Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025
Concede la tutela
El impetrante de tutela, por intermedio de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, vinculado al principio de celeridad, y a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de abuso sexual, la Jueza demandada no atendió su solicitud de audiencia de cesación de la detención preventiva, debido a que se habría presentado en su contra, requerimiento conclusivo de acusación; cuando era su obligación -según alega-, al ejercer control jurisdiccional respecto a la causa, proceder conforme a lo previsto en el art. 239 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera y en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/23 de 1 de junio de 2023, cursante de fs. 17 a 20, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, con base en los fundamentos y motivos desarrollados precedentemente, y en los mismos términos dispuestos por del mencionado Juez de garantías, salvo que la situación jurídica del accionante haya quedado ya definida; y, 2º Llamar la atención a María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, por incurrir en una dilación indebida en el trámite de la definición de la situación jurídica de un privado de libertad; exhortándole a que, en sus actuados se conduzca en atención al principio de celeridad y el derecho al debido proceso.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1436/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 56088-2023-113-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 16/23 de 1 de junio de 2023, cursante de fs. 17 a 20, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Érica Lucero López en representación sin mandato de Elder Ángel Candia Suarez contra María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 30 de mayo de 2023, cursante de fs. 4 a 5, el accionante, por intermedio de su representante, expresó que:
Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de abuso sexual, mediante memorial de 23 de mayo de 2023, solicitó a la Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, audiencia de cesación de la detención preventiva. Sin embargo, a través de la providencia de 25 de igual mes y año, dispuso no atender su solicitud, debido a que se habría presentado en su contra requerimiento conclusivo de acusación; cuando era su obligación -según alega-, al ejercer control jurisdiccional respecto a la causa, proceder conforme a lo previsto en el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Ante ello, pidió a dicha autoridad judicial el sorteo del cuaderno procesal, con el propósito de que su situación jurídica sea definida por el Juez de Sentencia Penal de turno; petición que, sin embargo, tampoco atendió, lo que le obligó a comunicar todos esos extremos al Consejo de la Magistratura.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, vinculado al principio de celeridad, y a la libertad; citando al efecto los arts. 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que la Jueza demandada señale audiencia de cesación de la detención preventiva.
Celebrada la audiencia pública el 1 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 15 a 17, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, por intermedio de su representante, reiteró íntegramente los términos de su demanda tutelar.
María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, por informe escrito presentado el 31 de mayo de 2023, cursante a fs. 13, señaló que de acuerdo al libro de remisiones presentado como prueba, se tiene que ante la existencia de un requerimiento conclusivo de acusación, el 31 de mayo de 2023, el proceso penal con Número de Registro Judicial (NUREJ) 701102032202057, ya fue remitido al Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del mismo departamento; lo que demuestra que la acción de libertad carece de objeto procesal. En ese sentido, al existir un hecho superado como causal de improcedencia, siendo que el reclamo del impetrante de tutela se reparó, debe denegarse la tutela.
El Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 16/23 de 1 de junio de 2023, cursante de fs. 17 a 20, concedió la tutela solicitada, disponiendo que, en el plazo de cuarenta y ocho horas, el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del mismo departamento, señale audiencia de cesación de la detención preventiva en favor de la accionante; lo que sustentó con base en los siguientes fundamentos: a) La Jueza demandada no presentó prueba que demuestre haber emitido algún pronunciamiento sobre la solicitud del impetrante de tutela a través de memorial de 23 de mayo de 2023; b) El Código de Procedimiento Penal y la jurisprudencia constitucional fijaron los plazos procesales para la resolución de solicitudes de audiencias de cesación de la detención preventiva; y, su forma de dilucidación ante la presentación de requerimientos conclusivos de acusación; aspectos que fueron inobservados por la Jueza demandada; y, c) En atención al principio de celeridad, la situación jurídica del accionante debe ser definida por la autoridad judicial que conoce actualmente el proceso penal seguido en su contra; tal como la jurisprudencia constitucional lo desarrolló en sus entendimientos.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial con cargo de presentación de 23 de mayo de 2023, el ahora impetrante de tutela solicitó a la Jueza demandada, audiencia de cesación de la detención preventiva, conforme a lo previsto en el art. 239.2 del CPP (fs. 3 y vta.). II.2. Cursa fotocopia del libro de remisiones del despacho de la Jueza demandada, del que se deduce que, el proceso penal con NUREJ 701102032202057, seguido por el Ministerio Público contra el accionante, fue remitido al Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, el 31 de mayo de 2023 a horas 13:02 (fs. 14 vta.).
