Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de Libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denunció la vulneración del principio de celeridad, vinculado a su derecho a la libertad; alegando que, cumple la medida cautelar de detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, privación de libertad que provocó deterioro de su salud, al estado de poner en peligro su vida;
motivo por el que, solicitó la cesación de su detención preventiva, que fue denegada y ante la urgencia, interpuso contra esa Resolución, recurso de apelación incidental que fue sorteada y remitida el 5 de junio de 2023, a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Sin embargo, hasta el planteamiento de la presente acción de defensa no se dio respuesta a su recurso de apelación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 23/2023 de 15 de junio, cursante de fs. 17 a 19, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Sexto de la Capital del departamento de La Paz; en consecuencia, se dispone: 1° CONCEDER en parte la tutela demandada, respecto a la vulneración del principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad, en relación a Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; determinando que en el día viabilice la devolución del legado del recurso de apelación del accionante al Tribunal de origen, salvo que por el transcurso del tiempo esta diligencia ya se hubiera cumplido; y, 2° DENEGAR la tutela demandada, en relación a Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la precitada Sala por las razones precedentemente expuestas.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1454/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de Libertad Expediente: 56532-2023-114-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 23/2023 de 15 de junio, cursante de fs. 17 a 19, pronunciada dentro de la acción libertad interpuesta por René Sanabria Oropeza contra Henry David Sánchez Camacho y Nataly Emma Vargas Vargas, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 15 de junio de 2023, cursante a fs. 1 y 7 a 8 vta., el accionante manifestó que:
Dentro del proceso que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas y otros, se encuentra procesado y con medidas cautelares expresadas en su privación de libertad en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; encontrándose actualmente, con un mal estado de salud que pone en riesgo su vida, al ser una persona de la tercera edad, lo que fue determinado por Alberto Selaya Gonzáles Médico Cirujano Especialista en Medicina Legal y Psiquiatría, mediante un extenso informe médico de 24 de abril de 2023, que concluyó con el diagnóstico de un estado de enfermedad física y de trastorno mental agravados en prisión y han puesto y pueden poner su vida en peligro. Por esta razón, mediante memorial de 23 de mayo de 2023, solicitó la cesación de su detención preventiva; la cual se substanció en audiencia emitiéndose Resolución denegando su petitorio, con bastante falta de fundamentación, omitiendo valorar el informe médico referido y sus recomendaciones, ante cuya urgencia interpuso recurso de apelación incidental que, radicó en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, desde el 5 de junio de igual año, sin que hasta el planteamiento de la presente acción de defensa se tenga respuesta.
Denunció la vulneración el principio de celeridad, vinculado a su derecho a la libertad, sin citar las normas constitucionales que los contienen.
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que las autoridades demandadas, señalen de forma inmediata fecha y hora de audiencia de apelación incidental, la que deberá ser notificada con tiempo prudencial a fin de no vulnerar sus derechos como persona de la tercera edad privada de libertad.
Celebrada la audiencia virtual el 15 de junio de 2023, conforme consta en acta cursante a fs. 16 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó los fundamentos de la acción de libertad, y refiriéndose al informe escrito presentado por el demandado Henry David Sánchez Camacho, Vocal de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; manifestó que, entiende que se resolvió la apelación de escritorio, toda vez que hasta el día de ayer no había resolución alguna en el cuaderno de control; prueba de ello podría ser la devolución al juzgado de origen, lo que no ha sido referido en ese informe; por lo que, solicitó considerar ese aspecto al emitir resolución, pues, existiría vulneración del derecho a la defensa, porque no se le dio la posibilidad de defenderse al momento de la apelación.
Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe presentado el 15 de junio de 2023, cursante de fs. 14 a 15 vta., señaló que: a) Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dictó el Auto de Vista 494/2023 de 6 de junio, ajustándose al principio de limitación de competencia previsto en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP), según los agravios expuestos por el apelante y su respuesta que determinan la apertura de su competencia y sobre los cuales se emitió la fundamentación correspondiente, desarrollando los aspectos de hecho, derecho y jurisprudenciales, en su estructura de fondo y forma, debidamente motivados, no existiendo ninguna vulneración al debido proceso; por el contrario, se ajusta al art. 124 del CPP; b) De la lectura del memorial de acción de libertad, se evidencia solo una extensa relación de los hechos suscitados dentro su proceso penal, derechos vulnerados y del señalamiento de audiencia sin referir cuándo, y con qué acciones u omisiones se hubieran lesionado su derecho, las que no justifica, menos explica su aplicación y pretensión, cuya consideración no corresponde por no estar debidamente fundada; y, c) Mencionó la lesión de su derecho a la libertad, sin sustentar con fundamentos legales que prevalezcan su petición, dejando claro que este Tribunal de alzada no vulneró derecho ni garantía constitucional alguno del accionante, habiendo atendido el recurso de apelación incidental en tiempo, plazo y forma oportuna y debida y sobre las condiciones remitidas, ya que el accionante no especificó en qué consiste la transgresión que alega y cuál el nexo causal entre los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, extrañándose los requisitos esenciales de la acción de libertad. Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no concurrió a la audiencia de garantías, ni presentó informe escrito; pese a su legal notificación cursante a fs. 11.
El Juez de Sentencia Penal Décimo Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 23/2023 de 15 de junio, cursante de fs. 17 a 19, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Según los elementos fácticos, René Sanabria Oropeza, viene cumpliendo detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, privación de libertad que agrava su estado de salud con riesgo de su vida, al ser persona de la tercera edad, motivo por el que, el 5 de abril de 2023, solicitó salida judicial a objeto de lograr asistencia médica, siendo asistido por el Médico Cirujano Especialista en Medicina Legal Psiquiátrica, Víctor Alberto Selaya Gonzáles, quien el 24 de abril de igual año, mediante informe determinó su estado de enfermedad física y trastorno mental que pone en peligro su vida, agravado en prisión; 2) El 23 de mayo de 2023, solicitó la cesación de su detención preventiva, emitiéndose una Resolución con evidente falta de fundamentación, denegando la cesación de su detención y omitiendo valorar el informe médico. Resolución que, recurrida en apelación, radicó en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 5 de junio del citado año, no mereciendo desde entonces respuesta hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar; no obstante, pese a su reclamo permanente; 3) A través de la acción de libertad interpuesta en la modalidad traslativa o de pronto despacho, solicitó se disponga que con carácter inmediato señale día y hora de audiencia a objeto de resolver el recurso de apelación incidental, aunque de parte de la autoridad demandada, se conoce la resolución del recurso de apelación mediante el Auto de Vista 494/2023 de 6 de junio; dictada conforme a su competencia y atendiendo los agravios expuestos; 4) Desglosando la naturaleza de la acción de libertad, sustentada en los arts. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), viene a ser una acción de libertad traslativa o de pronto despacho, recogida en la SC 102/2003 de 27 de enero; relativa a la carga de la prueba que pesa en el accionante a objeto de demostrar la verdad de sus aseveraciones, de las que verificando se establece que la documentación presentada por el accionante consistente en lo esencial, el informe médico psiquiátrico, ha sido considerado por la autoridad jurisdiccional; por otra parte, del informe presentado por la autoridad demandada, se verifica que el recurso de apelación fue resuelto a través del Auto de Vista 494/2023 de 6 de junio, confirmando la Resolución recurrida 72/2023 de 31 de mayo; empero, en cuanto concierne al accionante, no acreditó las cuatro condiciones previstas en el art. 47 del CPCo; por el contrario, se tiene que la causa ha sido atendida por la autoridad demandada en su momento procesal.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa fotocopia del libro diario de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 3 a 4). II.2. Consta parte conclusiva del informe de evaluación de salud física y mental del ahora accionante, efectuado por Víctor Alberto Selaya Gonzáles, Médico Cirujano Especialista en Medicina Legal y Psiquiatría (fs. 5 a 6). II.3. Por Auto de Vista 494/2023 de 6 de junio, pronunciado por Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado-, se resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto por René Sanabria Oropeza, hoy impetrante de tutela; en consecuencia, se confirmó la Resolución 72/2023 de 31 de mayo (fs. 12 a 13).
El accionante denunció la vulneración del principio de celeridad, vinculado a su derecho a la libertad; alegando que, cumple la medida cautelar de detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, privación de libertad que provocó deterioro de su salud, al estado de poner en peligro su vida;
motivo por el que, solicitó la cesación de su detención preventiva, que fue denegada y ante la urgencia, interpuso contra esa Resolución, recurso de apelación incidental que fue sorteada y remitida el 5 de junio de 2023, a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Sin embargo, hasta el planteamiento de la presente acción de defensa no se dio respuesta a su recurso de apelación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0974/2025-S3 de 26 de agosto señalo que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente entendimiento: “Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, dejó establecido que: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos’; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: ‘La jurisdicción ordinaria, se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad (…) eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez’; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30.3 de la LOJ, pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto a la aplicación del principio de celeridad exigida a toda autoridad judicial, que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también la seguridad jurídica, más aun, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:
‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (las negrillas fueron añadidas).
Conforme a los antecedentes precisados en el acápite de Conclusiones y los hechos expuestos, en la demanda de acción de libertad; se infiere que, el ahora accionante confronta un proceso penal seguido por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, sustanciado ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, en el que se le impuso la medida cautelar de detención preventiva, que viene cumpliendo en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. Privación de libertad que, fue deteriorando su salud, al estado de poner en peligro su vida, acentuada por su condición de persona de la tercera edad; situación establecida por un especialista en medicina legal y psiquiatría. Por esta circunstancia solicitó la cesación de su detención preventiva, denegada mediante Resolución 72/2023 de 31 de mayo, la que impugnó interponiendo recurso de apelación incidental, sorteado y remitido el 5 de junio de 2023, a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que no hubiera otorgado respuesta alguna hasta el 15 de igual mes y año, en que interpuso la presente acción tutelar; demora que, en su concepto vulnera el principio de celeridad vinculado a su derecho a la libertad, agravada por su delicado estado de salud. En ese contexto, es pertinente puntualizar los razonamientos glosados en el Fundamento Jurídico III. 1 de la Presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que sobre el tema sostuvo que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, independientemente si esta solicitud es deferida o no, la que dependerá de cada caso en particular; por cuanto, la lesión del este derecho está enfocado en la demora. Ahora bien, contrastados los argumentos de esta acción tutelar y los elementos probatorios de descargo presentados; se establece que, el demandado Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a tiempo de presentar su informe al Juez de garantías, adjuntó el Auto de Vista 494/2023 de 6 de junio, por el que declaró inadmisible el recurso de apelación incidental -extrañado por el accionante-, esgrimiendo que este fue atendido en tiempo y plazo; por lo que, ese Tribunal de alzada no hubiera vulnerado ningún derecho ni garantía de la parte accionante; sin embargo, no adjuntó el oficio de remisión al Tribunal de origen al que hizo referencia en su informe, u otro actuado que dé certeza de la fecha en que se hubiera remitido el mencionado legajo de apelación. Esto en razón a que, el accionante alegó que, hasta el 15 de junio de 2023, en que activó la presente acción de defensa no existía respuesta a su recurso de apelación incidental interpuesto contra la Resolución 72/2023 de 31 de mayo, de acuerdo al libro diario de la referida Sala Penal Tercera; del que, se advierte que, del 5 al 13 de junio del citado año, no se registró actuado alguno relacionado con el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora impetrante de tutela. Antecedentes que permiten inferir que, si bien el citado Auto de Vista 494/2023, fue emitido dentro de las veinticuatro horas de haber radicado el legajo del recurso de apelación incidental; es decir el 6 de junio de 2023; empero, no fue devuelto al Tribunal de origen hasta la interposición de la presente acción de libertad, existiendo una demora injustificada más aún, cuando no se analizó el fondo del recurso de apelación incidental en cuestión, al haber sido declarado inadmisible por no haberse interpuesto oralmente. Concluyendo, en consecuencia, que la referida autoridad demandada vulneró el principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad, al haber dilatado sin justificativo alguno la remisión de citado legajo de apelación, causando incertidumbre en el solicitante de tutela, respecto a la resolución de su situación jurídica; por lo que, corresponde conceder la tutela demandada en relación a Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Finalmente, el accionante, también dirigió su acción de libertad, contra Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -codemandada- sin embargo, del Auto de Vista 494/2023, se tiene que la citada Vocal no suscribió este actuado procesal; por consiguiente, se deduce que tampoco intervino en la sustanciación del recurso de apelación incidental, motivo de la presente acción tutelar. En ese entendido a los efectos del presupuesto procesal de legitimación pasiva, no se advierte la coincidencia que debe existir entre la autoridad o particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos denunciados y aquella contra quien se dirige la acción de defensa; por lo que, concierne denegar la tutela en relación a la referida autoridad codemandada.
En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 23/2023 de 15 de junio, cursante de fs. 17 a 19, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Sexto de la Capital del departamento de La Paz; en consecuencia, se dispone: 1° CONCEDER en parte la tutela demandada, respecto a la vulneración del principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad, en relación a Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; determinando que en el día viabilice la devolución del legado del recurso de apelación del accionante al Tribunal de origen, salvo que por el transcurso del tiempo esta diligencia ya se hubiera cumplido; y, 2° DENEGAR la tutela demandada, en relación a Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la precitada Sala por las razones precedentemente expuestas. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1454_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): a198fbe8a04929958ad9fe62b0d2a8ad88ee290ef21060923351bd5ed3a5fae3
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →