Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 3 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 40/23 de 8 de diciembre de 2023, cursante de fs. 35 a 37, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, con la aclaración de que no se dispone la libertad del accionante, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1457/2026-S1 Sucre, 3 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 61511-2024-124-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 40/23 de 8 de diciembre de 2023, cursante de fs. 35 a 37, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Noel Arturo Vaca López en representación sin mandato de Deivid Guillermo Avilés Márquez contra Susana Zabala Dávila, Jueza; y, Marco Antonio Mamani Jiménez, Oficial de Diligencias ambos del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo de La Guardia del departamento de Santa Cruz.
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y la salud; puesto que, en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estupro, se fijó audiencia de cesación a la detención preventiva para el 8 de diciembre de 2023; sin embargo, por causa de las vacaciones judiciales, el cuaderno procesal fue remitido ante el Juzgado de los ahora accionados, quienes omitieron notificarlo con dicho señalamiento y tampoco emitieron los oficios correspondientes, siendo que, el día de la citada audiencia cuando se apersonaron al referido Juzgado solicitando al Oficial de Diligencias ahora accionado, la notificación y los oficios al penal, este les indicó que no podía realizar la notificación sin orden expresa de la Jueza hoy accionada; extremos que generan dilación en la definición de su situación jurídica. Pide se conceda la tutela y se fije día y hora de audiencia virtual, cumpliendo con la emisión de oficios correspondientes, disponiendo que los funcionarios de apoyo jurisdiccional cumplan con su labor de brindar un trato digno a las partes y con debida diligencia, exhibiendo de manera inmediata el expediente con los memoriales decretados y la Jueza ahora accionada debe fiscalizar a sus funcionarios celebrando la audiencia señalada de manera virtual como estableció la autoridad judicial titular y evitar cualquier suspensión. Susana Zabala Dávila, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segunda de La Guardia del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad, ni remitió informe alguno pese a su citación cursante a fs. 19. Marco António Mamani Jiménez, Oficial de Diligencias del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo de La Guardia del departamento de Santa Cruz, por informe presentado el 8 de diciembre de 2023, cursante a fs. 34 y vta., refirió que la causa fue remitida a su juzgado recién el 5 de ese mes y año, ante ello, su inmediato superior observó ciertas irregularidades devolviendo el expediente al juzgado de origen que subsanó las observaciones y remitió nuevamente el 7 del mismo mes y año, por lo que se ingresó el expediente a despacho para que se provea lo que en derecho corresponda. El accionante señaló que existe señalamiento de audiencia para el 8 de similar mes y año; sin embargo, no se le hizo entrega de documental alguna para su respectiva notificación. El Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 40/23 de 8 de diciembre de 2023, cursante de fs. 35 a 37, concedió -en parte- la tutela solicitada únicamente respecto al Oficial de Diligencias ahora accionado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución, para todas las causas comprendidas en el citado Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena, TCP-SP 010/2026 de 17 de junio. Por lo que, el formato del presente fallo, se ajusta a lo precedentemente determinado.
La SC 0044/2010-R de 20 de abril, ampliando la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad identificando, además al efectuada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación al hábeas corpus: “1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad”; entendida esta última como el mecanismo idóneo cuando se busca: “…acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del calor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos” (SCP 0011/2014 de 3 de enero) (el resaltado es nuestro).
