B.IA.LEGAL

SCP 0286/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de protección de privacidad · Sala Primera · 16 de abril de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
16 de abril de 2025
Acción
Acción de protección de privacidad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
66183-2024-133-APP
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de protección de privacidad

Qué se discutió

La demandante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la privacidad, a la honra, al honor, a la propia imagen y a la dignidad, vinculados a la protección de la familia y el derecho al trabajo; toda vez que, hace siete años atrás mantuvo una relación sentimental con el ahora demandado, la cual no progresó por existir una serie de abusos; y que, al ser el demandado parte de la Policía Nacional, todas sus denuncias fueron truncadas por sus colegas; ante ello, acudió a su familia para librarse de ese “hombre abusivo” y desde entonces no supo más de él, habiendo a la fecha reconstruido su vida, formando un nuevo hogar; no obstante, en las últimas semanas, su relación se ha visto afectada; puesto que, el ahora demandado se puso en la maliciosa e ilícita labor de difundir en distintas plataformas de redes sociales como Facebook, Tik Tok y otras, sin su consentimiento, imágenes donde muestra retratos, conversaciones y videos privados, camuflados con imágenes de ambos, mostrando que estarían juntos hace más de siete u ocho años, haciendo alusiones personales, citando su nombre completo en dichas publicaciones y compartiéndolas en grupos masivos de redifusión en las redes sociales, sin tomar en cuenta que actualmente la solicitante de tutela tiene una nueva relación y es una persona gestante; desprestigio que llegó hasta su trabajo, afectando su psiquis y su estado emocional. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: a) El derecho a la intimida…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2024 de 18 de julio, de fs. 30 a 33 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en los mismos términos dispositivos señalados por la citada Sala Constitucional. 2° No ha lugar respecto al pago de costas, al no ser parte del petitorio formulado por la peticionante de tutela en la demanda de la acción de defensa.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El derecho a la intimidad y privacidad, su protección legal y constitucional en el ámbito interno, en el Sistema
  2. III.2. Presupuestos de procedencia y los alcances de la acción de protección de privacidad
  3. III.3. Derecho a la honra o reputación, a la intimidad, privacidad y buena imagen
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0286/2025-S1 Sucre, 16 de abril de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de protección de privacidad Expediente: 66183-2024-133-APP Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 02/2024 de 18 de julio, cursante de fs. 30 a 33 vta., pronunciada dentro de la acción de protección de privacidad interpuesta por Yazmín Aracely Vargas Lozano contra Sixto Luizaga Nogales.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 28 de junio de 2024, cursantes de fs. 9 a 16, la impetrante de tutela expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que hace aproximadamente siete años atrás, es decir, el 2018 comenzó una relación sentimental con el ahora demandado, la cual se encontraba cargada de una serie de abusos; y que, al ser su pareja un oficial de policía, todas sus denuncias estaban truncadas por sus colegas, lo cual se corrobora por las fotocopias que adjunta a la presente acción de defensa; ante la imposibilidad de encontrar justicia, acudió a su familia para poder librarse de ese “hombre abusivo”; época por la cual, no supo más de su vida, habiendo a la fecha reconstruido su vida, formando un hogar. No obstante, en las últimas semanas, su relación se ha visto afectada; puesto que, el ahora demandado, se puso en la maliciosa e ilícita tarea de difundir en distintas plataformas de redes sociales y sin su consentimiento, imágenes y videos donde se muestran retratos, conversaciones y videos privados, camuflados muy hábilmente con imágenes donde están ambos hace ya más de siete u ocho años, haciendo alusiones personales, citando su nombre completo en dichas publicaciones, compartiendo en grupos masivos de redifusión en las redes sociales. En ese antecedente, acudió conjuntamente con su madre ante el demandado, para pedirle que elimine todas las publicaciones y que no vuelva a publicar más; puesto que, estaba dañando su imagen como mujer y su honor, al divulgar situaciones y conversaciones privadas; destrozando su actual relación, su reputación como profesional, quedando en vergüenza y siendo objeto de burla y risas en su fuente laboral. Finalmente, reiteró que en el pasado buscó ayuda en la Policía Nacional y Fiscalía; empero, al ser el demandado un oficial policial, nunca pudo acceder a la justicia, puesto que sus colegas siempre se encargaron de intimidarla y truncar la investigación; por tal motivo, acude ahora a la justicia constitucional.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La demandante de tutela, considera lesionados sus derechos a la privacidad, a la honra, al honor, a la propia imagen y a la dignidad, vinculados a la protección de la familia y el derecho al trabajo, citando al efecto los arts. 13.II y IV; 21.1, 2 y 4; 46; 47; 62; 256; y, 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 5 y 28 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (CADDH); 11 y 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) o Pacto de San José de Costa Rica; y, 14 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención Belém do Pará".

I.1.3. Petitorio

Solicita se le conceda la tutela; y, en consecuencia se ordene que Sixto Luizaga Nogales -ahora demandado-: a) Elimine inmediatamente todas la publicaciones en las redes sociales referidas a su persona; b) Suprima de su base de datos digitales -computadoras, discos duros y otros- toda información de la solicitante de tutela, sea bajo supervisión policial y sea de elementos que pudiesen estar en su domicilio y en su lugar de trabajo; y, c) Se emita orden de alejamiento a favor de su persona y de su familia.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Efectuada la audiencia de manera virtual de la presente acción tutelar el 18 de julio de 2024, según consta el acta cursante de fs. 24 a 30, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La peticionante de tutela, a través de su abogado, se ratificó de manera íntegra en los términos de su acción de protección de privacidad y ampliando los mismos, en audiencia, señaló que: 1) Se arrimaron a la presente acción tutelar, pruebas tanto de manera escrita así como digital, las cuales demuestran que el ahora demandado, realizó una serie de publicaciones en distintas redes sociales aprovechando su conocimiento como policía “Sargento segundo”; puesto que, ha estado a cargo en distintas investigaciones de diferentes delitos; 2) Realiza publicaciones y las retira permanentemente, por lo que se hizo llegar a secretaría de la Sala Constitucional, pruebas de las publicaciones que se hubieran realizado recientemente y que fueron retiradas al instante, existiendo dos publicaciones actualmente de su cuenta personal, haciendo mención en distintas redes sociales el nombre completo de Yazmín Aracely Vargas Lozano -ahora impetrante de tutela-, donde manifiesta una relación como si fuera actual; 3) Se encuentran publicaciones donde la busca desesperadamente, hace mención al tiempo en el que se conocieron, efectuando un relato de sus datos personales, llegando a subir hasta fotos íntimas de la ahora accionante; toda vez que, aproximadamente hace siete años atrás el ahora demandado y la solicitante de tutela tuvieron una relación que no fue fructífera; debido a que, dentro de la misma existió abusos por parte de él y al ser un oficial policial, lamentablemente ejercieron presión sobre la peticionante de tutela, quien se vio afectada buscando ayuda familiar; 4) Señaló que, no encontró justicia ni en la Policía Nacional, ni en la Fiscalía; sin embargo, desde entonces a la fecha no había tenido ningún otro tipo de contacto con el actualmente demandado; 5) El actuar del ahora demandado, se adecúa a lo establecido en el art. 130 de la CPE, toda vez que, las publicaciones en las redes sociales son permanentes, hace alusión a videos de ellos, y lo que se pide es la eliminación del archivo de datos privados que el demandado tiene de la impetrante de tutela; es decir, de conversaciones, datos, fotos, información muy privada que afecten a sus derechos fundamentales a la intimidad, a la privacidad y que estén relacionadas con su imagen, honra y reputación; y, 6) La ahora demandante de tutela actualmente tiene una nueva relación y al ser una persona gestante, se le debe proporcionar una protección reforzada; más aún cuando ya se encuentra haciendo una vida muy aparte y es de pleno conocimiento del demandado; ya que, se le pidió de muchas maneras que elimine esas publicaciones que están afectando su honra, su estabilidad familiar, conforme prevén los arts. 21, 22, 25, 256 y 410 de la CPE; asimismo, la Opinión Consultiva (OC) 7/86 de 29 de agosto de 1986; puesto que, este desprestigio ha llegado a su trabajo, ya que al ser públicas, se encuentran en todas las redes sociales Facebook, Tik Tok y otras; afectado su psiquis y su estado emocional; haciendo mención a las SSCCPP 1300/2012 de 19 de septiembre; 1445/2013 del 19 de agosto; 0819/2015-S3 de 10 de agosto; 0332/2015-S1 de 6 de abril; y, 0071/2019-S2 del 3 de abril.

I.2.2. Informe del demandado

Sixto Luizaga Nogales, pese a su legal notificación cursante a fs. 23 de obrados, no se contactó ni asistió a la audiencia, tampoco presentó informe escrito alguno.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 02/2024 de 18 de julio, cursante de fs. 30 a 32 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo: i) Que el ahora demandado borre todas las publicaciones que haya realizado en plataformas, redes sociales, YouTube, TikTok, Facebook, WhatsApp o cualquier otra, de manera inmediata; ii) En lo futuro, abstenerse de realizar cualquier publicación de videos, chats, o cualquier otro mecanismo de interacción en las redes sociales, respecto a Yazmín Aracely Vargas Lozano, sus relaciones y su ámbito familiar; y, iii) La remisión de antecedentes en la acción tutelar, más las pruebas adjuntadas y todo lo necesario ante el Ministerio Público a fines de que se provea o realice la investigación de ese hecho; bajo los siguientes fundamentos: a) La relación sentimental que mantuvo hace aproximadamente siete años con Sixto Luizaga Nogales -ahora demandado-, le permitió tener en su poder una serie de datos íntimos que fueron almacenados en distintos aparatos o dispositivos electrónicos; y que, a la fecha la solicitante de tutela tiene una actual pareja y además se encuentra en estado de gestación; b) Es indudable que actualmente el uso del internet está presente en casi todas las relaciones y actividades sociales, la proliferación de estos instrumentos de recopilación de datos, tanto de personas particulares como de entidades privadas y públicas, y el hecho de que el ahora demandado es un sujeto que pertenece al orden público, siendo una “autoridad” policial miembro activo de la Policía Nacional, del cual, ese Tribunal “quiere” dudar de la afirmación realizada por la ahora peticionante de tutela, en relación al hecho de que el ahora demandado hizo uso indebido del uniforme y de su calidad de policía, así como de los instrumentos que tiene en su poder y que le sirven para la investigación de hechos delictivos, esté realizando publicaciones a través de sus redes sociales de datos que en su momento fueron íntimos y privados de una pareja como tal; c) Las publicaciones hechas de fotos y afirmaciones pasadas, obviamente genera que en la vida de la ahora accionante, se produzcan altercados, injerencias en su vida privada, en su familia actual, manchando su honra y su reputación, vulnerando sus derechos fundamentales a la privacidad, intimidad, honor y dignidad, entendiéndose que genera un ambiente inestable en su nuevo hogar; d) El Estado Plurinacional de Bolivia debe adoptar medidas de prevención y de protección en favor de la ahora impetrante de tutela; puesto que, de evidenciarse por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP), la existencia de este tipo de publicaciones en sus redes sociales, computadoras, teléfonos celulares, deberá remitirse antecedentes ante el Ministerio Público, a efectos de que se pueda realizar una investigación respecto a la violencia que hubiera sido ejercida en contra de la demandante de tutela, ratificando lo expresado por el Vocal componente de esa Sala Constitucional. En vía de aclaración, enmienda y complementación, la ahora peticionante de tutela solicitó: 1) Complemente respecto a las costas y costos con cargo al demandado; puesto que, la víctima no tiene y se encuentra pagando todos los gastos que genera esta situación; y, 2) Aclare respecto a remisión a la IITCUP, si será asignado un oficial de policía o estará a cargo del Ministerio Público, para la verificación de los artefactos; puesto que, no solo se encuentra en los aparatos sino también en la nube. En respuesta, la Sala Constitucional señaló: i) Se dispuso la remisión de antecedentes al Ministerio Público, a efectos de que se inicie la acción penal pertinente, en el entendido de que se trataría de un posible delito de violencia familiar o doméstica previsto en el art. 272 bis del Código Penal (CP) modificado por la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-; ahora bien, en cuanto a la ejecución del fallo, es importante dejar en claro que debe previamente notificarse al ahora demandado para que en un plazo no mayor a setenta y dos horas, proceda a dar de baja de todas sus redes sociales, todos los datos sensibles que involucren a la ahora impetrante de tutela y que pongan en tela de juicio su honra, honor e imagen, para posterior a este tiempo, mediante oficio dirigido a la IITCUP, sea esta institución quien verifique si dio o no estricto cumplimiento a lo dispuesto, esto al ser también funcionario de la Policía Nacional; el incumplimiento, corresponderá la remisión de antecedentes ante el Ministerio Público para que este sea quien investigue, pudiendo la demandante de tutela apersonarse ante dicha institución a efectos de hacer las diligencias respectivas; y, ii) Conforme a la normativa procesal constitucional, deberá ser la Resolución con imposición de costas en favor de la solicitante de tutela.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Constan capturas de pantalla de publicaciones, como fotografías, videos y mensajes realizados vía Facebook y TikTok, proveniente de la cuenta “Sixto LN”, con algunas manifestaciones de: “Busco a yazmin Vargas Lozano, la perdí hace 6 años ya, díganle que la amo” (sic); “Busco al AMOR DE MI VIDA Yazmin Vargas, Perdóname” (sic); “Hace 5 años que la perdí por no ver la mujer que tenía a mi lado. Ahora solo espero que ella se encuentre bien y sea FELIZ. Aun la amo. Recuerdo cada día y hora las cosas que juntos pasamos cuando éramos felices y yo no me daba cuenta. Este amor por ella es verdadero por qué no la encontrare en nadie más y si tuve una relación pero no funcionó por qué mi mente y mi corazón pensaban en ella. Es cierto no pude olvidar a la mujer que me dio tantos momento bonitos e inolvidables… si así es inolvidable la mujer de mi vida. Te amo Yazmin Vargas y siempre te amare” (sic); “Alguien sabe dónde salir a pasar una linda Velada con mi novia?” (sic), entre otras, publicado en el grupo de difusión social “ALGUIEN SABE SANTA CRUZ” de Facebook (fs. 1 a 4). II.2. Cursa un disco compacto (CD) rotulado “Anexos, Fotos de Capturas y Videos”, que contiene veintitrés capturas de fotos de publicaciones realizadas por el ahora demandado vía Facebook y TikTok; asimismo, cuatro videos en el que se observan distintas ediciones de fotografías de ambas personas en pareja, reproducidas dentro de un video asociado a una historia de amor, con una música de fondo tipo pasional y en una de ellas, hasta hace alusión a una relación aun existente entre la impetrante de tutela y el ahora demandado (fs. 8).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La demandante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la privacidad, a la honra, al honor, a la propia imagen y a la dignidad, vinculados a la protección de la familia y el derecho al trabajo; toda vez que, hace siete años atrás mantuvo una relación sentimental con el ahora demandado, la cual no progresó por existir una serie de abusos; y que, al ser el demandado parte de la Policía Nacional, todas sus denuncias fueron truncadas por sus colegas; ante ello, acudió a su familia para librarse de ese “hombre abusivo” y desde entonces no supo más de él, habiendo a la fecha reconstruido su vida, formando un nuevo hogar; no obstante, en las últimas semanas, su relación se ha visto afectada; puesto que, el ahora demandado se puso en la maliciosa e ilícita labor de difundir en distintas plataformas de redes sociales como Facebook, Tik Tok y otras, sin su consentimiento, imágenes donde muestra retratos, conversaciones y videos privados, camuflados con imágenes de ambos, mostrando que estarían juntos hace más de siete u ocho años, haciendo alusiones personales, citando su nombre completo en dichas publicaciones y compartiéndolas en grupos masivos de redifusión en las redes sociales, sin tomar en cuenta que actualmente la solicitante de tutela tiene una nueva relación y es una persona gestante; desprestigio que llegó hasta su trabajo, afectando su psiquis y su estado emocional. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: a) El derecho a la intimidad y privacidad, su protección legal y constitucional en el ámbito interno, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la jurisprudencia constitucional comparada; b) Presupuestos de procedencia y los alcances de la acción de protección de privacidad; c) Derecho a la honra o reputación, a la intimidad, privacidad y buena imagen; y, d) Análisis del caso concreto.

III.1. El derecho a la intimidad y privacidad, su protección legal y constitucional en el ámbito interno, en el Sistema

Interamericano de Derechos Humanos y la jurisprudencia constitucional comparada El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 1104/2019-S2 de 18 de diciembre, asumió el siguiente entendimiento: El diccionario de la Lengua Española define la intimidad como la “Zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia”, por otro lado, la privacidad es definida como el “Ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión”. La esfera más íntima de la persona humana, reservada para sí misma y en el que se encuentran sus valores morales, creencias religiosas, tendencias sexuales, amorosas, problemas relacionados a su salud, sus comunicaciones privadas, secretos personales y en general todo aquello relacionado a su fuero interno y que solo puede ser objeto de conocimiento de terceros, por propia voluntad del interesado; constituye la esencia y el núcleo de la intimidad personal a la cual tiene derecho toda persona, como una condición necesaria para el desarrollo de su personalidad y el ejercicio pleno de otros derechos.

Dicho esto, la intimidad podrá ser entendida también como, los ámbitos de la vida privada inaccesible para terceras personas, a partir de ello, todo individuo tiene la potestad de resguardar su intimidad de toda intromisión ilegítima, arbitraria y abusiva externa; ya sea en ámbitos donde desarrolla su vida privada o en los que intercambie o fluya información. Ahora bien, el derecho a la intimidad constituye una facultad que tiene toda persona para que su vida privada y su esfera íntima sea respetada ante injerencias arbitrarias de terceros, así como la potestad de controlar la información que circule en el ámbito público respecto a uno mismo, toda vez que su titular puede pedir su eliminación o rectificación cuando estos datos resulten lesivos y divulguen información que lesione derechos, como los de privacidad, intimidad, honra, reputación y propia imagen. En ese orden, toda persona tiene derecho a que cierta información íntima relacionada a su propio ser, se mantenga en reserva y no pueda ser objeto de intromisiones externas, como es el caso de datos que reflejen sus preferencias íntimas personales, como sexuales, políticas o religiosas, las cuales son de único y exclusivo interés de su titular. El Tribunal Constitucional de España, estableció una definición de la intimidad a través de la STC 231/2018, además de señalar dos vías a través de las cuales el derecho a la intimidad puede ser amenazado; una mediante la intromisión del espacio de privacidad, y la segunda, por intromisiones informativas en los medios de comunicación, la jurisprudencia constitucional española dispuso que el derecho a la intimidad se puede manifestar en dos ámbitos; en el espacial y personal en los que se da el desarrollo personal de su titular; y en el ámbito de los medios de comunicación.

Por otro lado, el derecho a la privacidad es la facultad que tiene toda persona a proteger los distintos ámbitos de su vida privada de cualquier interferencia externa; como ser su domicilio, datos personales, de trabajo, y otros; que si bien son datos personalísimos, generalmente no están dentro de la esfera íntima de un individuo; por lo que, lo privado no siempre constituye un elemento que forma parte de la esfera íntima de una persona; y conforme lo establece el art. 21.2 de nuestra Norma Suprema, ambos constituyen derechos autónomos, que no son sinónimos y que tienen un ámbito de aplicación y alcance distinto el uno del otro. En el ámbito interno el derecho a la intimidad y privacidad encuentran protección legal y constitucional, tanto a nivel sustantivo y por medio de garantías jurisdiccionales y/o acciones de defensa, específicamente la establecida en los arts. 130 y 131 de la CPE. Al respeto el art. 21.2 de la Ley Fundamental dispone que las bolivianas y los bolivianos tienen el derecho a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad; por otro lado, el art. 18 del Código Civil (CC) determina que nadie puede perturbar la vida íntima de una persona, que se debe tomar en cuenta su condición, salvando los casos previstos por ley; de lo que se entiende que la ley permite ciertas intromisiones al derecho a la intimidad, siempre y cuando estas sean legítimas no arbitrarias o abusivas o estén expresamente previstas por ley; lo cual claramente se da en situaciones donde se ejecutan mandamientos de allanamiento sobre bienes inmuebles y por orden de autoridad judicial; supuestos en lo que existe una evidente intromisión del derecho a la privacidad de una persona, y en determinados casos y según las circunstancias también al derecho a la intimidad. Por otro lado, la materialización de este derecho conforme nuestro ordenamiento jurídico se hace efectiva mediante la garantía constitucional de la acción de protección de privacidad, reconocida en la Constitución Política del Estado y en el Código Procesal Constitucional (CPCo). El Tribunal Constitucional, en relación a los derechos a la intimidad y privacidad, mediante la SC 1738/2010-R de 25 de octubre, estableció algunas diferencias entre los mismos; respecto al primero, señaló que la intimidad es el derecho a poder participar y controlar la información que concierne a cada persona y en relación a la distinción entre la intimidad y la privacidad señala que la primera:

…es el conjunto de sentimientos, pensamientos e inclinaciones más internos, como la ideología, religión o creencias, las tendencias personales que afectan a la vida sexual, problemas de salud que deseamos mantener en secreto y otras inclinaciones; mientras que, la privacidad hace referencia al ámbito de la persona formado por su vida familiar, aficiones, bienes particulares y actividades personales.

La referida jurisprudencia constitucional, en el Fundamento Jurídico III.2 establece además que:

…la acción de protección de privacidad, protege los derechos relativos a la personalidad del individuo como son la intimidad, privacidad personal o familiar, la propia imagen, honra y reputación, contra el manejo de datos o informaciones obtenidas y almacenadas en los bancos de datos públicos o privados, por esta misma razón la doctrina señala que esta acción en realidad protege el derecho a la autodeterminación informática, entendido como la facultad de una persona para conocer, actualizar, rectificar o cancelar la información existente en una base de datos pública o privada, y hubiesen obtenido, almacenado y distribuido. En ese entendido, el derecho al respeto de la vida privada y otros derechos que son parte esencial de la personalidad del individuo, como ser la propia imagen, reputación y honra, contra ataques e injerencias externas, ilegales, abusivas o arbitrarias, encuentran reconocimiento en instrumentos internacionales de Derechos Humanos que a la luz del art. 410 de la CPE, forman parte del bloque de constitucionalidad; la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) en su art. 12 establece que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o correspondencia ni de ataques a su honra o reputación y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques, de la misma forma; los arts. 11 y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, el art. 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), a su vez, tutelan también otros aspectos que son parte de la vida privada de una persona como la familia, el domicilio y la correspondencia. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos estableció que el ámbito de la privacidad “…se caracteriza por quedar exento o inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública”. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Artavia Murillo y otros Vs. Costa Rica, sostuvo que la: “…vida privada engloba aspectos de la identidad física y social, incluyendo el derecho a la autonomía personal, desarrollo personal y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos y con el mundo exterior…”. Por otro lado, en el caso Fontevecchia y D’amico Vs. Argentina, se estableció que “…el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida privada mediante acciones positivas, lo cual puede implicar, en ciertos casos, la adopción de medidas dirigidas a asegurar dicho derecho protegiéndolo de las interferencias de las autoridades públicas, así como también de las personas o instituciones privadas, incluyendo los medios de comunicación”.

La misma Corte IDH, sostiene que la protección de la privacidad está vinculado al derecho a la libertad personal, establecida por el art. 7 de la Convención, entendiendo al elemento libertad como “…la capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté lícitamente permitido…”. En el mismo sentido, la Corte IDH mediante el Informe Anual 2013 de la relatoría especial para la libertad de expresión, indicó que el derecho a la privacidad protege al menos cuatro bienes jurídicos que son: 1) El derecho a contar con una esfera de cada individuo resistente a las injerencias arbitrarias del Estado o de terceras personas; 2) El derecho a gobernarse por reglas propias según el proyecto individual de vida de cada uno; 3) El derecho al secreto respecto de lo que se produzca en ese espacio reservado con la consiguiente prohibición de divulgación o circulación de la información capturada, sin consentimiento del titular, en ese espacio de protección reservada a la persona; y, 4) El derecho a la propia imagen.

III.2. Presupuestos de procedencia y los alcances de la acción de protección de privacidad

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 1104/2019-S2 de 18 de diciembre, asumió el siguiente entendimiento: Conforme dispone la jurisprudencia constitucional a través de la SC 1738/2010-R, la procedencia de la acción requiere dos presupuestos: i) La existencia de un banco de datos, público o privado, físico, electrónico, magnético o informático, que tenga la finalidad de proveer informes; y, ii) Que el banco de datos contenga información vinculada a los derechos protegidos por la acción de protección de privacidad; es decir a los derechos a la privacidad, intimidad, propia imagen, honra y reputación. Según se advierte de la Sentencia señalada líneas arriba, precisa los alcances de la acción de protección de privacidad que se resumen a los siguientes ámbitos:

1. Conocer la información o “registro de datos personales obtenidos y almacenados en un banco de datos de la entidad pública o privada, para conocer qué es lo que se dice respecto a la persona que plantea el hábeas data, de manera que pueda verificar si la información y los datos obtenidos y almacenados son los correctos y verídicos; si no afectan las áreas calificadas como sensibles para su honor, la honra y la buena imagen personal”; asimismo, conocer los fines y objetivo de la obtención y almacenamiento; es decir, qué uso le darán a esa información.

2. Actualizar los datos existentes, este es “el derecho a la actualización de la información o los datos personales registrados en el banco de datos, añadiendo los datos omitidos o actualizando los datos atrasados; con la finalidad de evitar el uso o distribución de una información inadecuada, incorrecta o imprecisa que podría ocasionar graves daños y perjuicios a la persona”.

3. Modificar o corregir la información existente en el banco de datos, cuando son incorrectos o ajenos a la verdad, en otros términos es “el derecho corrección o modificación de la información o los datos personales inexactos registrados en el banco de datos público o privado, tiene la finalidad de eliminar los datos falsos que contiene la información, los datos que no se ajustan de manera alguna a la verdad, cuyo uso podría ocasionar graves daños y perjuicios a la persona”.

4. Preservar la confidencialidad de la información que si bien es correcta y obtenida legalmente, no se la puede otorgar en forma indiscriminada; esta acción se funda en el derecho a la “confidencialidad de cierta información legalmente obtenida, pero que no debería trascender a terceros porque su difusión podría causar daños y perjuicios a la persona”.

5. Excluir la información sensible, es decir, aquella información que sólo importa al titular, como las ideas políticas, religiosas, orientación sexual, enfermedades, etc.; así la citada Sentencia Constitucional señaló que es el ‘Derecho de exclusión de la llamada “información sensible’ relacionada al ámbito de la intimidad de la persona, es decir, aquellos datos mediante los cuales se pueden determinar aspectos considerados básicos dentro del desarrollo de la personalidad, tales como las ideas religiosas, políticas o gremiales, comportamiento sexual; información que potencialmente podría generar discriminación o que podría romper la privacidad del registrado”.

III.3. Derecho a la honra o reputación, a la intimidad, privacidad y buena imagen

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0116/2024-S1 de 15 de mayo, asumió el siguiente entendimiento: Al respecto, la Constitución Política del Estado en su art. 21.2, establece que las y los bolivianos tienen derecho “A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad.” (negrillas agregadas). Del mismo modo, los arts. 11 y 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) prevén que:

Artículo 11 Protección de la Honra y de la Dignidad

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

La Declaración Universal de Derechos Humanos en su art. 12 prevé que: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.”; la Declaración Americana de los Derechos del Hombre en su art. V señala: “Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar”; y, de igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su art. 17 establece:

Artículo 17 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Por su parte, la jurisprudencia constitucional respecto al derecho a la honra o reputación, mediante la SC 0686/2004-R de 6 de mayo, sostuvo que:

…el derecho a la honra, es la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida y tratada por los demás miembros de la colectividad que le conocen; es el derecho que tiene toda persona a que el Estado y las demás personas reconozcan y respeten la trascendencia social de su honor. Es un derecho que se gana de acuerdo a las acciones realizadas por cada persona, de manera que en virtud de ellas pueda gozar del respeto y admiración de la colectividad como consecuencia de su conducta correcta e intachable acorde con valores de la ética y la moral, o, por el contrario, carezca de tal imagen y prestigio, en razón a su indebido comportamiento social; cabe advertir que la honra, se constituye en una valoración externa de la manera como cada persona proyecta y presenta su imagen; de manera que las actuaciones buenas o malas, son el termómetro positivo o negativo que la persona irradia para que la comunidad se forme un criterio objetivo respecto de la honorabilidad de cada ser; pues las buenas acciones acrecientan la honra, las malas decrecen su valoración. En este último caso se entiende que no se puede considerar vulnerado el derecho a la honra de una persona, cuando es ella misma quien ha impuesto el desvalor a sus conductas y ha perturbado su imagen ante la colectividad. (negrillas añadidas).

En cuanto al derecho a la intimidad, la SCP 0071/2019-S2 de 3 de abril, sostuvo:

La esfera más íntima de la persona humana, reservada para sí misma y en el que se encuentran sus valores morales, creencias religiosas, tendencias sexuales, amorosas, problemas relacionados a su salud, sus comunicaciones privadas, secretos personales y en general todo aquello relacionado a su fuero interno y que solo puede ser objeto de conocimiento de terceros, por propia voluntad del interesado; constituye la esencia y el núcleo de la intimidad personal a la cual tiene derecho toda persona, como una condición necesaria para el desarrollo de su personalidad y el ejercicio pleno de otros derechos. Dicho esto, la intimidad podrá ser entendida también como, los ámbitos de la vida privada inaccesible para terceras personas, a partir de ello, todo individuo tiene la potestad de resguardar su intimidad de toda intromisión ilegítima, arbitraria y abusiva externa; ya sea en ámbitos donde desarrolla su vida privada o en los que intercambie o fluya información. Ahora bien, el derecho a la intimidad constituye una facultad que tiene toda persona para que su vida privada y su esfera íntima sea respetada ante injerencias arbitrarias de terceros, así como la potestad de controlar la información que circule en el ámbito público respecto a uno mismo, toda vez que su titular puede pedir su eliminación o rectificación cuando estos datos resulten lesivos y divulguen información que lesione derechos, como los de privacidad, intimidad, honra, reputación y propia imagen. En ese orden, toda persona tiene derecho a que cierta información íntima y relacionada a su propio ser, se mantenga en reserva y no pueda ser objeto de intromisiones externas, como es el caso de datos que reflejen sus preferencias íntimas personales, como sexuales, políticas o religiosas, las cuales son de único y exclusivo interés de su titular. Asimismo, la indicada SCP 0071/2019-S2 refiriéndose al derecho a la privacidad manifestó que:

Por otro lado, el derecho a la privacidad es la facultad que tiene toda persona a proteger los distintos ámbitos de su vida privada de cualquier interferencia externa; como ser su domicilio, datos personales, de trabajo, y otros; que si bien son datos personalísimos, generalmente no están dentro de la esfera íntima de un individuo, por lo que lo privado no siempre constituye un elemento que forma parte de la esfera íntima de una persona; y conforme lo establece el art. 21.2 de nuestra Norma Suprema, ambos constituyen derechos autónomos, que no son sinónimos y que tienen un ámbito de aplicación y alcance distinto el uno del otro.

En cuanto al derecho a la imagen, la SCP 1141/2022-S2 de 12 de septiembre, sostuvo que:

El derecho a la imagen personal es un derecho de la personalidad, que faculta a la persona para impedir que su apariencia física sea reproducida sin su consentimiento. La necesidad de su protección surge con la fotografía como mecanismo para captar la imagen de una persona sin que ella se percatara de dicha conducta, y sobre todo cuando su destino fuera crear publicidad o algún desprestigio a la persona o su familia” (las negrillas son nuestras). En dicho marco, el derecho a la propia imagen contiene dos facetas; una positiva, que nos permite difundir, publicar o distribuir nuestra propia imagen, y una negativa, que faculta impedir la obtención, reproducción, difusión y distribución de nuestra imagen por un tercero, sin nuestro consentimiento. La normativa respecto al derecho a la imagen la encontramos en el art.16 del Código Civil (CC), que señala: “Cuando se comercia, pública, exhibe o expone la imagen de una persona lesionando su reputación o decoro, la parte interesada y, en su defecto, su cónyuge, descendientes o ascendientes pueden, salvo los casos justificados por la ley, que el juez haga cesar el hecho lesivo”.

Por lo expuesto precedentemente, se concluye que, el derecho a la privacidad es la facultad que tiene toda persona a proteger los distintos ámbitos de su vida privada de cualquier interferencia externa; como ser su domicilio, datos personales, de trabajo, y otros; el derecho a la intimidad es la facultad que tiene toda persona para cierta información íntima y relacionada a su propio ser, se mantenga en reserva y no pueda ser objeto de intromisiones externas, como es el caso de datos que reflejen sus preferencias íntimas personales, como sexuales, políticas o religiosas, las cuales son de único y exclusivo interés de su titular; el derecho a la honra o reputación es un derecho que se gana de acuerdo a las acciones realizadas por cada persona, de manera que en virtud de ellas pueda gozar del respeto y admiración de la colectividad como consecuencia de su conducta correcta e intachable acorde con valores de la ética y la moral, o, por el contrario, carezca de tal imagen y prestigio, en razón a su indebido comportamiento social; y, el derecho a la propia imagen faculta a la persona para impedir que su apariencia física sea reproducida sin su consentimiento. La necesidad de su protección surge con la fotografía como mecanismo para captar la imagen de una persona sin que ella se percatara de dicha conducta, y sobre todo cuando su destino fuera crear publicidad o algún desprestigio a la persona o su familia.

III.4. Análisis del caso concreto

La peticionante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la privacidad, a la honra, al honor, a la propia imagen y a la dignidad, vinculados a la protección de la familia y el derecho al trabajo; toda vez que, hace siete años atrás mantuvo una relación sentimental con el ahora demandado, la cual no progresó por existir una serie de abusos; y que, al ser el demandado parte de la Policía Nacional, todas sus denuncias fueron truncadas por sus colegas; ante ello, acudió a su familia para librarse de ese “hombre abusivo” y desde entonces no supo más de él, habiendo a la fecha reconstruido su vida, formando un nuevo hogar; no obstante, en las últimas semanas, su relación se ha visto afectada; puesto que, el ahora demandado se puso en la maliciosa e ilícita labor de difundir en distintas plataformas de redes sociales como Facebook, Tik Tok y otras, sin su consentimiento, imágenes donde muestra retratos, conversaciones y videos privados, camuflados con imágenes de ambos, mostrando que estarían juntos hace más de siete u ocho años, haciendo alusiones personales, citando su nombre completo en dichas publicaciones y compartiéndolas en grupos masivos de redifusión en las redes sociales, sin tomar en cuenta que actualmente la solicitante de tutela tiene una nueva relación y es una persona gestante; desprestigio que llegó hasta su trabajo, afectando su psiquis y su estado emocional.

En el caso concreto y revisado los antecedentes de la presente acción de defensa, la impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos fundamentales; puesto que, el ahora demandado mediante su cuenta personal “Sixto LN” estuvo realizando publicaciones como fotografías, videos y mensajes realizados vía Facebook y TikTok, con algunas manifestaciones de: “Busco a yazmin Vargas Lozano, la perdí hace 6 años ya, díganle que la amo” (sic); “Busco al AMOR DE MI VIDA Yazmin Vargas, Perdóname” (sic); “Hace 5 años que la perdí por no ver la mujer que tenía a mi lado. Ahora solo espero que ella se encuentre bien y sea FELIZ. Aún la amo. Recuerdo cada día y hora las cosas que juntos pasamos cuando éramos felices y yo no me daba cuenta. Este amor por ella es verdadero por qué no la encontrare en nadie más y si tuve una relación pero no funcionó por qué mi mente y mi corazón pensaban en ella. Es cierto no pude olvidar a la mujer que me dió tantos momento bonitos e inolvidables….si así es inolvidable la mujer de mi vida. Te amo Yazmin Vargas y siempre te amare” (sic); “Alguien sabe dónde salir a pasar una linda Velada con mi novia?” (sic), entre otras, publicados en el grupo de difusión social “ALGUIEN SABE SANTA CRUZ” de Facebook (Conclusión II.1); adjuntando de igual manera un CD rotulado “Anexos, Fotos de Capturas y Videos”, que contiene veintitrés capturas de fotos de publicaciones realizadas por el ahora demandado vía Facebook y TikTok; asimismo, cuatro videos en el que se observan distintas ediciones de fotografías de ambas personas en pareja, reproducidas dentro de un video asociado a una historia de amor, con una música de fondo tipo pasional y en una de ellas, hasta hace alusión a una relación aun existente entre la impetrante de tutela y el ahora demandado (Conclusión II.2). Ahora bien, del entendimiento desarrollado en la jurisprudencia constitucional del Fundamento Jurídico III.1 y III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece que la presente acción de defensa, protege todos los derechos relativos a su personalidad, como ser la privacidad personal o familiar, la propia imagen, honra y reputación, constituyéndose en una facultad que posee cada individuo para proteger su vida privada, ante cualquier intromisión de terceros que pretenda dañar esos derechos, así también lo tiene entendido la SC 1738/2010-R de 25 de octubre, cuando refiere que esta acción en realidad protege el derecho a la autodeterminación informática, entendido como la facultad de una persona para conocer, actualizar, rectificar o cancelar la información existente en una base de datos pública o privada, y hubiesen obtenido, almacenado y distribuido. En ese sentido, es indudable que nos encontramos ante un sistema creciente tecnológicamente, viviendo dentro de un ambiente digital, plasmado en el uso de redes sociales a través de distintas plataformas virtuales, traduciéndose como una actividad cotidiana de cada individuo; sin embargo, a pesar de su importancia, el abuso o el mal manejo de estos mecanismos, emerge en una situación de transgresión a los derechos fundamentales de una persona; en ese entendido, en el caso de autos, queda claro que nadie puede ser objeto de injerencias en su vida privada, por el simple hecho, que en un tiempo determinado por la confianza que tuvieron una con otra en el ámbito interno, uno de ellos aprovechando de ese vínculo directo que ostentaban en ese momento, haga uso indiscriminado de la información que tenía almacenado en su poder, y con ello, atentar contra la vida privada, honra o reputación del otro individuo, desconociendo que la Norma Suprema así como los instrumentos internacionales, establecen un margen de protección en estas situaciones. De lo precedentemente señalado, se evidencia que el ahora demandado al disponer de fotos, videos u otros objetos, que fueron derivados de una relación sentimental que existió entre ambos sujetos, hace más de siete años atrás y difundirlos realizando publicaciones a través de redes sociales como Facebook y Tik Tok, a sabiendas que no cuenta con autorización o consentimiento de la ahora solicitante de tutela y mucho menos posee una relación sentimental; ha vulnerado sus derechos fundamentales de la peticionante de tutela; por cuanto, tómese en cuenta, que la impetrante de tutela es la única titular a priori de estos derechos y es quien puede permitir o no, la divulgación de datos concernientes a su vida privada; consecuentemente, ante la publicación de videos, fotos y otros, a través de las pre señaladas plataformas en línea, el ahora demandado lesionó los derechos a la privacidad y propia imagen de la impetrante de tutela, mismos que se encuentran reconocidos en instrumentos internacionales de Derechos Humanos a la luz de los arts. 410 de la CPE; 12 de la DUDH; y, 11 de la CADH, por lo que corresponde otorgar la tutela respecto a estos derechos. Finalmente, respecto a la solicitud de orden de alejamiento a su persona y de su familia de la ahora demandante de tutela, como bien lo tiene señalado en el Acta de audiencia de la presente acción tutelar, referido al Voto del Vocal, la orden de alejamiento no se encuentra vinculada al ámbito de protección que establece esta acción de defensa, debiendo la misma acudir a las vías legales correspondientes a fin de que sea atendida su solicitud. Consecuentemente, la Sala Constitucional al conceder la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2024 de 18 de julio, de fs. 30 a 33 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en los mismos términos dispositivos señalados por la citada Sala Constitucional. 2° No ha lugar respecto al pago de costas, al no ser parte del petitorio formulado por la peticionante de tutela en la demanda de la acción de defensa. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

1 Vía jurisprudencia el Tribunal Constitucional Español dispuso la existencia de una serie de asuntos que en razón de su contenido pueden asociarse con la intimidad de una persona, como ser la intimidad corporal (STC 37/1989, FJ 7), la desnudez (STC 56/2001, FJ 4), las relaciones sexuales (STC 151/1997, FJ 5), situaciones de acoso sexual (STC 224/1999), el ejercicio de la prostitución (STC 121/1999, FJ 2), la relaciones afectivas (STC 121/2002, FJ 2), la salud personal (STC 20/1992, FJ 3), la información sobre el consumo de bebidas alcohólicas y drogas (STC 234/1997, FJ 9 A), la filiación como

parte integrante de lo propio o intimo (STC 197/1991, FJ 3), y la historia penal (STC 144/1999, FJ 8); todas estos se incluyen como expresión del derecho a la intimidad.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0286_2025-S1.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 1321f65fe59ff0c8324d00cb985e920c7a44b5f6d7c2065c5e7f0638361dd60b

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