B.IA.LEGAL

SCP 1339/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 3 de agosto de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
3 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
60870-2024-122-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 021/2023 de 29 de diciembre, cursante de fs. 22 a 24 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia. 1° CONCEDER la tutela solicitada, en el marco de la acción de libertad innovativa, sin disponer actuación procesal alguna, al haber sido efectuado el señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva motivo de esta acción tutelar.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad innovativa
  2. III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. Sobre el plazo de señalamiento de la audiencia de cesación de la detención preventiva
  4. III.4. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1339/2026-S1 Sucre, 3 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 60870-2024-122-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 021/2023 de 29 de diciembre, cursante de fs. 22 a 24 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Delia Ocampo García contra Gualberto Quispe Alba, Juez de Instrucción Penal Primero de Villa Tunari del departamento de Cochabamba.

I. OBJETO PROCESAL

La accionante, denunció la vulneración de sus derechos a la a la vida, a libertad de locomoción y al debido proceso; puesto que, el Juez ahora accionado, en suplencia legal del Juzgado de origen por vacación judicial, desde el 15 de diciembre de 2023 hasta el 28 de igual mes y año -fecha de presentación de la presente acción tutelar-, omitió señalar la audiencia de cesación de la detención preventiva solicitada, dejándola en completo estado de indefensión y conculcando sus derechos fundamentales al encontrarse en avanzado estado de gestación. Por lo que, solicitó se ordene al Juez hoy accionado, señalar de manera inmediata la audiencia de cesación a su detención preventiva solicitada. Gualberto Quispe Alba, Juez de Instrucción Penal Primero de Villa Tunari del departamento de Cochabamba, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad, ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 8. El Ministerio Público en audiencia, manifestó que: la accionante no identificó el derecho fundamental vulnerado, ni presentó prueba de su estado de gravidez, no fue notificado con decreto alguno a la solicitud de cesación de la detención preventiva, únicamente con la acción de libertad, indicando que ya se programó audiencia para el primer día hábil del siguiente año.

Los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante la Resolución 021/2023 de 29 de diciembre, cursante de fs. 22 a 24 vta., concedió la tutela solicitada, En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. TRÁMITE PROCESAL

En el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución, para todas las causas comprendidas en el citado Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena, TCP-SP 010/2026 de 17 de junio. Por lo que, el formato del presente fallo, se ajusta a lo precedentemente determinado.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. La acción de libertad innovativa

Al respecto, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 2491/2012, de 3 de diciembre, en su Fundamento Jurídico III.1. establece que:

“… acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos”.

Bajo ese contexto, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad; puesto que, partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido; Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Norma Suprema y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; puesto que, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos; empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.

III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

En relación al tema, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1478/2025-S3 de 20 de noviembre, entre otras, señaló que: “Ahora bien, a partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad-, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se hizo alusión al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último ‘…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad” (las negrillas nos corresponden).

III.3. Sobre el plazo de señalamiento de la audiencia de cesación de la detención preventiva

En el marco de las modificaciones incorporadas al Código de Procedimiento Penal, por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, y posteriormente la Ley de Modificación a ley N° 1173 de 3 mayo de 2019, de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres -Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019-, la SCP 0740/2022-S1 de 1 de agosto se ha pronunciado sobre el deber de las autoridades judiciales para cumplir con el plazo previsto para el señalamiento de audiencias de consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva, estableciendo el siguiente entendimiento:

En consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes. Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud .

III.4. Análisis del caso concreto

De los antecedentes relevantes traídos en revisión, se advierte que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la accionante, por la presunta comisión del delito de robo agravado, mediante memorial presentado el 15 de diciembre de 2023, solicitó al Juez hoy accionado, cesación de la detención preventiva y por providencia de 19 de igual mes y año, dicha autoridad judicial, señaló audiencia para el 5 de enero de 2024 a las 9:00 horas, justificando el señalamiento en el rol de audiencias con aprehendidos, detenidos preventivos, remitidos de los diferentes Juzgados del trópico durante la vacación judicial anual colectiva, conforme a la “Circular 08/2023”, emitida por la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento y que era inhumano cumplir con los plazos procesales conforme prevé la norma.

Asimismo, cursa decreto de 29 de diciembre de 2023; por el cual, el Juez hoy accionado, rectificó la fecha y hora para considerar la solicitud de cesación de la detención preventiva, reprogramándola para el 2 de enero de 2024, a las 15:00 horas, bajo los mismos justificativos, providencia con la que fue notificada la accionante, misma que se realizó a las 10:19 horas (fs. 19 y vta.). En ese contexto, si bien se advierte que, el señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva extrañado, fue fijado a la fecha de consideración de esta acción tutelar; se advierte que, fue realizado como emergencia de su presentación y con posterioridad a la notificación al Juez ahora accionado con la audiencia para su consideración (fs. 8); en ese sentido, en atención a la acción de libertad innovativa, corresponde ingresar al análisis de fondo del problema jurídico a objeto que en el futuro no repitan los actos vulneratorios, entendimiento asumido por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En tal sentido, conforme lo establecido en el Fundamentos Jurídico III.2. de este fallo constitucional, toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible y dentro de los plazos legales si están fijados o caso contrario dentro de un plazo razonable, dicha demora o dilación también está vinculada a suspensiones de audiencia de consideración de medidas cautelares, por causas o motivos que no justifican su suspensión. En el caso de las audiencias de cesación de la detención preventiva, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el Juez o tribunal deberán señalar audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En el marco de lo referido, se evidencia que el Juez hoy accionado, al señalar audiencia de consideración de la cesación de la detención preventiva luego de nueve días de efectuada la solicitud por el accionante -15 de diciembre de 2023-, fijándola por decreto de 29 de igual mes y año, inobservó el art. 239 del CPP, respecto al tiempo establecido para el señalamiento de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas, lo contrario significa una demora o dilación indebida.

Por consiguiente, el Juez ahora accionado al señalar la referida audiencia fuera del plazo previsto en el Código de Procedimiento Penal, provocó una demora innecesaria, extremo que hace aplicable el ámbito de protección que brinda la acción de libertad traslativa; puesto que, dicha dilación constituye una vulneración del derecho a la libertad física de la accionante; por cuanto, la vulneración de ese derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud.

Finalmente, es importante aclarar que, si bien el Juez hoy accionado, refiere que tenía abundante carga procesal por encontrarse de turno durante la vacación judicial colectiva; sin embargo, ese aspecto de ningún modo justifica el señalamiento de la audiencia más allá del tiempo de las cuarenta y ocho horas fijado en el art. 239 del CPP; por dicho motivo, se establece que no se encuentra exento de responsabilidad respecto a la demora y dilación en la resolución de la situación jurídica del accionante; por lo que, en el marco de la jurisprudencia referida, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 021/2023 de 29 de diciembre, cursante de fs. 22 a 24 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia. 1° CONCEDER la tutela solicitada, en el marco de la acción de libertad innovativa, sin disponer actuación procesal alguna, al haber sido efectuado el señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva motivo de esta acción tutelar. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1339_2026-S1.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): 37e26fac7f826610e3ae27b4065628029985abb6d742c922afabab7e1fb47d20

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →