Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 42/2024 de 27 de junio, cursante de fs. 23 a 24 vta., pronunciada por El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que el Juez demandado señale día y hora de audiencia para resolver la situación jurídica del impetrante de tutela, y la solicitud de cesación a la detención preventiva conforme el art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal, siempre y cuando la situación del accionante no hubiese cambiado por el transcurso del tiempo.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1317/2026-S2 Sucre, 5 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA Pronto despacho SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 65228-2024-131-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 42/2024 de 27 de junio, cursante de fs. 23 a 24 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edgar Peralta Pillco contra Carlos Alejandro Espinoza Ramírez, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz.
Por memoriales presentados el 26 de junio de 2024 cursantes de fs. 5 a 6; y, 8 y vta., el accionante alega la vulneración de su derecho a la libertad, señalando que se encuentra procesado por delitos de orden público en la jurisdicción ordinaria y que, el 22 de mayo de 2024, se dispuso su detención preventiva por el lapso de treinta y cinco días bajo la modalidad de procedimiento inmediato; en ese contexto, por una parte refiere que, el 19 de junio de ese año solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva conforme al art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), sin que hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, la autoridad judicial hubiera señalado día y hora de audiencia. Por otra parte, señaló que la audiencia de consideración de su situación jurídica procesal fue instalada y posteriormente suspendida; ambos hechos en razón a que el cuaderno de control jurisdiccional fue remitido en apelación ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; sin embargo, dichas actuaciones debieron desarrollarse con normalidad al tratarse de aspectos independientes y no requerir la valoración integral del cuaderno, más aún sobre la consideración de su situación jurídica, pues el Fiscal de Materia no solicitó ampliación de la detención preventiva. En ese sentido, solicita se señale audiencia de cesación a la detención preventiva y se exhorte a la autoridad demandada a no obrar de la misma manera en futuras ocasiones. Carlos Alejandro Espinoza Ramírez, Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz; mediante informe escrito de 26 de junio de 2024, cursante de fs. 20 a 21 vta., señaló que la solicitud de cesación a la detención preventiva fue considerada y resuelta mediante Resolución de 20 de junio de 2024, habiendo sido rechazada; asimismo, indicó que la remisión del cuaderno procesal obedeció a la interposición de recursos por parte del propio accionante, lo que imposibilitó la continuidad de la tramitación en su despacho; de igual forma, refirió que el accionante no agotó los mecanismos ordinarios de impugnación, acudiendo directamente a la vía constitucional. El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, denegó la tutela solicitada. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.
La SCP 0096/2025-S2 de 10 de marzo, señaló que: “El art. 115.II de la CPE establece que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’; en consecuencia, consagra el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso, lo cual exige que toda causa -sea esta judicial o administrativa- se tramite sin demoras innecesarias; es decir, de manera oportuna. Por su parte, los arts. 178.I y 180.I de la Norma Suprema, instituyen de manera explícita la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia. Con referencia a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…’” (las negrillas corresponden al texto original).
La problemática planteada radica en la supuesta dilación en la que se habría incurrido a tiempo de la tramitación de la solicitud de cesación a la detención preventiva del accionante; además, de la suspensión de la audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante. De la revisión de antecedentes, se advierte la existencia de una nota de 23 de mayo de 2024, dirigida a la Secretaria de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con la referencia: “REMISIÓN DE CUADERNO DE CONTROL JURISDICCIONAL EN ORIGINAL POR APELACIÓN INCIDENTAL…” (sic) emitida por el Juez Público de la Niñez de y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz (fs. 14); posteriormente, el 19 de junio del mismo año, el accionante solicitó la cesación de la detención preventiva conforme el art. 239.1 del CPP ante el citado juzgado (fs. 15), instancia que emitió la providencia de 20 de junio de 2024, señalando: “El impetrante deberá estar al libro de altas y bajas, asimismo, a la nota de remisión a la Sala Penal 4, por haberse interpuesto recurso de apelación, por cuanto el impetrante, deberá estar al mismo, y venga con sus antecedentes” (sic [fs. 16]); asimismo, cursa fotocopia simple del acta de audiencia pública de consideración de situación jurídica suspendida por falta del expediente procesal ya que el mismo se encontraba en alzada (fs. 17 a 19). De los antecedentes descritos, se constata que el accionante solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva conforme al art. 239.1 del CPP, el 19 de junio de 2024; sin embargo, la autoridad judicial demandada no señaló ni llevó a cabo dicha audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas como prevé la norma, limitándose a emitir, de manera ilegal, el decreto de 20 de ese mes y año. En dicho decreto dispuso que el impetrante “deberá estar al libro de altas y bajas” y que remitió el cuaderno de control jurisdiccional a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz por la interposición de un recurso de apelación, actuación que resulta indebida. Ello porque, ante la solicitud de cesación de la detención preventiva, el art. 239 del CPP únicamente establece la obligación de resolver la audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, sin prever la posibilidad de observar o rechazar la solicitud. En consecuencia, la conducta del Juez demandado generó una dilación injustificada en la consideración de la situación jurídica del accionante, prolongada por siete días -desde la solicitud efectuada el 19 de junio de 2024 hasta la presentación de la acción de libertad el 26 de igual mes y año-. Cabe aclarar que la falta del expediente no constituye un impedimento para el desarrollo de la audiencia, pues correspondía solicitar los antecedentes necesarios al Tribunal de alzada, garantizando así la revisión de la situación jurídica del accionante dentro del plazo legal de cuarenta y ocho horas. Por otra parte, respecto a la audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante, se advierte que la autoridad judicial dispuso su suspensión bajo el argumento de la remisión del cuaderno de control jurisdiccional en apelación; sin embargo, como se señaló dicha actuación no se encuentra debidamente justificada, puesto que el hecho que el expediente se encuentre ante el Tribunal de alzada, no limita la posibilidad de desarrollar la audiencia de consideración de situación jurídica y como se indicó, en caso de ser necesario, la autoridad demandada debió solicitar las partes pertinentes del expediente al Tribunal superior a efectos de considerar su situación jurídica, actuación que resulta contraria al principio de celeridad que rige las actuaciones vinculadas al derecho a la libertad, configurando una dilación indebida atribuible a la autoridad demandada. En consecuencia, al evidenciarse la existencia de dilación indebida en la tramitación de la solicitud de cesación a la detención preventiva, así como en la sustanciación de la audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante, corresponde conceder la tutela solicitada, al haberse vulnerado el derecho a la libertad en su elemento de celeridad. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 42/2024 de 27 de junio, cursante de fs. 23 a 24 vta., pronunciada por El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que el Juez demandado señale día y hora de audiencia para resolver la situación jurídica del impetrante de tutela, y la solicitud de cesación a la detención preventiva conforme el art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal, siempre y cuando la situación del accionante no hubiese cambiado por el transcurso del tiempo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Boris Wilson Arias López MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1317_2026-S2.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 352401aa8467858fe02a9574b12be06602489f2c5eb90f1f5af84a10ca0a6dd2
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