B.IA.LEGAL

SCP 0197/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de protección de privacidad · Sala Tercera · 22 de mayo de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
22 de mayo de 2024
Acción
Acción de protección de privacidad
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
55887-2023-112-APP
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de protección de privacidad

Qué se discutió

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la imagen, integridad y honor; puesto que, a la conclusión de su matrimonio religioso, de manera inesperada el ahora accionado, procedió a filmar la mala ejecución de un mandamiento de apremio a cargo de la Policía Boliviana, pese a la solicitud realizada por quienes se encontraban en la iglesia, pidiéndole que se retire del lugar; sin embargo, procedió a transmitir la grabación desde la oficina del Canal TVA y vía internet, generando que varios medios y personas lo compartieran y difundieran como Tik Tok, Reels y en el canal de You tube, situación que causó daño, tanto al accionante, su familia y cónyuge quien desempeña funciones como Profesora de Educación Física en distintas Unidades Educativas. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución 32/2023 de 25 de mayo, cursante de fs. 39 vta. a 42, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza jurídica y alcances de la acción de protección de privacidad
  2. III.2. Del principio de subsidiariedad en la acción de protección de privacidad
  3. III.3. De la legitimación pasiva en la acción de protección de privacidad
  4. III.4. Los derechos a la imagen y honor tutelados por la acción de protección de privacidad
  5. III.5. Sobre el derecho a la integridad
  6. III.6. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0197/2024-S3 Sucre, 22 de mayo de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de protección de privacidad Expediente: 55887-2023-112-APP Departamento: Tarija En revisión la Resolución 32/2023 de 25 de mayo, cursante de fs. 39 vta. a 42 pronunciada dentro de la acción de protección de privacidad interpuesta por Daniel Martínez Moncada y Celina Lima Quevedo contra Roy Moroni Cornejo Raña.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Los accionantes por memorial presentado el 23 de mayo de 2023, cursante de fs. 18 a 26, manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 21 de abril de 2023, a la conclusión de la celebración de su matrimonio religioso, el ahora accionado, pese haber estado presente durante todo el acto, de manera inesperada inició la filmación de un mandamiento de apremio mal ejecutado por la Policía Boliviana y pese a que los testigos le pidieron que se retire, hizo caso omiso a dicha solicitud, llegando por el contrario a transmitir la grabación de forma directa desde la Oficina del Canal de Televisión Andalucía TVA y vía internet, lo que ocasionó que varios medios y personas lo compartieran e incluso lo difundan como Tik Tok, causándoles daños que aún persisten a la imagen, a la integridad y honor de su familia, y respecto a -Celina Lima Quevedo-le afectó en su actividad como Profesora de Educación Física en varias Unidades Educativas.

El “material videográfico” que afecta a sus derechos fue difundido de manera constante y repetitiva en diferentes páginas web, hecho que les generó un profundo daño psicológico, influyendo en su imagen, honor y dignidad dentro de la sociedad; puesto que, si bien los arts. 106 y 107 de la Constitución Política del Estado (CPE) garantizan el derecho a la comunicación, información y libertad de expresión, ese último en su ejercicio no es absoluto; ya que, encuentran límites y restricciones en los derechos de los demás, la prevalencia del interés general, primacía del orden público y factores de seguridad, salubridad que no pueden ser sacrificados en aras de su ejercicio arbitrario o abusivo ante las prerrogativas individuales, pudiendo ser limitado en función al interés social; libertad de expresión que se encuentra vinculada con el ejercicio del periodismo con el que tiene una notoria y trascendental relación; por cuanto, la profesión de periodista precisamente implica buscar, recibir y difundir información lo que no debe obviar son las restricciones y límites del ejercicio de su función. Sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad en el presente caso, si bien la SCP 1445/2013 de 19 de agosto, refiere que, previo acudir a la jurisdicción constitucional se debía reclamar ante la entidad pública o privada encargada del resguardo y administración de la información la entrega, actualización, rectificación o supresión de la información o datos falsos, incorrectos o que induce a discriminaciones y de no obtener una respuesta favorable recién queda expedita la vía constitucional; sin embargo, de acuerdo con el art. 61 del Código Procesal Constitucional (CPCo) podrá efectuarse una abstracción de vulneración principio y no exigirse el reclamo administrativo previo ante la inminente violación del derecho tutelado y en un sentido inminentemente cautelar.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la imagen, integridad y honor; citando al efecto el art. 21.2 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela y en consecuencia, se disponga: a) Que el hoy accionado “‘por su propia cuenta y costo’” (sic), elimine de su base de datos, todas las publicaciones o imágenes emitidas o efectuadas por interpósita persona, en su sitio web y los programas de Televisión, así como en el perfil de la red social Facebook, en Tik Tok, los Reels y You Tube y en todo medio de comunicación oral, audiovisual o escrito, bajo apercibimiento de incumplir mandato jurisdiccional; b) Se retracte ante su ineficaz trabajo investigativo, ético y profesional; puesto que, la orden de aprehensión no debió ser ejecutada; ya que, su persona efectuó la cancelación -se entiende de la asistencia familiar adeudada-; y, c) Ordene el resarcimiento del daño en lo que se refiere a los costos y costas procesales.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 25 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 36 a 39 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Mediante Informe de la Secretaria de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, respecto a la falta de notificación a los dos terceros interesados que no pudieron ser encontrados en el domicilio señalado en el memorial de demanda y la petición de los accionantes sobre la suspensión de la audiencia hasta que sean notificados, se dispuso proseguir con la misma, en atención a que de acuerdo a lo establecido por el art. 35.2 del CPCo, se ordena su participación siempre que se afecten sus derechos o vayan a aportar mayores elementos de juicio, constituyendo en el caso uno de ellos un menor de edad y respecto del otro, no se entiende en el memorial qué aporte o interés legítimo podría demostrar. Los accionantes a través de su abogado en audiencia ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de protección de privacidad.

I.2.2. Informe de la persona particular accionada

Roy Moroni Cornejo Raña, mediante informe presentado en audiencia, a través de su abogado manifestó que: 1) No trabajó ni tiene relación de dependencia con “TVA”, asumió defensa después de que tomó conocimiento de esta acción tutelar a raíz de un llamado del representante de ese Canal por la coincidencia en el gremio y la irregular comunicación que mantienen; 2) No agredió a un menor de dieciséis años, aspecto que ni los accionantes menos su persona pueden acreditar; 3) Proyectado el video de la transmisión que supuestamente generó la vulneración de derechos señaló que, su persona se encontraba en una vía y lugar público; en la trasmisión no mencionó nombres ni apellidos de las personas, ni se enfocó el rostro de ninguna persona, expresando “‘quiero informar’, lo cual significa que ha existido consentimiento (…) ha existido pleno convencimiento de la persona que ha prestado su consentimiento para informar de la situación que ocurría en ese momento” (sic); aspecto que reconocieron los accionantes al indicar ‘“empezó a filmar con su equipo de Televisión la mala ejecución de una orden de detención en contra de Daniel Martínez justamente cuando ya habíamos contraído matrimonio por lo religioso”’ (sic); por lo que, se encargó de la cobertura de la ejecución de un mandamiento de apremio y si los accionantes no planteaban esta acción de defensa jamás se hubiese conocido sus nombres; 4) Por previsión del art. 62 del CPCo, la acción de protección de privacidad no procede y será declarada improcedente ante la existencia de actos consentidos libre y expresamente, causal aplicable al caso y que se encuentra establecida por el art. 53 del citado Código, estando “…claramente frente a una autorización de una persona que en la vía pública ha autorizado la filmación de esta aprehensión mas no del matrimonio que se reclama, de las difamaciones que se acusa, como podrá ver no ha existido tales circunstancias ha sido un acto completamente objetivo de información general a la población tarijeña” (sic); 5) Se incumplió el principio de subsidiariedad, al haber indicado el extinto Tribunal Constitucional en la “SCP 965/2004-R” fundadora, que cuando se trata de notas de prensa escritas o digitales se debe recurrir al derecho a la réplica o corrección establecida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estando previsto por el art. 62 de la Ley de Imprenta “...la obligación de editores responsables y en su caso los impresores publicar las indicaciones y defensa de las personas ofendidas en el mismo periódico (…) donde se emitió el aviso de deudor moroso las aclaraciones que estime convenientes o que corresponden a la realidad…” (sic); 6) De acuerdo a lo señalado por el art. 61 del CPCo, la excepción que permite acudir de manera directa a esta acción tutelar y solo en sentido cautelar es acreditar la inminente vulneración de un derecho; empero, el propio accionante señaló que debió reclamar a su persona la eliminación de ese dato y luego recién interponer esta acción de defensa; sin embargo, pero al no realizar este reclamo previo debe ser denegada; 7) No se llegó a demostrar la vulneración de un derecho en concreto, al tratarse de simples especulaciones subjetivas al no demostrarse cuál el daño irreparable ocasionado; y, 8) Se incumplieron los dos requisitos básicos para la concesión de la tutela relativos a: i) La existencia de un banco de datos que sea público o privado, al tratarse de una publicación objetiva sobre una aprehensión a cargo de la Policía Boliviana sin dar los nombres y apellidos de las personas, indicando la persona que autoriza ‘“informo a la población tarijeña”’ (sic); y, ii) Al no dar la identidad de los accionantes no se llegó a mellar su dignidad, correspondiendo denegar esta acción tutelar. Roy Moroni Cornejo Raña, interviniendo directamente en la audiencia manifestó que: a) Se constituyó en el lugar a consecuencia de un llamado premeditado que reportaba un robo en la iglesia, quedando sorprendidos por la presencia de funcionarios policiales; b) Cuando su medio de comunicación “Hola Bolivia” del que es su representante y gerente, y no de TVA, tomó contacto con los familiares, quienes consintieron y autorizaron la trasmisión, procediendo a denunciar el mal accionar de la Policía Boliviana, advirtiéndose del video presentado que no se acercaron a la iglesia encontrándose aproximadamente a 100 m de distancia, como se lo requirieron; por lo que, le extrañó que hubiesen cambiado de opinión en el memorial de la acción de defensa; y, c) Los hechos referidos ocurrieron en vía pública, hubo consentimiento de los accionantes quienes se sienten víctimas y su cobertura fue para transmitir la labor policial de la institución policial; puesto que, no comprende cuál fue el delito que cometió o qué precedente se pretende generar para no realizar ese tipo de labor periodística de información cuya cobertura es solicitada por mucha gente.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Resolución 32/2023 de 25 de mayo, cursante de fs. 39 vta. a 42, denegó la tutela solicitada, con argumentos incomprensibles manifestando que, esta acción tutelar protege o precautela el derecho a la intimidad, privacidad personal, imagen, honra y reputación, entre otros, de la persona que se considera agraviada; empero, no relacionada con hechos o actos que devienen de notas periodísticas, sino de registros que manejan bancos de datos públicos o privados que vulneran derechos; ya que, de realizar otra interpretación se generaría una intromisión de la jurisdicción constitucional a la ordinaria “…pues todos los casos que se dan en cuanto a lo que consideran lesiones a estos derechos del honor, de la intimidad, de la privacidad, pues tienen mecanismos dentro de la jurisdicción ordinaria, a efecto de hacer prevalecer lo que consideren conveniente o lo relacionado a sus propios intereses, en sentido de que se somete a controversia, se somete a probanza, et., en dicha jurisdicción, por lo tanto bajo este razonamiento bastante simple, pues no se requiere de mayor análisis…” (sic).

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Mandamiento de Apremio de 19 de abril de 2023, expedido por Karen López Chispas, Jueza Pública de Familia Sexta de la Capital del departamento de Chuquisaca, ordenando a cualquier funcionario policial no impedido en todo el Estado Plurinacional de Bolivia, para que procedan al apremio de Daniel Martínez Moncada -ahora accionante-, y sea conducido con la ayuda de la fuerza pública al Centro Penitenciario “MAS CERCANO”, hasta que cancele la suma total de Bs3 460.- (tres mil cuatrocientos sesenta bolivianos), en el proceso de asistencia familiar seguido por Mirian Tapia Avendaño contra su persona, conforme se tiene ordenado en el Auto de 1 de marzo de 2023 (fs. 1). II.2. Consta comprobantes de Depósito Judicial 101010-1-74947 y 101010-9-42450 efectuados el 20 y 21 de abril de 2023, de los que se advierte que el accionante depositó Bs10.- (diez) y Bs3 450.- (tres mil cuatrocientos cincuenta bolivianos), lo que hace un total de Bs3 460.- en favor de la beneficiaria Mirian Tapia Avendaño, por concepto de asistencia familiar, dentro del proceso de asistencia familiar en el Juzgado Público de Familia Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca (fs. 2 y 3). II.3. Cursa Impresión a color de imágenes y del titular de diferentes medios de comunicación virtual que refieren la ejecución de una resolución judicial de aprehensión contra un “novio” por incumplimiento con el pago de asistencia familiar (fs. 4 a 8) y un Disco Compacto (CD) con la grabación de lo sucedido (fs. 10).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la imagen, integridad y honor; puesto que, a la conclusión de su matrimonio religioso, de manera inesperada el ahora accionado, procedió a filmar la mala ejecución de un mandamiento de apremio a cargo de la Policía Boliviana, pese a la solicitud realizada por quienes se encontraban en la iglesia, pidiéndole que se retire del lugar; sin embargo, procedió a transmitir la grabación desde la oficina del Canal TVA y vía internet, generando que varios medios y personas lo compartieran y difundieran como Tik Tok, Reels y en el canal de You tube, situación que causó daño, tanto al accionante, su familia y cónyuge quien desempeña funciones como Profesora de Educación Física en distintas Unidades Educativas. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Naturaleza jurídica y alcances de la acción de protección de privacidad

De acuerdo con lo previsto por el art. 130 de la CPE, la acción de protección de privacidad, es una garantía constitucional jurisdiccional que permite que:

“I. Toda personal individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación, podrá interponer la Acción de Protección de Privacidad.

