Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 14 de noviembre de 2025
Concede la tutela
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez, que el Juez demandado, suspendió la audiencia prevista para el 10 de mayo de 2023, destinada a la consideración de cumplimiento del plazo de duración de la detención preventiva; cambiando de oficio, la modalidad presencial a virtual sin notificar previamente a las partes, con el argumento que no se remitió el enlace al imputado -ahora accionante- para su participación; y ante la presentación de la acusación formal de imputación en su contra, ordenó remitir el caso al Juzgado Público Mixto de Familia, de La Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Yapacaní del departamento de Santa Cruz; frente a ello, interpuso recurso de reposición solicitando la realización o reprogramación de la audiencia, pero mantuvo firme su decisión; por ello, solicita se conceda tutela para que la autoridad demandada lleve a cabo la audiencia programada, mientras el proceso no haya sido radicado ante el Juez o Tribunal de Sentencia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 1 de 23 de mayo de 2023, cursante de fs. 41 a 45, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz y, en consecuencia: 1° CONCEDER en todo la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer que Simón Alarcón Vásquez, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, señale audiencia dentro del plazo de veinticuatro horas, para el control sobre el cumplimiento del plazo de duración de la detención preventiva; salvo que por el transcurso del tiempo la situación jurídica del accionante hubiese cambiado; y, 3° Llamar severamente la atención al Juez demandado, con la advertencia que, de incurrir nuevamente en actos dilatorios en el control del cumplimiento del plazo de duración de la detención preventiva, en casos ulteriores que sean de su conocimiento, se remitirán antecedentes al Consejo de la Magistratura para su procesamiento pertinente.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1396/2025-S3 Sucre, 14 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 55873-2023-112-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 1 de 23 de mayo de 2023, cursante de fs. 41 a 45, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Manuel Tarqui Mamani en representación sin mandato de Abelino Alcoba Nicolás contra Simón Alarcón Vásquez, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 11 de mayo de 2023, cursante a fs. 1 y 21 a 26 vta., el accionante a través de su representante sin mandato expresó que:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, mediante, Auto Interlocutorio 04/2023 de 10 de febrero, se ordenó su detención preventiva por noventa días, en la Carceleta Provincial de Montero; señalándose audiencia presencial para la consideración del cumplimiento del plazo de la detención preventiva, para el 10 de mayo de 2023, a horas 11:00; sin embargo, la audiencia no se realizó por causas atribuibles a la autoridad jurisdiccional. Con el propósito de realizar la audiencia programada; cinco días antes, se solicitó mediante oficio el traslado del detenido a la sala de audiencias; no obstante, el Juez demandado, modificó de oficio la modalidad presencial de la audiencia a virtual, sin informar previamente a las partes, pese a que la convocatoria original establecía su realización presencial; sin embargo, en la fecha y hora señaladas, funcionarios del Juzgado comunicaron que la audiencia no se llevaría a cabo, debido a que se tenía fijado otras audiencias para el mismo momento; posteriormente, la Secretaria del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz; informó a la autoridad demandada, sobre la presencia de las partes en la sala, incluyendo a la víctima, su abogado defensor y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del referido municipio; sin embargo, el juez demandado, en coordinación con la Secretaria alegó que se había omitido el envío del enlace para la audiencia virtual al accionante. La autoridad judicial, en lugar de señalar una nueva audiencia de oficio, dispuso la remisión del cuaderno procesal al “Juzgado de Sentencia Penal”, argumentando que el Ministerio Público había presentado la acusación formal de imputación, por lo que correspondía continuar el proceso ante dicha instancia. Ante la posición errónea de la autoridad demandada, interpuso recurso de reposición, requiriendo que la audiencia se llevara a cabo o en caso de suspensión, se señalara de oficio una nueva fecha; no obstante, mantuvo su decisión de no realizar la audiencia prevista para considerar el cumplimiento de plazo de su detención preventiva, encontrándose detenido indebidamente.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: que el Juez demandado desarrolle la audiencia de cesación a la detención preventiva, en tanto el presente proceso no haya radicado ante el juez o tribunal de sentencia.
Celebrada la audiencia pública el 23 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 40 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: a) Reclamó, que el Juez de la causa, de manera indebida e irregular, modificó la modalidad de la audiencia, pasando de presencial a virtual; cuando se le solicitó a la secretaria el enlace para la audiencia, ésta manifestó que se había olvidado de gestionarlo, a pesar de ser la responsable de dicha labor; y, b) La acción de libertad de pronto despacho, tiene como finalidad agilizar los trámites judiciales ante demoras injustificadas en la resolución de la situación jurídica de una persona privada de libertad; en su caso en la audiencia de 10 de mayo de 2023, debió definirse su situación jurídica.
Simón Alarcón Vásquez, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, a través de informe escrito presentado el 23 de mayo de 2023, cursante a fs. 39 y vta., solicitó se declare improcedente la acción de libertad impetrada, en merito a los siguientes argumentos: 1) Dentro del proceso penal iniciado por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 10 de febrero de 2025, determinó su detención preventiva, señalándose audiencia para considerar el cumplimiento de plazo de la medida, para el 10 de mayo del mismo año; 2) En la fecha programada, se instaló la audiencia, pero no se envió el enlace para que el imputado pudiera conectarse; además, el Ministerio Público presentó la acusación ese mismo día, antes de la audiencia, según el art. 325 del Código Procesal Penal (CPP), esta debía remitirse al “Juzgado de Sentencia Penal”; por lo que, no tenía sentido fijar una nueva fecha para la audiencia referida, suspendiendo el acto y ordenando remitir la acusación en un plazo de veinticuatro horas al Juzgado de Sentencia Penal Primero de Yapacaní del indicado departamento; 3) El accionante afirmó erróneamente que se había fijado audiencia para tratar la cesación de la detención preventiva; lo cual resulta falso; toda vez, que nunca se solicitó dicho incidente; el verificativo fue programado únicamente para considerar el cumplimiento del plazo de la detención preventiva, a solicitud del Ministerio Público para el 10 de mayo de 2023; y, existía la posibilidad de cesar siempre y cuando la Fiscal de Materia lo hubiera solicitado; 4) La Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, al incorporar el inciso 3 del art. 233 del CPP; establece que, el plazo de detención preventiva puede ser ampliado a solicitud del Ministerio Público, para concluir actos investigativos; el art. 239.2 del Código adjetivo, prevé que, si se vence dicho plazo sin que el Fiscal solicite ampliación, corresponde considerar su cumplimiento; en este caso, ese supuesto no aplica, ya que antes de la audiencia la Fiscal de Materia presentó la acusación formal de imputación; lo que implica, la conclusión de la investigación y de la etapa preparatoria, haciendo innecesaria la fijación de una nueva audiencia; y, 5) El accionante interpretó erróneamente que se suspendió la audiencia para tratar la cesación de la detención preventiva, cuando en realidad esta fue convocada para el cumplimiento del plazo de la medida cautelar impuesta; El Tribunal Constitucional Plurinacional, ya estableció que la audiencia de cesación procede solo si el incidente fue planteado y aún no se haya presentado la acusación; en este caso, se respetó el debido proceso, el principio de celeridad y no se vulneró ningún derecho ni garantía constitucional.
El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 1 de 23 de mayo de 2023, cursante de fs. 41 a 45, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que el Juez demandado en lo futuro deba prevenir, modificar las modalidades de audiencias virtuales y presenciales sin conocimiento de las partes y así evitar nuevas acciones de libertad; y, denegó respecto a la solicitud de audiencia de cumplimiento del plazo de duración de la detención preventiva; determinación asumida, con base en los siguientes fundamentos: i) La autoridad demandada vulneró el debido proceso, al cambiar sin informar a las partes la modalidad de presencial a virtual de la audiencia fijada para el 10 de mayo de 2023, afectando el derecho a la defensa del acusado; y, ii) La audiencia de cumplimiento de plazo se instaló con la presencia de las partes, pero fue suspendida porque la Secretaria no envió el enlace virtual para el acusado; ese mismo día, la Fiscal de Materia presentó la acusación formal de imputación, lo que llevó al juez demandado a declarar concluida la etapa preparatoria y ordenar la remisión de la acusación; sin embargo, dicha remisión se realizó recién el 14 de mayo de 2023, habiendo incumplido el plazo legal de veinticuatro horas para remitir la causa al Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, vulnerando el derecho a una justicia pronta y sin dilaciones.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido contra Abelino Alcoba Nicolás -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz -demandado-, por Auto Interlocutorio 04/2023 de 10 de febrero, impuso la medida cautelar de detención preventiva por el tiempo de noventa días, en la Carceleta Provincial de Montero, señalando audiencia para la consideración de cumplimiento de plazo de la detención preventiva, para el 10 de mayo del mismo año, siendo notificadas todas las partes en la mencionada audiencia (fs. 16 a 18 vta.). II.2. Por oficio SECRETARIA OF. 495/2023 de 5 de mayo, el Juez demandado, ordenó el traslado del accionante a la sala de audiencia virtual, con el propósito de celebrarse el mismo, para considerar el cumplimiento del plazo de su detención preventiva para el 10 de igual mes y año (fs. 19). II.3. Del acta de audiencia de 10 de mayo de 2023, se tiene el informe de la Secretaria del juzgado; que refirió, se cumplieron con las formalidades legales y las partes procesales estuvieron presentes en el referido actuado procesal; asimismo, informo que no se envió el enlace virtual al imputado debido a que tenían otras audiencias en la misma fecha y hora; determinando el Juez demandado, la suspensión de la audiencia porque la representante del Ministerio Público presentó la acusación formal, concluyendo así la etapa preparatoria, disponiendo remitir el caso al Juzgado Público Mixto de Familia, de La Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, resultando innecesario fijar nueva fecha para la audiencia de cumplimiento de plazo y debiendo la Secretaria elaborar el oficio y realizar el sorteo correspondiente (fs. 37). II.4. La autoridad demandada remitió el caso al Juzgado Público Mixto de Familia, de La Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, mediante oficio SECRETARIA OF. 534/2023 de 19 de mayo, dando cumplimiento al proveído de 10 del referido mes y año; es decir, después de nueve días de haberse ordenado su envió y sorteo (fs. 38).
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez, que el Juez demandado, suspendió la audiencia prevista para el 10 de mayo de 2023, destinada a la consideración de cumplimiento del plazo de duración de la detención preventiva; cambiando de oficio, la modalidad presencial a virtual sin notificar previamente a las partes, con el argumento que no se remitió el enlace al imputado -ahora accionante- para su participación; y ante la presentación de la acusación formal de imputación en su contra, ordenó remitir el caso al Juzgado Público Mixto de Familia, de La Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Yapacaní del departamento de Santa Cruz; frente a ello, interpuso recurso de reposición solicitando la realización o reprogramación de la audiencia, pero mantuvo firme su decisión; por ello, solicita se conceda tutela para que la autoridad demandada lleve a cabo la audiencia programada, mientras el proceso no haya sido radicado ante el Juez o Tribunal de Sentencia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad-reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida. Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril , incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero , entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.
procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida” 2 El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”. 3 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.
La SCP 1821/2014 de 19 de septiembre se ha pronunciado sobre la competencia del juez cautelar en el ejercicio del control jurisdiccional durante la etapa preparatoria, estableciendo lo siguiente:
Durante la etapa preparatoria, el control jurisdiccional se encuentra a cargo del juez cautelar, instancia judicial encargada del control de todas las actividades de la investigación. Asumiendo un rol de juez de garantías, con la facultad de resolver los conflictos emergentes de la actividad investigativa del Ministerio Público, los derechos del imputado y de los demás sujetos procesales. El control jurisdiccional, se constituye en una garantía del proceso penal, procurando resguardar los derechos de los sujetos procesales y la intervención oportuna en caso de su vulneración. (…) Por lo que, el Legislador entendió que, dentro de un proceso penal, éste no puede quedarse sin control jurisdiccional por más de veinticuatro horas, lo contrario se constituye en una dilación innecesaria e injustificada, contrario al principio de celeridad procesal que debe regir la tramitación en esta vía ordinaria, más aun tratándose de privados de libertad -aprehendidos o detenidos preventivos−, cuya resolución de sus situación jurídica no puede ser postergada por cuestiones meramente formales y dilatorias. Por otro lado, este Tribunal Constitucional Plurinacional también se ha referido sobre la competencia de los jueces de instrucción penal, para resolver las solicitudes relacionadas con medidas cautelares, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, cuando se presenta la acusación fiscal. Así la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, luego de realizar una sistematización de la línea jurisprudencial, recogió el estándar más alto de protección en esta temática y entendió que:
[T]oda vez que, el juez de instrucción penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta, la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre jurídica (el añadido es nuestro). En dicho orden, la citada Sentencia, precisó las siguientes subreglas:
En este marco, se debe precisar algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva: 1) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, 2) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente. Ahora bien, siguiendo la línea de entendimiento expresada, la SCP 0887/2021- S4 de 25 de noviembre, a tiempo de ratificar la competencia que tienen los jueces de instrucción de conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia, pese a la presentación de la acusación fiscal, entendió que el Juez de Instrucción Cautelar debe resolver la situación jurídica del imputado, ante el vencimiento de la duración de la detención preventiva aun cuando ya hubiere sido presentada la acusación formal, pues mientras no sea radicada la causa penal ante el juez o tribunal de sentencia, el Juez de instrucción, se encuentra compelido a conocer las incidencias 9 vinculadas a la aplicación de medidas cautelares y ejercer el control jurisdiccional. La citada Sentencia expresó el siguiente precedente constitucional:
Entendimiento jurisprudencial que también es aplicable al control jurisdiccional que debe efectuar el Juez de Instrucción Penal respecto al vencimiento del plazo de la detención preventiva establecido en el marco de lo dispuesto por el art. 233.3 del CPP -de acuerdo a las modificaciones asumidas en la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 [Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres]–, a cuya conclusión, el Juez de instrucción penal debe definir la situación jurídica del imputado, aun cuando ya hubiera sido presentada la acusación formal, pues mientras que no sea radicada la causa penal ante el juez correspondiente, lo que inevitablemente incluye al control sobre el cumplimiento del plazo de duración de la detención preventiva (el añadido es nuestro) o tribunal de sentencia, el juez de instrucción penal se encuentra compelido a conocer las incidencias vinculadas a la aplicación de medidas cautelares y ejercer el control jurisdiccional. Jurisprudencia extraída de la SCP 0987/2025-S3 de 26 de agosto.
De la revisión de antecedentes y conforme los datos consignados, la accionante denuncia que, el Juez demandado suspendió la audiencia prevista para el 10 de mayo de 2023, destinada a la consideración del cumplimiento del plazo de duración de la detención preventiva, cambiando de modalidad presencial a virtual de forma intempestiva sin asegurar el acceso al enlace tecnológico, con el argumento que no remitió el mismo para su participación; y, ante la presentación de acusación formal en su contra, ordenó remitir el caso al Juez Público Mixto de Familia, de La Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Yapacaní del departamento de Santa Cruz; frente a ello, interpuso recurso de reposición solicitando la realización o reprogramación de la audiencia, pero mantuvo firme su decisión. Identificada la problemática traída en revisión, se advierte que el Juez demandado, a tiempo de disponer la medida cautelar de detención preventiva del accionante por el tiempo de noventa días, señaló audiencia para la consideración de cumplimiento del plazo de duración de la detención, para el 10 de mayo de 2023, en forma presencial, siendo notificadas todas las partes en la mencionada audiencia (Conclusión II.1). Así también; se tiene que, cumplido el plazo para realizar la audiencia señalada, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, cambió la modalidad de audiencia de presencial a virtual, emitiendo para el efecto el oficio SECRETARIA OF. 495/2023 de 5 de mayo, ordenando el traslado del accionante a la sala de audiencia virtual. Asimismo; se evidencia que la referida audiencia fue suspendida por la autoridad demandada, debido a que el juzgado a su cargo tenía otra audiencia programada; por lo cual, no envió el enlace virtual al imputado; no obstante, a que las partes se encontraban presentes en la sala virtual; y, refiriendo que el Ministerio Público había presentado la acusación formal de imputación, dispuso remitir el caso al Juez Público Mixto de Familia, de La Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Yapacaní del departamento de Santa Cruz; remisión que se concretó con la emisión del oficio SECRETARIA OF. 534/2023 de 19 de mayo. Ingresando a analizar la problemática planteada, en principio, en relación a que no se envió el “link” al accionante, para su conexión a la audiencia virtual, motivo que sirvió de justificativo para la suspensión de la audiencia; no podemos soslayar que, el accionante cumplía detención preventiva en la Carceleta Provincial de Montero; de ahí, es pertinente precisar que, la asistencia o no del impetrante de tutela a la audiencia de control de cumplimiento del plazo de duración de la detención preventiva, que de acuerdo al prenombrado fue señalada de forma presencial para después modificarla a virtual sin su conocimiento, no dependiendo de su propia voluntad cuando está privado de su libertad; sino, incumbe al deber de la autoridad judicial de verificar el cumplimiento efectivo por parte de las autoridades carcelarias de permitir la salida del detenido o se le provea y gestione medios tecnológicos para asegurar su intervención en el desarrollo de la audiencia virtual, lo que implicaba el traslado del detenido; en este caso, al ambiente o sala virtual adecuado a tal fin; lo cual no ocurrió, no obstante, a que se cursó al Director de la Carceleta Provincial de Montero, el oficio SECRETARIA OF. 495/2023, para el traslado a la sala virtual, el día del verificativo del acto procesal; hecho que incidió que el accionante no se conecte a la audiencia virtual. Respecto a la suspensión de la audiencia de 10 de mayo de 2023, de consideración de la situación jurídica, la cual el Juez demandado decidió suspenderla, al haberse presentado el requerimiento conclusivo de acusación formal de imputación y no tratarse de una solicitud de cesación a la detención preventiva, contraviene el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; que establece que, el Juez de control jurisdiccional puede llevar a cabo la audiencia de control sobre el cumplimiento del plazo de duración de la detención preventiva, incluso si ya se presentó la acusación formal, siempre que no haya sido radicada por el Juzgado o Tribunal de Sentencia; por cuanto, la competencia del Juez de Instrucción en materia de control jurisdiccional y medidas cautelares no cesa con la simple presentación del requerimiento conclusivo de acusación, sino únicamente cuando la causa ha sido efectivamente radicada. Ahora bien, la decisión asumida por la autoridad demandada, de remitir el caso al Juez Público Mixto de Familia, de La Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, sin llevar adelante la audiencia de consideración de cumplimiento del plazo de duración de la detención preventiva, bajo el argumento de que ya existía la acusación formal de imputación del Ministerio Público, no eximia al Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Buena Vista del mencionada departamento, a realizar la referida audiencia; criterio errado que mantuvo pese a que el accionante interpuso recurso de reposición solicitando la realización o reprogramación de la audiencia, lo cual era legítimo y procedente ante una decisión que omitió realizar una audiencia fijada, donde se tenía que considerar su situación jurídica; al contrario, la autoridad demandada debió reprogramar de oficio la audiencia omitida, por encontrarse de por medio la libertad del detenido, incluso antes de la radicatoria de la acusación, ante el Juez o Tribunal de Sentencia; toda vez que, estaba obligado a resolver toda situación que afecte el derecho a la libertad antes de desprenderse del cuaderno procesal; de ahí resulta que, la actuación injustificada y fuera de procedimiento, vulnera su derecho a la libertad y el debido proceso; más aún cuando la remisión de la acusación no se concretó en la fecha referida, menos se encontraba radicada en el juzgado correspondiente. En definitiva, la suspensión de la indicada audiencia, encontrándose aun con competencia, bajo el argumento de una remisión futura, carece de sustento legal; esa decisión errónea, afectó el desarrollo regular del proceso, ya que se privó al accionante, de dicho actuado procesal de consideración de cumplimiento del plazo de duración de la detención preventiva, que debía realizarse conforme al marco de lo dispuesto en el art. 233.3 del CPP, y al principio de celeridad, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; que establece, que cualquier solicitud que incida el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, debe tramitarla con la mayor celeridad posible; cuando además, la remisión de la acusación se realizó nueve días después de la fecha en que se suspendió la audiencia, lo que evidencia una dilación injustificada; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 1 de 23 de mayo de 2023, cursante de fs. 41 a 45, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz y, en consecuencia: 1° CONCEDER en todo la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer que Simón Alarcón Vásquez, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, señale audiencia dentro del plazo de veinticuatro horas, para el control sobre el cumplimiento del plazo de duración de la detención preventiva; salvo que por el transcurso del tiempo la situación jurídica del accionante hubiese cambiado; y, 3° Llamar severamente la atención al Juez demandado, con la advertencia que, de incurrir nuevamente en actos dilatorios en el control del cumplimiento del plazo de duración de la detención preventiva, en casos ulteriores que sean de su conocimiento, se remitirán antecedentes al Consejo de la Magistratura para su procesamiento pertinente. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que, en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1396_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8fd3f19236e41b395bafd9dcbf2b3f80419ae026cbbf7d02085107ba35b217f5
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →