Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 3 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 33/2023 de 15 diciembre, cursante de fs. 24 a 25 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, en la modalidad traslativa o de pronto despacho, por la negativa injustificada de señalar audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, conforme a los fundamentos expuesto en el presente fallo constitucional. 2º DISPONER que el Juez de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, si aún no lo hizo, señale audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva dentro del plazo de veinticuatro horas; y, 3º ACLARAR que, si la audiencia ya fue señalada o realizada, la concesión tendrá efectos declarativos, quedando subsistentes los actos procesales válidamente realizados con posterioridad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1462/2026-S1 Sucre, 3 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 61552-2024-124-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 33/2023 de 15 diciembre, cursante de fs. 24 a 25 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carlos Hugo Rivero Marín, en representación sin mandato de Gonzalo Eloy Condo Cáceres contra Lucio Fermin Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 14 de diciembre de 2023, cursante de fs. 15 a 17 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato denunció la vulneración a su derecho a la libertad, alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de Violación de infante, niña, niño o adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal (CP), se encuentra con detención preventiva; por lo que, en reiteradas oportunidades solicito se fije audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, sin que hubiese obtenido respuesta alguna. En ese contexto, el 24 de noviembre de 2023, realizo una nueva solicitud ante la Juez hoy accionado; sin embargo, mediante decreto de 28 de noviembre de ese mismo año, declaró improcedente su solicitud señalando, sin la debida motivación ni análisis lo siguiente: “…del memorial presentado por la parte imputada, estese a los alcances y el objeto de la Ley 1443 Ley de Protección a las víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación Infante; Niña, niño o Adolescente, asimismo deberá considerar que la ley 1443 ha modificado el art. 133 y 239 num.2) por lo tanto no procede en su art. 2239 num.1 siendo la solicitud de impetrante improcedente” (sic), negativa que carece de sustento legal; puesto que, mantiene de manera indefinida su situación jurídica. Agrega que su solicitud se basó por el art. 239.1 del CPP, relativo a cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; sin embargo, el Juez ahora accionado baso su negativa en el art. 239.2 del mismo cuerpo legal, que jamás fue invocado por su persona. La Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente modificó el citado artículo señalando que no será aplicable a ese numeral los casos de delitos de feminicidio, infanticidio y/o violación de infante, niña, niño o adolescente; lo que significa que la prohibición de aplicación de cesación a la detención preventiva en estos casos, únicamente es aplicable para el transcurso del tiempo no así cuando se funda en las otras causales como es el numeral 1 del art. 239; razón por la cual, solicitó, se conceda la tutela y ordene al Juez hoy accionado se fije audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva dentro del plazo legal correspondiente. Lucio Fermin Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe de 15 de diciembre de 2023, cursante a fs. 21 a 22 manifestó que: 1) Emite sus resoluciones con perspectiva de género respecto a mujeres en situación de vulnerabilidad y en cumplimiento de la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, que establece que las autoridades que administran justicia en el marco de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, deben velar preferentemente por los derechos de la víctima; y, 2) La vía constitucional no es el medio para cambiar la situación jurídica del imputado; por lo que, pidió se deniegue la tutela solicitada. El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 33/2023 de 15 diciembre, cursante de fs. 24 a 25 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Juez hoy accionado, en el plazo de veinticuatro horas señale nuevo día y hora de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva del accionante, bajo responsabilidad penal. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución, para todas las causas comprendidas en el citado Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena, TCP-SP 010/2026 de 17 de junio. Por lo que, el formato del presente fallo, se ajusta a lo precedentemente determinado.
La SCP 0280/2025-S1 de 10 de abril, citando a la SC 0044/2010-R de 20 de igual mes, señala que a través de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho: “...se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos (…). Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; (…) por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad” (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0432/2023-S4 de 5 de junio, establece que: “El art. 239 del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–; y posteriormente por la Ley de Modificación a la Ley 1173 –Ley 1226 de 18 de septiembre de igual año– marca la diferencia en el trámite de la solicitud de cesación a la detención preventiva de acuerdo a la causal invocada, determinando un trámite sin audiencia en los casos previstos en los numerales 3 y 4 del citado Código.
Así, el art. 239 del CPP, actualmente modificado por la Ley 1226, dispone lo siguiente:
‘Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;
(…) Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas”’ (las negrillas son nuestras).
El accionante, a través de su representante sin mandato, activo la presente acción de libertad denunciando que el Juez ahora accionado se negó a tramitar su solicitud de cesación a la detención preventiva; a pesar, que fue planteada conforme lo establece el art. 239.1 del CPP; es decir debido a la existencia de nuevos elementos que a criterio de su defensa, permitirían revisar los riesgos procesales que sustentaron su detención preventiva. En ese contexto, se llega advertir que el 26 de octubre de 2023, el accionante solicitó la cesación de su detención preventiva, reiterando el pedido de señalamiento de día y hora de modificación a su situación jurídica el 24 de noviembre de ese mismo año; empero, mediante decreto de 28 de ese mismo mes y año, el Juez hoy accionado declaro improcedente su solicitud, con el argumento de que la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente modificó los arts. 233 y 239 del CPP; por lo que, no procedería la cesación su detención preventiva por la causal prevista en el art. 239.1 y 2; al respecto, corresponde expresar que tal razonamiento no resulta compatible con la norma adjetiva penal, ni con la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional; ya que, las causales previstas por art. 239.1 y 2 del CPP responde a supuestos totalmente distintos; puesto que, la solicitud fundada en nuevos elementos previsto en el numeral 1, exige que la autoridad jurisdiccional señale audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas para resolverla, sin que corresponda rechazar su tramitación con base a una restricción referida a una causal diferente. Se entiende que señalar audiencia de modificación o consideración a la cesación a la detención preventiva, no implica conceder dicha cesación; ya que, la misma dependerá de la valoración de los elementos presentados y del análisis que realice la autoridad judicial; por lo que, en el presente caso, la lesión constitucional deviene en la negativa injustificada de tramitar la solicitud y por ende en la consiguiente demora generada para definir la situación jurídica de la persona privada de libertad -accionante-; puesto que, los argumentos del Juez ahora accionado, que tratan de justificar la omisión, relativos a la protección reforzada que brinda a las víctimas no resultan validas al momento de juzgar la evidente omisión en la que incurrió; ya que, se entiende que dichos principio deben ser tomados en cuenta al momento de resolver la solicitud, esto garantizando siempre la participación y los derechos de la víctima; empero, no le autorizan a impedir la tramitación de una solicitud expresa prevista en la norma procesal penal. En ese sentido, conforme lo establece el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, la acción traslativa de pronto despacho procede cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona privada de su libertad; puesto que, en este caso, la negativa de señalar audiencia impidió que el accionante obtenga una respuesta judicial oportuna, sobre la modificación a su medida cautelar, lo que lo mantuvo en una total incertidumbre sobre su situación jurídica. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada; obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 33/2023 de 15 diciembre, cursante de fs. 24 a 25 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, en la modalidad traslativa o de pronto despacho, por la negativa injustificada de señalar audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, conforme a los fundamentos expuesto en el presente fallo constitucional. 2º DISPONER que el Juez de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, si aún no lo hizo, señale audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva dentro del plazo de veinticuatro horas; y, 3º ACLARAR que, si la audiencia ya fue señalada o realizada, la concesión tendrá efectos declarativos, quedando subsistentes los actos procesales válidamente realizados con posterioridad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
• Ángel Edson Dávalos Rojas Fdo. MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1462_2026-S1.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2fb521ab4a520edf8eb7007fda0c5b2bd7cfd5b4101f77678396b6bb33147f4e
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