Rodríguez Álvarez, Juez Quinto de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, a través de informe escrito presentado el 26 de mayo de 2023, cursante de fs. 12 a 13, señaló: 1) La accionante no agotó la vía ordinaria a efectos de plantear la presente acción de libertad; 2) Asimismo interpuso por segunda vez esta acción de libertad, la primera, se llevó a cabo el 23 de mayo de 2023, la cual fue denegada, empero no fue notificado con la respectiva Resolución de dicha acción; 3) Los antecedentes del caso de autos fueron enviados al Juez de garantías correspondiente, por lo que no contaba con el cuaderno de control jurisdiccional, sino hasta las 11:10 de la referida fecha, a pesar de lo cual la Secretaria procedió a notificar a las partes procesales con la fecha de señalamiento de audiencia de modificación de medidas cautelares, que finalmente fue suspendida a petición del Fiscal de Materia; y, 4) Su Juzgado tiene mucha carga procesal. Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, presentó informe escrito el 26 de mayo de 2023, cursante de fs. 14 a 15, reiteró el informe del señalado Juez demandado y añadió que: Se agotó el vale de copias que se les brinda, dando prioridad a los procesos por delitos de violencia sexual.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 43/2023 de 26 de mayo, cursante de fs. 20 a 27, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) La accionante no agotó la vía ordinaria contra el Auto Interlocutorio de 25 de mayo de 2023; y, ii) Es evidente que si la audiencia suspendida era de dicha fecha, la reprogramada debía haber sido para el 27 del mismo mes y año; sin embargo, lo hizo para el 30 del indicado mes y año; no obstante ello, la impetrante de tutela no presentó documentación alguna que acredite que se vulneró algún derecho fundamental suyo.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. De la revisión del archivo contenido en el Disco Compacto (CD) adjunto a la presente demanda, consta Resolución 62/2023 de 23 de mayo, dictada dentro de la acción de libertad planteada por la ahora accionante contra William Presvítero Rodríguez Álvarez, Juez; y, Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz -hoy demandados-, en la que se denegó la tutela por cuanto la petición de audiencia de modificación de medidas cautelares, planteada el 16 de dicho mes y año, fue resuelta mediante decreto de 17 de ese mes y año, programando audiencia al efecto para el 25 de igual mes y mayo a horas 09:00, por lo que se resolvió que no se vulneró ningún derecho de la accionante; sin embargo, se recomendó a los demandados que sea el personal del Juzgado señalado, quien efectúe todas las notificaciones con el señalamiento respectivo de audiencias (fs. 2). II.2. De acuerdo al sistema informático de este Tribunal, se evidencia que la primera acción de libertad planteada por la impetrante de tutela contra los ahora demandados, fue remitido al mismo en revisión, mereciendo el número de expediente 55953-2023-112-AL, sin que se haya emitido la respectiva Sentencia Constitucional Plurinacional.
La accionante -dentro de proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes- denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al trabajo y al principio de celeridad, por cuanto el Juez demandado, en atención a su solicitud -efectuada el 16 de mayo de 2023- de modificación de la medida cautelar de detención domiciliaria, la programó para el 25 de dicho mes y año y, en esta fecha, la pospuso para el 30 del mismo mes y año, superando, tanto para el primer señalamiento como para el segundo, el plazo legal previsto de cuarenta y ocho horas. Asimismo, los demandados no habrían atendido al procurador cuando intentó coordinar para sacar fotocopias para las respectivas notificaciones. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Sobre ese aspecto, la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…’ (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas”. Por su parte, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, estableció lo siguiente: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’. Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’” (las negrillas fueron añadidas).
En relación a ese tópico, el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP) estableció: “Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:
1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida. 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención. No será aplicable el presente numeral en delitos de feminicidio, infanticidio y/o violación de infante, niña, niño o adolescente. 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga. 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación de infante, niña, niño o adolescente, infanticidio y narcotráfico o sustancias controladas. 5. Cuando la persona privada de libertad acredite debidamente que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal. En los casos de feminicidio, infanticidio y/o violación de infante, niña, niño o adolescente solo aplicará la debida acreditación en caso de enfermedad terminal, mediante dictamen médico forense emitido por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF); y, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores; delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra, narcotráfico o sustancias controladas. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas”. Asimismo, el art. 130 del mismo cuerpo normativo prevé: “Los plazos son improrrogables y perentorios, salvo disposición contraria de este Código. Los plazos determinados por horas comenzarán a correr inmediatamente después de ocurrido el acontecimiento que fija su iniciación, sin interrupción. Los plazos determinados por días comenzarán a correr al día siguiente de practicada la notificación y vencerán a las veinticuatro horas del último día hábil señalado. Al efecto, se computará sólo los días hábiles, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario o que se refiera a medidas cautelares, caso en el cual se computarán días corridos”.
En relación a ello, la SCP 0453/2022-S2 de 1 de junio, citada por la SCP 0730/2023-S2 de 28 de julio, determinó: «Al respecto, la SCP 0173/2012 de 14 de mayo, estableció que: “…la jurisprudencia constitucional, determinó como causal de improcedencia la identidad de sujeto, objeto y causa, así la SC 1161/2005-R de 26 de septiembre, determinó: ‘…este Tribunal, en innumerables fallos entendió que el recurso (…) es improcedente cuando el recurrente interpone dos recursos contra las mismas autoridades recurridas y con los mismos fundamentos, haciendo un uso abusivo de este recurso constitucional, lo cual impide al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre el fondo de uno de los recursos, pues incurriría en duplicidad de fallos respecto a un mismo asunto’. (…) La jurisprudencia de este Tribunal ha definido claramente que la jurisdicción constitucional no puede ser utilizada indiscriminadamente, más aún cuando ya se ha presentado una acción de defensa y ésta no ha concluido con una resolución que se convierta en cosa juzgada constitucional; razón por la cual, si el accionante presenta una segunda acción con la identidad de sujetos, objeto y causa, resulta ser temeraria, a cuyo efecto se inviabiliza la posibilidad de ingresar al análisis de fondo de lo solicitado, de no actuar así se podría ingresar en una duplicidad de resoluciones y para no cometer tal error el legislador ha previsto las causales de improcedencia, por lo que al asistir una de ellas, este Tribunal debe declarar la improcedencia de la acción, denegando la tutela solicitada”. Por su parte, la SCP 0838/2017-S3 de 28 de agosto, sostuvo que: “…ante la presentación de una acción tutelar cuya resolución se encuentra en trámite, no es posible la interposición de otra acción con identidad de sujetos, objeto y causa respecto a la primera, extremo a partir del cual debemos entender que en caso de plantearse una acción de libertad cuya tramitación se encuentra en curso y de forma posterior una acción de amparo constitucional -o viceversa- en las que intervengan los mismos sujetos procesales -identidad de sujetos-, con la denuncia de los mismos hechos causantes de la presunta lesión de derechos -identidad de causa- y con la misma pretensión procesal -identidad de objeto-, claro esta, cuando el reclamo emergente de las acciones referidas pueda ser atendida por este Tribunal a través de ambos mecanismos de defensa, en esos casos, una segunda acción planteada no podrá ser resuelta en el entendido que la consideración de la misma podría ocasionar la existencia de duplicidad o contradicción en la emisión de resoluciones respecto a un mismo asunto, situación no querida por este Tribunal, no siendo admisible la presentación indiscriminada de acciones de defensa para la resolución de las presuntas lesiones de derechos, que pese a tratarse de acciones tutelares distintas contengan la identidad de sujetos, objeto y causa antes mencionada”» (el resaltado nos corresponde). Asimismo, la SCP 0701/2019-S1 de 8 de agosto, sostuvo que: “De lo señalado se advierte que, toda acción tutelar de derechos y garantías constitucionales debe concluir con la Resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional que conoce en revisión los fallos pronunciados por el Juez o Tribunal de garantías; es decir, que las partes deben aguardar el pronunciamiento definitivo de la jurisdicción constitucional, sin que sea legalmente factible que se instauren nuevas acciones de tutela en ese lapso -con el mismo objeto-; por cuanto, se estaría pretendiendo activar nuevamente esta jurisdicción a objeto de que se dicte una duplicidad de fallos sobre la misma problemática”.
Advertida problemática planteada por la accionante, circunscrita a que el Juez y Secretaria demandados incurrieron en dilación injustificada, al señalar tanto la audiencia de modificación de medidas cautelares de 25 de mayo de 2023, como la programada para el 30 de dicho mes y año, cuando solo se tienen cuarenta y ocho horas para los indicados señalamiento, y que no habrían atendido al procurador para coordinar con él lo relativo a sacar fotocopias y efectuar las respectivas notificaciones, se pasa a su análisis. Al fin establecido, se advierte que la impetrante de tutela -previo a la presente acción de libertad- ya planteó otra contra los ahora demandados (Conclusión II.1), porque desconocía el resultado de su inicial solicitud que data del 16 de mayo de 2023, por lo que pidió que se señale audiencia en el plazo de cuarenta y ocho horas; ahora -una vez que ya conoció que se señaló la audiencia para el 25 del referido mes y año-, reclama que ese primer señalamiento fue dilatado, pues fue más allá de los cuarenta y ocho horas de su solicitud. En ese marco, se entiende que el reclamo atingente al primer señalamiento de audiencia de modificación de medidas cautelares, ya fue de conocimiento de la primera acción de libertad, existiendo identidad de sujetos, objeto y causa, pues -en cuanto al primer elemento- en ambas acciones de libertad, la accionante demandó al Juez y Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; asimismo, reclamó en las dos demandas que el señalamiento debía darse en el plazo de cuarenta y ocho horas, por lo que existe identidad de objeto; y, finalmente, se evidencia la existencia de una causa común porque se pretendía que no exista mayor dilación en la resolución de su situación jurídica. Consiguientemente, en cuanto a la reclamación de dilación en el primer señalamiento de audiencia, es aplicable al caso la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, que explica que no es posible plantear dos acciones tutelares consecutivas, debiendo esperar que sea resuelta en revisión la primera de ellas, de lo contrario se propiciaría la duplicidad de fallos sobre un mismo asunto; en ese orden, no es posible analizar la denunciada dilación en el señalamiento de audiencia de 25 de mayo de 2023, de modificación de medidas cautelares, debiendo -al efecto-esperar la accionante la decisión final asumida por este Tribunal en la primera acción de libertad que planteó y estar a las resultas de la misma. A continuación, se pasa a revisar la denuncia de dilación en el segundo señalamiento de audiencia, programada para el 30 de mayo de 2023; previamente, se aclara que no existe documentación alguna que permita conocer el contenido del acta de audiencia del 25 de mayo de 2023, en la que se efectuó dicho diferimiento de audiencia; sin embargo, de los informes de los demandados, se evidencia que ellos reconocieron que hubo ese diferimiento; consiguientemente, sobre la base de ello se continúa con el presente análisis; en ese marco, es evidente que el art. 239 del CPP -citado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional- prevé que a efectos de resolver la audiencia de cesación de medidas cautelares personales, debe señalarse la respectiva audiencia a llevarse a cabo en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas; en el presente caso, en audiencia de 25 (jueves) de mayo de 2023 de modificación de medidas cautelares, se dispuso su diferimiento para el 30 de dicho mes y año, es decir, en un plazo de setenta y dos horas y no dentro de las cuarenta y ocho horas como lo prevé el art. 239 del CPP, pues de acuerdo a la SCP 1015/2021 de 6 de diciembre: “…los plazos en medidas cautelares corren de momento a momento y en días hábiles conforme dispone el art. 130 de CPP; aspectos que, de ninguna manera justifican el incumplimiento del procedimiento establecido por el antes citado art. 239 del CPP…” (las negrillas fueron añadidas). Consiguientemente, en aplicación de la acción de libertad de pronto despacho, citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo, cuya finalidad es resguardar que los trámites que involucren la resolución de la situación jurídica de personas privadas de libertad, sean céleres y se restituyan las dilaciones en las que se incurrió, evitando mayores demoras que las ya efectuadas. Entonces, dado que no se respetó el plazo legalmente previsto para el señalamiento de una audiencia de modificación de medidas cautelares, corresponde conceder la tutela con relación al Juez demandado, quien es el responsable de dicho señalamiento; en ese marco, se lo debe exhortar a que en adelante efectúe el señalamiento de audiencias de modificación de medidas cautelares en los plazos legalmente previstos. En lo que atinge a que tanto el referido Juez, como la Secretaria demandada no habrían atendido al procurador que lleva adelante su caso, no se tiene ningún medio de prueba que sustente dicha denuncia, no correspondiendo realizar mayor análisis al respecto. Por todo lo referido, se concede la tutela con relación al Juez demandado, y se deniega la tutela respecto a la Secretaria demandada. Finalmente, la impetrante de tutela denunció la vulneración de su derecho al trabajo, empero no se trata de un derecho que pueda ser protegido por la acción de libertad, por lo que sin ingresar al fondo, se debe denegar la tutela al respecto.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, resolvió la presente causa el 26 de mayo de 2023, empero la remitió a este Tribunal, recién el 4 de julio de ese año (fs. 28), es decir, demoró más de un mes en dicha remisión, cuando tenía un plazo de veinticuatro horas para ello, como lo dispone el art. 38 del CPCo, que prevé: “La resolución y antecedentes de la Acción de Defensa se elevará de oficio, en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de veinticuatro horas siguientes a la emisión de la resolución”; por ello, corresponde llamar la atención al indicado Juez, por la mencionada demora y además se le debe exhortar a que en la atención de futuras acciones de tutela cumpla con el plazo previsto para su remisión a este Tribunal.
En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 43/2023 de 26 de mayo, cursante de fs. 20 a 27, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela con relación al Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, en cuanto a la vulneración del principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad, sin emitir ninguna disposición al respecto, en el entendido de que, por el transcurso del tiempo, su situación jurídica ya fue deferida; 2º DENEGAR la tutela impetrada, respecto al derecho al trabajo y con relación a la Secretaria del mismo Juzgado; 3º Exhortar al Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz a no incurrir en demoras en cuanto al señalamiento de audiencias de modificación o cesación de medidas cautelares personales, debiendo ajustar sus actos a los plazos legalmente previstos al efecto; y, 4º Llamar la atención al referido Juez de garantías, por la demora en que incurrió al remitir la presente acción de tutela a este Tribunal, según lo señalado en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1465_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1503da7100e748c4c60e5132b70a6b50ae8c2f98fa7bbc0c58a72b85e9c7318e
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