B.IA.LEGAL

SCP 1314/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de protección de privacidad · Sala Tercera · 20 de octubre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de octubre de 2025
Acción
Acción de protección de privacidad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
67895-2024-136-APP
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de protección de privacidad

Qué se discutió

El peticionante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la imagen, honor, privacidad, intimidad y la honra; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de su ex pareja -ahora tercera interesada- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, las funcionarias de la entidad “Casa de la Mujer” -apoderadas de la denunciante-, el 15 y 21 de agosto de 2021, realizaron varias publicaciones desde su página de Facebook, exhibiendo su fotografía y un mandamiento de aprehensión librado en su contra, de manera maliciosa y tendenciosa, denigrando su honra y reputación, al emitir información sesgada e incompleta; toda vez que, el referido mandamiento de aprehensión fue dejado sin efecto y el caso penal concluyó con un sobreseimiento a su favor, aspectos que no fueron publicados por las ahora demandas a la opinión pública; tales publicaciones fueron viralizadas por los codemandados NoticiasHoy.com, Alejandra Cadario Moreno, CNR Noticias, EJU.TV, Comunidad de Derechos Humanos, ATB Digital Santa Cruz, en fechas 1, 2 y 30 de julio; y, 5 de agosto todas de 2021; las que a la fecha se encuentran vigentes en las redes sociales y páginas web de internet; por lo que, sus derechos continúan siendo vulnerados hasta el presente, ocasionándoles daño en su ámbito personal, familiar y laboral, ya que, al haberse masificado la información, su reputación como abogado se vio afectada; a cuya consecuencia, solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia se disponga que: 1) Se eliminen las publicaciones descritas de manera inmedia…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte, la Resolución 01/2024 de 30 de julio, cursante de fs. 398 vta. a 406, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° DENEGAR en todo la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y, 2º Dimensionar los alcances de la Resolución de la Sala Constitucional citada previamente, que concedió parcialmente la tutela, manteniendo subsistente la misma, siempre y cuando las decisiones emergentes de ella ya hubieren sido materializadas en favor del impetrante de tutela; disponiendo en ese caso, que aquellas se mantengan, conforme a la previsión contenida en el art. 28.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), según lo explicado en el último párrafo del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza, alcance y objeto de la acción de protección de privacidad
  2. III.2. Sobre el principio de subsidiariedad e inmediatez en las acciones de protección de privacidad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1314/2025-S3 Sucre, 20 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de protección de privacidad Expediente: 67895-2024-136-APP Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 01/2024 de 30 de julio, cursante de fs. 398 vta. a 406, pronunciada dentro de la acción de protección de privacidad interpuesta por Sergio Romero Chávez contra Mirian Suárez Vargas, representante legal; Ana Paola García Villagómez, Directora Ejecutiva; y, Mayra Ruth Daza Montaño, Responsable del Departamento Legal, todas de la Casa de la Mujer; NoticiasHoy.com, Alejandra Cadario Moreno, CNR Noticias, EJU.TV, Comunidad de Derechos Humanos; y, ATB Digital Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 26 de enero, 5 de marzo y 12 de abril, todos de 2024, cursantes de fs. 78 a 83, 96 a 97 vta., y, 106 a 107, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, a denuncia de su ex pareja, por la supuesta comisión del delito de violencia familiar o doméstica -previsto y sancionado por el art. 272 Bis del Código Penal (CP)-, se apersonaron en calidad de apoderadas, funcionarias de la Casa de la Mujer, quienes aprovechando de las circunstancias del proceso, el 15 y 21 de agosto de 2021, efectuaron publicaciones en la página web de Facebook de “Casa de la Mujer”, sindicándolo como agresor, con fotografías de su persona, afectando su reputación que fue construida con mucho esfuerzo tanto en su vida profesional como en actividades deportivas e institucionales, en su calidad de Director General del Consorcio “Romero & Asociados”, así como haber sido Vicepresidente del Club Deportivo Oriente Petrolero. El 21 de julio de 2022, el Ministerio Público emitió Resolución de Sobreseimiento a su favor, determinación ratificada por el Fiscal Departamental de Santa Cruz, mediante Resolución R.R.M.M. S-158/22 de 28 de septiembre; es así, que pese a no haberse demostrado su culpabilidad, las apoderadas de su ex pareja, aprovechando las medidas de restricción que existían en el proceso penal, publicaron en redes sociales un mandamiento de aprehensión que fue librado en su contra por haber llegado tarde a una audiencia, usándolo como bandera para denigrar aún más su dignidad, pues literalmente la referida publicación señalaba: “Mandamiento de aprehensión contra Sergio Romero Chávez, imputado por el delito de violencia familia, quien sepa el paradero de éste ciudadano, informar a las Autoridades correspondientes” (sic); como dicha publicación, se realizaron otras más, difundiendo la información de manera sesgada, sin aclarar que el mandamiento de aprehensión fue dejado sin efecto, y que existió una Resolución de sobreseimiento a su favor, lo que demostró la clara intención de mellar su buen nombre, reputación y honra, al punto de colgar un muñeco y colocarle su rostro para ser golpeado, actos que fueron publicados en las redes sociales, sin que jamás haya autorizado a dicha institución, a utilizar su imagen en ningún tipo de publicaciones. Por cartas notariadas de 15 y 21 de noviembre de 2023, solicitó a la Casa de la Mujer, retirar de su página oficial de Facebook, las referidas publicaciones por el daño que le causaban tanto en su vida personal como laboral, recibiendo como respuesta evasivas e intolerancia al recepcionarlas; es así que, si bien las publicaciones referidas son de data pasada, hasta la presentación de la presente acción de protección de privacidad, persisten tales publicaciones en las redes sociales, vulnerando hasta dicho momento sus derechos fundamentales, ocasionándoles daño en su esfera personal y familiar. De la misma manera, refirió que las publicaciones citadas previamente, fueron viralizadas por los codemandados NoticiasHoy.com, Alejandra Cadario Moreno, CNR Noticias, EJU.TV, Comunidad de Derechos Humanos, ATB Digital Santa Cruz; a través de la página web de NoticiasHoy.com, el 1 de julio; la cuenta CNR Noticias, el 2 de julio; la cuenta EJU.TV y la página web Comunidad de Derechos Humanos el 30 de julio; la cuenta de Tik Tok de ale.cadario y página web ATB DIGITAL Santa Cruz, el 5 de agosto todos de 2021, misma manera continúan circulando en las redes sociales causando perjuicio a su persona, lesionando sus derechos a la imagen, honor, privacidad, intimidad y al honor.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión a sus derechos a la imagen, honor, privacidad, intimidad y a la honra, citando al efecto el art. 21 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que: a) Se eliminen las publicaciones descritas de manera inmediata; y, b) Se ordene a los demandados a emitir en las mismas condiciones las aclaraciones correspondientes a los fines de limpiar su imagen, reputación y honra.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública de 30 de julio de 2024, según consta en el acta cursante a fs. 375 a 398 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El demandante de tutela a través de sus abogados, se ratificó de manera íntegra en los términos de su memorial de acción tutelar y ampliando los mismos, en audiencia, señaló que: 1) En una manifestación contra personas denunciadas por hechos de violencia de género, se elaboró un muñeco con su cara, el cual fue golpeado con palos, incitando a la población al odio, discriminación y violencia en su contra, cuando en ningún momento otorgó su consentimiento para exhibir, usar y difundir su imagen por ningún medio; 2) Igualmente, se publicaron fotografías suyas con dólares, insinuando que hubiese pagado por la resolución de sobreseimiento dictaminada a su favor; 3) El derecho a la libertad de expresión tiene su límite cuando daña la privacidad, la honra y la reputación de las personas, más tomando en cuenta la negativa de las demandadas de la Casa de la Mujer de eliminar tales publicaciones, demostrando la tendenciosidad de ocasionar su muerte civil en perjuicio de su vida profesional, ya que, perdió varios contratos debido a que las instituciones y personas en general, no quieren tener relación con un abogado que esté en conflictos judiciales y más aún en un tema tan delicado como es la violencia familiar o doméstica; y, 4) El hecho que una persona esté siendo procesada -sin la existencia de una sentencia ejecutoriada-, no significa el cese de sus derechos y garantías constitucionales; por lo que, las publicaciones realizadas por los demandados deben ser eliminadas de esas redes sociales. Sergio Romero Chávez, en uso de la palabra, en audiencia añadió que: i) No se cuestionó en ningún momento el derecho a la libertad de expresión; sin embargo, haber insertado en las redes sociales datos inexactos y no actualizados, conllevó a difundir hechos falsos en los medios de comunicación y redes sociales; y, ii) La difusión de las referidas noticias, afectó su vida laboral, ya que es abogado de empresas transnacionales, como también litigante, desenvolviéndose en un ámbito público, en el cual su imagen se vio afectada hasta la interposición de la acción de protección de privacidad, toda vez que las noticias persisten en las redes sociales.

I.2.2. Informe de las demandadas

Mónica Carmen Bayá Camargo, Secretaria Técnica de la Comunidad de Derechos Humanos -ahora demandado-, por informe escrito de 3 de junio de 2024, cursante de fs. 232 a 241, ratificado en audiencia, por intermedio de sus abogados, manifestaron que: a) La información sobre los procesos de violencia familiar o doméstica, por su connotación social, son de interés público -conforme lo establecido en la SCP 0578/2012 de 20 de julio-; motivo por el que, los medios de comunicación dan cobertura a los mismos de manera permanente, y las organizaciones defensoras de Derechos Humanos (DD.HH.), como parte de ese trabajo, realizan el monitoreo de tales publicaciones, en el marco del derecho a la libertad de expresión; cuyo abuso solo podría configurarse ante un perjuicio grave causado con la intención de dañar o con evidente desprecio por la verdad [art. 13.2 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)], lo cual no ocurrió en el caso presente, toda vez que la información que se difundió fue sobre hechos que se encontraban vigentes en aquel momento; b) La posibilidad de limitar el derecho a la libertad de expresión, marcaría un nefasto antecedente; en pasado, porque el eliminar la información recabada que es de interés público, llevaría a que los pueblos pierdan parte del proceso histórico de su evolución y desarrollo; en presente y futuro, porque la eliminación de información de interés público por la vía judicial, generaría un efecto inhibitorio de la libertad de expresión, produciendo el efecto de censura y autocensura, aspecto prohibido por el Sistema Interamericano; c) Durante la sustanciación del proceso penal por violencia familiar o doméstica, tanto el ahora accionante como la denunciante del proceso penal, hicieron uso de la palabra ante los medios de comunicación, exponiendo de forma voluntaria su imagen en aquel contexto, lo que concitó mayor interés en la ciudadanía; por lo que, la Comunidad de Derechos Humanos, de manera posterior a esa participación pública, como parte del monitoreo de información sobre asuntos de violencia, difundió el caso, haciendo copia de la información producida y difundida por el medio de comunicación El Deber; d) La Comunidad de Derechos Humanos, se limitó a copiar y difundir información extraída de un medio de comunicación, sin haber emitido contenido que señale la culpabilidad u otra circunstancia que menoscabe los derechos del ahora impetrante de tutela; asimismo, la emisión de una resolución de sobreseimiento, no configuró un carácter de urgencia de protección requerido para activar esta acción, y mucho menos estado de indefensión del solicitante de tutela, quien de manera voluntaria expuso su caso a la opinión pública; por lo que, la información difundida ante el cierre del caso, solo sumó parte de las estadísticas en lo relacionado a los procesos judiciales contra la violencia hacia las mujeres, ante lo cual no existe una relación directa de causalidad entre las supuestas afectaciones a la imagen, honor, privacidad y honra con el archivo digital de la noticia recurrida; y, e) Previo a la interposición de esta acción de tutela la Comunidad de Derechos Humanos jamás recibió ninguna petición del demandante de tutela, para la baja de la publicación recurrida; por lo que, no corresponde activar la misma; por otra parte, tampoco se configuró la inmediatez, dado que la cobertura mediática aducida como vulneradora, se sustanció en la gestión 2021.

Mirian Suárez Vargas, representante legal; Ana Paola García Villagómez, Directora Ejecutiva; y, Mayra Ruth Daza Montaño, Responsable del Departamento Legal, todas de la Casa de la Mujer, mediante informe escrito de 3 de junio de 2024, cursante de fs. 247 a 262 vta., ratificado en audiencia, a través de sus abogados, señalaron que: 1) Los actos denunciados como lesivos por el ahora impetrante de tutela, no cumplen con los criterios esenciales para una acción de protección de privacidad, ya que los mismos no versan sobre datos personales, sino sobre información pública que adquirió la relevancia o carácter de interés público; 2) El demandante de tutela se presentó ante el medio de comunicación “Cadena Nacional Gigavisión”, para referirse a su proceso penal de violencia familiar, exponiéndose de manera libre y voluntaria al escrutinio público, lo que implicó que su caso trascienda al interés público, motivo por el que deben prevalecer todos los estándares más altos en cuanto a la libertad de expresión; 3) En el marco de la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, es deber del Estado y la sociedad la prevención de la violencia de género, siendo la difusión de información sobre el avance de estos procesos un forma de efectivizar dicha protección; asimismo, es deber primordial del Estado la erradicación de la violencia hacia las mujeres por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género, lo que tiene una vinculación directa con el acceso a la información pública, que se enmarca en el derecho a la libertad de expresión y derecho de accesos a la información; por tanto, si la información relacionada a hechos de violencia hacia la mujer se consideraría “privada”, se incurriría en una censura previa socavando los pilares de la democracia, la libertad de expresión y derecho a la información. La Ley 348, establece como principio rector la despatriarcalización, en virtud de la cual el Estado y la sociedad, deben visibilizar las denuncias por violencia de género, garantizando la intervención de éstas últimas conforme lo establecido en el art. 15 de la citada Ley, en ese sentido, la información emergente de estos procesos al no ser privada, sino de interés público y no pueden ser censuradas; 4) Desde un enfoque de género, se identificó la asimetría de poder existente entre la denunciante -ahora tercera interesada- y el ahora impetrante de tutela, último que accedió ampliamente a un medio masivo de información, pero a través de un uso indebido de este mecanismo tutelar pretende restringir el derecho a la libertad de expresión y derecho a la información vinculada al proceso judicial de violencia familiar que se siguió en su contra, para censurar a la víctima, a las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y a los medios de comunicación, lo que repercutiría en un silenciamiento antidemocrático de miles de mujeres en situación de violencia; 5) El proceso penal por violencia familiar, seguido contra el ahora peticionante de tutela -que concluyó con un sobreseimiento por falta de pruebas, no porque no hubieran existido los hechos de violencia-, no se encontraba sujeto a reserva; por lo que, no existía óbice para la difusión de la información vinculada al mismo, más cuando la información contenía datos ciertos, que se encuentran respaldados en actos procesales, como el expediente judicial y la orden de aprehensión expedida contra el impetrante de tutela, en la causa tramitada; por lo que, no podría ser censurada por el control tutelar de constitucionalidad; 6) La Ley de Imprenta de 7 de diciembre de 1826, en actual vigencia, establece el procedimiento a seguir ante el Tribunal Nacional de Ética Periodística, cuando exista un supuesto abuso de la libertad de expresión; por lo que, mientras la instancia correspondiente no determine una sanción, a través de un debido proceso, ni los trabajadores de la prensa y tampoco las defensoras de derechos de las mujeres podrían ser previamente juzgadas ni sancionadas en un proceso constitucional, ni judicial; lo contrario vulneraría los estándares más altos, en cuanto a protección especializada a defensoras y defensores de derechos humanos, imponiendo restricciones y hostigamiento a la libertad de expresión de dichas entidades; 7) En cuanto a la improcedencia reglada de la acción de protección de privacidad, en el caso concreto, existieron actos consentidos, al haberse sometido el impetrante de tutela de forma voluntaria ante los medios de comunicación, precisamente para exponer su situación de procesado en la vía penal, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; por otra parte, también existieron hechos controvertidos; por cuanto, el proceso finalizó con un sobreseimiento, por supuesta falta de pruebas, y no con una sentencia absolutoria; consiguientemente, al no haberse comprobado una denuncia sobre hechos inexistentes, no se afectó los derechos al buen nombre o la honra del ahora impetrante de tutela; y, 8) Finalmente, en atención a las notas cursadas por el demandante de tutela, se tiene que la Casa de la Mujer, eliminó las publicaciones de su página oficial, referentes a su persona, lo cual constituye un hecho superado.

I.2.3. Intervención de Amicus Curiae

Pedro Francisco Callisaya Aro, Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante memorial de 20 de mayo de 2024, cursante de fs. 156 a 160 vta., ratificado en audiencia, señaló que: i) En base a la jurisprudencia constitucional y bloque de constitucionalidad, en el marco de un Estado democrático, la libertad de expresión, el libre acceso a la información y la libertad de prensa, constituyen derechos fundamentales y pilares básicos que sustentan la democracia; y, ii) Conforme lo establecido en el art. 106.II de la CPE, el Estado debe garantizar el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa; es decir, que no puede incurrir en la prohibición indiscriminada de producir, imprimir y difundir información, salvo las excepciones inmersas en el art. 13 de la CADH; entendiendo que cualquier interés con este derecho solo admitirá responsabilidades ulteriores. Fabiola Rojas Vásquez, como amicus curiae, en representación de la Coordinadora de la Mujer, ONG Realidades, Asociación Derechos en Acción, Fundación Una Brisa de Esperanza, Centro Juana Azurduy, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Fundación Esperanza Desarrollo y Dignidad, Oficina Jurídica para la Mujer (OJM), Colectivo de Derechos Humanos “EMPODERATE”, Fundación ‘“IVI MARAEI, Tierra sin Mal”’ y Coordinadora de la Mujer - Beni, presentaron memorial de 3 de junio de 2024, cursante a fs. 264 a 289 vta., por el cual y en audiencia señaló que: a) Sobre la difusión de la orden de aprehensión, el impetrante de tutela observa dos publicaciones de la Casa de la Mujer en la red social Facebook y, una publicación de la activista Alejandra Cadario Moreno en la red social Tik Tok; a ello, se debe mencionar que el demandante de tutela en el memorial de acción de protección de privacidad, admitió que en la gestión 2021, existió un proceso penal tramitado en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, lo que implica que conocía el contenido de la información almacenada en las instancias públicas al respecto; en esa relación y marco temporal, tanto la Casa de la Mujer como la activista, difundieron por sus redes sociales una información de carácter público, emanada por autoridad competente, cuando el proceso penal se encontraba vigente, y si bien, de forma posterior, en la gestión 2022, se emitió una Resolución de sobreseimiento a su favor, esta situación no guardó relación de causalidad con las publicaciones recurridas, ya que las mismas fueron anteriores y no se hizo uso reiterado de ellas; b) El mismo análisis debe ser desarrollado en cuanto a la Comunidad de Derechos Humanos, la cual en el marco de las acciones de defensa y promoción de derechos, realiza investigaciones e informes sobre casos de violencia, ante organismos internacionales y acciones de incidencia que acompañen el trabajo del Estado en todos los temas que hacen a los derechos; es así que, en julio de 2021, registró una noticia del periódico “El Deber”, que detalló lo acontecido en las audiencias del proceso penal del peticionante de tutela, información verídica, que fue publicada por medios de comunicación nacional y no le pertenece a la Comunidad de Derechos Humanos; asimismo, el registro de dicha nota prensa, no utilizó argumentos que atenten contra la imagen, honra y dignidad del solicitante de tutela; por cuanto, la difusión de esta noticia no ingresa en los alcances de la acción de protección de privacidad; c) En cuanto a los medios de comunicación, las noticias difundidas sobre el proceso penal por violencia familiar contra el ahora accionante, dieron cobertura a hechos reales, que en aquel momento existieron, y adquirieron connotación, por la propia actuación del impetrante de tutela, quien voluntariamente participó en entrevistas realizadas en medios de comunicación; por lo que, pretender la eliminación de noticias, por el cambio de la situación jurídica del solicitante de tutela, vulneran las libertades de información, expresión y prensa que constituyen la base de un Estado de Derecho; d) No es competencia de ninguno de los demandados, actualizar datos sobre información que está en poder del Estado, como la orden de aprehensión, pues en todo caso, el registro de la noticia fue sobre un hecho que sucedió dentro del marco temporal de la publicación, adquiriendo notoriedad por la propia participación del demandante de tutela; sin haber expuesto información confidencial o declarada en reserva, como tampoco información sensible o de interés exclusivo del mismo; y, e) Sobre las causales de improcedencia y subsidiariedad, la Casa de la Mujer considera que opera la teoría del hecho superado, toda vez que las publicaciones reclamadas, ya fueron eliminadas. Respecto a la publicación de Alejandra Cadario Moreno y la Comunidad de Derechos Humanos, el ahora peticionante de tutela no denunció la misma ante la red social correspondiente, ni tampoco tomó contacto con ellos para solicitar su eliminación; por lo que, no agotó los mecanismos previos a la presente acción de tutela; y, finalmente la subsidiariedad no aplica respecto a los medios de comunicación que difundieron noticias sobre hechos reales, ya que, en todo caso el accionante pudo hacer uso de sus derecho a la réplica para difundir su Resolución de sobreseimiento. Esther Zulema Alanes Bravo, Presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Rossana Margot Talavera Román, Presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, por memorial de 4 de junio de 2024, cursante de fs. 295 a 308, y en audiencia, refirieron que: 1) La Constitución Política del Estado establece que la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad, principios que se ejercerán mediante normas de ética y autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley; motivo por el cual, cuando una persona considere que existió un abuso del derecho a la libertad de expresión deberá acudir al Tribunal Nacional de Ética periodística, conforme lo establecido por la Ley de Imprenta, que es la norma especial que rige la materia; 2) Si bien la doctrina entiende la privacidad como un atributo de las personas que involucra todos aquellos asuntos, conductas, documentos, comunicaciones, imágenes o lugares que su titular no desea que sean conocidos sin su consentimiento previo, la violencia hacia las mujeres dejó de ser un aspecto que incumbe no solo a la vida privada de las parejas o las familias, constituyéndose en aspecto crítico que hace al ejercicio del derecho a vivir bien y libre de violencia, por tanto de alto interés público para toda la sociedad boliviana; 3) El ahora peticionante de tutela señaló que las publicaciones sobre el proceso penal por violencia familiar o doméstica que se le siguió son actuales, lo cual no es cierto, ya que las referidas publicaciones fueron realizadas en 2021, en el marco de una persecución penal que se encontraba vigente, por lo que al ser una información de interés público, se constituyó en un hecho noticioso en el que los medios de comunicación jugaban un rol importante como agentes para los cambios estructurales de la sociedad, sin haberse vulnerado el derecho a la privacidad del solicitante de tutela; 4) La Resolución de sobreseimiento emitida por la Fiscalía, no eliminó el carácter de interés público que tenía la información difundida por los medios de comunicación el 2021; por lo que, ello no implicaba una orden abstracta de eliminar la información, ya que esto iría contra el principio de publicidad, en todo caso, el accionante pudo usar su derecho a la réplica para hacer conocer los nuevos elementos procesales sobre su situación jurídica; y, 5) El impetrante de tutela no podía acusar abuso de la libertad de expresión ya que él mismo se involucró voluntariamente en la difusión de la noticia, a través de la entrevista que dio en un medio de comunicación de amplia difusión; tampoco demostró que en la emisión de la noticia los comunicadores tuvieron la intención de inflingir daño o pleno conocimiento de que se estaban difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas, pues las publicaciones adjuntadas como prueba fueron basadas en hechos reales y verdaderos sin atentar contra los derechos fundamentales del ahora accionante; por lo que, conceder la acción de protección de privacidad, constituiría la inhibición de la producción de la información afectando la esencia misma de la libertad de expresión relacionada a la libre circulación de la información, asignándole un carácter de caducidad, más tomando en cuenta que la censura previa directa o indirecta está prohibida por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

I.2.4. Intervención de la tercera interesada

María Isabel Suárez Landívar, en audiencia expresó que: i) Producto de la denuncia de violencia familiar o doméstica que instauró contra el demandante de tutela, tuvo que salir del país para resguardar su vida y la de sus hijos, debido a que la justicia boliviana no actuó correctamente en su caso, por influencia de su ex pareja -ahora accionante-, que al ser abogado tenía los contactos y personas allegadas a él que podían ayudarle; ii) Cuando estaba en los Estados Unidos de Norte América (EE.UU.), el solicitante de tutela fue a buscarla para amedrentarla, motivo por el que buscó ayuda en la Casa de la Mujer y Alejandra Cadario Moreno, quienes junto a la sociedad le ayudaron porque no encontraba justicia y no tenía recursos económicos para afrontar su caso; y, iii) Señaló que su imagen fue dañada; sin embargo, fueron muchas las víctimas que compartieron la información no siendo su caso el único, por cuanto debería también referirse a ellas y no solo a su persona.

I.2.5. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 01/2024 de 30 de julio, cursante de fs. 398 vta. a 406 concedió parcialmente la tutela solicitada; disponiendo que los demandados ATB Digital Santa Cruz, NoticiasHoy.com, CNR Noticias y EJU.TV., publiquen una nota aclaratoria sobre la culminación del proceso penal en favor del ahora accionante; por otra parte, denegó la tutela en relación a las demandadas Casa de la Mujer y Comunidad de Derechos Humanos, determinación asumida en base a los siguientes fundamentos: a) La acción de protección de privacidad entre una de sus modalidades se encuentra orientada a resguardar la información sensible de las personas, siendo la misma, la pretensión del ahora accionante en esa acción tutelar, ya que se consideró que la información difundida por los demandados sobre su proceso penal de violencia familiar o doméstica, afectó su reputación; b) El proceso penal referido, concluyó con una Resolución de sobreseimiento a favor del peticionante de tutela, determinación que independientemente de su fundamento -sea la falta de pruebas, inocencia u otra causal- conllevó el efecto jurídico de cosa juzgada formal; c) En cuanto al derecho a la libertad de expresión, de información, opinión y la información sobre procesos judiciales, la jurisprudencia constitucional estableció que los derechos enunciados gozan de protección reforzada por la Constitución Política del Estado; sin embargo, pueden ser restringidos cuando se compruebe que en la información divulgada, exista una intención dañina o una negligencia de presentar los hechos parciales, incompletos o inexactos, o que las manifestaciones realizadas por una persona contienen expresiones insultantes, difamatorias, groseras, desproporcionadas, respecto al hecho que se quiere comunicar; en esa línea, cuando se emite una información vinculada a un hecho delictivo o proceso penal, debe tomarse en cuenta las garantías constitucionales de los sujetos involucrados, entre ellas la emisión de información objetiva y veraz, respetando la presunción de inocencia hasta que no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada; y, d) En el caso, por el interés público que existió, al tratarse de información dentro un proceso penal por violencia familiar o doméstica contra el accionante, si bien los demandados podían comunicar a la sociedad este hecho, también surgieron garantías para el solicitante de tutela, quien tenía el derecho que la información brindada sea total; es decir, que se complete la información con la Resolución de sobreseimiento dictada a su favor, en vía de rectificación, siendo este un deber para los medios de comunicación en términos de auto responsabilidad. La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, en vía de complementación y enmienda, como amicus curiae, solicitó a la Sala Constitucional que señalen los medios probatorios en los que se fundó la concesión de tutela contra los medios de comunicación; solicitud que no tuvo lugar. La Casa de la Mujer, a través de su abogada, en vía de complementación, pidió a la Sala Constitucional, se aclare la terminología en cuanto a la concesión de tutela contra los medios de comunicación y la disposición que éstos rectifiquen la información, siendo lo correcto que actualicen la misma, puesto que son dos términos totalmente distintos, en sentido que la rectificación implicaría la difusión de una noticia falsa, lo cual no ocurrió en los hechos; por cuanto, debe disponerse una actualización de la información, conforme lo argumentado. La Sala Constitucional, respondió que lo dispuesto fue en atención de lo previsto en los arts. 14 de la CADH y 107 de la CPE, entendiendo la rectificación como un derecho a réplica o reconducción de la noticia, que si bien no fue solicitado por el peticionante de tutela, el mismo debe ejercerse en el marco de la regulación de autorresponsabilidad de los medios de comunicación.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursan capturas de pantalla de publicaciones en la página de Facebook

“Casa de la Mujer”, realizadas el 15 y 21 de agosto de 2021, con el siguiente contenido:

“NO NOS OLVIDEMOS DE ESTE VIOLENTO AGRESOR SERGIO ROMERO CHÁVEZ QUIEN TIENE MANDAMIENTO DE APREHENSIÓN PORQUE ES #PRÓFUGO DE LA JUSTICIA. NO DESCANSAREMOS EN LA DEFENSA LEGAL A FAVOR DE MARISABEL Y SU HIJO, HASTA ENCONTRAR JUSTICIA PARA ELL@S” (…) “POR FAVOR AYUDENOS A SEGUIR VIRALIZANDO, ESTE VIOLENTO AGRESOR, #PRÓFUGO” TIENE QUE RESPONDER ANTE LA JUSTICIA” (…) “MANDAMIENTO DE APREHENSIÓN CONTRA SERGIO ROMERO CHÁVEZ, IMPUTADO POR EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR. QUIEN SEPA EL PARADERO DE ESTE CIUDADANO, INFORMAR A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES” (sic). Ambas publicaciones exhiben la fotografía de Sergio Romero Chávez -ahora accionante- (fs. 2 a 3). II.2. Consta capturas de pantalla de publicaciones realizadas desde las páginas de Facebook “NoticiasHoy.com” “CNR Noticias”; página web oficial de “eju.tv”, y, Tik Tok “ale.cadario” de 1, 2 y 30 de julio; y, 5 de agosto todos de 2021, respectivamente, con los siguientes contenidos:

“JOVEN MADRE HUYE DE BOLIVIA CON SUS HIJOS POR VIOLENCIA FAMILIAR, DENUNCIA QUE SU EX MARIDO LA PERSIGUE CON AMENAZAS. IDENTIFICA A SERGIO ROMERO COMO SU AGRESOR”; (…), “MANDAMIENTO DE APREHENSIÓN CONTRA SERGIO ROMERO CHÁVEZ, IMPUTADO POR EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR. QUIEN SEPA EL PARADERO DE ESTE CIUDADANO, INFORMAR A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES” (…) “JOVEN MADRE DENUNCIA A SU EX PAREJA SERGIO ROMERO ABOGADO DEL CLUB ROYAL PARI POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO.

La joven madre quien actualmente busca asilo en los EE.UU., hizo viral la denuncia a través de las redes sociales, indicando que ni la fiscalía ni la policía han hecho nada para frenar a su agresor que aún sigue tras sus pasos, poniendo en peligro su vida y la de sus hijos. La mujer SEÑALÓ en su video que el acusado Sergio Romero Chávez, pe profesión abogado te…”; (…) “ Fijan cautelar para un abogado denunciado por su esposa. (…) El juez Juan José Quiroz fijó audiencia cautelar el 4 de agosto para que comparezca el abogado Sergio romero Chávez, imputado por violencia familiar contra su esposa María Isabel Suárez, que se vio obligada a huir, junto a su hijo, a Estados Unidos en busca de protección y justicia…” (sic). Publicaciones que contienen fotografías del impetrante de tutela, excepto la realizada por eju.tv (fs. 92 a 95). II.3. Cursan capturas de pantalla, de publicaciones en las páginas web de “Comunidad de Derechos Humanos” y ATB Digital Santa Cruz, de 30 de julio y 5 de agosto, ambas de 2021, respectivamente, con el siguiente contenido:

“Abogado acusado de ultrajar a su esposa dice estar enfermo y no asiste a su audiencia. (…) El abogado Sergio Romero Chávez, imputado por violencia familiar …” (sic) y “#ATB Noticias. Anuncian orden de aprehensión contra el abogado Sergio Romero, quien maltrataba a su pareja. Paola García, directora de la Casa de la Mujer, declaró que se levantó una orden de aprehensión y una alerta migratoria contra el abogado Sergi…” (sic), en las dos publicaciones se muestran fotografías del accionante (103 a 105). II.4. Consta Resolución de Sobreseimiento de 21 de julio de 2022 en favor del imputado -ahora accionante-, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Marisabel Suárez Landivar -ahora tercera interesada- contra el demandante de tutela, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (fs. 14 a 27). II.5. Por Resolución Fiscal Departamental 158/22 de 28 de septiembre de 2022, dentro del referido proceso penal, se ratificó el sobreseimiento previamente descrito (fs. 28 a 56 vta.). II.6. Cursan capturas de pantalla desde la página de Facebook “Casa de la Mujer”, de 30 de septiembre de 2021 y 4 de octubre de 2022, respectivamente, con las publicaciones “Audiencia de Medidas Cautelares 04 de agosto de 2021 a horas 14:00 Palacio de Justicia-Piso 13…” y “Se acuerdan de este caso? Estos vídeos y audios presentados en el proceso, para la fiscal Evelyn Domínguez y la Fiscal María del Carmen Roca, no fueron valorados como reales, tampoco las miles de pruebas que se presentaron, claro, para ellas es fácil manipular las pruebas para favorecer al agresor Sergio Romero. Esa es justicia Boliviana…” (sic [fs. 371 a 374]). II.7. Por reporte del Sistema Integrado de Registro Judicial, la acción de protección de privacidad fue interpuesta el 26 de enero de 2024 (fs. 83).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El peticionante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la imagen, honor, privacidad, intimidad y la honra; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de su ex pareja -ahora tercera interesada- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, las funcionarias de la entidad “Casa de la Mujer” -apoderadas de la denunciante-, el 15 y 21 de agosto de 2021, realizaron varias publicaciones desde su página de Facebook, exhibiendo su fotografía y un mandamiento de aprehensión librado en su contra, de manera maliciosa y tendenciosa, denigrando su honra y reputación, al emitir información sesgada e incompleta; toda vez que, el referido mandamiento de aprehensión fue dejado sin efecto y el caso penal concluyó con un sobreseimiento a su favor, aspectos que no fueron publicados por las ahora demandas a la opinión pública; tales publicaciones fueron viralizadas por los codemandados NoticiasHoy.com, Alejandra Cadario Moreno, CNR Noticias, EJU.TV, Comunidad de Derechos Humanos, ATB Digital Santa Cruz, en fechas 1, 2 y 30 de julio; y, 5 de agosto todas de 2021; las que a la fecha se encuentran vigentes en las redes sociales y páginas web de internet; por lo que, sus derechos continúan siendo vulnerados hasta el presente, ocasionándoles daño en su ámbito personal, familiar y laboral, ya que, al haberse masificado la información, su reputación como abogado se vio afectada; a cuya consecuencia, solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia se disponga que: 1) Se eliminen las publicaciones descritas de manera inmediata; y, 2) Se ordene a los demandados a emitir en las mismas condiciones las aclaraciones correspondientes a los fines de limpiar su imagen, reputación y honra.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Naturaleza, alcance y objeto de la acción de protección de privacidad

En relación a este mecanismo de defensa, su procedencia, finalidad y el alcance de tutela, la SCP 0105/2023-S3 de 24 de marzo, citando a su vez a la SCP 0021/2021-S2 de 7 de abril, reiterando los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional, y precisando los mismos, señaló: «…a partir de lo estipulado en el art. 130.I de la CPE, se tiene que el alcance del resguardo tutelar de la acción de protección de privacidad, trasciende a: “Toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación, podrá interponer la Acción de Protección de Privacidad”; a cuyo efecto, frente al indebido o ilegal uso de datos personales opera también sobre archivos, registros, bancos o bases de datos; conceptos que según la Real Academia de La Lengua Española (RAE), en su categoría informática, se configuran como: Archivo “Conjunto de datos almacenados en la memoria de una computadora u otro dispositivo electrónico, que puede manejarse con una instrucción única”; Registro “Conjunto de datos relacionados entre sí, que constituyen una unidad de información en una base de datos”; Banco de datos “Archivo de datos referidos a una determinada materia, que puede ser utilizado por diversos usuarios”; y, finalmente Base de datos como “Conjunto de datos organizado de tal modo que permita obtener con rapidez diversos tipos de información”; por lo que, la protección en relación a la información personal, o en el caso de las personas colectivas información de su propia identificación o relativos a su personalidad espiritual que se encuentran contenida en dichos asientos, sean estos de tipo físico, electrónico, magnético o informático, es posible su tutela vía acción de protección de privacidad. (…) Así la SCP 0089/2014-S2 de 4 de noviembre, citando a la SCP 1445/2013 de 19 de agosto, señaló que: ‘...la acción de protección de privacidad, protege los derechos relativos a la personalidad del individuo como son la intimidad, privacidad personal o familiar, la propia imagen, honra y reputación, contra el manejo de datos o informaciones obtenidas y almacenadas en los bancos de datos públicos o privados, por esta misma razón la doctrina señala que esta acción en realidad protege el derecho a la autodeterminación informática, entendido como la facultad de una persona para conocer, actualizar, rectificar o cancelar la información existente en una base de datos pública o privada, y hubiesen obtenido, almacenado y distribuido’. Sobre los derechos a la intimidad y privacidad como base de la protección de datos personales, la misma Sentencia Constitucional, más adelante agregó lo siguiente: “Del art. 130 de la CPE, se concibe que tanto las personas naturales y jurídicas tienen acceso a los derechos a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad reconocido en el art. 21.2 de la CPE, entre uno de esos derechos esta la intimidad, que sin duda es uno de los bienes más susceptibles de ser lesionados o puesto en peligro por el uso de las nuevas tecnologías, por lo que se hace necesario colocar un límite a la utilización de la informática y las comunicaciones ante la posibilidad de que se pueda agredir a la intimidad de los ciudadanos y con ello se pueda coartar el ejercicio de sus derechos (Conde Ortíz Concepción, ‘La protección de datos personales: un derecho autónomo en base a los conceptos de intimidad y privacidad’, por lo mismo este mismo autor citando a Albaladejo, señaló que la intimidad consiste en ‘el poder concebido a la persona sobre el conjunto de actividades que forma su círculo íntimo, poder que le permite excluir a los extraños de entrometerse en él y de darle una publicidad que no desee el interesado', así la jurisprudencia de España en su STC 134/1999, de 15 de julio, señaló que: 'El derecho a la intimidad garantiza el individuo un poder jurídico sobre la información relativa a una persona o a su familia, pudiendo imponer a terceros, sean éstos simples particulares o poderes públicos, su voluntad de no dar a conocer dicha información o prohibiendo su difusión no consentida’”. Así la SCP 0090/2014-S1 de 24 de noviembre, definió que: “...la acción de protección de privacidad, constituye un medio procesal constitucional de protección de los datos personales, dirigido a la protección efectiva, inmediata y oportuna del derecho a la autodeterminación informática, en los supuestos en que éste sea transgredido por acciones u omisiones ilegales o indebidas. En ese sentido, por intermedio de ella, toda persona natural o jurídica, puede acudir a la jurisdicción constitucional, para demandar a los bancos de datos y archivos de entidades públicas o privadas, persiguiendo el conocimiento, actualización, rectificación o supresión de las informaciones o datos contenidos en éste, que se hubiesen obtenido, almacenado o distribuido en los mismos”. En efecto, la acción tutelar en estudio, al tratar -por su naturaleza y el ámbito que tutela- de la protección de los derechos de la personalidad espiritual se encuentra propensa a las transformaciones y desarrollo progresivo emergentes de los avances de la tecnología -internet, redes sociales-; lo que, sitúa al individuo en un escrutinio y seguimiento por los usuarios y terceros sobre información sensible, muchas veces con trascendencia social; por lo que, no pueden ser ajenas al derecho, justificándose en ello la activación de mecanismos que busquen proteger los derechos de los ciudadanos sobre conductas que constituyen una amenaza para mantener la privacidad debido a su dinamicidad sobre todo en plataformas de comunicación -entre ellas facebook-, y la enorme facilidad para su viralización a escala global que suelen a menudo desembocar en usos negativos con efectos desfavorables, desencadenando una inminente afectación material e irreparable de los derechos a la privacidad, intimidad, honra, honor, imagen y a la dignidad de las personas; lo que, puede dificultar incluso determinar la identidad real de los sujetos actuantes en el ciberespacio (perfiles falsos, trolls, entre otros). En ese contexto, se torna imprescindible la garantía jurisdiccional constitucional de la acción de protección de privacidad establecida en nuestro ordenamiento jurídico, cuyo desarrollo debe estar acompañado de instrumentos a la par de la tecnología con mecanismos empleados al manejo de la información, propendiendo evitar una desprotección a su cabal y efectivo ejercicio; por consiguiente, queda claro que no es limitativa la existencia solo de un banco de datos, siendo innegable -por el desarrollo tecnológico- la posible transgresión por contenidos que se almacenan en otros tenedores y/o administradores de los datos de una persona natural o jurídica, cuya cobertura incluso alcanza a una red social, como una plataforma digital de comunicación global que pone en contacto a gran número de usuarios, entendiéndose en su máxima extensión. A partir de ello, cabe efectuar algunas puntualizaciones al objeto de la acción de protección de privacidad; la que, inicialmente se activa -como primer criterio- en procura de conocer los datos de una persona natural o colectiva (…). Sobre el segundo criterio, referente a que opera a efectos de objetar los datos de una persona natural o colectiva, el art. 58 del CPCo, refiere “…y a objetar u obtener la eliminación o rectificación de éstos cuando contengan errores o afecten a su derecho a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación”, texto que separa la objeción del impedimento de conocer los datos -indicado en la primera parte-; manteniéndolo junto a la obtención descrita como un tercer punto, pues no podría entenderse la facultad de objeción a efectos de la subsanación de algún dato que tenga como efecto la eliminación o rectificación justamente porque lo único que se pretende en el caso de cuestionar un dato, es que se acepte dicha objeción, y no así la eliminación o rectificación -para el caso de la obtención-, tal cual prevé en concomitancia el art. 63.3 del aludido Código que señala la determinación de que: “…se admita la objeción del accionante”; asimismo, el objeto de la acción de protección de privacidad es garantizar el derecho de toda persona a objetar el procesamiento de sus datos personales en los casos en que exista una razón legítima, como perjuicio o trato injustificado y sustancial para ella, datos registrados por cualquier medio, y oponerse al modo de su tratamiento. Desde allí que, los datos personales solo pueden ser registrados y divulgados con el consentimiento libre, previo y expreso del titular, con la prohibición del manejo de la información adquirida de manera ilícita, de tal forma que se encuentra prohibida la obtención y divulgación de los mismos sin la previa autorización del titular o en ausencia de mandato legal o judicial. Por último, sobre la obtención de la eliminación o rectificación de los datos de una persona, tanto la Norma Suprema como el referido Código de la materia son taxativos en precisar que para su activación: i) Deben concurrir errores en los datos; y, ii) Una inminente vulneración de derechos -no necesariamente juntos-; así, dicho texto subyace en una doble consideración, referente por un lado a la condición sine qua non de la existencia de errores; en el caso, no es posible concebir la petición de obtención de la eliminación o rectificación sino estamos ante la presencia de errores de datos personales en archivos, registros, bancos o bases de datos, se trata obviamente de una enumeración de circunstancias que puedan ser objeto de reclamo o cuestionamiento, a partir del contexto como lo conciba la persona; por consiguiente, dicha posibilidad implica el ejercicio de la facultad que tiene todo individuo de concebir los datos concernientes a su personalidad y de preservar la propia identidad informática; o lo que es igual, en su caso, aceptar, consentir o pedir su rectificación de contenido almacenado y distribuido a través de soportes informáticos. Bajo ese escenario, amerita efectuar sobre el segundo presupuesto un análisis meticuloso, a partir tanto de la lectura de la Norma Constitucional como de la adjetiva precitadas, cuando advierten la afectación de derechos que tutela la acción de protección de privacidad, destacando visiblemente la vulneración de derechos como el objeto preponderante; es decir, atender primariamente la lesión material y sustancial de los mismos sin exigir requisito previo la fuente o registro, archivo, base, o banco, e incluso alguna red social, plataforma virtual u otros medios -no precisamente fuentes de almacenamiento-; más allá, o independientemente del tenedor o poseedor de dicho asiento.

(…) Por su parte, la SCP 0819/2015-S3 de 10 de agosto, en cuanto a la interposición directa de esta acción tutelar, enunció que conforme al art. 61 del CPCo: “…la acción de protección de privacidad podrá interponerse ante `…la inminencia de la violación del derecho tutelado…’ denotando además su sentido estrictamente cautelar, no obstante y en base a lo referido previamente, cabe diferenciar entre tutela transitoria y tutela inmediata, siendo que la primera procederá en caso que exista otro mecanismo para la protección del derecho, pero que ante la gravedad e inminencia de la vulneración será necesario acudir a la misma, (…) por su parte la tutela inmediata responde a la inminencia de vulneración del hecho tutelado (…). Sin embargo, cabe aclarar que la aplicación de la tutela transitoria e inmediata de la acción de protección de privacidad, dependerá siempre de cada caso concreto y responderá a la evaluación de los antecedentes y supuestos fácticos para determinar si procede o no la interposición directa”. A partir de lo expuesto, y el desarrollo jurisprudencial citado, es posible establecer que la acción de protección de privacidad otorga tutela en esta jurisdicción, con el siguiente alcance: a) Protege a toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático; se tratan de datos referidos y vinculados a los derechos de la personalidad; b) Toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados en registros, archivos, bancos o bases de datos e incluso redes sociales o cualquier medio o asiento causante de lesión de derechos referidos y vinculados a la personalidad; c) Cuando el dato o datos registrados, afecten los derechos fundamentales a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra, reputación, dignidad y el honor; d) Le rige el principio de subsidiariedad, mismo que puede ser flexibilizado cuando se presente daño actual, irreparable o irremediable; e) Dependiendo de las circunstancias del caso, la tutela puede ser transitoria o inmediata (SCP 0819/2015-S3); y, f) De acuerdo al art. 130.II de la CPE, no procederá para levantar el secreto en materia de prensa» (las negrillas nos corresponden). Extraído de la SCP 0314/2025-S2 de 25 de abril.

III.2. Sobre el principio de subsidiariedad e inmediatez en las acciones de protección de privacidad

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 1445/2013 de 19 de agosto, asumió el siguiente entendimiento:

Es preciso revisar el mandato contenido en el art. 131.I de la CPE, norma constitucional que en cuanto al trámite de esta acción, establece de manera expresa que debe asimilarse el procedimiento previsto para la acción de amparo constitucional; de ahí que le son aplicables todos los requisitos de admisión y las causales de improcedencia del amparo constitucional, así como los principios de subsidiariedad e inmediatez. Respecto a la aplicación del principio de subsidiariedad, la jurisprudencia constitucional emitida hasta ahora, determinó que la asimilación del procedimiento, abarca la aplicación de los principios de subsidiariedad e inmediatez; generando línea en ese sentido. Así en la SC 0965/2004-R de 23 de junio, se señaló: “Tomando en cuenta sus fines y objetivos, así como la aplicación supletoria de las normas previstas por el artículo 19 de la CPE, dispuesta por el art. 23 parágrafo V antes referido, se entiende que el hábeas data es una acción de carácter subsidiario, es decir que solamente puede ser viable en el supuesto que el titular del derecho lesionado haya reclamado ante la entidad pública o privada encargada del banco de datos, la entrega de la información o datos personales obtenidos o almacenados, y en su caso, la actualización, rectificación o supresión de aquella información o datos falsos, incorrectos, o que induce a discriminaciones, y no obtiene una respuesta positiva o favorable a su requerimiento, o sea que la entidad pública o privada no asume inmediatamente la acción solicitada. Dicho de otra manera, el hábeas data se activa exclusivamente cuando la persona demuestra que ha acudido previamente ante la entidad pública o privada para pedir la restitución de su derecho lesionado y no ha podido lograr la reparación a dicha vulneración”. En el mismo sentido, la SC 1572/2004-R, señaló que le eran aplicables al hábeas data los principios de subsidiariedad e inmediatez. (…)

A partir del postulado antes señalado, considerando que la naturaleza o esencia procesal constitucional de este instituto no ha cambiado con la entrada en vigor de la Constitución vigente, es pertinente señalar en principio que el hábeas data, ahora acción de protección de privacidad, es una garantía constitucional de naturaleza tutelar destinada a proteger el derecho a la 'autotutela informativa' en tanto y cuanto, no exista o no haya sido eficaz otro medio jurídico establecido para garantizar este derecho sustantivo, razón por la cual, se establece que la activación del control de constitucionalidad a través de este mecanismo de defensa, de ninguna manera puede sustituir o ser alternativo a los mecanismos administrativos o jurisdiccionales establecidos para su protección, posición además sustentada por las SSCC 1572/2004-R, 1511/2004-R y 965/2004-R, entre otras".

No obstante lo glosado, el art. 61 del CPC establece una excepción al principio de subsidiariedad de esta acción tutelar, cuando señala que la acción de protección de privacidad podrá interponerse de forma directa, sin necesidad de reclamo administrativo previo, por la inminencia de la violación del derecho tutelado y la acción tenga un sentido eminentemente cautelar.

En ese marco normativo y jurisprudencial, queda claramente establecido que la acción de protección de privacidad, se encuentra sujeta a las causales de improcedencia previstas para la acción de amparo constitucional, entre ellas el principio de inmediatez, que consiste en que su activación está supeditada al plazo de caducidad de seis meses, conforme lo establecido en los arts. 129.I de la Constitución Política del Estado (CPE) y 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo). La SCP 1157/2003-R de 15 de agosto, en cuanto a la naturaleza del principio de inmediatez señaló:

La jurisprudencia constitucional de manera uniforme ha establecido que el recurso de amparo debe ser planteado de forma inmediata o hasta los seis meses, luego de conocerse el acto ilegal u omisión indebida, siempre que no hubiere otro recurso inmediato para la protección del derecho o garantía constitucional que han resultado lesionados. Entendimiento, que está sustentado básicamente en el principio de preclusión de los derechos para accionar, pues por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos. Entendimientos, bajo los cuales se establece que la acción de protección de privacidad es adecuada, incluso cuando la conducta vulneradora de los derechos se desarrolla a través de los nuevos medios tecnológicos como las redes sociales y páginas de internet, siempre que se observe los principios de subsidiariedad, y se observe la inmediatez inclusive cuando la conducta y situación de urgencia confluyan en su interposición; consiguientemente, la acción de protección de privacidad debe ser interpuesta en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial, entendiendo que la parte afectada deber ser diligente en relación al respeto y vigencia de sus derechos.

III.3. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la imagen, honor, privacidad, intimidad y la honra; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de su ex pareja -ahora tercera interesada- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, las funcionarias de la entidad “Casa de la Mujer” -apoderadas de la denunciante-, el 15 y 21 de agosto de 2021, realizaron varias publicaciones desde su página de Facebook, exhibiendo su fotografía y un mandamiento de aprehensión librado en su contra, de manera maliciosa y tendenciosa, denigrando su honra y reputación, al emitir información sesgada e incompleta; toda vez que, el referido mandamiento de aprehensión fue dejado sin efecto y el caso penal concluyó con un sobreseimiento a su favor, aspectos que no fueron publicados por las ahora demandas a la opinión pública; tales publicaciones fueron viralizadas por los codemandados NoticiasHoy.com, Alejandra Cadario Moreno, CNR Noticias, EJU.TV, Comunidad de Derechos Humanos, ATB Digital Santa Cruz, en fechas 1, 2 y 30 de julio; y, 5 de agosto todas de 2021; las que a la fecha se encuentran vigentes en las redes sociales y páginas web de internet; por lo que, sus derechos continúan siendo vulnerados hasta el presente, ocasionándoles daño en su ámbito personal, familiar y laboral, ya que, al haberse masificado la información, su reputación como abogado se vio afectada, vulnerando sus derechos y garantías fundamentales. En ese antecedente, cabe precisar que en relación al principio de inmediatez que rige esta acción de tutela, conforme lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, la acción de protección de privacidad, puede ser interpuesta en el plazo máximo de seis meses computables desde la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial, teniendo en cuenta que la jurisdicción constitucional no puede aguardar de manera indefinida que el titular active su derecho, entendiendo que quien se siente agraviado debe buscar de manera pronta y oportuna el resguardo, respeto vigencia de sus derechos, de forma diligente, sin ningún tipo de espera o dilación, ya que dicha pasividad implica que no tiene interés en que sus derechos sean restituidos. En el caso presente, conforme lo descrito en las Conclusiones II.1, II.2 y II.3, las publicaciones realizadas por los demandados en las que exponen contenido respecto del proceso penal por presunta violencia familiar o doméstica seguida contra el solicitante de tutela datan de 1, 2 y 30 de julio, 5, 15 y 21 de agosto, todos de 2021; asimismo, conforme lo establecido en la Conclusión II.6, se pueden advertir otras publicaciones de 30 de septiembre del mismo año y una última publicación de la entidad codemandada “Casa de la Mujer” de 4 de octubre de 2022; sin embargo, la presente demanda de acción de protección de privacidad, fue instaurada el 26 de enero de 2024 (Conclusión II.7); es decir, más de un año y tres meses después de la última publicación denunciada, habiendo vencido superabundantemente el plazo de los seis meses que le otorga la ley como máximo para interponer esta acción tutelar. Consiguientemente, el impetrante de tutela dejó prelucir su derecho en desidia propia, toda vez que de los antecedentes descritos, se puede advertir, que demostró una actitud pasiva, tolerando un lapso excesivo antes de solicitar la tutela vía constitucional, actuar negligente que no resulta justificable, ya que no existió imposibilidad alguna para que pueda acudir en busca del resguardo de sus derechos, ya que no se trataba de publicaciones anónimas o perfiles falsos, pues como se tiene evidenciado las personas responsables de tales difusiones en redes sociales se encuentran debidamente identificadas.

En conclusión, en el marco de lo previsto en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el plazo de caducidad para la interposición de esta acción de privacidad, inclusive cuando la conducta y situación de urgencia confluyan en su interposición, opera en el plazo de seis meses computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial; lo cual no ocurrió en el presente caso; toda vez que, habiendo transcurrido más de un año y tres meses, desde que se realizaron las publicaciones en redes sociales, sobre el proceso penal de violencia familiar o doméstica contra el accionante; es decir, desde la comisión de la vulneración alegada, no existió reclamo oportuno de la parte agraviada, dejando transcurrir el plazo previsto en el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), demostrando falta de interés para solicitar y reclamar la vigencia de sus derechos de forma inmediata. En consecuencia, al no poder estar la justicia constitucional abierta de forma indefinida, esperando que quien se considere agraviado active su derecho sin límite de tiempo, lo cual generaría indubitablemente inseguridad jurídica sobre los actos sobrevinientes de cualquiera de las partes, corresponde denegar la tutela impetrada, por caducidad del plazo para la interposición de la acción. No obstante lo señalado, considerando que la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de justicia de Santa Cruz, concedió parcialmente la tutela, disponiendo que los demandados ATB Digital Santa Cruz, NoticiasHoy.com, CNR Noticias y EJU.TV., publiquen una nota aclaratoria sobre la culminación del proceso penal en favor del ahora peticionante de tutela; en previsión de lo establecido en el art. 28.II del CPCo, con el fin de resguardar la seguridad jurídica, debe disponerse la subsistencia y validez de las acciones realizadas emergentes de dicha decisión, siempre y cuando las mismas hayan sido ejecutadas, a efectos de no causar repercusiones negativas sobre los actos que ya se hubieren llevado a cabo como emergencia de la decisión del Tribunal de garantías. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró de manera parcialmente correcta, por cuanto correspondía denegarla en forma total.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte, la Resolución 01/2024 de 30 de julio, cursante de fs. 398 vta. a 406, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° DENEGAR en todo la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y, 2º Dimensionar los alcances de la Resolución de la Sala Constitucional citada previamente, que concedió parcialmente la tutela, manteniendo subsistente la misma, siempre y cuando las decisiones emergentes de ella ya hubieren sido materializadas en favor del impetrante de tutela; disponiendo en ese caso, que aquellas se mantengan, conforme a la previsión contenida en el art. 28.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), según lo explicado en el último párrafo del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1314_2025-S3.pdf · páginas 1 a 22.

Huella digital del PDF (SHA-256): 49cd4b26a7631dc747254c1aa1a899097cdf084ca7d97ac08468d07eaef9bc4e

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