El impetrante de tutela, por intermedio de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, vinculado al principio de celeridad, y a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de abuso sexual, la Jueza demandada no atendió su solicitud de audiencia de cesación de la detención preventiva, debido a que se habría presentado en su contra, requerimiento conclusivo de acusación; cuando era su obligación -según alega-, al ejercer control jurisdiccional respecto a la causa, proceder conforme a lo previsto en el art. 239 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0760/2024-S3 de 4 de septiembre, manifestó que: “La SC 0465/2010-R de 5 de julio, estableció que: ‘…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. Del mismo modo la citada Sentencia Constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado, estableció que: ‘Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’” (el resaltado es añadido).
Sobre el particular, la SCP 0627/2018-S2 de 8 de octubre, señaló que: “La SC 0143/2003-R de 2 de febrero de 2004 precisó que la autoridad competente para sustanciar cualquier solicitud relacionada con las medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el juez de instrucción penal, que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación.
Más tarde la SC 0487/2005-R de 6 de mayo estableció que al margen que la causa se haya sorteado ante el tribunal de sentencia penal; el juez de instrucción penal debe proceder a su consideración conforme a derecho, ya que la misma todavía no radicó en el citado tribunal; entendimiento ratificado por la SC 0745/2007-R de 24 de septiembre y la SCP 2053/2012 de 15 de octubre, entre otras.
Complementando a esta línea jurisprudencial, la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre señaló que siendo el derecho a la libertad de importancia no solo primaria sino fundamental, es posible que el juez de instrucción penal pueda resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva, aunque se hubiera presentado la acusación; siempre y cuando, no haya radicado la causa en un determinado tribunal de sentencia penal; entendimiento, reiterado por la SCP 0971/2016-S3 de 16 de septiembre, entre otras.
Conforme a dicha línea jurisprudencial, las solicitudes de medidas cautelares podían ser conocidas por el juez de instrucción penal hasta que la causa sea radicada ante el juez o tribunal de sentencia penal; actuado con el cual, recién perdía competencia el primero.
Sin embargo, dicha línea jurisprudencial fue cambiada por el entendimiento asumido en la SCP 0367/2017-S1 de 25 de abril; la cual señaló que con la remisión de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal, se marca el inicio de la etapa de juicio oral del proceso penal; momento a partir del cual, adquieren competencia para conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares. En el mismo sentido, la SCP 0817/2017-S2 de 14 de agosto, entiende que la remisión del expediente ante el tribunal de sentencia penal, por la interposición de la acusación fiscal, tiene como consecuencia que el juez de instrucción penal pierda competencia para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva. Ahora bien, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional no es estática, sino dinámica, evolutiva, que va mutando, complementando, modulando, cambiando o reconduciendo la línea, en busca de precautelar el respeto y la vigencia plena de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En este entendido, habiéndose realizado el examen de la línea jurisprudencial respecto a la competencia de los jueces de instrucción penal, para resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva, cuando se presenta la acusación fiscal; a la luz de la Constitución Política del Estado y de conformidad con los arts. 325 y 344 del CPP, modificados por el art. 8 de la Ley 586, haciendo efectivos los principios de celeridad y seguridad jurídica; y, los derechos a la defensa, al debido proceso y a una justicia efectiva y sin dilaciones; corresponde de manera expresa reconducir la línea establecida por la SC 0487/2005-R a lo señalado en la SC 1584/2005-R, en cuyo Fundamento Jurídico III.4, señala: …cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación (…). Precedente del cual se establece que mientras no se radique la causa en el juzgado o tribunal de sentencia penal al que se derivó la misma, el juzgado remitente sigue teniendo competencia para resolver solicitudes de cesación o modificación de medidas cautelares. Reconducción que se realiza de conformidad con la Norma Suprema y con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que señalan que los privados de libertad, tienen derecho a la defensa, al debido proceso, al acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, entre otros, que le facultan a interponer solicitudes de cesación de la detención preventiva en cualquier momento, hasta antes de ejecutoriada la sentencia; tomando en cuenta que, la imposición de esta medida, no causa estado y puede ser modificada en cualquier tiempo; y toda vez que, el juez de instrucción penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta, la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre jurídica.