II. La Acción de Protección de Privacidad no procederá para levantar el secreto en materia de prensa” (las negrillas son nuestras).

Por su parte el art. 58 del CPCo, indica que la finalidad de esta acción de defensa es: “…garantizar el derecho de toda persona a conocer sus datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, que se encuentre en archivos o bancos de datos públicos o privados; y a objetar u obtener la eliminación o rectificación de éstos cuando contengan errores o afecten a su derecho a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación” (las negrillas nos pertenecen).

La SCP 0524/2018-S2 de 14 de septiembre, señaló que: En el marco de las disposiciones constitucional y procesal glosadas precedentemente, resulta claro que la acción de protección de privacidad, constituye un medio procesal constitucional de defensa efectiva, inmediata y oportuna del derecho a la autodeterminación informativa, en los supuestos en que sea transgredido por acciones u omisiones ilegales o indebidas, por cuanto: ‘“deriva de la faceta positiva del derecho fundamental a la privacidad o intimidad; es decir, esa faceta que consiste en la capacidad o potestad que tiene toda persona de conocer cuánta información sobre su vida íntima o privada se ha recogido, almacenado y distribuido a través de soportes informáticos, con qué finalidad y a quiénes se ha distribuido; por ello, la doctrina constitucional señala que, el derecho a la autodeterminación informativa es la potestad o facultad que tiene toda persona de disponer de la información o de los datos personales concernientes a su personalidad, de preservar la propia identidad informática, o lo que es igual, de consentir, controlar y, en su caso, rectificar los datos informáticos concernientes a su personalidad. Ahora bien, es esa faceta que protege la Acción de Protección de Privacidad; por ello mencionamos en el concepto que éste proceso constitucional protege el derecho a la autodeterminación informativa”.

En ese sentido, por intermedio de esta acción de defensa, toda persona natural o jurídica, puede acudir a la jurisdicción constitucional, para solicitar protección y tutela, efectiva e idónea, respecto al manejo o uso ilegal o indebido de información o datos personales generados, registrados o almacenados en bancos de datos públicos y privados, que son distribuidos a través de medios o soportes informáticos; cuando éstos contengan errores o afecten sus derechos a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a la propia imagen, honra y reputación de la persona que se considera agraviada.

En ese orden: ‘La Acción de Protección de Privacidad es una garantía constitucional jurisdiccional que restituye o restablece de manera inmediata el derecho que tiene toda persona a verificar qué información o datos fueron obtenidos, o almacenados sobre ella; cuáles de ellos se difunden y con qué objeto, de manera que se corrijan o aclaren las informaciones o datos inexactos; impedir que se difundan y, en su caso, se eliminen si se trata de datos o informaciones sensibles, cuya difusión podría lesionar el derecho a la honra, la buena imagen o el buen nombre de la persona o de su familia. La protección el derecho a la autodeterminación informativa se activa en todos aquellos casos en los que los encargados de los bancos de datos públicos o privados vulneran el derecho al asumir la conducta ilegal o indebida de no permitir el acceso al banco de datos, la rectificación, corrección, eliminación o mantenimiento en confidencialidad de los datos privados recogidos o almacenados.

De lo referido se puede concluir que la Acción de Protección de Privacidad es una vía procesal de protección de los datos personales, aquellos que forman parte del núcleo esencial del derecho a la privacidad o intimidad de una persona, frente a la obtención, almacenamiento y distribución ilegal, indebida o inadecuada por entidades u organizaciones públicas o privadas. Esta garantía constitucional otorga a toda persona, sea natural o jurídica la potestad y facultad de acudir a la jurisdicción constitucional para demandar a los bancos de datos y archivos de entidades públicas y privadas con el fin de que le permitan el conocimiento, la actualización, la rectificación o supresión de las informaciones o datos referidos a ella, que hubiesen obtenido, almacenado y distribuido dichos bancos de datos”’ (las negrillas nos corresponden).

La SCP 1300/2012 de 19 de septiembre, que reiteró el entendimiento asumido en las SSCC 0965/2004-R de 23 de junio y 1738/2010-R de 25 de octubre, respecto al recurso de hábeas data, hoy acción protección de privacidad, señaló que abarca los siguientes ámbitos:

«1. Conocer la información o “registro de datos personales obtenidos y almacenados en un banco de datos de la entidad pública o privada, para conocer qué es lo que se dice respecto a la persona que plantea el hábeas data, de manera que pueda verificar si la información y los datos obtenidos y almacenados son los correctos y verídicos; si no afectan las áreas calificadas como sensibles para su honor, la honra y la buena imagen personal”; asimismo, conocer los fines y objetivo de la obtención y almacenamiento; es decir, qué uso le darán a esa información.

2. Actualizar los datos existentes, este es “el derecho a la actualización de la información o los datos personales registrados en el banco de datos, añadiendo los datos omitidos o actualizando los datos atrasados; con la finalidad de evitar el uso o distribución de una información inadecuada, incorrecta o imprecisa que podría ocasionar graves daños y perjuicios a la persona”.

3. Modificar o corregir la información existente en el banco de datos, cuando son incorrectos o ajenos a la verdad, en otros términos es el derecho corrección o modificación de la información o los datos personales inexactos registrados en el banco de datos público o privado, tiene la finalidad de eliminar los datos falsos que contiene la información, los datos que no se ajustan de manera alguna a la verdad, cuyo uso podría ocasionar graves daños y perjuicios a la persona.

4. Preservar la confidencialidad de la información que si bien es correcta y obtenida legalmente, no se la puede otorgar en forma indiscriminada; esta acción se funda en el derecho a la confidencialidad de cierta información legalmente obtenida, pero que no debería trascender a terceros porque su difusión podría causar daños y perjuicios a la persona.

5. Excluir la información sensible, es decir, aquella información que sólo importa al titular, como las ideas políticas, religiosas, orientación sexual, enfermedades, etc.; así la citada Sentencia Constitucional señaló que es el “Derecho de exclusión de la llamada ‘información sensible’ relacionada al ámbito de la intimidad de la persona, es decir, aquellos datos mediante los cuales se pueden determinar aspectos considerados básicos dentro del desarrollo de la personalidad, tales como las ideas religiosas, políticas o gremiales, comportamiento sexual; información que potencialmente podría generar discriminación o que podría romper la privacidad del registrado”» (las negrillas son nuestras).

A efecto que esta garantía constitucional proceda de acuerdo con la SCP 1445/2013 de 19 de agosto, deben concurrir ineludiblemente, dos presupuestos esenciales: “a) La existencia de un banco de datos, que puede ser público o privado, físico, electrónico, magnético, informático, que tengan como finalidad proveer informes. Así, la SC 0965/2004-R, señaló: ‘…la acción del hábeas data… es una modalidad de amparo que permite a toda persona interesada acceder al conocimiento de los datos que consten en registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes, y a exigir su supresión, rectificación, confidencialidad o actualización, en caso de falsedad o discriminación’.

b) Que ese banco de datos contenga información vinculada a los derechos protegidos por la acción de protección de privacidad” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Del principio de subsidiariedad en la acción de protección de privacidad

De acuerdo al art. 131 de la CPE, la acción de protección de privacidad sigue el mismo procedimiento previsto para la acción de amparo constitucional, adoptando para su configuración procesal el carácter subsidiario de aquella, debiendo considerarse la excepción establecida en el art. 61 del CPCo, que refiere: “La Acción de Protección de Privacidad podrá interponerse de forma directa, sin necesidad de reclamo administrativo previo, por la inminencia de la violación del derecho tutelado y la acción tenga un sentido eminentemente cautelar”; en ese sentido, la SCP 1445/2013 de 19 de agosto, señaló que previo acudir a la jurisdicción constitucional, se debe: “…reclamar ante la entidad pública o privada encargada del resguardo y administración de la información, la entrega, actualización, rectificación o supresión de la información o datos falsos, incorrectos o que induce a discriminaciones; y en caso de no obtener una respuesta positiva favorable a su petitorio, y por ende, la reparación de sus derechos, entonces recién quedará expedita la vía constitucional; sin embargo, de acuerdo al texto contenido en el precitado art. 61 del CPCo, podrá hacerse abstracción de la aplicación del principio de subsidiariedad, en virtud a lo cual, no se exigirá el reclamo administrativo previo, por la inminencia de la violación del derecho tutelado y la acción tenga un sentido eminentemente cautelar.

No se debe perder de vista que para que sea viable la excepción alegada, se deben cumplir de manera simultánea ambos requisitos, dado que se encuentran unidos por la conjunción copulativa ‘y’, que denota el vínculo o nexo entre ambas, e implica que deben darse a la vez, es decir, se evidencia la inminencia de la violación al derecho a la autotutela informativa, lo que se traduce en que exista una extrema proximidad de una lesión o vulneración, y el mecanismo de defensa, pretenda evitar daños y perjuicio irreparables, como una medida preventiva” (las negrillas son nuestras).

III.3. De la legitimación pasiva en la acción de protección de privacidad

El art. 60 del CPCo sobre la legitimación pasiva prevé que:

“I. La Acción de Protección de Privacidad podrá ser interpuesta contra:

1. Toda persona natural o jurídica responsable de los archivos o bancos de datos públicos o privados donde se pueda encontrar la información correspondiente. 2. Toda persona natural o jurídica que pueda tener en su poder datos o documentos de cualquier naturaleza, que puedan afectar al derecho o la intimidad y privacidad personal, familiar o a la propia imagen, honra y reputación.

II. En ambos casos, tendrá legitimación pasiva la persona natural o jurídica, pública o privada, que compile datos personales en un registro, que independientemente de tener o no una finalidad comercial, esté destinado a producir informes, aunque no los circule o difunda” (las negrillas nos corresponden).

La SCP 1010/2015-S2 de 14 de octubre, sobre ese aspecto refirió que: “Con la finalidad de establecer la legitimación pasiva en la acción de protección de privacidad, es menester recalcar que la misma configura una acción tutelar establecida para la protección del derecho a la autodeterminación informativa; en efecto, busca objetar u obtener la eliminación y rectificación de los registros en los diferentes bancos de datos públicos o privadas, ya sean físicos, electrónicos, magnéticos e informáticos.

Entonces, establecida la precisión anterior, la legitimación pasiva en la acción de protección de privacidad, recae en la persona natural o jurídica propietaria o responsable de la obtención y administración de los datos o registros contemplados en los bancos de datos. Al respecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1978/2011-R de 7 de diciembre, precisó lo siguiente: ‘…la legitimación pasiva corresponderá en las entidades públicas o privadas (y sus representantes) que hayan obtenido y tengan registrados tales datos e informaciones, sobre cuyo contenido, los accionantes tengan el interés de conocer, aclarar, rectificar, modificar o eliminar, y que no haya obtenido la respuesta favorable por la citada entidad para lograr tales extremos.

Tenemos entonces que la legitimación pasiva recae precisamente sobre los bancos de datos (sean públicos o privados), que consisten en centros de acopio e intercambio de información, o de documentación, destinados a rubros específicos y a la prestación de determinados servicios (bancarios; policiales; comunicacionales; servicios web; compra y venta de distintos bienes; agencias matrimoniales; etc.), que estén expresamente destinados a brindar información a terceros’” (las negrillas son nuestras).

III.4. Los derechos a la imagen y honor tutelados por la acción de protección de privacidad

La SCP 0819/2015-S3 de 10 de agosto, señaló que: “Es indudable que hoy en día el uso de internet se encuentra presente en casi todos los aspectos de las relaciones y actividades sociales, así, cabe destacar la proliferación de instrumentos de recopilación de datos tanto por entidades públicas como privadas, lo que implica que muchas veces una persona no conozca a plenitud los fines, alcances y distribución de su información personal; así y en virtud a esa realidad, cabe referirse al uso indebido de esa información, a la eventual invasión a la esfera privada de la intimidad de las personas y al deber del Estado de garantizar que el indicado ámbito no sea una ventana más de vulneración de derechos fundamentales, pues así lo entendió el constituyente que en el art. 21 de la CPE, estableció los derechos de: ‘Las bolivianas y los bolivianos (…) 2. A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad’.

De ahí, es innegable reconocer que mediante los avances y herramientas tecnológicas, que cada vez son más frecuentes, los actos que vulneran derechos fundamentales como los de privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad también se incrementan en distintas esferas; en ese sentido, el deber del Estado de garantizar la protección y vigencia de tales derechos implica que éste organice toda la estructura que en general manifieste el ejercicio del poder público, para asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos; en ese entendido, la garantía de respeto a los derechos referidos anteriormente se plasmará en el deber del Estado de adoptar medidas de prevención y protección de las relaciones de particulares entre sí, contra aquellos bancos de datos que puedan sobrepasar el límite de la privacidad en la persona natural y afectar a todos los derechos establecidos por el art. 21.2 de la CPE”.

La SCP 0819/2015-S3 en su Fundamento Jurídico III.3., sobre los derechos a la imagen y honor tutelados por la acción de protección de privacidad estableció:

“b) Derecho a la propia imagen y dignidad

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su art. 11 refiere que: ‘1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad; 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación; 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques’; en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos trata el derecho a la honra y dignidad como aspectos con interconexión directa con los derechos a la privacidad e intimidad, es así como lo desarrolló en el caso de los hermanos Gómez Paquiyauri Vs Perú: ‘En lo que respecta al artículo 11 de la Convención, está probado que las presuntas víctimas fueron tratadas como 'terroristas', sometiéndolas a ellas y a su familia al odio, desprecio público, persecución y a la discriminación, por lo cual se ha conformado una violación del artículo 11 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los miembros de la familia mencionados en los párrafos 67.t y 67.u de la presente Sentencia’.

En el caso concreto se evidenció que en las plataformas de las páginas webs referidas (Conclusiones II.3. y II.4.) y a raíz de la publicación de datos sensibles inherentes a la vida sexual de la accionante se vertieron todo tipo de comentarios, de índole sexual, siendo violentos y denigrantes no solo contra la accionante, sino también contra su familia y a su condición de mujer, demostrando además una violencia psicológica ejercida a la accionante y a su entorno, vulnerando así su derecho a la dignidad como persona inherente además al uso que ella puede hacer de su imagen personal.

En ese entendido igualmente cabe hacer referencia al art. 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que evoca a la protección a la familia, puesto que la vulneración a la honra de la accionante, también significó un ataque a la familia de la misma (…), en ese sentido debe considerarse incluso que la tutela viene a proteger derechos inherentes a la familia por haberse demostrado, que la accionante cuenta con una familia en la cual existe un niño, por lo que todo tipo de comentario ofensivo del que ella no pueda tener un control, involucra un atentado contra su núcleo familiar.

c) El derecho a la autodeterminación informática

La protección de datos personales se concreta jurídicamente a través de la acción de protección de privacidad, en ese sentido, cabe referirnos al derecho de autodeterminación informática como la prerrogativa que toda persona posee frente a cualquier entidad pública o privada, por la cual nadie debe introducirse, sin autorización expresa (de él mismo o por mandato de la ley), en aspectos que no sean públicos y se refieran a su vida personal y familiar, para que pueda procesarlos y/o difundirlos como vea conveniente, independientemente de la existencia o no de daño alguno.

En ese entendido, la autodeterminación informática constituye la dimensión positiva del ejercicio del derecho fundamental a la intimidad y la privacidad, es decir que dicha dimensión positiva implica el derecho que tiene la persona de acceder a los bancos de datos públicos y privados con el fin de tener conocimiento de cuanta información se ha almacenado, hacia donde fluyó la información o datos de la misma y para que fines, por lo que, sin una autorización expresa, tan solo el titular de ese derecho tiene la potestad de disponer la información concerniente a sus datos de carácter personal, de preservar la propia identidad informática, o lo que es igual, de consentir, controlar, o incluso el de rectificar los datos informáticos de carácter personal ” (las negrillas son nuestras).

En cuando al derecho a la honra y reputación, la SCP 0071/2019-S2 de 3 de abril estableció que: «El Diccionario de la Real Academia Española, define a la honra como la “Estima y respeto de la dignidad propia” y la “Buena opinión y fama adquiridas por la virtud y el mérito”. De lo que se puede inferir que la honra es el respeto y la estima con el que cada persona debe ser tratada en virtud y consideración de las acciones que realiza. La jurisprudencia constitucional establece que no se puede considerar vulnerada la honra cuando uno mismo “…ha impuesto el desvalor a sus conductas y ha perturbado su imagen ante la colectividad”.

Respecto al derecho a la honra la SC 0686/2004-R de 6 de mayo, dispuso que: “Según la doctrina del Derecho Constitucional el derecho a la honra, es la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida y tratada por los demás miembros de la colectividad que le conocen; es el derecho que tiene toda persona a que el Estado y las demás personas reconozcan y respeten la trascendencia social de su honor. Es un derecho que se gana de acuerdo a las acciones realizadas por cada persona, de manera que en virtud de ellas pueda gozar del respeto y admiración de la colectividad como consecuencia de su conducta correcta e intachable acorde con valores de la ética y la moral, o, por el contrario, carezca de tal imagen y prestigio, en razón a su indebido comportamiento social; cabe advertir que la honra, se constituye en una valoración externa de la manera como cada persona proyecta y presenta su imagen; de manera que las actuaciones buenas o malas, son el termómetro positivo o negativo que la persona irradia para que la comunidad se forme un criterio objetivo respecto de la honorabilidad de cada ser; pues las buenas acciones acrecientan la honra, las malas decrecen su valoración. En este último caso se entiende que no se puede considerar vulnerado el derecho a la honra de una persona, cuando es ella misma quien ha impuesto el desvalor a sus conductas y ha perturbado su imagen ante la colectividad”.

La Corte Constitucional de Colombia en su Sentencia T-412/1992 de 17 de junio, al referirse al derecho a la honra estableció que: “El concepto de honra se debe construir desde puntos de vista valorativos y, en consecuencia, con relación a la dignidad de la persona. Desde dicha perspectiva la honra es un derecho de la esfera personal y se expresa en la pretensión de respeto que corresponde a cada persona como consecuencia del reconocimiento de su dignidad’.

El mismo fallo constitucional, hizo una diferenciación entre el honor y la honra, disponiendo que: “…la honra o reputación es externa, llega desde afuera, como ponderación o criterio que los demás tienen de uno, con independencia de que realmente se tenga o no honor; uno es el concepto interno -el sentimiento interno del honor-, y otro el concepto objetivo externo que se tiene de nosotros -honra-. Es de advertir que el derecho fundamental a la honra es de aplicación inmediata, por lo tanto no requiere para su aplicación la mediación de otra norma jurídica”.

Por otro lado, el Diccionario de la Real Academia Española define a la reputación como la “Opinión o consideración en que se tiene a alguien o algo” y el “Prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo”; de lo cual la reputación se constituye en la opinión positiva que se tiene sobre una persona o cosa y sus cualidades.

Al respecto, la SCP 0426/2015-S3 de 20 de abril, estableció que: “El derecho a la reputación, fue acuñado por la jurisprudencia comparada como el derecho al buen nombre. Este derecho, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional de Colombia, ‘…alude al concepto que del individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación con su comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y profesionales, antecedentes y ejecutorias. Representa uno de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social de la persona y constituye factor indispensable de la dignidad que a cada uno debe ser reconocida’ (Sentencia T-228/94 aprobada por acta de 10 de mayo de 1994, Magistrado Ponente, José Gregorio Hernández Galindo)”.

De lo expuesto se tiene que la honra y reputación, si bien son derechos inherentes de la persona, que conforme al Código Civil acompañan al individuo por el resto de su vida desde su nacimiento; su reconocimiento está vinculado a valoraciones externas conforme a la conducta y acciones que uno realice; así el derecho al respeto con el que uno exige ser tratado, pasa por tener un debido comportamiento social acorde a los valores de la ética y moral; por otro lado la opinión positiva sobre las cualidades de un determinado individuo, también se forma a partir de su buen comportamiento, su honestidad y decoro. Ambos constituyen derechos de toda persona a no sufrir ataques contra a sus valores, virtudes y cualidades socialmente reconocidas» (las negrillas nos corresponden).

III.5. Sobre el derecho a la integridad

Con relación al derecho a la integridad, el art. 15.I de la CPE dejó establecido que: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual” (las negrillas nos pertenecen); señalando por su parte el art. 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) o Pacto de San José de Costa Rica, respecto al derecho a la integridad personal que: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral” (las negrillas nos corresponden), de lo que se entiende que este derecho comprende justamente esos tres aspectos: 1) El físico, referido a la conservación de la anatomía del cuerpo humano, sus funciones corporales como ser las fisiológicas y psicológicas de los sistemas corporales, tales como la respiración, visión, movimiento, atención, pensamiento y otras; 2) El psíquico, se relaciona con la preservación total de la psiquis o funciones mentales de una persona; y, 3) El moral, se refiere a la capacidad y autonomía de un ser humano para mantener, cambiar o desarrollar sus propios valores personales.

En consecuencia, el respeto y garantía al derecho a la integridad física, psíquica y moral, resulta ser inherente a todas las personas, inviolable ya que ni el Estado ni particulares pueden vulnerarlo e inalienable, al no poder renunciar ni negarlo bajo circunstancia alguna; es decir, el derecho a la integridad implica un conjunto de condiciones que permiten a una persona llevar una vida plena, el reconocimiento de la dignidad inherente al ser humano y, por lo tanto, de la preservación física, psíquica y moral de toda persona, traduciéndose en el derecho a no ser víctima de ningún dolor o sufrimiento físico, psicológico o moral.

III.6. Análisis del caso concreto

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la imagen, integridad y honor; puesto que, a la conclusión de su matrimonio religioso, de manera inesperada el ahora accionado, procedió a filmar la mala ejecución de un mandamiento de apremio a cargo de la Policía Boliviana, pese a la solicitud realizada por quienes se encontraban en la iglesia, pidiéndole que se retire del lugar; sin embargo, procedió a transmitir la grabación desde la oficina del Canal TVA y vía internet, generando que varios medios y personas lo compartieran y difundieran como Tik Tok, Reels y en el canal de You tube, situación que causó daño, tanto al accionante, su familia y cónyuge quien desempeña funciones como Profesora de Educación Física en distintas Unidades Educativas. Antes de ingresar al análisis del caso en concreto, resulta necesario indicar con fines didácticos que la aplicación Facebook, creada el 2004 tiene más de dos mil millones de usuarios activos, al ser una red social gratuita a través de la que todo el mundo puede acceder a los contenidos y a lo que se publica, al permitir subir fotos, videos, publicaciones, notas, eventos, ofertas, enlazarse a aplicaciones externas -You tube/Instagram- o realizar transmisiones en vivo, constituyendo una herramienta perfecta para localizar personas conocidas, interactuar con ellas, participar en grupos que discuten temas de interés, compartir contenido -imágenes, texto, vídeo-, enviar y recibir mensajes, hacer contactos, realizar búsquedas, hacer anuncios, dar a conocer la imagen de una marca y gestionarla vía online, constituyendo un canal de comunicación con clientes o potenciales consumidores; estableciéndose que los problemas que científicamente origina se relacionan con la ansiedad, depresión, acoso, incitación al suicidio, el ciberacoso, la delincuencia, celos y una sobrecarga de información, entre otros.

Entre los límites y recomendaciones para el uso adecuado de esa red social, algunas páginas refieren que existen diez temas que no deberían ser publicados como ser: i) Posts que puedan ofender a las personas, con contenido sexista, racista, religioso o contenido gráfico explícito; ii) Contenidos de otros presentados como propios, infringiendo derechos de autor; iii) Información financiera, desde datos confidenciales como cuentas bancarias o números de tarjetas de crédito, proyecciones financieras; iv) Agenda de viajes y ubicación precisa, fechas y destinos de próximos viajes por motivos de trabajo o personales; ya que, puede ser usada para causar daño, cometer robos u otros actos, constituyendo un riesgo no tener control sobre quién verá esos datos; v) Demasiada información personal, la cual puede ser compartida; empero, con discreción y solo respecto de algunas actividades personales; vi) Enlaces a sitios poco seguros; puesto que, cualquier persona puede ser engañada por un link que usa títulos y enlaces engañosos; vii) Links sin ninguna presentación, actitud poco cordial que desperdicie la oportunidad de sugerir la lectura de un tema favorable; viii) Contenidos promocionales en exceso, al ser un espacio de recreación e interacción donde los usuarios buscan informarse y distenderse; ix) Fotos de niños etiquetadas con sus nombres, ubicación geográfica, nombre de la escuela a la que asisten, para preservar su integridad de actuaciones peligrosas; y, x) Opiniones políticas o religiosas intolerantes; ya que, las personas deben sentirse bienvenidas con todas sus ideas, más aun si no se las comparte.

El avance de las nuevas tecnologías relacionadas con internet y las redes sociales configuraron un espacio virtual con relaciones interpersonales cada vez más complejas y dinámicas, abriendo canales de comunicación interactiva con base en nuevos y potenciales instrumentos cuyo uso, de ser negativo, podría ser amplificado exponencialmente debido a la facilidad para la rápida propagación de datos -viralización-, pudiendo afectar de forma inminente y materialmente irreparable los derechos a la privacidad, a la intimidad, a la honra, al honor, a la propia imagen y a la dignidad de las personas que son tutelables vía acción de protección de privacidad. Así ya razonó esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 1154/2022-S3 de 5 de septiembre.

Por otra parte, a efecto de resolver la problemática expuesta, es necesario precisar que se entiende por Tik Tok, Reels y canal de You tube, términos empleados por los accionantes al momento de formular esta acción tutelar; ya que, conforme manifestaron, a través de ellos, varios medios y personas compartieron y difundieron la grabación transmitida por “TVA” y vía internet por el ahora accionado.

- TikTok, es una plataforma o aplicación de video de formato corto que ofrece edición, efectos y sonidos dentro de la aplicación para que los usuarios desarrollen memes -imagen, video o texto, por lo general distorsionado con fines caricaturescos, que se difunde principalmente a través de internet- llenos de imaginación y contenido creativo, constituyendo su principal característica crear, editar y subir vídeos propios o de terceros con una duración máxima de un minuto a los que se les incluyen fondos musicales o sonidos.

- Reels, es una herramienta propia de la plataforma social Instagram que permite a los usuarios crear videos cortos, contiene funciones de grabación y edición, así como efectos, stickers, audio, música, entre otras más. La duración de ese tipo de contenido puede llegar hasta los noventa segundos, constituyendo una alternativa a Tik Tok y otros servicios para compartir microvideos.

- You Tube, es un sitio web para compartir de manera fácil videos, muy popular y gratuito, que permite a los usuarios registrados subir y compartir clips de videos en línea, sin que sea obligatorio registrarse para ver dichos videos en cualquier dispositivo, desde televisiones hasta móviles. Los comentarios, las publicaciones y otras funciones de You Tube permiten a los usuarios interactuar entre ellos y con sus creadores favoritos. Sobre la vulneración de los derechos a la intimidad y honor

Ingresando al análisis del presente caso, en atención al Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, corresponde abstraer a los accionantes de la exigencia de cumplir con el principio de subsidiariedad, a la que se refirió el hoy accionado quien refirió su inobservancia al no haber considerado lo establecido por el art. 62 de la Ley de Imprenta con la finalidad de ejercer su derecho a la réplica o corrección; no obstante, dicha norma legal no es aplicable al caso considerando que los accionantes denunciaron: “…llegó a nuestro acto de matrimonio en lo religioso y empezó a filmar con su equipo de Televisión la mala ejecución de una orden de detención en contra de Daniel Martínez justamente cuando ya habíamos contraído matrimonio por lo religioso, esta persona a pesar de habérsele dicho que era una acto privado llegó a sabiendas que se iba efectuar la aprensión ya mencionada toda vez que estuvo durante todo el acto y solo se limitó a filmar el mal accionar de la policía y los testigos que estuvieron presentes le pidieron que se retire sin embargo no hizo caso más al contrario al llegar a las oficinas del canal de Andalucía TVA empezó a transmitir dicha grabación de forma directa y también vía internet video en formato digital (…) ocasionó que varios medios y personas lo compartieran incluso en tik tok lo cual aún sigue causando daños a la imagen, integridad, honor a toda nuestra familia…” (sic [fs. 20 vta.]), los cuales son objeto de protección a través de esta acción tutelar; por el contrario los derechos a la comunicación e información, a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa están bajo la protección y regulación del art. 106 de la CPE y la Ley de Imprenta que refiere de la conformación de un Tribunal para su consideración, análisis y procesamiento, aclaración con la que se ingresará a verificar si concurren o no las condiciones para dar curso a la acción de protección de privacidad.

Ahora bien, de la revisión de antecedentes que cursan en obrados, se evidencia la existencia de impresiones a color de imágenes de diferentes medios de comunicación virtual (Conclusión II.3.), con un común denominador en los titulares, como ser:

a) Todos Noticias Tarija TNT: “NOVIO QUE FUE ARRESTADO DESPUÉS DE SU BODA RELIGIOSA, PASÓ LA NOCHE EN EL PENAL DE MORROS BLANCOS POR MANDAMIENTO DE APREMIO POR ASISTENCIA FAMILIAR”.

b) SEO TV Noticias: “NOVIO FUE APREHENDIDO AL FINALIZAR SU BODA EN LA IGLESIA (…) El hecho sucedió en una iglesia de la ciudad de Tarija” (sic).

c) Televisión Andalucía TVA: “REVISTA.. UN HOMBRE FUE APREHENDIDO DURANTE SU MATRIMONIO ACUSADO DE ASISTENCIA FAMILIAR”.

d) Hola Bolivia - Canal de Noticias: #Tarija Novio es aprehendido en la puerta de la iglesia por la policía. Después de varias horas se ejecutó una resolución judicial por incumplimiento de asistencia familiar, una patrulla trasladó a los recién casados”.

e) Correo del Sur: “La Policía ejecutó la orden de aprehensión cuando el hombre salió de la iglesia tras contraer nupcias. En el día de su boda, novio termina aprehendido por no pagar asistencia familiar”.

f) Play Noticias: “APREHENDEN A UN HOMBRE POR ASISTENCIA FAMILIAR A LA SALIDA DE SU CASAMIENTO…”. De igual forma revisado el CD (Conclusión II.3.), se advierte imágenes de los hechos acaecidos en horas de la noche -presuntamente del 21 de abril de 2023, como se indicó en el memorial de esta acción tutelar- transmitido por el medio digital Tarija - WNB y el titular: “APREHENDEN A UN SUJETO EN LA PUERTA DE LA IGLESIA EL DÍA DE SU BODA, POR NO PAGAR ASISTENCIA FAMILIAR”, con el relato -indican- de la persona ahora accionada, quien refiere la intervención de la Policía Boliviana después de la celebración de un matrimonio y la permanencia de los novios en la iglesia, para después de abrir el sacerdote la puerta, proceder los funcionarios policiales a ejecutar la “orden de aprehensión” pese a que supuestamente hubiese hecho la cancelación de la asistencia familiar que adeudaba y su posterior traslado junto a la novia, ante la aprehensión de la que fue objeto.

En ese sentido, de acuerdo con el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, para que una acción de protección de privacidad sea procedente requiere la concurrencia de dos presupuestos: a) La existencia de un banco de datos, que puede ser público o privado, físico, electrónico, magnético, informático, que tenga como finalidad proveer informes; y, b) Que ese banco de datos contenga información vinculada a derechos protegidos por dicha acción como son a la privacidad, intimidad, propia imagen, honra y reputación; no obstante, del examen a las publicaciones efectuadas en la página de internet se pudo advertir la existencia de ese video viralizado tanto en el Tik Tok, Reels y el canal de You tube con los titulares transcritos, sin que en ninguno de ellos se hubiese develado la identidad de los supuestos novios -accionantes-, y específicamente el nombre del novio que incumplió con su obligación de cancelar la asistencia familiar, el monto que adeudaba, a quien debía ser cancelado y el proceso del que emergía el mismo; de igual forma, ninguna de las imágenes son claras, al haber sido obtenidas en horas de la noche y desde una distancia considerable, dificultando la identificación y fisonomía de quienes hoy como accionantes afirman que su derecho a la imagen fue vulnerado entendido por este Tribunal Constitucional Plurinacional como aquel que: “…garantiza el individuo un poder jurídico sobre la información relativa a una persona o a su familia, pudiendo imponer a terceros, sean éstos simples particulares o poderes públicos, su voluntad de no dar a conocer dicha información o prohibiendo su difusión no consentida” (SC 1738/2012-R de 25 de octubre); lo que permite concluir que no es evidente la lesión al señalado derecho, correspondiendo denegar la tutela solicitada.

Por otra parte, respecto de la vulneración de su derecho al honor, entendido como aquella cualidad moral que lleva al correcto cumplimiento del deber y que hace a quien la posee acreedor al respeto de los demás y a la propia estima, el cual se relaciona con el derecho a la honra y debe ser comprendido como “…la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida y tratada por los demás miembros de la colectividad que le conocen, es el derecho que tiene toda persona a que el Estado y las demás personas reconozcan y respeten la trascendencia social de su honor. Es un derecho que se gana de acuerdo a las acciones realizadas por cada persona, de manera que en virtud de ellas pueda gozar del respeto y admiración de la colectividad como consecuencia de su conducta correcta e intachable acorde con valores de la ética y la moral, o, por el contrario, carezca de tal imagen y prestigio, en razón a su indebido comportamiento social; cabe advertir que la honra, se constituye en una valoración externa de la manera como cada persona proyecta y presenta su imagen; de manera que las actuaciones buenas o malas, son el termómetro positivo o negativo que la persona irradia para que la comunidad se forme un criterio objetivo respecto de la honorabilidad de cada ser; pues las buenas acciones acrecientan la honra, las malas decrecen su valoración. En este último caso se entiende que no se puede considerar vulnerado el derecho a la honra de una persona, cuando es ella misma quien ha impuesto el desvalor a sus conductas y ha perturbado su imagen ante la colectividad” (las negrillas nos pertenecen [SC 0686/2004-R de 6 de mayo]); en consecuencia, de ninguna manera se evidencia que las imágenes proyectadas y que fueron compartidas por distintos medios de comunicación y canales virtuales hubiesen afectado el derecho al honor de los accionantes o su familia; puesto que, ninguno de sus integrantes fue identificado y lo que se puede advertir es justamente el relato de un incidente a cargo del ahora accionado, quien pese a indicar que es comunicador social, en desconocimiento de la realidad jurídica y situación se refiere en su nota periodística a la ejecución de una “orden de aprehensión” cuando la inacción de quienes se encuentran obligados por ley al pago de una asistencia familiar mensual, determina que la autoridad jurisdiccional a cargo del proceso pronuncie un mandamiento de apremio (Conclusión II.1.); por lo que, la concesión de la presente acción de defensa también debe ser denegada respecto a dicho derecho.

Con relación a la vulneración del derecho a la integridad

Respecto a ese derecho es necesario precisar conforme lo afirmado en el Fundamento Jurídico III.5. de este fallo constitucional que si bien la integridad es un derecho constitucional establecido por el art. 15.I de la CPE y que el art. 5.1 de la CADH expresa que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; dicho derecho no es objeto de tutela dentro de esta acción de defensa, pues la pretensión de una personal individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados, debe afectar a sus derechos fundamentales a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación; es decir, respecto del mismo no corresponde efectuar análisis alguno, al carecer esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional de competencia para efectuar dentro de la acción de protección de privacidad un examen sobre dicho derecho.

Otras consideraciones

Sobre los argumentos del hoy accionado referidos a que se sorprendió al constituirse en el lugar; ya que, fue convocado por la supuesta denuncia de robo a una iglesia; empero, estaba presente la Policía Boliviana y que ya estando ahí, tomó “…contacto con los familiares y esta como prueba (…) justamente la entrevista con consentimiento, con autorización pero además por parte de los familiares denunciando dicen el mal accionar de la policía, en ningún momento (su) medio que es Hola Bolivia, no es TVA, Hola Bolivia del cual (es) su representante y su gerente además de por supuesto el responsable, pidió autorización para la transmisión, concedieron esa autorización después cambiaron; por lo que, observó en este memorial de opinión…” (sic); resulta preciso aclarar que “…más allá de formalismos, son los hechos y la actitud de la persona supuestamente agraviada la que en definitiva conducen a determinar si hubo acto consentido o no, en ese caso aunque no haya una expresión expresa en ese sentido, tiene el mismo efecto del consentimiento tácito, pero reflejado en actos expresos y libres de sometimiento a los efectos del acto, decisión o resolución que se impugna de ilegal; lo cual resulta un contrasentido, dado que si hay sometimiento voluntario palpable o demostrable, no puede posteriormente tachar de ilegalidad a lo que se ha sometido” (las negrillas son nuestras [SC 0906/2010-R de 10 de agosto]); empero, de la revisión al video generado, no se puede evidenciar la existencia del supuesto consentimiento otorgado por los familiares de los accionantes para grabar esas imágenes, como refiere el ahora accionado con la finalidad de disponer la improcedencia de esta acción tutelar por la existencia de actos consentidos; puesto que, extraña que de ser así, dichos familiares e inclusive los propios novios no hubiesen aclarado o declarado que dicha deuda ya había sido cancelado el 20 y 21 de abril de 2023, tal cual se advierte de los Comprobantes de Depósito Judicial 101010-1-74947 y 101010-9-42450 (Conclusión II.2.). En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución 32/2023 de 25 de mayo, cursante de fs. 39 vta. a 42, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0197_2024-S3.pdf · páginas 1 a 23.

Huella digital del PDF (SHA-256): 0f984f356357e10f4555d24acb69465eb3dc2df7b01043f3fcf453ebc8d9b141

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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