B.IA.LEGAL

SCP 1431/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
56049-2023-113-AL
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de su representante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la defensa, por parte del Juez, Secretaria y Oficial de Diligencias todos del Juzgado de Ejecución Penal y Juez Técnico Primero de Guayaramerin del departamento de Beni, quienes hasta la interposición de la presente acción de defensa, no dieron respuesta alguna a sus memoriales presentados el 30 de marzo y 19 de abril de 2023, por los cuáles solicitó la redención de la pena, al encontrarse más de un año privado de su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 12 de mayo de 2023, cursante de fs. 21 a 23, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que el Juez de Ejecución Penal y Juez Técnico Primero de Guayaramerin del departamento de Beni, responda inmediatamente los memoriales presentados por el accionante y resuelva la solicitud de redención de la pena, salvo que su situación ya hubiera sido definida; y, 2° DENEGAR la tutela respecto a la Secretaria y el Oficial de Diligencias del Juzgado de Ejecución Penal y Juez Técnico Primero de Guayaramerin del departamento de Beni, conforme a los fundamentos expuestos.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Del principio de celeridad en la administración de justicia
  3. III.3. Legitimación pasiva de funcionarios de apoyo jurisdiccional del Órgano Judicial
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1431/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 56049-2023-113-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución de 12 de mayo de 2023, cursante de fs. 21 a 23, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Stefany Quispe Apaza, Defensora Pública del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SENADEP) en representación sin mandato de Carmelo Vira Canamari contra Ángel Franz Cordero Ayoroa; Vanessa Aramayo Ardaya; y, Adriano Justiniano Guarimo; Juez, Secretaria y Oficial de Diligencias todos del Juzgado de Ejecución Penal y Juez Técnico Primero de Guayaramerin del departamento de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de mayo de 2023, cursante a fs. 1 y 6 a 7 vta., el accionante señaló que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 30 de marzo de 2023, presentó incidente de redención de la pena ante el Juzgado de Ejecución Penal y Juez Técnico Primero de Guayaramerin del departamento de Beni, cumpliendo a cabalidad los requisitos que prevé el art. 138 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-, incidente reiterado por memorial de 19 de abril de igual año; así también, por escrito de 27 de similar mes y año, solicitó que se ponga a la vista el expediente, memoriales que hasta la interposición de la presente acción de defensa, no merecieron pronunciamiento alguno de los ahora demandados, ni fue notificado con ningún informe, decreto o proveído, siendo que se encuentra recluido diez meses y siete días, sin que le den la oportunidad de redimir su pena y posteriormente recobrar su libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la defensa, citando al efecto los arts. 13, 22, 23, 115 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, ordenando que los demandados cumplan con lo solicitado en su memorial de redención de la pena.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 12 de mayo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 21 a 22, se produjeron los siguientes actuados.

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante abogada del SENADEP, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar y ampliándola manifestó que, planteó la presente acción de defensa contra los tres funcionarios del Juzgado de Ejecución Penal y Juez Técnico Primero de Guayaramerin del departamento de Beni, a objeto de que informen del porque habrían incumplido los plazos procesales, establecidos en la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-; ya que no obtuvo respuesta a sus tres memoriales presentados donde solicitó la redención de la pena. Carmelo Vira Canamari -hoy accionante-, en audiencia de garantías refirió que fue acusado por el delito de robo de un foco y donde se encuentra recluido -Carceleta de Riberalta-, sufre por no contar con comodidades, no hay alimento, no tiene atención médica, por lo que solicitó su libertad, para ir a trabajar con su hermano al campo, siendo que se encuentra detenido más de un año.

I.2.2. Informe de los demandados

Ángel Franz Cordero Ayoroa, Juez de Ejecución Penal y Juez Técnico Primero de Guayaramerin del departamento de Beni, no presentó informe alguno, pese a su notificación cursante a fs. 14. Vanessa Aramayo Ardaya, Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal y Juez Técnico Primero de Guayaramerin del departamento de Beni, en audiencia virtual manifestó que revisado el libro diario la causa del impetrante de tutela ingresó a despacho el 29 de marzo de 2023, con remisión de sentencia y no salió del despacho.

Adriano Justiniano Guarimo, Oficial de Diligencias del Juzgado de Ejecución Penal y Juez Técnico Primero de Guayaramerin del departamento de Beni, en audiencia virtual refirió que no tiene nada que informar.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución de 12 de mayo de 2023, cursante de fs. 21 a 23, denegó la tutela solicitada; empero, ordenó que en un plazo de veinticuatro horas, el Juez de Ejecución Penal y Juez Técnico Primero de Guayaramerin del mismo departamento, señale audiencia de redención de la pena, para el 16 del mismo mes y año, debiendo los funcionarios realizar las diligencias de notificación respectivas. Decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: a) El art. 125 de la CPE da las pautas para poder plantear una acción de defensa, cuando exista peligro contra la vida o se encuentre ilegalmente perseguido, indebidamente procesado o privado de libertad; b) En el presente caso, evidenció que el accionante hizo uso del recurso constitucional del derecho a la petición y la autoridad judicial no se pronunció respecto a la solicitud de promover audiencia de redención de la pena, puesto que el peticionante de tutela se encontraría once meses privado de libertad; y, c) Sin embargo, existe las modulaciones a las acciones de libertad como la de pronto despacho, cuando las autoridades jurisdiccionales por excesivos trabajos inobservan la normativa o no dieran celeridad pertinente a las solicitudes.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de 30 de marzo de 2023, presentado por Stefany Quispe Apaza, Defensora Pública del SENADEP en representación sin mandato de Carmelo Vira Canamari -ahora accionante- al Juez de Ejecución Penal y Juez Técnico Primero de Guayaramerin del departamento de Beni, dentro el proceso penal seguido por Ministerio Público por el delito de hurto, donde fue sentenciado a una pena privativa de libertad de un año, así se tiene del mandamiento de condena de 20 de junio de 2022, por lo que interpuso incidente de beneficio de redención de la pena, al haber cumplido dos quintas partes de la pena impuesta (fs. 3). II.2. Por escrito presentado el 19 de abril de 2023, el peticionante de tutela a través de su abogada del SENADEP, reiteró el incidente de redención de la pena (fs. 4). II.3. Mediante memorial presentado el 27 de abril de 2023, el accionante solicitó al órgano judicial, ponga a la vista el expediente, puesto que hasta la fecha no fue notificado con ningún decreto ni respuesta a su petición (fs. 5).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la defensa, por parte del Juez, Secretaria y Oficial de Diligencias todos del Juzgado de Ejecución Penal y Juez Técnico Primero de Guayaramerin del departamento de Beni, quienes hasta la interposición de la presente acción de defensa, no dieron respuesta alguna a sus memoriales presentados el 30 de marzo y 19 de abril de 2023, por los cuáles solicitó la redención de la pena, al encontrarse más de un año privado de su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

En cuanto a la acción de libertad de pronto despacho, la SCP 0212/2019-S4 de 9 de mayo, entendió que: «La SC 0011/2010-R de 6 de abril, estableció lo siguiente: “La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida (…) sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”. Respecto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 791/2015-S3 de 10 de julio, estableció que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad.

Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’. Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’”. Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”» (las negrillas corresponden al texto original). Criterio asumido del mismo modo por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0021/2019-S4 de 1 de abril, 0026/2019-S4 de 1 de abril, 0109/2019-S4 de 17 de abril, 0112/2019-S4 de 17 de abril y 0391/2019-S4 de 24 de junio, entre otras. De lo que se colige, que el mecanismo idóneo para la reclamación de derechos fundamentales, cuando éstos hubieren dilatado el trámite procesal sin razón, es la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que tiene como propósito evitar lesiones causadas por acciones u omisiones indebidas que tienen vinculación con el principio de celeridad, ya sea de parte de servidores públicos como de personas particulares.

III.2. Del principio de celeridad en la administración de justicia

La jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0979/2014 de 28 de mayo, estableció que: “…los administradores de justicia, tienen el deber ineludible, en el cumplimiento de sus funciones, aplicar la normativa vigente respecto a la sustanciación de los procesos penales sin dilaciones indebidas, permitiendo el acceso a la justicia materializando los derechos constitucionales establecidos en la Constitución Política del Estado, en resguardo de los derechos y garantías del justiciable”. Al respecto la SCP 2543/2012 de 21 de diciembre, reiterando la jurisprudencia constitucional referente al principio de celeridad y su vinculación el debido proceso, que fue establecida en la SCP 0759/2012 de 13 de agosto, señaló: “De conformidad a lo establecido en los arts. 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), la administración de justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia, se sustenta entre otros principios, en el de celeridad, el cual también ha sido reconocido por los arts. 3.11) de la Ley 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional y 3.7) de la Ley 25 del Órgano Judicial; conforme a dicho principio, la administración de justicia, debe ser oportuna y sin dilaciones, buscando efectivizar los derechos y las garantías reconocidos por el texto constitucional. El principio de celeridad, persigue como principal objetivo conseguir que el proceso se concrete a las etapas esenciales y que cada una de ellas se cumpla dentro de los plazos perentorios dispuestos por la norma legal, razonamiento del cual puede inferirse que a partir de la observancia de este principio, no es posible concebir la adición de términos de manera unilateral a una determinada etapa del proceso, situación que podrá darse, sin embargo en los casos en los que estos plazos surgen como resultado de prórrogas o ampliaciones legalmente dispuestas; por lo que, este principio lleva implícita la obligación de llevar adelante los actos procesales de la manera más sencilla posible a efectos de evitar dilaciones innecesarias; es decir, la administración de justicia debe ser rápida y oportuna en la tramitación de las causas puestas en su conocimiento, una actuación contraria, conlleva no sólo a la vulneración de derechos y garantías, sino también al fomento del crecimiento de uno de los mayores problemas de la administración de justicia cual es la retardación. En este contexto, es preciso mencionar que el principio de celeridad se encuentra relacionado con los principios procesales de eficacia y eficiencia como componentes de la seguridad jurídica, toda vez que, conforme razonó el Tribunal Constitucional mediante la SC 0010/2010-R de 6 de abril, la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos; estos elementos forman parte del concepto de seguridad jurídica pues es a partir de ellos que logra alcanzarse la estabilidad de las instituciones y la vigencia auténtica de la ley, que se materializan en la oportunidad y prontitud de la administración de justicia a cuyo efecto deberá ser el administrador de justicia el encargado de impulsar el proceso y garantizar la celeridad procesal” (las negrillas son ilustrativas).

III.3. Legitimación pasiva de funcionarios de apoyo jurisdiccional del Órgano Judicial

La SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, establece que: “Al respecto, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0055/2012 de 9 de abril, estableció que: ‘…se entiende que la acción de libertad se deberá plantear contra: a) La autoridad o funcionario público que amenace, restrinja o suprima los derechos fundamentales tutelados. b) La persona particular que amenace, restrinja o suprima los derechos tutelados’. En ese mismo contexto, la SC 0691/2001-R de 9 de julio concluyó que la legitimación pasiva debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción; entendimiento que fue asumido por las SSCC 0817/2001-R, 0139/2002-R, 1279/2002-R y 1651/2004-R, entre otras; posteriormente, siguieron ese lineamiento las SSCC 0039/2010-R de 20 de abril y 0192/2010-R de 24 de mayo, y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0714/2013 de 3 de junio, 0427/2015-S2 de 29 de abril y 0244/2016-S2 de 21 de marzo, entre otras; así la antedicha SCP 0244/2016-S2, citando a la SCP 0427/2015, expresa: ‘…la legitimación pasiva recae sobre toda persona cuya acción u omisión se constituya en causal para la vulneración o amenaza en la integridad y eficacia de los derechos tutelados por la presente acción de defensa; más aún, si el texto constitucional deja abierta la posibilidad de dirigir la demanda inclusive contra personas particulares; por consiguiente, en virtud al principio de generalidad, la presente acción de defensa no reconocen fueros, privilegios ni inmunidades, por lo que es plenamente viable dirigir contra toda persona, indistintamente si es particular o servidor público, sea este jurisdiccional o de apoyo judicial, e incluso de orden administrativo, cual podrían ser funcionarios policiales o del régimen penitenciario, solo a manera de ejemplo’. Bajo esa línea, el extinto Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional Plurinacional, establecieron subreglas a la legitimación pasiva en las acciones tutelares; respecto a los funcionarios de apoyo jurisdiccional o subalternos, una de esas subreglas está expresada en la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, la misma que concluyó: ‘…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial’ (citada por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por la SCP 1007/2017-S3 de 29 de septiembre, entre otras. En ese mismo sentido, la citada SC 0332/2010-R, respecto a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional o subalterno sostuvo que: ‘ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo’. Finalmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, estableció que los funcionarios subalternos también pueden tener legitimación pasiva y ser codemandados ‘…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; (…); sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional’. De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalterno o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas son nuestras).

III.4. Análisis del caso concreto

De acuerdo a los antecedentes que ilustran el expediente se colige que el accionante se encuentra recluido en la Carceleta de Riberalta del departamento del Beni, cumpliendo una condena de un año de privación de libertad, desde el 20 de junio de 2022; en tal sentido, habiendo cumplido dos quintas partes de la pena impuesta, mediante memorial de 30 de marzo de 2023, presentado por Stefany Quispe Apaza, abogada del SENADEP en representación sin mandato de Carmelo Vira Canamari -ahora accionante- solicitó al Juez demandado, admita el incidente de beneficio de redención de la pena, petición que fue reiterada por escrito de 19 de abril de 2023, sin obtener respuesta alguna. Posteriormente, el peticionante de tutela a través del memorial de 27 de abril de 2023, pidió el Juez demandado ponga a la vista el expediente, al no haber recibido respuesta alguna sobre su petición respecto al incidente de redención de la pena. En el caso de estudio debemos referirnos al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional que expresa que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho: “…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos” (SCP 0011/2014 de 3 de enero).

En ese contexto, se advierte que el Juez demandado, a quien el accionante presentó dos memoriales el 30 de marzo y 19 de abril de 2023, no dio una respuesta sus peticiones, lo que denota una dilación indebida para resolver su situación jurídica, habiendo transcurrido cuarenta y tres días desde la primera solicitud, observándose que evidentemente se lesionó los derechos invocados por el impetrante de tutela, puesto que no actuó con la celeridad que amerita el caso, cuando de por medio se encuentra pendiente resolver la situación jurídica del accionante, observándose que se incumplió la Ley 025 que prescribe como principios la celeridad e inmediatez que rigen el accionar de todo funcionario judicial que debe actuar con agilidad en los procesos judiciales tramitados, garantizando el desarrollo oportuno y rápido en la administración de justicia; en el presente caso no se dio, advirtiéndose de ello una negligencia en el actuar de la autoridad judicial demandada que incumplió los postulados de la Constitución Política del Estado y la Ley del Órgano Judicial, referente a la celeridad e inmediatez con las que debió actuar para resolver la solicitud del imperante de tutela para beneficiarse con la redención de la pena, por lo expuesto corresponde conceder la tutela solicitada. Respecto a la Secretaria y el Oficial de Diligencia del Juzgado de Ejecución Penal y Juez Técnico Primero de Guayaramerin del departamento de Beni, -ahora codemandados- los mismos no contarían con legitimación pasiva para ser demandados, puesto que conforme la jurisprudencia descrita en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los funcionarios de apoyo jurisdiccional tendrían legitimación pasiva cuando: “…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; (SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril). En el caso de estudio se observa que la Secretaria del citado Juzgado en su informe refirió que revisado el libro diario, el expediente en cuestión habría ingresado al despacho del Juez demandado el 29 de marzo de 2023, sin que hasta la fecha haya salido del mismo, por tanto, no era su responsabilidad decretar o señalar audiencia de redención de la pena; y, sobre el actuar del Oficial de Diligencias del mismo juzgado, al no existir decreto o providencia alguna que diera respuesta a los memoriales presentados por el impetrante de tutela, no incumplió ninguna orden o notificación pendiente; por lo tanto, corresponde denegar la tutela impetrada respecto a los prenombrados.

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 12 de mayo de 2023, cursante de fs. 21 a 23, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que el Juez de Ejecución Penal y Juez Técnico Primero de Guayaramerin del departamento de Beni, responda inmediatamente los memoriales presentados por el accionante y resuelva la solicitud de redención de la pena, salvo que su situación ya hubiera sido definida; y, 2° DENEGAR la tutela respecto a la Secretaria y el Oficial de Diligencias del Juzgado de Ejecución Penal y Juez Técnico Primero de Guayaramerin del departamento de Beni, conforme a los fundamentos expuestos. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1431_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.

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