(…) En este marco, se debe precisar algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva: i) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la ii) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de acusación; y, aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente. Entendimiento que también fue asumido en la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, entre otras” (el resaltado es agregado).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se constató que dentro del proceso penal con NUREJ 701102032202057, seguido por Ministerio Público contra el ahora accionante, por la presunta comisión del delito de abuso sexual; este, mediante memorial de 23 de mayo de 2023, solicitó a la Jueza demandada audiencia de cesación de la detención preventiva, conforme a lo previsto en el art. 239.2 del CPP (Conclusión II.1.); causa que, el 31 de igual mes y año, dicha autoridad judicial remitió al Juzgado de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, ante la existencia de un requerimiento conclusivo de acusación (Conclusión II.2). En ese contexto, considerando los entendimientos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, era obligación de la Jueza demandada, al tener conocimiento de la solicitud de audiencia de cesación de la detención preventiva del impetrante de tutela, imprimir el trámite procesal regulado en el art. 239 del CPP, en atención al principio de celeridad; tomando en cuenta que esa solicitud estaba orientada a la definición de su situación jurídica como privado de libertad. Cabe decir que, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, en el que también tuvo que materializarse las diligencias pertinentes, debió llevar a cabo la referida audiencia emitiendo a su finalización la correspondiente resolución judicial de fondo que dé mérito o no a la pretensión perseguida. Ello, independientemente de que el Ministerio Público haya presentado requerimiento conclusivo de acusación contra el accionante; puesto que, la postulación de ese actuado se hizo de forma posterior a la solicitud de audiencia de cesación de la detención preventiva contenida en el memorial de 31 de mayo de 2023; lo que da cuenta de que la Jueza demandada, al ejercer control jurisdiccional respecto a la causa en etapa preparatoria, en ningún momento perdió competencia para definir la situación jurídica de aquél, como privado de libertad; más aún cuando de la prueba presentada a este Tribunal, no se tiene un sólo elemento objetivo que evidencie que el proceso penal con NUREJ 701102032202057, a la fecha de interposición de la acción de defensa que se examina, radique formalmente en el Juzgado de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Entonces, estando demostrado que la Jueza demandada no tramitó la solicitud de audiencia de cesación de la detención preventiva del ahora accionante, en el marco de lo normado en el art. 239 del CPP, queda claro que incurrió en una dilación indebida en la definición de su situación jurídica, que lesiona frontalmente sus derechos al debido proceso, vinculado al principio de celeridad, y a la libertad, inherentes al mismo a pesar de su condición, lo que no exime a la mencionada autoridad judicial de tal responsabilidad, el sostener que adecuó su proceder a lo previsto en el art. 325.I de igual cuerpo normativo ; circunstancias que este Tribunal debe reparar dentro de los alcances protectivos de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, cuyos entendimientos se encuentran desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada. Por otro lado, habiéndose advertido que el proceso penal con NUREJ 701102032202057 ya fue remitido al Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; a fin de evitar mayores dilaciones, amerita poner a conocimiento de esa instancia el presente fallo constitucional, a objeto de que haga efectiva la misma, es decir, atienda el memorial de 23 de mayo de 2023 y señale audiencia de cesación de la detención preventiva en favor del impetrante de tutela. En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera y en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/23 de 1 de junio de 2023, cursante de fs. 17 a 20, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, con base en los fundamentos y motivos desarrollados precedentemente, y en los mismos términos dispuestos por del mencionado Juez de garantías, salvo que la situación jurídica del accionante haya quedado ya definida; y, 2º Llamar la atención a María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, por incurrir en una dilación indebida en el trámite de la definición de la situación jurídica de un privado de libertad; exhortándole a que, en sus actuados se conduzca en atención al principio de celeridad y el derecho al debido proceso. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
1 Art. 239 del CPP (Cesación de las medidas cautelares personales): “(…). Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas”.
2 “Presentado el requerimiento conclusivo de acusación, la jueza o el juez de Instrucción dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, previo sorteo a través del Sistema Informático de Gestión de Causas por la Oficina Gestora de Procesos, remitirá los antecedentes a la jueza o juez o tribunal de sentencia, bajo responsabilidad”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1436_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): a102a2eb4704b3db84fe95a0179d2e03e31623d27e997b0d477bd47be7a2a591
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →