Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 28 de mayo de 2024, cursante de fs. 34 a 36, pronunciada por la Jueza Público de Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia CONCEDER en todo la tutela solicitada, en los términos dispuestos por la Jueza de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1321/2026-S2 Sucre, 5 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA – Pronto despacho SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 65253-2024-131-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 28 de mayo de 2024, cursante de fs. 34 a 36, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rubén Rojas Tincuri contra Hugo Celso Fernández Peñaranda, Juan Pablo Olmos Tapia y Santa Cruz Arias Gutiérrez, todos Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz.
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad física, vinculado al principio de celeridad; toda vez que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas y asociación delictuosa, en el que se encuentra con detención preventiva por más de veintiún meses, solicitó la cesación de la detención preventiva en varias oportunidades; empero, las audiencias fueron suspendidas reiteradamente, siendo la última el 24 de mayo de 2024, porque no había Secretario Abogado. Solicitó se conceda la tutela solicitada, disponiendo que las autoridades judiciales demandadas resuelvan en el día su solicitud de cesación. Ante ello, los Jueces demandados, mediante informe escrito cursante a fs. 30 y vta., solicitaron se deniegue la tutela solicitada, señalando que: a) El accionante previamente tenía la posibilidad de pedir aclaración, complementación y enmienda como recurso o medio idóneo antes de acudir a la acción tutelar; b) El público litigante sabe que la Secretaria de su Tribunal presentó renuncia irrevocable el 20 de mayo de 2024, por lo que se designó en suplencia a Roy Yabeta Aguilera; empero, ninguno de los dos pudo realizar las diligencias de notificación a las partes, función exclusiva de los Secretarios por disposición legal; y, c) Se señaló nueva fecha y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva, por lo que el accionante acudió injustamente a la acción de defensa, cuando debió informarse al respecto, por lo que no se lesionaron derechos algunos. La Jueza de garantías concedió en parte la tutela impetrada, disponiendo que los Jueces demandados realicen los actos necesarios para garantizar y materializar la audiencia de cesación de la detención preventiva señalada para el 31 de mayo de 2024; y, denegó respecto al procesamiento indebido. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.
La SCP 0096/2025-S2 de 10 de marzo, señaló que: “El art. 115.II de la CPE establece que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’; en consecuencia, consagra el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso, lo cual exige que toda causa -sea esta judicial o administrativa- se tramite sin demoras innecesarias; es decir, de manera oportuna. Por su parte, los arts. 178.I y 180.I de la Norma Suprema, instituyen de manera explícita la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia. Con referencia a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…’” (el resaltado nos corresponde).
De los antecedentes adjuntos a la acción de libertad, se evidencia que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, radicado en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, mediante memorial presentado el 24 de abril de 2024, el accionante solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva. En respuesta, mediante providencia de 30 de igual mes y año, se señaló audiencia virtual para el 24 de mayo del señalado año, a horas 15:00, instruyéndose al Secretario en suplencia proceder a la notificación de las partes (fs. 16 y vta.). Asimismo, mediante providencia de 24 de mayo de 2024, se modificó la audiencia señalada, fijándose para el 31 del mismo mes y año, a horas 8:15, con similares instrucciones para el Secretario suplente. Con el señalamiento de audiencia, las partes fueron notificadas el 28 de igual mes y año; asimismo, se ofició al Director del Centro de Readaptación Productiva Montero para el traslado del detenido a la sala virtual y a la Coordinadora de la Oficina Gestora de Procesos de Montero para gestionar el soporte técnico de la audiencia virtual, oficio que fue recibido el mismo día (fs. 18 a 22). Estos extremos permiten establecer la suspensión de la audiencia señalada para el 24 de mayo de 2024, corroborada por el reconocimiento expreso de las autoridades demandadas en el informe presentado dentro de la presente acción de defensa, quienes justificaron dicha suspensión en la renuncia irrevocable de la Secretaria (fs. 28 a 29); empero, se advierte que, para la celebración de la audiencia de cesación de la detención preventiva solicitada por el accionante el 24 de abril del mismo año y señalada para el 24 de mayo del citado año, no se asumieron las medidas necesarias para garantizar su realización por parte de los jueces demandados, quienes tienen el deber de actuar observando el principio de celeridad en la tramitación de las peticiones vinculadas con el derecho a la libertad, sin incurrir en dilaciones indebidas, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, y observando el principio de dirección del proceso en la gestión y administración de justicia. Al no haber actuado de esa manera, se afectó el derecho a la libertad física del accionante; puesto que, en el presente caso, no solo corresponde fijar audiencia de cesación de la detención preventiva, sino garantizar la efectiva realización de la misma para la consideración y resolución de la petición formulada; por tal razón, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 28 de mayo de 2024, cursante de fs. 34 a 36, pronunciada por la Jueza Público de Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia CONCEDER en todo la tutela solicitada, en los términos dispuestos por la Jueza de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1321_2026-S2.pdf · páginas 1 a 4.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8b188853d93bb90bebb84e477a17ee2eedbe421e8a4f71dbddd16920ffc2e4b8
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