Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad personal, a la libertad de circulación, a la dignidad, a no ser privado de libertad y al trabajo; toda vez que, dentro del proceso de asistencia familiar que le sigue su excónyuge, estando detenido por pensiones devengadas logró cancelar el total de lo adeudado e incluso un saldo extra; no obstante, la Jueza demandada no expidió oportunamente el mandamiento de libertad solicitado. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 25/2023 de 15 de junio, cursante de fs. 52 a 56 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela impetrada, únicamente en relación al derecho a la libertad vinculado a la celeridad, disponiendo que de manera inmediata a su notificación con el presente fallo constitucional, la autoridad demandada expida el mandamiento de libertad en el plazo de veinticuatro horas a favor del accionante; salvo que por el transcurso del tiempo ya se hubiera efectivizado; y,
2º DENEGAR la tutela respecto a los derechos a no ser privado de libertad y al trabajo.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1459/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 56654-2023-114-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 25/2023 de 15 de junio, cursante de fs. 52 a 56 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Nelson López Condori contra María Victoria Quiroz Estrada, Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del departamento de Oruro.
Por memorial presentado el 14 de junio de 2023, cursante de fs. 21 a 24 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso de asistencia familiar instaurado en su contra, por Sulma Mirian Saavedra Lia, fue privado de su libertad desde el 24 de febrero de 2023, producto de un mandamiento de apremio por pensiones devengadas; en ese escenario, formuló incidente de tiempo de convivencia que fue declarado probado a su favor a través de Auto Interlocutorio 40/2023 de 2 de junio, enmendado por Auto de 12 del indicado mes y año. Posterior a ello, hizo efectivo el pago de Bs35 000.- (treinta y cinco mil bolivianos), pese a que era un monto mayor al adeudado por concepto de asistencia familiar; en mérito a ello, solicitó a la Jueza demandada, se expida mandamiento de libertad; empero, en respuesta obtuvo que debía aguardar, debiendo observarse la fecha de notificación a la parte contraria y que con su resultado se dispondría lo que en derecho corresponda. La autoridad demandada al no disponer su inmediata libertad, lo sometió a una detención arbitraria e indebida.
Denunció como lesionados sus derechos a la libertad personal, a la libertad de circulación, a la dignidad, a no ser privado de libertad y al trabajo, citando a ese efecto los arts. 21.7, 22, 23.I y 46.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, ordenando a la Jueza demandada que disponga su libertad por ya estar cubierta la obligación de asistencia familiar en su integridad.
Celebrada la audiencia pública el 15 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 48 a 51, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela por intermedio de su abogada, ratificó in extenso el tenor íntegro del memorial de la acción tutelar y ampliándolo, indicó que al ser trabajador de la Empresa Minera de Colquiri, pidió permiso indefinido sin goce de haberes; empero, al estar detenido aún tras haber cancelado la asistencia familiar devengada, su fuente laboral estaba en peligro, lesionándose de esa forma su derecho al trabajo.
María Victoria Quiroz Estrada, Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del departamento de Oruro; por informe escrito de 15 de junio de 2023, cursante de fs. 34 a 35, señaló que: Tras emitir el Auto Interlocutorio 40/2023, a favor del impetrante de tutela, este renunció a su recurso de apelación; sin embargo, no cursaba memorial o petición de similares características por parte de su contraparte en el proceso de asistencia familiar, debiendo considerarse los plazos establecidos para que un auto definitivo adquiera la calidad de ejecutoriado; por lo expuesto, no se vulneró ninguno de los derechos del prenombrado.
El Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, mediante Resolución 25/2023 de 15 de junio, cursante de fs. 52 a 56 vta., determinó “RECHAZA Y NO [H]A LUGAR” la acción de libertad incoada por el accionante; con base en los siguientes fundamentos: a) La providencia de 13 de junio de 2023, que dispuso que con carácter previo se ponga a conocimiento de la parte contraria el monto cancelado por el peticionante de tutela, se halla dentro los parámetros del art. 443 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-; además la Jueza demandada vencido el plazo estipulado en esa norma con la respuesta o no de la parte beneficiaria estaba en la obligación de realizar una liquidación para determinar el monto real que corresponde honre el impetrante de tutela; y, b) No se observó vulneración a derechos y garantías relativas al debido proceso, atribuibles a la autoridad demandada. Vía complementación y enmienda, el solicitante de tutela, a través de su defensa señaló que parte beneficiaria fue notificada el 9 de junio de 2023, y no el 13 del mismo mes y año; por otra parte, respecto a la liquidación “…se cumpla con los plazos para que la otra parte presenta la apelación y dejar de lado lo que dispone el Art. 443 cuando habla de apelación en el efecto devolutivo” (sic). En sustanciación y resolución, la Sala Constitucional, ratificó su decisión en lo referente a la Resolución dictada por la autoridad demandada y los plazos que estarían subsistentes; asimismo, se advirtió la obligación de realizar una liquidación oficial por parte del Órgano Jurisdiccional, dada la emisión del Auto Interlocutorio 40/2023 y considerando las fechas y gestiones que aparentemente al solicitante de tutela le faltaría cancelar.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso de asistencia familiar seguido por Sulma Mirian Saavedra Lia contra Nelson López Condori -accionante-, María Victoria Quiroz Estrada, Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del departamento de Oruro -demandada-, emitió el mandamiento de apremio contra el prenombrado por la suma de Bs324 316.- (trescientos veinticuatro mil trescientos dieciséis bolivianos [fs. 7]). II.2. Consta Auto Interlocutorio 40/2023 de 2 de junio, pronunciado por la Jueza demandada, declarando probada en parte la pretensión de tiempo de convivencia incoada por el impetrante de tutela, quedando demostrada tal relación desde el 2 de febrero de 2014 hasta el 28 de junio de 2022 (fs. 36 a 42). II.3. Por memorial de 12 de junio de 2023, el peticionante de tutela, solicitó a la Jueza demandada, mandamiento de libertad; por cuanto, ya hubiera cancelado las pensiones devengadas, renunciando a su recurso de apelación respecto al Auto Interlocutorio 40/2023; en respuesta la aludida autoridad expidió decreto de 13 de idéntico mes y año, determinando que en relación al citado mandamiento se aguarde, debiendo observarse la fecha de notificación a la parte contraria (fs. 45 a 46).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad personal, a la libertad de circulación, a la dignidad, a no ser privado de libertad y al trabajo; toda vez que, dentro del proceso de asistencia familiar que le sigue su excónyuge, estando detenido por pensiones devengadas logró cancelar el total de lo adeudado e incluso un saldo extra; no obstante, la Jueza demandada no expidió oportunamente el mandamiento de libertad solicitado. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SC 0465/2010-R de 5 de julio, estableció que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).
Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras).
En lo concerniente al principio de celeridad y la acción de libertad traslativa, la señalada Sentencia Constitucional, sostuvo que: “Por previsión del art. 8.II de la CPE, el Estado se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo el cual resulta ser el vivir bien. En este sentido, el constituyente ha previsto no sólo los valores generales entre los cuales figura como se mencionó la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se fundamenta la jurisdicción ordinaria entre los cuales se encuentra la celeridad, así se tiene previsto en el art. 180.I de la CPE; es por ello que precisamente la potestad de impartir justicia según el art. 178.I de la CPE, emana del pueblo boliviano y se sustenta en la seguridad jurídica, en la celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes.
Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrollo en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos pertenecen).
El accionante refiere que se le negó la emisión del mandamiento de libertad, pese a que canceló la asistencia familiar devengada. Al respecto se tiene que, dentro del proceso por asistencia familiar que le instauró su excónyuge, inicialmente el prenombrado adeudaba la suma de Bs324 316.- (Conclusión II.1), razón por la cual fue detenido; posterior a ello, conforme se tiene del Auto Interlocutorio 40/2023, demostró que volvió a la vida en común con la prenombrada desde el 2 de febrero de 2014 hasta el 28 de junio de 2022 (Conclusión II.2); en ese mérito, por escrito de 12 de junio de 2023, solicitó se le extienda mandamiento de libertad, petición que fue diferida por la Jueza demandada, quien adujo que debía observarse la fecha de notificación de la parte contraria (Conclusión II.3). Ahora bien, conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio eficaz para interponer en oposición a la transgresión al debido proceso en su elemento de celeridad, cuando esté relacionada a la libertad producto de demoras indebidas en los trámites administrativos o judiciales tendientes a resolver la situación jurídica del procesado. Bajo ese marco, si bien de los antecedentes adjuntos a esta acción de defensa no existe certeza del monto exacto de pensiones que debía el impetrante de tutela, tras aprobarse el incidente de tiempo de vida en común; no obstante, se advierte que decidió cancelar Bs35 000.-, valiéndose del cálculo que realizó, plasmado en el memorial de 12 de junio de 2023 (fs. 16 y vta.), en atención a ello, la autoridad demandada negó expedir el mandamiento de libertad aduciendo que correspondía aguardar “…debiendo observarse la fecha de notificación a la parte contraria con su resultado se dispondrá lo que en derecho corresponda” (sic). Dicha decisión generó un detrimento en el ejercicio del derecho a la libertad del solicitante de tutela, por cuanto el apremio en asistencia familiar es una medida coercitiva destinada únicamente al pago de ese beneficio; por lo cual, ante la existencia del Auto Interlocutorio 40/2023, que determinó probada en parte la pretensión de tiempo de convivencia en el período comprendido entre el 2 de febrero de 2014 y el 28 de junio de 2022; es decir ocho años, cuatro meses y veintiséis días aproximadamente; y, habiendo incluso demostrado que durante el lapso de vida en común que sostuvo con su expareja se hizo cargo de la manutención de su familia, y efectuado el depósito de Bs35 000.-, conforme al cuadro adjunto que presentó, convenía que la Jueza demandada verifique si el monto devuelto era el correcto, no así supeditar la expedición del mandamiento de libertad a la notificación de la parte contraria; no existiendo impedimento para emitir el mandamiento de libertad o realizar de forma célere la observación correspondiente generando, por ello, la autoridad demandada a través del decreto de 13 de junio de 2023, una dilación innecesaria en su tramitación. Decisión que mantuvo en suspenso la situación jurídica del peticionante de tutela; en ese entendido, corresponde otorgar la protección incoada respecto al derecho a la libertad vinculado a la celeridad. En cuanto al derecho a no ser privado de libertad, conforme lo expuesto en párrafos precedentes el mandamiento de apremio fue emitido en el marco de una deuda por asistencia familiar conforme a la norma, en ese entendido no se advierte de qué forma fue lesionado el citado derecho y finalmente respecto a la supuesta vulneración al derecho al trabajo, el mismo se encuentra fuera del ámbito de protección de esta acción de defensa por lo cual concierne denegar la tutela impetrada respecto a ambos. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada, aunque con terminología inadecuada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 25/2023 de 15 de junio, cursante de fs. 52 a 56 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela impetrada, únicamente en relación al derecho a la libertad vinculado a la celeridad, disponiendo que de manera inmediata a su notificación con el presente fallo constitucional, la autoridad demandada expida el mandamiento de libertad en el plazo de veinticuatro horas a favor del accionante; salvo que por el transcurso del tiempo ya se hubiera efectivizado; y,
2º DENEGAR la tutela respecto a los derechos a no ser privado de libertad y al trabajo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1459_2025-S3.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 42665442c0ef28a7426b103b245882a2692d68943bab59283f8fdbf15226011f
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