Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 3 de agosto de 2026
Concede en parte la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 28/2023 de 19 de diciembre, cursante de fs. 14 vta. a 16, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto al Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción
Penal Primero de Mineros del departamento de Santa Cruz, disponiendo que dicha autoridad, dentro el plazo de veinticuatro horas de notificado con el presente fallo constitucional remita el recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada, siempre y cuando no hubiera sido efectuado por el transcurso del tiempo. 2° DENEGAR la tutela impetrada, respecto a la Secretaria del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Mineros del departamento de Santa Cruz, conforme con los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° Llamar la atención al Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Mineros del departamento de Santa Cruz, a efecto que en el futuro actúe con celeridad en la tramitación de recursos de apelación incidental de medidas cautelares, así como verificar las actuaciones del personal dependiente de su despacho en todas las diligencias.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1342/2026-S1 Sucre, 3 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 60876-2024-122-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 28/2023 de 19 de diciembre, cursante de fs. 14 vta. a 16, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Elena Saucedo Rodas y Elías Tordoya Osinaga en representación sin mandato de Yackeline Yupanqui Humana contra René Blanco León, Juez; y, Vania Paola Quispe Gutiérrez, Secretaria, ambos del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Mineros del departamento de Santa Cruz.
La accionante a través de sus representantes sin mandato, denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como los principios de celeridad, seguridad jurídica y legalidad; puesto que, el 12 de diciembre de 2023, en audiencia de aplicación de medidas cautelares se dispuso su detención preventiva, acto en el que formuló recurso de apelación incidental, el cual fue ratificado de manera escrita el 15 de igual mes y año; sin embargo, los ahora accionados, omitieron hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, remitir el legajo de recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada. Por lo que, solicitó se ordene la remisión inmediata del legajo de recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada. Vania Paola Quispe Gutiérrez, Secretaria del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Mineros del departamento de Santa Cruz, mediante informe presentado el 19 de diciembre de 2023, cursante a fs. 12 y vta. manifestó que: La accionante no interpuso el recurso de apelación incidental de manera oral sino “…guardo su derecho para interponer de forma escrita” (sic), presentándolo el 15 del citado mes y año; agregando que, tanto el acta de audiencia como el cuaderno procesal, se encontraban en el despacho del Juez hoy accionado para su revisión, quien el 18 del referido mes y año, sufrió una descompensación, encontrándose con baja médica. La Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 28/2023 de 19 de diciembre, cursante de fs. 14 vta. a 16, concedió la tutela solicitada, disponiendo se atienda el memorial de 15 de similar mes de 2023 y se remitan el legajo de recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada, previo sorteo; puesto que, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en el medio efectivo para reparar vulneraciones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas; debido a que, toda persona debe ser juzgada sin dilaciones indebidas. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución, para todas las causas comprendidas en el citado Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena, TCP-SP 010/2026 de 17 de junio. Por lo que, el formato del presente fallo, se ajusta a lo precedentemente determinado.
Al respecto, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, señala que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (las negrillas nos pertenecen). Por otra parte, en cuanto al trámite procesal de la apelación incidental de una medida cautelar, la SC 0384/2011-R de 7 de abril, complementó las sub reglas establecidas en la SC 0078/2010-R de 3 de marzo, en sentido que se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, también cuando: “…d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley. En consecuencia, en los casos de darse esta dilación de manera injustificada, corresponde otorgar la tutela solicitada, por cuanto ello repercute en el derecho a la libertad física del agraviado” (las negrillas nos corresponden).
De los antecedentes relevantes traídos en revisión, se advierte que, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la accionante, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 12 de diciembre de 2023, que dispuso su detención preventiva; contra el cual, conforme lo manifestado por la Secretaria hoy coaccionada, la accionante no planteo el referido recurso de manera oral, sino de manera escrita el 15 del citado mes y año; empero, que el cuaderno procesal continuaba en el despacho del Juez ahora accionado, quien el 18 de similar mes y año, hubiese sufrido una descompensación de salud, encontrándose con baja médica a la fecha de interposición de esta acción tutelar, faltando únicamente la revisión del acta de audiencia por dicha Juez. Al respecto, si bien fue adjuntando al cuaderno procesal el Certificado Médico de 18 de diciembre de 2023, extendido por el Centro Médico PROSALUD del departamento de Santa Cruz, a nombre del Juez hoy coaccionado, otorgándole baja médica de tres días, no es menos evidente que el mismo indica que solo era por tres días; es decir, que hubiese concluido el 21 de igual mes y año; consiguientemente, al no ser remitido el legajo de recurso de apelación incidental desde el 15 del mencionado mes y año, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar -27 del mismo mes y año-, resulta evidente la dilación en la remisión al Tribunal de alzada; puesto que, interpuesto el citado recurso, se tenía el término improrrogable de veinticuatro horas para su remisión al superior en grado conforme dispone el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y lo establecido por la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; por lo que, al haberse demorado doce días en la mencionada remisión, efectivamente se sobrepasó el plazo procesal previsto para el efecto. Aclarando que, no obstante la baja médica del Juez ahora accionado, la misma tampoco expresó ningún justificativo respecto a la demora advertida; situación, que permite concluir que, el nombrado incurrió en una demora ilegal e indebida, en inobservancia del citado precepto legal y lo desarrollado por la jurisprudencia constitucional esgrimida, que señala que toda autoridad judicial que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables; pues que, de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del derecho a la libertad; por consiguiente, al ser evidente la omisión en la que incurrió el Juez ahora accionado, es decir, de remitir el legajo de recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada, vulneró el derecho de la accionante a obtener una decisión oportuna sobre su situación jurídica en franca vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso vinculado al principio de celeridad, correspondiendo conceder la tutela solicitada en el marco de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. Finalmente, en cuanto a la supuesta demora incurrida por la Secretaria hoy coaccionada en la remisión del recurso de apelación incidental; conforme se desprende de su informe, se advierte que el acta de audiencia de medidas cautelares transcrita estaba en el despacho del Juez ahora accionado a la espera de su revisión, entendiéndose que la misma tampoco se hallaba suscrita por dicha autoridad; situación por la cual, dicha Secretaria no podía elevar el legajo de recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada sin cumplir los requisitos formales para su remisión; es decir, contar con el acta y resolución emitidos debidamente firmados por su superior en grado, circunstancia que descarta la existencia de una actuación omisiva atribuible a la nombrada; por cuanto, la denuncia de los derechos vulnerados no emergieron del incumplimiento de las funciones u obligaciones de dicha Secretaria (SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo); en consecuencia, no advirtiéndose conducta alguna que configure vulneración de derechos fundamentales, ni omisión reprochable por parte de la misma, corresponde denegar la tutela respecto a esta última. Por último, con relación a la denuncia de vulneración de los principios de seguridad jurídica y legalidad, cabe referir que la acción de libertad protege derechos y garantías constitucionales no así principios, salvo su vinculación directa a uno de ellos, razón por la que, en el caso que nos ocupa, no corresponde realizar pronunciamiento alguno. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 28/2023 de 19 de diciembre, cursante de fs. 14 vta. a 16, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto al Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción
Penal Primero de Mineros del departamento de Santa Cruz, disponiendo que dicha autoridad, dentro el plazo de veinticuatro horas de notificado con el presente fallo constitucional remita el recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada, siempre y cuando no hubiera sido efectuado por el transcurso del tiempo. 2° DENEGAR la tutela impetrada, respecto a la Secretaria del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Mineros del departamento de Santa Cruz, conforme con los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° Llamar la atención al Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Mineros del departamento de Santa Cruz, a efecto que en el futuro actúe con celeridad en la tramitación de recursos de apelación incidental de medidas cautelares, así como verificar las actuaciones del personal dependiente de su despacho en todas las diligencias. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1342_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 05f802356147defc5f85e1fb02f264c40b236464c280193d0ac326d4aa03d955
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