Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 23/2024 de 12 de junio, cursante de fs. 23 a 27 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que, de no haberlo hecho, las autoridades demandadas, en el plazo de veinticuatro horas desde su notificación con el presente fallo constitucional, remitan el legajo procesal ante el Tribunal de Sentencia Penal de Achacachi del departamento de La Paz.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1320/2026-S2 Sucre, 5 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA - Pronto Despacho SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 65252-2024-131-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 23/2024 de 12 de junio, cursante de fs. 23 a 27 vta. pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Harold Jarandilla Mey en representación sin mandato de Reynaldo Apaza Layme contra Carlos Antonio Fiorilo Cruz y Claudia Marcela Castro Dorado, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de La Paz.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y a una justicia pronta y oportuna; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el delito de corrupción de infante, niña, niño o adolescente, fue condenado a dos años de privación de libertad y, al haber interpuesto recurso de apelación restringida, el expediente fue remitido a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Posteriormente, solicitó la cesación de su detención preventiva ante el Tribunal de Sentencia de Achacachi del departamento de La Paz, instancia que señaló audiencia para el 4 de junio de 2024; en ese sentido, mediante oficio de 3 de igual mes y año, solicitó a la citada Sala Penal la remisión del legajo procesal; sin embargo, la audiencia no pudo llevarse a cabo debido a la falta de remisión de los antecedentes, por lo que fue reprogramada para el 12 del mismo mes y año. Ante dicha situación, mediante nuevo oficio de 5 de junio de 2024, solicitó nuevamente a la Sala Penal Cuarta la remisión de los antecedentes; no obstante, hasta la interposición de la presente acción tutelar, el 11 de junio de 2024, no obtuvo respuesta ni se efectuó la remisión de la documentación requerida; por tal motivo, solicitó que se disponga la remisión inmediata de los obrados, sin dilaciones indebidas. Solicitó se conceda la tutela solicitada, disponiendo que los Vocales demandados ordenen la remisión inmediata de los obrados originales ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi del departamento de La Paz, sin dilaciones indebidas. Ante ello, Carlos Antonio Fiorilo Cruz y Claudia Marcela Castro Dorado, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandados-, mediante informe escrito cursante de fs. 29 a 30, señalaron que la apelación restringida se encontraba radicada en dicha Sala desde el 8 de abril de 2024; asimismo, sostuvieron que la solicitud de cesación de la detención preventiva no resultaba viable, al corresponder su conocimiento a esa instancia; de igual manera, manifestaron que no se habría producido vulneración de los derechos invocados y que la emisión de decretos constituía una función atribuible a Secretaría. El Juez de garantías, denegó la tutela solicitada, por no existir legitimación pasiva de las autoridades accionadas y corresponder a la parte accionante recabar directamente los antecedentes de la sala penal cuarta. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.
En cuanto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, ampliando la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad identificando, además al efectuada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación al hábeas corpus: “1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad”; entendida esta última como el mecanismo idóneo cuando se busca: “…acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos” (SCP 0011/2014 de 3 de enero [el resaltado es nuestro]).
Delimitada la problemática y del análisis de los alegatos de las partes, se tiene que el accionante denuncia que la falta de remisión de antecedentes por parte de las autoridades demandadas impidió la realización de su audiencia de cesación a la detención preventiva. De la revisión de antecedentes, se advierte que el accionante, el 29 de mayo de 2024, solicitó la cesación de su detención preventiva ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz; instancia que emitió el decreto de 31 de ese mes y año, señalando audiencia para el 4 de junio del mismo año; disponiendo mediante oficio de 3 de igual mes y año la remisión del legajo procesal a la referida Sala; no obstante, dicho requerimiento no fue atendido, lo que motivó la suspensión del actuado procesal y la reprogramación de la audiencia para el 12 del mismo mes y año, cursándose un nuevo oficio el 5 del citado mes y año, reiterando la solicitud de remisión de antecedentes; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción de libertad -11 de junio de 2024-, no se evidenció que las autoridades demandadas hubieran emitido pronunciamiento alguno ni remitido la documentación solicitada. Por su parte, los Vocales demandados, mediante su informe escrito, señalaron que la causa se encontraba radicada en su despacho y que la emisión de decretos correspondía a funciones de Secretaría; empero, tales argumentos no resultan atendibles, toda vez que la radicatoria de la causa no exime a las autoridades jurisdiccionales del deber de garantizar la tramitación diligente del proceso y de actuar con la celeridad que exigen los casos vinculados al derecho a la libertad; asimismo, la distribución interna de funciones no constituye una justificación válida para la inactividad jurisdiccional. En ese contexto, se tiene que desde la emisión del primer oficio, de 3 de junio de 2024, hasta la interposición de la acción tutelar el 11 de igual mes y año, transcurrieron ocho días sin que se diera cumplimiento a la remisión requerida; y, desde el segundo oficio, de 5 del mismo mes y año, transcurrieron seis días sin respuesta, a pesar de tratarse de una actuación directamente vinculada con la definición de la situación jurídica de una persona privada de libertad; en consecuencia, la falta de atención a los requerimientos efectuados y la no devolución oportuna de antecedentes constituyen una dilación indebida, en los términos desarrollados por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, al impedir que la autoridad jurisdiccional competente resuelva la situación jurídica del accionante con la celeridad exigida en estos casos. En ese sentido, la falta de respuesta a los oficios cursados, así como la no remisión oportuna de los antecedentes, constituyen una omisión injustificada atribuible a las autoridades demandadas, que ocasionó la suspensión de audiencias destinadas a resolver una solicitud de ces ación a la detención preventiva, afectando de manera directa el derecho a la libertad del impetrante de tutela, impidiendo que el Tribunal de Sentencia se pronuncie sobre su situación jurídica dentro de un plazo razonable; en ese marco, se establece que la conducta omisiva de las autoridades demandadas se subsume en los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 23/2024 de 12 de junio, cursante de fs. 23 a 27 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que, de no haberlo hecho, las autoridades demandadas, en el plazo de veinticuatro horas desde su notificación con el presente fallo constitucional, remitan el legajo procesal ante el Tribunal de Sentencia Penal de Achacachi del departamento de La Paz. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1320_2026-S2.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): e4324fcd5773deb3087f526fc6baba04718c5b4bad3b98d483784e954b1c0b52
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