Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025
Concede la tutela
El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente a ser juzgado sin dilaciones indebidas; toda vez que, dentro del proceso penal que le seguido a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; el 25 de enero de 2023, solicitó al Juez demandado audiencia de modificación de medidas cautelares personales, actuado que fue suspendiéndose en distintas oportunidades sin justificación y que a la fecha de presentación de esta acción de defensa no fue sustentado, existiendo una demora indebida en esa solicitud que está vinculada a su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 07/2023 de 14 de marzo, cursante de fs. 14 a 16, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada respecto al derecho a la libertad, disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas de su notificación con este fallo constitucional Juan Coronado Camacho, Juez de Sentencia Penal Noveno, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de la Capital del departamento de Santa Cruz, programe y celebre audiencia de modificación de medidas cautelares para reconsiderar la situación jurídica del accionante; salvo que aquello ya habría sido materializado; y, 2º Llamar severamente la atención a Carlos Alberto Moreira Rivero, Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, por los motivos expuestos en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, advirtiéndole que de reiterar su conducta en futuras actuaciones se remitirán antecedentes al Consejo de la Magistratura.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1460/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 56662-2023-114-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 07/2023 de 14 de marzo, cursante de fs. 14 a 16, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sebastián Paz Arnez en representación sin mandato de Ronald Clementelli Salvatierra contra Juan Coronado Camacho, Juez de Sentencia Penal Noveno, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 13 de marzo de 2023, cursantes de fs. 1 a 4, el accionante a través de su representante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, a través de memorial presentado el 25 de enero de 2023, solicitó al Juez demandado la modificación de sus medidas cautelares; puesto que, cumple detención preventiva por más de dos años sin que exista sentencia condenatoria ejecutoriada; programándose y suspendiéndose sin justificación esa audiencia en distintas oportunidades es decir para el “13 de enero”, 8, 16 y 24 de febrero; y, 7 de marzo, todos del indicado año, incluso en los dos últimos actuados referidos debía considerarse además la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso; es así que, la referida autoridad incurrió en una demora indebida en la tramitación de su solicitud vinculada a su libertad.
Denunció como lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente a ser juzgado sin dilaciones indebidas, citando a ese efecto los arts. 115.I, 117.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, ordenando al Juez de Sentencia Penal Noveno, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de la Capital del departamento de Santa Cruz, señale en un plazo razonable audiencia para considerar la modificación de medidas cautelares personales.
Si bien cursa en antecedentes acta de audiencia celebrada el 5 de enero de 2023, cursante de fs. 11 a 13, la misma pertenece a otra acción de defensa cuyas partes son Mikne Litzy Torrico en representación sin mandato de Ronald Dielvin Sahonero Montecinos contra Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; por lo cual se extraerá los datos de los demás actuados que componen esta acción tutelar.
El accionante por intermedio de su representante, ratificó in extenso el tenor íntegro del memorial de la acción tutelar.
Juan Coronado Camacho, Juez de Sentencia Penal Noveno, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de la Capital del departamento de Santa Cruz, por informe escrito presentado el 14 de marzo de 2023, cursante a fs. 10 y vta., señaló que: a) Lo expresado por el accionante no condice con la realidad ya que su petición fue resuelta por decreto de 9 del indicado mes y año, señalando audiencia de modificación de medidas cautelares y extinción de la acción penal por duración máxima del proceso para el 16 del mismo mes y año; b) La SCP 0034/2017-S3 de 8 de febrero, establece la posibilidad de aplicar la sustracción o pérdida del objeto procesal; y, c) No correspondía conceder la tutela por cuanto la audiencia ya estaba programada desde el 9 de marzo de 2023.
El Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 07/2023 de 14 de marzo, cursante de fs. 14 a 16, denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: 1) De la revisión exhaustiva del cuaderno procesal se evidenció el decreto de 9 de marzo de 2023, programando audiencia para el 16 de idéntico mes y año; y, 2) Con ese señalamiento, el acto lesivo identificado como vulnerador, cesó en sus efectos con anterioridad a la interposición de esta acción de defensa, lo que implicaría la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal por desaparición del hecho denunciado deviniendo el petitorio en insubsistente.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. El 25 de enero de 2023, Ronald Clementelli Salvatierra -accionante-solicitó a la autoridad demandada celebre audiencia de modificación de medidas cautelares, actuado que fue programado para el 8 de febrero del mismo año; no obstante, se suspendió sin instalarse ni brindar mayores justificaciones; situación que se replicó en diversas oportunidades el “13 de enero”, 16 y 24 de febrero y 7 de marzo del señalado año (extraído del memorial de acción de libertad [fs. 2 y vta.]) II.2. Consta Oficio 255/2023 de 13 de marzo, dirigido al Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, por Juan Coronado Camacho, Juez de Sentencia Penal Noveno, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de la Capital del citado departamento -demandado-, quien remitió el expediente del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela (fs. 9).
El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente a ser juzgado sin dilaciones indebidas; toda vez que, dentro del proceso penal que le seguido a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; el 25 de enero de 2023, solicitó al Juez demandado audiencia de modificación de medidas cautelares personales, actuado que fue suspendiéndose en distintas oportunidades sin justificación y que a la fecha de presentación de esta acción de defensa no fue sustentado, existiendo una demora indebida en esa solicitud que está vinculada a su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SC 0465/2010-R de 5 de julio, estableció que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).
Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras).
En lo concerniente al principio de celeridad y la acción de libertad traslativa, la señalada Sentencia Constitucional, sostuvo que: “Por previsión del art. 8.II de la CPE, el Estado se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo el cual resulta ser el vivir bien. En este sentido, el constituyente ha previsto no sólo los valores generales entre los cuales figura como se mencionó la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se fundamenta la jurisdicción ordinaria entre los cuales se encuentra la celeridad, así se tiene previsto en el art. 180.I de la CPE; es por ello que precisamente la potestad de impartir justicia según el art. 178.I de la CPE, emana del pueblo boliviano y se sustenta en la seguridad jurídica, en la celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes.
Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrollo en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos pertenecen).
El accionante refiere que, desde el 25 de enero de 2023, está pendiente de celebración la audiencia de modificación de medidas cautelares peronales, que impetró al Juez demandado, misma que aduce se fue suspendiendo en distintas oportunidades y sin justificación; es decir el “13 de enero”; 8, 16 y 24 de febrero; y, 7 de marzo todos del indicado año (Conclusión II.1). Producto de esta acción de defensa la autoridad demandada remitió los antecedentes de la causa penal que atañe al impetrante de tutela ante el Juez de garantías por Oficio 255/2023 de 13 de marzo (Conclusión II.2). Ahora bien, conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio eficaz para interponer en oposición a la transgresión al debido proceso en su elemento de celeridad, cuando esté relacionada a la libertad producto de demoras indebidas en los trámites administrativos o judiciales tendientes a resolver la situación jurídica del procesado. Del informe del Juez demandado, y la verificación realizada por el Juez de garantías al proceso penal de base, se infiere que, por decreto de 9 de marzo de 2023, emitido por la autoridad demandada, esta decidió programar audiencia para considerar la modificación de medidas cautelares del accionante para el 16 de idéntico mes y año. Ese hecho objetivo, en contraste con los argumentos que hacen a esta acción de defensa expuestos por el impetrante de tutela y que no fueron controvertidos en el citado informe, permite concluir que desde el 25 de enero del indicado año -cuando el prenombrado solicitó la realización de ese verificativo-, hasta la presentación de esta acción tutelar el 13 de marzo de mismo año, transcurrieron casi un mes y dieciséis días sin que su situación jurídica fuera reanalizada; lo que, se constituye en una dilación indebida en la sustanciación de una audiencia que podría incidir en el ejercicio de su derecho a la libertad; aspecto que, era responsabilidad del Juez demandado; por lo cual, si bien existía, una fecha programada para la realización de la audiencia de modificación de medidas cautelares con antelación a la sustanciación de esta acción tutelar aquello no implica la certeza que ese acto sea celebrado, más aun cuando fue suspendido por lo menos en cuatro oportunidades 8, 16, y 24 de febrero; y, 7 de marzo de 2023, sin explicación. En virtud a ello y al evidenciarse el retardo injustificado, este Tribunal no puede convalidar la señalada lesión; en ese entendido, se concede la tutela debiendo la autoridad demandada asegurar la sustanciación de la audiencia de modificación de medidas cautelares impetrada por el accionante.
De los antecedentes remitidos a este Tribunal, se tiene de fs. 11 a 13, acta de audiencia de garantías que corresponde a otra acción de defensa cuyas partes son Mikne Litzy Torrico en representación sin mandato de Ronald Dielvin Sahonero Montecinos contra Arminda Mendez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Santa Cruz; esa situación transgrede lo previsto por los arts. 36.1 y 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que establece la obligación de plasmar lo acontecido en la acción de defensa en un acta y de remitir tanto la resolución como los antecedentes que permitan realizar la revisión de la decisión arribada; es así que, en el caso concreto, Carlos Alberto Moreira Rivero, Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, se apartó de los preceptos de los citados artículos; por ende, corresponde llamarle severamente la atención y exhortarle a cumplir la norma constitucional que le atañe, en futuras actuaciones. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 07/2023 de 14 de marzo, cursante de fs. 14 a 16, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada respecto al derecho a la libertad, disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas de su notificación con este fallo constitucional Juan Coronado Camacho, Juez de Sentencia Penal Noveno, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de la Capital del departamento de Santa Cruz, programe y celebre audiencia de modificación de medidas cautelares para reconsiderar la situación jurídica del accionante; salvo que aquello ya habría sido materializado; y, 2º Llamar severamente la atención a Carlos Alberto Moreira Rivero, Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, por los motivos expuestos en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, advirtiéndole que de reiterar su conducta en futuras actuaciones se remitirán antecedentes al Consejo de la Magistratura. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1460_2025-S3.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1d9c23cfb3ea35e568645f6659992aaaf998ce49caf02685485494e40b9fcdc9
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