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SCP 1461/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
56668-2023-114-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso y de los principios de seguridad jurídica, presunción de inocencia y celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de asesinato, logró obtener la cesación de la detención preventiva ordenada por Auto Interlocutorio 68/2023 de 25 de abril, emitido por el Juez demandado, a quien cumplidas las exigencias de las nuevas medidas cautelares impuestas, impetró mandamiento de libertad; no obstante, dicha autoridad expresó que debía “estarse” al recurso de apelación presentado por el Fiscal de Materia, condicionando el ejercicio de su libertad al resultado de esa impugnación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 05 de 30 de mayo de 2023, cursante de fs. 121 a 123, pronunciada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela impetrada únicamente respecto al derecho a la libertad vinculado a la celeridad como componente del debido proceso, en los mismos términos que el referido Tribunal de garantías. 2º DENEGAR respecto de los principios de seguridad jurídica y presunción de inocencia.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1461/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 56668-2023-114-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 05 de 30 de mayo de 2023, cursante de fs. 121 a 123, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ronaldo Ticona Rojas contra José Edmundo Chumacero Ruiz, Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Camiri del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de mayo de 2023, cursante de fs. 23 a 24 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de asesinato; el 25 de abril de 2023, a través del Auto Interlocutorio 68/2023, el Juez ahora demandado le concedió la cesación de su detención preventiva -después de haberla solicitado en cuatro oportunidades-, imponiéndole en ese acto medidas menos gravosas consistentes en presentación semanal, prohibiciones, fianza personal de tres garantes y arraigo; decisión que el Fiscal de Materia y la parte víctima apelaron. Cumplidas las directrices para hacer efectivas las medidas sustitutivas impuestas, solicitó a la autoridad demandada expida el correspondiente mandamiento de libertad; en respuesta emitió el decreto de 18 de mayo de 2023, determinando que debía aguardarse el resultado de la apelación incidental formulada por el representante fiscal; contra esa decisión arbitraria interpuso recurso de reposición que mereció el Auto 90 de 24 de mismo mes y año, librado por el Juez demandado quien ratificó su decisión inicial.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció como lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso; y, los principios de seguridad jurídica, presunción de inocencia y celeridad; citando a ese efecto el art. 7.2 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo su libertad inmediata.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia el 30 de mayo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 120 a 121, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela por intermedio de su abogada, ratificó in extenso el tenor íntegro del memorial de su acción tutelar y ampliándola indicó que: Se lesionaron sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente seguridad jurídica, presunción de inocencia y celeridad, conforme el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); además se considere la línea jurisprudencial establecida en la SCP 0455/2016 de 25 de abril, respecto a la efectivización de medidas cautelares; ya que, al existir cesación de su detención preventiva, su causa no puede quedar en el efecto suspensivo.

I.2.2. Informe del demandado

José Edmundo Chumacero Ruiz, Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Camiri del departamento de Santa Cruz; por informe escrito de 30 de mayo de 2023, cursante de fs. 29 a 31, solicitó se deniegue la tutela señalando que: a) El accionante presentó las documentales pertinentes para cumplir con las medidas cautelares impuestas; sin embargo, preservando el derecho de la parte víctima y conforme la SCP 0263/2022-S4 de 11 de mayo, era necesario tener constancia de la decisión del tribunal de apelación que podría modificar lo determinado en audiencia de cesación de la detención preventiva; b) En casos donde se produjeron presuntos hechos contra la vida y la integridad de las personas según la citada Sentencia Constitucional Plurinacional se debe aplicar lo más favorable a las víctimas; y, c) No vulneró ni lesionó ningún derecho o garantía del impetrante de tutela.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 05 de 30 de mayo de 2023, cursante de fs. 121 a 123, concedió la tutela solicitada ordenando que el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Camiri del departamento de Santa Cruz, emita el correspondiente mandamiento de libertad a favor del accionante; con base en los siguientes fundamentos: 1) Resultaba evidente que la SCP 0263/2022-S4 estableció que los derechos del imputado no son absolutos y que encuentran su limitación frente a los de la víctima; sin embargo, el Juez demandado otorgó medidas sustitutivas al accionante y conforme el art. 231 bis del Código de Procedimiento Penal (CPP), ante el acatamiento del prenombrado a las nuevas medidas impuestas correspondía que la autoridad demandada emita el mandamiento de libertad; y, 2) Se lesionó el derecho a la libertad del impetrante de tutela; ya que, no es requisito esperar el resultado de un recurso de alzada para disponer la aplicación de medidas cautelares menos gravosas.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, contra Ronaldo Ticona Roja -accionante- por la presunta comisión del delito de asesinato, mediante Auto Interlocutorio 68/2023 de 25 de abril, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Camiri del departamento de Santa Cruz -demandado-, concedió la cesación de su detención preventiva (fs. 8 a 14 vta.). II.2. Consta memorial presentado el 16 de mayo de 2023, por el impetrante de tutela, solicitando se expida mandamiento de libertad, mereciendo como respuesta el decreto de 18 de mismo mes y año, a través del cual el Juez demandado dispuso “…estese al recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio público de Camiri…” (sic [fs. 15 a 16]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso y de los principios de seguridad jurídica, presunción de inocencia y celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de asesinato, logró obtener la cesación de la detención preventiva ordenada por Auto Interlocutorio 68/2023 de 25 de abril, emitido por el Juez demandado, a quien cumplidas las exigencias de las nuevas medidas cautelares impuestas, impetró mandamiento de libertad; no obstante, dicha autoridad expresó que debía “estarse” al recurso de apelación presentado por el Fiscal de Materia, condicionando el ejercicio de su libertad al resultado de esa impugnación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SC 0465/2010-R de 5 de julio, estableció que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).

Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras).

En lo concerniente al principio de celeridad y la acción de libertad traslativa, la señalada Sentencia Constitucional, sostuvo que: “Por previsión del art. 8.II de la CPE, el Estado se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo el cual resulta ser el vivir bien. En este sentido, el constituyente ha previsto no sólo los valores generales entre los cuales figura como se mencionó la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se fundamenta la jurisdicción ordinaria entre los cuales se encuentra la celeridad, así se tiene previsto en el art. 180.I de la CPE; es por ello que precisamente la potestad de impartir justicia según el art. 178.I de la CPE, emana del pueblo boliviano y se sustenta en la seguridad jurídica, en la celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes.

Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrollo en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante refiere que se le negó la emisión del mandamiento de libertad, pese a que la autoridad demandada ordenó la cesación de su detención preventiva e impuso medidas menos gravosas a través del Auto Interlocutorio 68/2023 (Conclusión II.1), razón que le motivó a solicitar el citado mandamiento a través de memorial de 16 de mayo de 2023, una vez logró presentar a sus garantes y adjuntar la documentación pertinente; no obstante, obtuvo como respuesta que debía “estarse” a la apelación del Ministerio Público (Conclusión II.2). Ahora bien, conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio eficaz para interponer en oposición a la transgresión al debido proceso en su elemento de celeridad, cuando esté relacionada a la libertad producto de demoras indebidas en los trámites administrativos o judiciales tendientes a resolver la situación jurídica del procesado. Bajo ese contexto, a través del Auto Interlocutorio 68/2023, expedido por el Juez demandado, resulta evidente que el impetrante de tutela, obtuvo la modificación de la detención preventiva por otras medidas menos gravosas, determinación que fue objeto de apelación incidental por el Fiscal de Materia de la causa, así como de la parte víctima; al respecto, conforme a procedimiento, el legajo de apelación o la causa penal serían remitidos ante el tribunal de alzada, instancia que puede confirmar o revocar la decisión inicial; empero, aquello no implica que la emisión del mandamiento de libertad y la ejecución de las nuevas medidas cautelares estén supeditas a esa impugnación, así lo entendió la SCP 0112/2012 de 27 abril que estableció: “La SC 0107/2007-R de 6 de marzo, en un caso en el que constató que la razón de la demora en la efectivización de la libertad del imputado, fue en razón a que el Juez de la causa, no obstante haber dispuesto la cesación de la detención preventiva del imputado y dispuesto la modificación de la fianza económica por la de fianza juratoria, consideró esperar injustificadamente, para fijar audiencia para recibir la fianza juratoria, a que el representante del Ministerio Público sea notificado a efectos de que pueda interponer apelación en contra del Auto de modificación de fianza. El Tribunal Constitucional, contrastando el problema jurídico planteado con las normas constitucionales-principios: el derecho fundamental a la libertad personal y el principio de celeridad, otorgó la tutela, generando la siguiente regla procesal penal construida jurisprudencialmente: Eventual apelación de Ministerio público no puede dilatar señalamiento de audiencia, resolución o efectivización de la medida vinculada a la libertad, por cuanto apelación tiene efecto devolutivo o efecto no suspensivo conforme a las SSCC 660/2006-R, 236/2004-R, 1418/2005-R.” (las negrillas corresponden al texto original). De lo anterior se colige que la sustanciación de la apelación incidental interpuesta por el representante fiscal, no podía constituirse en un óbice para emitir el mandamiento de libertad, tras la cesación de la detención preventiva obtenida; por cuanto, la situación jurídica del accionante, ya fue definida por Auto Interlocutorio 68/2023, y que si bien esa determinación puede revertirse o confirmarse, resultaría un despropósito jurídico esperar al resultado de esa impugnación y mantener en suspenso la medida de extrema ratio, en detrimento del ejercicio del derecho a la libertad del prenombrado. En ese marco y siendo que desde el cumplimiento de los requisitos de las medidas cautelares sustitutivas a la detención preventiva, impuestas al peticionante de tutela, que logró afianzar mediante memorial de 16 de mayo de 2023, hasta la presentación de esta acción de defensa el 29 de similar mes y año, transcurrieron trece días que el prenombrado estuvo detenido de forma injustificada, producto de una dilación indebida en la emisión del mandamiento de libertad a su favor que era responsabilidad del Juez demandado, resulta previsible otorgar la protección solicitada ante la evidente lesión al derecho a la libertad vinculado con la celeridad como componente del debido proceso. Finalmente, en cuanto a la presunta lesión de los principios de seguridad jurídica y presunción de inocencia no se advierte suficiente carga argumentativa para determinar de qué forma fueron vulnerados correspondiendo denegar la tutela al respecto máxime si este Tribunal tampoco tutela principios de forma aislada siendo necesaria la vinculación de los mismos con derechos y garantías constitucionales que hubieran sido afectados lo cual no acontece en el presente caso. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 05 de 30 de mayo de 2023, cursante de fs. 121 a 123, pronunciada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela impetrada únicamente respecto al derecho a la libertad vinculado a la celeridad como componente del debido proceso, en los mismos términos que el referido Tribunal de garantías. 2º DENEGAR respecto de los principios de seguridad jurídica y presunción de inocencia. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1461_2025-S3.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4dca2109e345193de3d5718f94132a0ba79f5f5c33004d9a2c74c0dc6756fe5b

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