Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 3 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 122/2023 de 19 de diciembre, cursante de fs. 46 a 48, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que, de no haberlo hecho, se remita en el día, el cuaderno de apelación al juzgado competente, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1461/2026-S1 Sucre, 3 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 61533-2024-124-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 122/2023 de 19 de diciembre, cursante de fs. 46 a 48, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Iván Ticona Valencia contra Augusta Castillo Ortiz, Secretaria de la Sala Penal Tercera en suplencia legal de su similar de Sala Penal Cuarta; América Dunia Ticona Machicado, Secretaria; y, Morelia Ortiz Huiza, Auxiliar, ambas de la Sala Penal Cuarta, todas del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 18 de diciembre de 2023, cursante de fs. 20 a 24 vta., accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la locomoción y a la libertad; puesto que, mediante Resolución 858/2023 de 1 diciembre, el Tribunal de apelación, revocó la Resolución 323/2023 de 17 de abril, que dispuso su detención preventiva, aplicándole medidas menos gravosas -detención domiciliaria-; sin embargo, hasta la fecha de presentación de la demanda tutelar -18 de diciembre de 2023-, el legajo de apelación no ha sido devuelto al juzgado de origen o al de turno por la vacación judicial. Pide se conceda la tutela, disponiendo la remisión de legajo de apelación al juzgado de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz -de turno por vacación judicial-, y cumplir con lo dispuesto por los Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Augusta Castillo Ortiz, Secretaria de la Sala Penal Tercera, en suplencia legal de su similar de Sala Penal Cuarta y América Dunia Ticona Machicado, Secretaria de la Sala Penal Cuarta, ambas del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, ni remitió informe alguno.
Morelia Ortiz Huiza, Auxiliar de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe de 19 de diciembre de 2023, cursante de fs. 33 a 34, señaló que fue posesionada en el cargo conjuntamente la Secretaria, el 11 de igual mes y año; respecto a la Resolución emitida el 1 de diciembre de 2023, en el caso en cuestión, a fin de no perjudicar al recurrente, fue remitida al Juzgado Segundo de Instrucción Penal de El Alto de ese departamento, el 18 del mes y año señalados, conforme copia adjunta. El Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; el Juez de garantías, mediante la Resolución 122/2023 de 19 de diciembre, cursante de fs. 46 a 48, denegó la tutela solicitada. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución, para todas las causas comprendidas en el citado Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena, TCP-SP 010/2026 de 17 de junio. Por lo que, el formato del presente fallo, se ajusta a lo precedentemente determinado.
En lo concerniente a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, establece que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (las negrillas nos pertenecen). De otro lado, en cuanto a la devolución del cuaderno de apelación al juzgado de origen, la SCP 2077/2012 de 8 de noviembre, señala que: “…una vez remitido el expediente ante el Tribunal de apelación, éste ‘resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior’, debiendo incluirse dicho entendimiento bajo los argumentos expuestos del principio de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso, indicando que una vez el Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de 24 horas” (las negrillas nos pertenecen).
En el caso en cuestión el reclamo del accionante se circunscribe a la demora en la devolución del legajo de apelación al Juzgado de origen o al de turno por la vacación de judicial. De los antecedentes del caso en análisis se tiene que dentro del proceso penal seguido contra el impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de almacenaje, comercialización, compra ilegal de diésel y otros, mediante Resolución 323/2023 se dispuso su detención preventiva, la misma que en apelación fue revocada por Auto de Vista 858/2023 de 1 de diciembre (fs. 42 a 44), disponiendo medidas menos gravosas como lo es la detención domiciliaria, entre otras; constando oficio de 18 de diciembre del mismo año, por el que se habría procedido a la devolución del legajo de apelación al Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, sin que en el mismo conste cargo de recepción (fs. 31). Ahora bien, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho; así, en relación a la devolución del cuaderno de apelación al juzgado de origen, se establece que el Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, debe resolver la apelación y posteriormente, en el término de 24 horas; deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen; añadido a ello, conforme ha sostenido la reiterada jurisprudencia constitucional, los servidores de apoyo jurisdiccional , cuentan con legitimación pasiva para ser demandados en la vía constitucional, cuando incurren en acciones u omisiones que decantan en la lesión de derechos y garantías fundamentales de personas privadas de libertad. En este contexto, en el presente caso, resulta evidente que el legajo de apelación debió remitirse al juzgado de origen dentro de las veinticuatro horas siguientes de emitida la resolución de alzada; vale decir que, siendo 1 de diciembre de 2023 viernes, el cuaderno de apelación debió ser enviado el lunes 4 de igual mes y año; lo que no ocurrió hasta el 19 del mes y años señalados, en que fue celebrada la audiencia de acción de libertad; extremos que hacen viable la concesión de la tutela, respecto a las ahora accionadas América Dunia Ticona Machicado, Secretaria; y, Morelia Ortiz Huiza, Auxiliar, de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en la modalidad de pronto despacho de esta acción de defensa, quienes incurrieron en una dilación indebida al no remitir el legajo de apelación al Juzgado de turno por vacación judicial, una vez que asumieron funciones (el 11 de diciembre de 2023), pues no obstante que dicha omisión fue subsanada posteriormente (18 del igual mes y año), el envió del cuaderno de apelación fue realizado al juzgado origen y no al de turno, cuando, el primero se encontraba en receso colectivo; acciones y omisiones que lesionaron los derechos del accionante, al impedirle exigir la ejecución de lo dispuesto por el Tribunal de apelación, conducta que a futuro no deberá reiterarse por parte de las prenombradas Debe aclararse en este punto que, si bien las ahora accionadas afirma haber remitido el cuaderno de apelación el 18 de diciembre de 2023, adjuntado a efectos de probanza a su informe una copia de la nota de remisión, la misma no cuenta con firma ni sello de recepción del juzgado destinatario; extremo que impide a este Tribunal formar suficiente convicción para asumir que el acto lesivo hubiera cesado. Respecto a la ahora coaccionada Augusta Castillo Ortiz, quien ese momento ejercía la suplencia legal de la Sala Cuarta, resulta evidente que de la misma forma incurrió en dilación indebida en la devolución del legajo de apelación, toda vez que, con base en el informe de las hoy accionadas, se tiene que ejerció la suplencia legal hasta el 10 de diciembre de 2023; por lo que, el 4 de igual mes y año, cuando debió procederse a la devolución al juzgado de origen, se encontraba ejerciendo funciones en la Sala Cuarta, la cuales se extendieron –como se tiene dicho- hasta el 10 de ese mismo mes y año; por lo que, le competía remitir el legajo ante el juzgado de turno; empero, no lo hizo, generando igualmente perjuicio en contra del accionante, haciendo previsible la concesión de tutela. Sobre la pretensión del accionante de que se cumpla lo dispuesto por los Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; este Tribunal no puede emitir pronunciamiento, correspondiendo en todo caso al juzgado en el que se tramita su causa, adoptar las medidas y acciones destinadas a dicho fin. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 122/2023 de 19 de diciembre, cursante de fs. 46 a 48, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que, de no haberlo hecho, se remita en el día, el cuaderno de apelación al juzgado competente, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1461_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): cbbe63f08cf061255db34ce3b1958285586964142932112bbb29b2a01a86fe73
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