El accionante afirma que se vulneraron sus derechos a la libertad y a la salud; puesto que, aunque se fijó audiencia de cesación de detención preventiva para el 8 de diciembre de 2023, no fue notificado ni se emitieron los oficios correspondientes; además, el Oficial de Diligencias ahora coaccionado se negó a notificar sin orden expresa de la Jueza hoy accionada, lo que retrasó la revisión de su situación jurídica. De los antecedentes del presente fallo constitucional, se observa la emisión del decreto de 4 de diciembre de 2023, por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz, por el cual señaló audiencia de cesación a la detención preventiva para el 8 de ese mes y año; aclarando que debe remitirse antecedentes al juzgado de turno a causa de la vacación judicial (fs. 7); asimismo, consta Oficio 2775/2023 de igual fecha, por el cual se remitió el expediente por vacación judicial, constando sello de recepción de 5 de ese mes y año, correspondiente al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo de La Guardia del departamento de Santa Cruz (fs. 33). A partir de lo descrito, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho tiene por finalidad acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas que afectan la resolución de la situación jurídica de una persona privada de libertad. En el caso concreto, y de los antecedentes señalados, se evidencia que el cuaderno procesal del accionante fue radicado en el Juzgado de los ahora accionados el 5 de diciembre de 2023, estando señalada audiencia para el 8 de igual mes y año; empero, tanto el Juez como el Oficial de diligencias hoy accionados, omitieron imprimir la respectiva diligencia en los actos comunicacionales sobre el verificativo, tratándose de justificar por el citado funcionario de apoyo jurisdiccional la demora, bajo el argumento de que se hubiera devuelto el expediente al juzgado de origen con observaciones y que una vez subsanadas las mismas se procedió al reenvío de la causa a su despacho judicial el 7 de diciembre de 2023; no obstante, tal afirmación carece de respaldo documental idóneo, ya que no se acompañó resolución ni oficio que acrediten la devolución ni la efectiva recepción por parte del juzgado de origen. Por lo tanto, los antecedentes adjuntos a la presente acción tutelar permiten concluir con certeza que, desde el 5 de diciembre de 2023, el Juez y el Oficial de Diligencias hoy accionados tuvieron pleno conocimiento de la existencia del expediente y de la audiencia de cesación de detención preventiva fijada para el 8 de ese mes y año. Pese a ello, omitieron cumplir con las notificaciones y la emisión de los oficios correspondientes, lo que derivó en la suspensión de la audiencia y, en consecuencia, en una dilación indebida que afectó directamente la revisión de la situación jurídica del accionante, vulnerando en ese sentido el principio de celeridad vinculado a la libertad del accionante, correspondiendo en este contexto, conceder la tutela solicitada, en la modalidad traslativa o de pronto despacho de la acción de libertad. Asimismo, es pertinente considerar la condición de la víctima y la protección reforzada con la que cuenta; en ese sentido, se recomienda a la Jueza ahora accionada que en el desarrollo del proceso penal debe cumplir su obligación de considerar en sus razonamientos y labor judicial un enfoque interseccional, herramienta que conforme lo desarrollado en la doctrina y la jurisprudencia constitucional permite: “…analizar posibles lesiones a derechos fundamentales de las víctimas en procesos judiciales; mismo que no conlleva ninguna vulneración o desconocimiento de los derechos de la parte procesada, pues ese enfoque interseccional comprende un análisis jurídico de las categorías de vulnerabilidad utilizadas como herramientas para identificar situaciones específicas en las que se encuentran las víctimas de violencia sexual y los requerimientos de protección reforzada que deben otorgarse a la misma, observando la complejidad y diversidad de las fuentes que generan cada categoría…”, considerando al efecto que en su alcance, dimensión y eficacia práctica de aplicación: “…estos criterios de interpretación pueden variar de acuerdo a la identidad, los intereses, las desventajas, la composición o jerarquías internas de este grupo vulnerable, siendo necesario abordar los mismos bajo una perspectiva reflexiva visualizando la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos que se hallan comprometidos, siendo que el primero comprende que la satisfacción de un derecho o un grupo de derechos depende de la garantía y materialización de otro derecho; en tanto que, la indivisibilidad implica una perspectiva holística de los derechos humanos, como un todo; por lo que, la transgresión de uno impacta negativamente en otros; (…) criterios interpretativos que deben ser considerados por las autoridades jurisdiccionales al momento de pronunciarse sobre un determinado motivo…” (SCP 0587/2020-S3 de 24 de septiembre, entre otras). Por lo que esta demora también perjudica a la víctima generándole una afectación indirecta, ya que el caso está vinculado a un delito de estupro, contexto en el cual el Estado tiene el deber de actuar con la debida diligencia, aclarando que en el presente caso no se dispone la libertad del accionante. En consecuencia, el Tribunal de Garantías, al conceder -en parte- la tutela solicitada obro de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 40/23 de 8 de diciembre de 2023, cursante de fs. 35 a 37, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, con la aclaración de que no se dispone la libertad del accionante, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1457_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5f5426f64dceb07e98b6f59adec349d9cc1af2fd0cb1d03e1d45be05ee8be477
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