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SCP 1333/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 3 de agosto de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
3 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 29 de diciembre de 2023, cursante de fs. 29 a 31 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Sobre el principio de celeridad en las actuaciones procesales
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1333/2026-S1 Sucre, 3 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expedientes: 60844-2024-122-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 29 de diciembre de 2023, cursante de fs. 29 a 31 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Emilio Osvaldo Tórrez Ortíz, Defensor Público del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) en representación sin mandato de Erick Gironda Meave contra Jhobany Castro Ramírez, Juez de Ejecución Penal Cuarto de la Capital de departamento de Cochabamba.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante a través de su representante sin mandato, denunció la vulneración de su derecho a la libertad, señalando que habiendo solicitado el 14 de diciembre de 2023 ante el Juez hoy accionado, el beneficio de libertad condicional de la pena, en nombrado mediante proveído de 15 de igual mes y año, dispuso que con carácter previó sea notificada la víctima con la Resolución de redención, determinación que se encuentra alejada del procedimiento; por lo que, contra dicho decreto presentó recurso de reposición reiterando su incidente, el cual fue rechazado por el citado Juez inobservando lo establecido en el art. 429 de la Ley 1443, incurriendo de esta manera en actos dilatorios que retrasan innecesariamente la admisión de su solicitud. Por lo que, solicitó se ordene al Juez hoy accionado, que en el plazo de veinticuatro horas admita la solicitud de libertad condicional y señale audiencia para considerar el incidente conforme a la línea jurisprudencial establecida al respecto. El Juez ahora accionado, mediante informe presentado el 29 de diciembre de 2023, cursante de fs. 12 a 16 vta., manifestó que: a) No toda denuncia de procesamiento indebido puede ser conocida vía acción de libertad; ya que, existen dos requisitos que se deben cumplir de forma concurrente, siendo los mismos que, el acto lesivo debe estar vinculado con la libertad; y, que debe existir absoluto estado de indefensión; b) No existió ningún acto dilatorio asumida por su persona dentro de la solicitud de libertad condicional; puesto que, la última resolución de redención fue el 13 de igual mes y año, por el cual se le concedió la redención de la pena en seis meses y veinticinco días, estableciendo al condenado un nuevo cómputo restante de veinticuatro años, diez meses, y veinticinco días de pena a cumplir; y es con base a este nuevo cómputo que el condenado al día siguiente por memorial de 14 de del mismo mes y año presentó solicitud de libertad condicional de la pena indicando que en función al nuevo cómputo tiene las dos terceras partes de su condena; por lo que, cumpliría con el presupuesto exigido por el art. 174.I de la LEPS, sin tomar en cuenta que en acto procesal donde se dictó la resolución de redención no estuvo presente la víctima, y por lo mismo en cumplimiento al art. 429 bis. I del CPP, correspondía su notificación y ejercite su derecho a la apelación, por ello se dispuso que el condenado aguarde la notificación a la víctima; en consecuencia, no era posible admitir directamente; y, c) La víctima ya fue notificada en el plazo de tres días con la resolución de redención. Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución de 29 de diciembre de 2023, cursante de fs. 29 a 31 vta., denegó la tutela solicitada. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. TRÁMITE PROCESAL

En el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución, para todas las causas comprendidas en el citado Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena, TCP-SP 010/2026 de 17 de junio. Por lo que, el formato del presente fallo, se ajusta a lo precedentemente determinado.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad- reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida.

Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

En dicho orden, la autoridad judicial o administrativa, dependiendo del caso, no está obligada a conceder o aceptar lo peticionado, sino a tramitar la solicitud conforme a la normativa vigente y con la diligencia que la ley exige, pues la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca que se atienda sin dilación indebida una solicitud relacionada con la libertad personal, abriendo su ámbito de protección en situaciones donde existió dilación injustificada en su tratamiento o tramitación y no así sobre la solicitud a la que se pretende acceder.

III.2. Sobre el principio de celeridad en las actuaciones procesales

En relación al tema, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0441/2018-S2 de 27 de agosto, establece que:

“El art. 115 de la CPE, estipula:

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos;

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

Asimismo, el art. 178.I de la referida Norma Suprema, señala:

La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos.

Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la referida SCP 0557/2016-S1 desarrolló la celeridad como un principio, con el cual deben manejarse los administradores de justicia, más aún, tratándose de aquellos casos vinculados con la libertad de las personas; toda vez que, toda petición relacionada con este derecho, debe ser atendida sin dilaciones indebidas y en cumplimiento estricto de los plazos legales”.

III.3. Análisis del caso concreto

Identificada la problemática planteada por la accionante, el nombrado a través de su representante son mandato, denuncia dilación indebida en la resolución de su solicitud de libertad condicional por parte del Juez ahora accionado. El accionante, habiendo sido condenado a la pena de treinta años de presidio por la comisión del delito de robo agravado y secuestro, el 30 de junio de 2021, obtuvo el beneficio de redención bajando su condena a veinticinco años y cuatro meses de presidio; posteriormente el 13 de diciembre de igual año, obtuvo una segunda redención rebajando su condena a veinticuatro años y diez meses, y considerando que ya había cumplido con las 2/3 partes de la pena impuesta, el 14 de diciembre de 2023 solicitó al Juez hoy accionado, el beneficio de libertad condicional de la pena, recibiendo como respuesta por proveído de 15 de igual mes y año, que con carácter previo se notifique a la víctima con la última resolución de redención, proveído contra el cual el accionante planteó el 26 del mismo mes y año, recurso de reposición, el cual por Auto de 27 del señalado mes y año, fue rechazado por el Juez ahora accionado al ser planteado fuera de plazo. En dicho orden, siguiendo lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se abre frente a situaciones de dilación indebida en el tratamiento de solicitudes vinculadas con la libertad de la personal, lo que obliga a toda autoridad judicial o administrativa que conozca la solicitud a tramitarla con la mayor celeridad posible. No obstante, el resultado de la petición dependerá de la valoración jurídica de la autoridad, conforme a la normativa aplicable; es decir, la acción de libertad no obliga a conceder la solicitud en forma positiva, sino a que se atienda sin dilación indebida; puesto que, la misma solo opera en situaciones donde existió dilación injustificada y no así sobre la solicitud a la que se pretenda acceder. En ese contexto, no se advierte que el Juez ahora accionado, hubiese incurrido en una dilación indebida contra el accionante; más aún, cuando el nombrado en la fundamentación de su acción de libertad hizo conocer que el citado Juez en el plazo de veinticuatro horas emitió respuesta que dispuso que con carácter previo se notifique a la víctima con la última resolución de redención a efectos de que esta pueda pronunciarse dentro del plazo de cinco días conforme prevé el art. 429 bis del CPP, que conforme lo expuso por la autoridad judicial, la víctima, a la fecha de formulación de la presente acción tutelar aún se encontraba dentro de plazo para pronunciarse; además, cabe aclarar que, que el trámite de dicho incidente conlleva a un despliegue procesal para su tramitación, conforme lo previsto por los arts. 174 y 175 de la LEPS; puesto que, la tramitación del beneficio solicitado, no genera por sí mismo la restricción del derecho a la libertad; ya que, el mismo se encuentra limitado en razón a la condena que está cumpliendo el accionante; puesto que, no significa que ante la sola solicitud de libertad condicional, la misma será concedida de forma automática. Asimismo, se tiene que ante el decreto de 15 de diciembre de 2023, por el cual el Juez ahora accionado dispuso notificar a la víctima con la resolución de redención, el accionante planteó recurso de reposición mediante memorial el 26 del mismo mes y año, el cual, por Auto de 27 del señalado mes y año, fue rechazado por el citado Juez por su extemporaneidad; por lo que, lo alegado por el accionante en relación a la demora por parte del Juez hoy accionado no resulta evidente; correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 29 de diciembre de 2023, cursante de fs. 29 a 31 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1333_2026-S1.pdf · páginas 1 a 6.

Huella digital del PDF (SHA-256): abbbcf61861b899c094820027a991846705078db8b23104a32cdb414eead125b

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