Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 3 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2024 de 5 de enero, cursante de fs. 9 a 10 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos y alcances de lo dispuesto por la Jueza de garantías, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1452/2026-S1 Sucre, 3 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 61485-2024-123-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 04/2024 de 5 de enero, cursante de fs. 9 a 10 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Germán Quispe Yujra en representación sin mandato de Ariel Alaca Alaca contra Carola Grisel Ayaviri Mamani, Secretaria y Danitza Rebeca Apaza Copa, Auxiliar, ambas del Juzgado de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 5 de enero de 2024, cursante de fs. 3 a 5, el accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad, a la vida, y al principio de legalidad; ya que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por el supuesto delito de estupro, se emitió la respectiva acusación fiscal “63/2023”, razón por la cual, antes de que se ingrese a la vacación judicial, se tuvo la previsión de proveer los recaudos necesarios para que se pueda realizar las respectivas notificaciones a la parte denunciante y/o víctima; sin embargo, al realizar el seguimiento correspondiente se evidenció que no habrían cumplido con dicha diligencia, debido a que aparentemente habrían perdido la documentación por la negligencia e irresponsabilidad de la Secretaria y Auxiliar hoy accionadas; es así que el 3 de enero de 2024, se apersonó para hacer nuevamente el seguimiento y verificar si ya habrían cumplido con la respectiva notificación y ante la consulta la Secretaria hoy accionada le dijo que esperara a la Auxiliar, quien después de veinte minutos le refirió de forma prepotente “que haga lo que tenga que hacer o vaya a quejarse donde sea o vaya a la gestora…”; pese a la mala actitud regresó al día siguiente para preguntar si ya se había solucionado el inconveniente y se notificó a las partes; empero, con el mismo grado de agresividad no lo quisieron atender, refiriendo incluso que la denunciara y llegando incluso a proporcionarle su nombre hacerlo, generando de esta manera, no solo retraso en el inicio del juicio oral público y contradictorio, sino también retardación de justicia y un claro incumplimiento de deberes por parte de ambas funcionarias. Carola Grisel Ayaviri Mamani, Secretaria; y, Danitza Rebeca Apaza Copa, Auxiliar, ambas del Juzgado de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia informaron que la Oficina Gestora de Procesos no quiso recibir la diligencia de notificación, misma que fue generada entre el 15 y 29 de diciembre. El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, concedió, la tutela solicitada, conminando a las funcionarias demandadas remitan la diligencia de notificación a la oficina Gestora de Procesos para que proceda la notificación a la víctima y/o denunciante; así mismo, al no haber desvirtuado el trato inferido a la parte accionante, ordeno se remitan antecedentes a la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura, a efectos de que se determine la responsabilidad disciplinaria de ambas funcionarias. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución, para todas las causas comprendidas en el citado Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena, TCP-SP 010/2026 de 17 de junio. Por lo que, el formato del presente fallo, se ajusta a lo precedentemente determinado.
La SCP 0115/2024-S3 de 29 de abril, sistematizando los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional emitida al respecto, establece que: «La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que: “…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria[s] o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: 'La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…' (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.
En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’»
Identificada la problemática planteada por el accionante converge en que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de delito de estupro, se emitió la respectiva acusación formal por parte del Ministerio Público, debido a lo cual el accionante tuvo la previsión de proporcionar en tiempo oportuno los recaudos necesarios para que se realicen las respectivas notificaciones a las partes procesales; empero, las funcionarias de apoyo jurisdiccional hoy accionadas no habrían cumplido con su obligación ocasionando no solo demora en el inicio del juicio oral, sino que también habrían actuado de manera prepotente cuando fue hacer seguimiento a su caso, desafiando incluso a que las denunciara y que se quejara donde quisiera. En ese orden, en primera instancia con carácter previo corresponde señalar que la responsabilidad del personal subalterno de los juzgados; si bien, en la diversa variada jurisprudencia constitucional se determinó que no reúnen esa calidad o coincidencia para ser accionados, debido a que son funcionarios que se someten a órdenes o instrucciones impartidas por la autoridad judicial; empero, también la misma jurisprudencia estableció que si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dichos servidores públicos adquieren la legitimación pasiva para ser demandados; por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra estos funcionarios a efectos de establecer su responsabilidad.
Ahora bien, realizada la aclaración corresponde resolver el planteamiento del accionante; respecto al reclamo efectuado en cuanto a la dilación/omisión en la que habrían incurrido la Secretaria y Auxiliar hoy accionadas, ya que como se llegó a constatar la defensa la defensa del imputado, habría coordinado con dicho personal, para que antes de la vacación judicial se realizara la respectiva diligencia de notificación a la víctima con la acusación formal, conforme lo establece el art. 340 del Código de Procedimiento Penal (CPP), a efecto de que presente en juicio oral sus pruebas de descargo; sin embargo, dicha actuación procesal no habría sido realizada, pese a que tenían conocimiento que el accionante se encuentra privado de su libertad, extremó que las obligaba actual con la debida celeridad en el cumplimiento de su obligaciones, incluso sin que sea necesaria ningún tipo de coordinación conforme también lo dispone el art. 30.3 de la Ley 025. Por otra parte, en el informe emitidos por las funcionarias accionadas no se llegó a explicar de manera precisa que fue lo que ocurrió ya que si bien alegan que existió una negativa por parte de la Oficina Gestora de Procesos a recibir la notificación generada, tenían la obligación legal de comunicar esta situación a la autoridad judicial, a fin de que adopte las medidas necesarias para determinar responsabilidades y solucionar el obstáculo de manera diligente, mucho menos lograron desvirtuar su mala conducta y malos tratos hacia la defensa del imputado, a quien desafiaron que incluso las denuncie donde quisiera, accionar que desde todo punto de vista resulta ser lesivo a los derechos del hoy accionante. En ese entendido, es evidente que la obligación de las funcionarias de apoyo jurisdiccional Carola Grisel Ayaviri Mamani, Secretaria y Danitza Rebeca Apaza Copa, Auxiliar, ambas del Juzgado de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, no fueron realizadas de manera diligente, existiendo una clara omisión e incumplimiento en sus funciones y deberes los cuales debieron llevarse a cabo en observancia al principio de celeridad, máxime si de por medio se encuentran comprometidos derechos fundamentales y garantías constitucionales que deben ser respetados en todo momento por todo servidor público, inobservancia que de forma clara lesiono el debido proceso en su componente celeridad misma que debe ser resuelto a la luz de la acción de libertad de pronto despacho, abordada en el Fundamento Jurídico III.1., de este fallo constitucional, cuyo fin es precautelar que las peticiones sean atendidas con la prontitud correspondiente y que además prevé que un funcionario de apoyo judicial cuenta con legitimación pasiva para ser demandado en una acción de defensa cuando la lesión de los derechos fundamentales y garantías constitucionales emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones u obligaciones que tienen, incurriendo en una dilación innecesaria e indebida que prolonga una clara restricción al derecho a la libertad, circunstancia que se observa en el presente caso.
En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2024 de 5 de enero, cursante de fs. 9 a 10 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos y alcances de lo dispuesto por la Jueza de garantías, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1452_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): ae3f63a76e15cad516f043946826d065f93f82b5911a0a137d4e3ef3d74e2f87
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