Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 3 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 31/23 de 21 de diciembre de 2023, cursante de fs. 13 a 14 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1340/2026-S1 Sucre, 3 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 60871-2024-122-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 31/23 de 21 de diciembre de 2023, cursante de fs. 13 a 14 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Deybi Cossio Algarañaz en representación sin mandato de Richard Luciano Jorquera Allendes contra Cinthia María Mamani Ibarra, Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz.
El accionante, a través de su representante sin mandato denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso; así como, a los principios de celeridad procesal e inmediatez; puesto que, la Jueza ahora accionada; a pesar, de haber sido remitida el 12 de diciembre de 2023, por el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, documentación relativa al beneficio de redención solicitada, hasta la fecha de formulación de la presente acción tutelar -20 de diciembre de 2023-, omitió pronunciar el Auto Interlocutorio correspondiente, demorando siete días en hacerlo. Por lo que, solicitó se ordene a la Jueza hoy accionada, emita el Auto interlocutorio correspondiente al beneficio de redención de la pena en el plazo de veinticuatro horas. Cinthia María Mamani Ibarra, Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz -accionada-, en audiencia manifestó que: en conocimiento del incidente de redención por trabajo, planteado por el accionante y en consideración de la documentación remitida por la Dirección del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, conforme a lo previsto por el art. 429.bis de la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -Ley 1443 de 4 de julio de 2022-, previo a emitir resolución, corrió en traslado al Ministerio Público y víctima dicho incidente, otorgándoles un plazo de cinco días hábiles para su pronunciamiento, garantizando así el derecho a la defensa; situación por la cual, habiendo cumplido con la normativa procesal penal, solicitó se deniegue la tutela solicitada. La Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante la Resolución 31/23 de 21 de diciembre de 2023, cursante de fs. 13 a 14 vta., denegó la tutela solicitada En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución, para todas las causas comprendidas en el citado Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena, TCP-SP 010/2026 de 17 de junio. Por lo que, el formato del presente fallo, se ajusta a lo precedentemente determinado.
Sobre el particular, la SCP 0327/2024-S2 de 9 de julio, precisó el entendimiento sobre el alcance y presupuestos de activación de la acción de libertad en su modalidad de pronto despacho ante solicitudes y trámites de beneficios carcelarios en etapa de ejecución de sentencia, señalando:
“Al respecto, es necesario realizar una consideración previa y aclarativa, sobre la procedencia de la acción de libertad cuando se invoca presuntas irregularidades del debido proceso en ejecución de sentencia, vinculado ello a beneficios extracarcelarios, casos en los cuales -con anterioridad- esta Relatoría inicialmente consideraba que para poder analizar vía acción de libertad, en su modalidad traslativa o de pronto despacho, las denuncias de procesamiento indebido, en dichas situaciones fácticas, se requería como presupuesto que el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, debían estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión, (en esa línea, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0357/2021-S3, 0721/2021-S3, 0781/2021-S3, 0971/2021-S3 y 0797/2022-S3, entre otras); sin embargo, es el actual criterio de esta Relatoría, que tomando en cuenta que las mencionadas solicitudes presentadas por los accionantes siempre estarán destinadas a obtener un beneficio penitenciario, y por ende a mejorar su situación jurídica de privado de libertad; en consecuencia, en un nuevo razonamiento, se concluye que dichas situaciones que involucren un eventual pronto despacho en solicitudes y trámites de beneficios carcelarios en etapa de ejecución de sentencia, sí tienen vinculación con el derecho a la libertad; por cuanto, su finalidad es la modificación de la situación jurídico procesal del condenado, tomando en cuenta que es obligación del Estado boliviano atender con mayor prontitud las solicitudes que tengan por finalidad materializar la reinserción social del privado de libertad; siendo este un entendimiento razonable, dadas las particularidades de este tipo de casos, por lo que, la vía idónea para tutelar la vulneración al principio de celeridad que importe un indebido procesamiento es la acción de libertad, que tiene como finalidad precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica del privado de libertad. En ese mismo sentido los votos fundamentados desarrollados por esta Relatoría en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0147/2024-S2, 0153/2024-S2 y 0155/2024-S2” (las negrillas nos corresponden).
Respecto al tema la SCP 0139/2025-S2 de 25 de marzo, establece que: «El art. 121.II de la Constitución Política del Estado (CPE), determina que: “La víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la ley, y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. En caso de no contar con los recursos económicos necesarios, deberá ser asistida gratuitamente por una abogada o abogado asignado por el Estado”. Por su parte el art. 11 del CPP modificado por el art. 1 de la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal -Ley 007 de 18 de mayo de 2010-, establece que: “La víctima por si sola o por intermedio de un abogado, sea particular o del Estado, podrá intervenir en el proceso penal aunque no se hubiera constituido en querellante”. Asimismo, refiriéndose a la información de la víctima, el art. 77 del CPP, establece: “Aun cuando la víctima no hubiera intervenido en el proceso, deberá ser informada por la autoridad responsable de la persecución penal sobre sus derechos y por el juez o tribunal sobre los resultados del proceso, bajo responsabilidad que corresponda en caso de incumplimiento”.
Sobre esta temática, la SCP 0693/2013-L de 19 de julio, en el Fundamento Jurídico III.3, señala: “Es así, que de la revisión y comprensión del art. 11 del CPP, tanto en su inicial redacción, así como en la modificada por la Ley 007, se tiene que la norma procesal más favorable, es la última de las nombradas, toda vez que la misma, reconoce e incorpora con mayor amplitud, el derecho de la víctima a participar e intervenir en el proceso penal, antes de cada decisión judicial a asumirse, tal como lo establece el art. 121.II de la CPE, que determina: ‘La víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la ley, y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. En caso de no contar con los recursos económicos necesarios, deberá ser asistida gratuitamente por una abogada o abogado asignado por el Estado’; ya que si bien, el art. 11 del CPP, anterior a su modificación, reconocía el derecho de la víctima a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal y, en su caso a impugnarla; empero, el mismo llegaba a ser restringido y sólo se limitaba a dichas circunstancias, en cambio con la nueva redacción, que se encuentra en coherencia con el art. 121.II de la CPE, se evidencia que el derecho de participación e intervención de la víctima llega a ser más amplia, ya que no sólo se limita a esas circunstancias, sino a todo momento del proceso penal, encontrando de esa manera un equilibrio entre los derechos del imputado como los de la víctima”. Sobre el derecho de las víctimas en Bolivia y su participación en la ejecución de sentencia, el art. 429 bis del CPP incorporado por la Ley 1443 dispone: “I. Todos los incidentes suscitados durante la ejecución de sentencia deberán ser puestos en conocimiento del Ministerio Público y de la víctima, otorgándoles un plazo de cinco (5) días hábiles para su pronunciamiento. El no pronunciamiento o inasistencia a audiencia del Ministerio Público o la víctima no será impedimento para la resolución de los incidentes planteados. Se garantiza el derecho de impugnación del Ministerio Público y la victima a las resoluciones emitidas en ejecución de sentencia” (las negrillas nos corresponden). Dicha Ley reconoce el derecho de las víctimas y establece estos derechos en la ejecución de la sentencia. Conforme a la normativa jurídica y la jurisprudencia constitucional glosada, la víctima tiene derecho a ser oída en la fase de ejecución de las resoluciones judiciales. Empero, ello no implica que la opinión de la víctima sea vinculante a la autoridad judicial, pues eso dependerá de la valoración y sana crítica de la misma al resolver cada solicitud y del cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión para acceder a algún beneficio, debiendo la autoridad judicial concederlo o rechazarlo previa notificación a la víctima, otorgándole la posibilidad de impugnar la solicitud de algún beneficio. De ahí que, se puede concluir que la intervención de la víctima se da en todo el proceso penal, inclusive en ejecución de la sentencia. No cabe duda, que la participación de la víctima en los procesos de ejecución tiene que ver también con el derecho al acceso a la justicia» (las negrillas nos pertenecen). IiI.3. Análisis del caso concreto
De los antecedentes relevantes traídos en revisión y lo manifestado por las partes procesales, se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el 28 de octubre de 2023, el accionante de tutela, solicitó beneficio de redención de la pena ante la Jueza hoy accionada, quien dispuso previo a su aceptación se realice el cómputo de la misma, y el 6 de noviembre de 2023, ordenó al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, remita la documentación concerniente al beneficio de redención de la pena, entidad que mediante Oficio 2030/2023 de 5 de diciembre, remitió la documental requerida según Número de Registro Judicial (NUREJ) 701102012100192.
Solicitud que, según lo manifestado por el Juez de garantías de esta acción tutelar en la Resolución 31/23, se tiene que mediante decreto de 20 de diciembre de 2023, la Jueza hoy accionada, dispuso la notificación de la víctima y el Ministerio Público, para que en el plazo de cinco días se pronuncien respecto al incidente planteado por el accionante; actuación que a decir del prenombrado vulnera sus derechos la libertad, al debido proceso; así como, a los principios de celeridad procesal e inmediatez.
Al respecto conforme se ha establecido en el Fundamentos Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el derecho de las víctimas y su participación en la ejecución de sentencia, se halla reconocido en el art. 429 bis del CPP, incorporado por la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -Ley 1443 de 4 de julio de 2022-, que dispone: “I. Todos los incidentes suscitados durante la ejecución de sentencia deberán ser puestos en conocimiento del Ministerio Público y de la víctima, otorgándoles un plazo de cinco (5) días hábiles para su pronunciamiento. El no pronunciamiento o inasistencia a audiencia del Ministerio Público o la víctima no será impedimento para la resolución de los incidentes planteados”.
En ese marco, de lo precedentemente relacionado, se advierte que el accionante al formular la presente acción tutelar el 20 de diciembre de 2023, lo hizo estando aún vigente el plazo dispuesto para que la víctima se pronuncie respecto al incidente de redención planteado, siguiendo el procedimiento legal establecido; actuación de la cual, no se advierte vulneración alguna de los derechos invocados por el accionante, más al contrario se tiene que el Juez hoy accionado, actuó en el marco de lo establecido por el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, que establece la obligación de las autoridades judiciales que tengan conocimiento de solicitudes y trámites de beneficios carcelarios en etapa de ejecución de sentencia, tienen la obligación de atenderlos con la mayor prontitud; por cuanto, su finalidad es la modificación de la situación procesal del condenado.
En ese sentido, no siendo evidente la falta de celeridad alegada ni la vulneración al debido proceso, en la tramitación del incidente de redención del accionante, vinculado a su derecho a la libertad, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 31/23 de 21 de diciembre de 2023, cursante de fs. 13 a 14 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1340_2026-S1.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): 87e7b60732fa1b3ec5831113e245043b42560f3615232da1f98dccf41b796d72
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