Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de protección de privacidad · Sala Tercera · 24 de abril de 2025
Concede la tutela
La accionante alega la vulneración de sus derechos a la imagen, a la privacidad personal, a la intimidad, al honor, honra y reputación personal o familiar, así como también de su niña, arguyendo que la demandada amenaza con publicar fotografías de su persona en las redes sociales, cuando se encontraba desnuda y en su fuente de trabajo, desconociendo de qué manera las obtuvo, siendo dichas fotos privadas e íntimas con su expareja; asimismo, denunció que la privacidad de su niña también fue vulnerada; ya que, la demandada también envió las referidas fotografías de su persona y fotos de la mencionada niña a los padres de la impetrante de tutela en forma de amenaza; por tal motivo, solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se ordene a Claudia Caroline Rojo Barrero abstenerse de publicar las referidas fotos en las redes sociales de WhatsApp, Facebook, Instagram y Tik Toks o cualquier otro medio de comunicación, a efecto que no se dañe su imagen o reputación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 52/2024 de 12 de marzo, cursante de fs. 115 a 117, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por la citada Sala Constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0299/2025-S3 Sucre, 24 de abril de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de protección de privacidad Expediente: 62584-2024-126-APP Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 52/2024 de 12 de marzo, cursante de fs. 115 a 117, pronunciada dentro de la acción de protección de privacidad interpuesta por Maciel Liliana Vega Montes contra Claudia Caroline Rojo Barrero.
Por memoriales presentados el 20 y 29 de febrero de 2024, cursantes de fs. 17 a 19 y 22 a 23 vta., la accionante expresó lo siguiente:
Es madre soltera de una niña de seis años, y desde hace ocho años se encontraba trabajando como Auxiliar Ejecutiva en la Caja Nacional de Salud (CNS), logrando un prestigio personal y profesional; paralelamente a estos eventos, sostuvo que conoció al médico Idnerdy Cartagena Miashiro, con quien tuvo una relación afectiva, propia de personas adultas por más de cuatro años, quien se encontraba tramitando su proceso de divorcio. Sin embargo, la esposa del mencionado galeno, Claudia Caroline Rojo Barrero -ahora demandada-, al enterarse de dicha relación, empezó a enviarle mensajes vía WhatsApp, de las que tomó “scremshot” como prueba, en la que le amenazaba que la iba a “destrozar en la CNS” y que publicaría fotos de su persona en las redes sociales, donde se encontraba totalmente desnuda; desconociendo, de qué manera la prenombrada obtuvo dichas fotografías, al ser privadas e íntimas de pareja; lo cual, no es ilegal ni inmoral.
Agregó que, no sabe si jaquearon el teléfono de Idnerdy Cartagena Miashiro, con quien terminó dicha relación sentimental, pero la demandada accedió al celular del mencionado y obtuvo fotografías y desde hace unos quince días antes de que presente esta acción tutelar, la demandada logró enviarle las referidas fotos al WhatsApp y Facebook de la accionante como a sus padres, además de fotografías de su hija menor de manera amenazante, causándole daño emocional. Refiere que la presente acción tutelar es bastante amplia respecto a la protección a la privacidad, ya que la misma trata sobre el derecho a la honra y reputación personal y familiar; y en su caso, pide que se determine que la demandada se abstenga de hacer cualquier tipo de publicación en las redes sociales o cualquier medio de comunicación, que dañe su imagen y reputación.
Denunció la lesión de sus derechos a la imagen, a la privacidad personal, a la intimidad, al honor, honra y reputación personal o familiar, citando los art. 21.II y 60 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se ordene a Claudia Caroline Rojo Barrero abstenerse de publicar las referidas fotos en las redes sociales de WhatsApp, Facebook, Instagram, Tik Toks o cualquier otro medio de comunicación, a efecto que no se dañe su imagen o reputación.
Celebrada la audiencia pública virtual el 12 de marzo de 2024, según consta en acta cursante de fs. 108 a 115, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolo, señaló que: a) Los arts. 16, 17 y 18 del Código Civil (CC), establecen que las bolivianas tienen derecho a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad, es así que, acompañaron a la presente acción tutelar pruebas de llamadas de WhatsApp; b) La difusión en las redes sociales de cualquier tipo de información tiene un nivel de incidencia más fuerte que la prensa y la televisión; puesto que, en la época actual tiene un impacto de daño público, moral y social; en tal razón, al haber acudido a este mecanismo de defensa, faculta al Tribunal de garantías darle una determinada valoración, puesto que, demostraron que la demandada publicó fotografías, en las que la ahora impetrante de tutela, se encontraba desnuda; además que, también le envió la imagen de su hija menor, lesionado de esa manera el art. “10” -siendo lo correcto 144.II- del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA); ante estas circunstancias, las autoridades judiciales y administrativas tienen la obligación de resguardar la identidad de las niñas, niños y adolescentes, que se vean involucrados en cualquier tipo de proceso; y, c) La parte demandada observará las pruebas que no fueron obtenidas con orden judicial, procedimiento que tienen características en un proceso ordinario -penal o civil-; empero, la Constitución Política del Estado, protege la intimidad y a la dignidad; asimismo, el CNNA protege y ampara a los menores de edad, cuando se lesiona algún derecho relacionado a la imagen o privacidad.
Claudia Caroline Rojo Barrero, a través de informe escrito presentado el 12 de marzo de 2024, cursante de fs. 61 a 69 vta., y en audiencia de garantías a través de su abogada pidió se deniegue la tutela, indicando que: 1) Se encontraba casada con Idnerdy Cartagena Miashiro -su esposo-; por ello, era madre de una niña de cuatro años y estaba en estado de gestación de seis meses, siendo ambos médicos de profesión; 2) El 5 de julio del 2021, empezó a llegarle mensajes a su persona como a sus familiares -a su progenitora y hermanos- vía WhatsApp, haciendo referencia que su esposo sostenía una relación amorosa extra matrimonial, mensajes que tenían la finalidad de que se divorcie, hecho que no se concretó, porque su esposo pidió disculpas y que como pareja su matrimonio se fortaleció frente a estos hechos; 3) Le pidió a la accionante que ya no le envié mensajes y fotografías, y al no cumplirse ese cometido, se vio en la extrema necesidad de ponerle un freno y conversó con el progenitor de la prenombrada, no como una amenaza, si no como una solicitud de madre a padre para que la dejara en paz; 4) A partir de la citada fecha -se entiende 5 de julio de 2021- la impetrante de tutela empezó de manera constante a acosarla, extorsionarla y amenazarle, mediante llamadas y mensajes de terceras personas, mostrando ser la supuesta pareja de su esposo; 5) El certificado médico de 19 de junio de 2023, dio cuenta que debido a un sangrado transvaginal terminó en un aborto espontáneo, hecho originado por la solicitante de tutela en un evento en el colegio de médicos; por otro lado, pese a que la nombrada sabía de su estado de embarazo que era de riesgo, continuó enviando mensajes y fotografías; 6) Las fotografías desnudas fueron tomadas por la misma peticionante de tutela y enviadas de forma directa al celular de su esposo para presionarlo a continuar con la relación; como esposos, tienen acceso a sus celulares, así tuvo conocimiento de dichas fotografías, sacando una foto al equipo celular; es así que, dichas fotografías no fueron obtenidas de manera ilegal; además, no cuenta con imágenes fotografías en su equipo móvil, dejando en claro que “…esas fotografías jamás fueron subidas a ninguna red social, y tampoco compartidas con terceras personas, únicamente las envié a ella y a su padre…” (sic); 7) Al denunciar una supuesta lesión a derechos de menores, no se argumentó ni fundamento, ninguna transgresión, tampoco se adjuntó prueba material idónea en la acción de protección de privacidad; puesto que, las literales que se acompañó “pudieron” haber sido armadas o manipuladas con la intención de crear una “ficción”; además, dichas pruebas carecen de legalidad; puesto que, en ningún momento existió una publicación en Facebook o red social; al contrario, la accionante reconoció que hubo intercambio de chats privados; 8) Recae falta de legitimación pasiva; puesto que, al ser una persona civil, común y corriente, no tenía acceso a una base de datos informáticos, físicos, electrónicos, magnéticos, tampoco archivos o bancos de datos públicos o privados, incumpliendo lo establecido por el art. 130 de la CPE; y, 9) La parte accionante no demostró un daño inminente e irreparable; pues, tenía la obligación de recurrir ante las instancias “inferiores”; al no haberlo hecho. incumplió con el principio de subsidiariedad -art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo)-.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 52/2024 de 12 de marzo, cursante de fs. 115 a 117, concedió la tutela impetrada, ordenando a la demandada elimine cualquier fotografía intima que tuviera de la accionante y de la niña -hija de la prenombrada-, en caso de no cumplir lo dispuesto, la citada Sala podrá ordenar el secuestro del teléfono celular; decisión que se dio con base en los siguientes fundamentos: i) En aplicación de la SCP 1445/2013 de 19 de agosto, se ingresó a analizar el fondo de la problemática, ello con la finalidad de reparar los derechos alegados de lesionados por la inminente lesión y por ende en un sentido eminentemente cautelar; ii) De la prueba presentada en esta acción tutelar, un hecho que no fue controvertido ni negado por la parte demandada, es el número del teléfono celular 75085766; del cual, se hacían ciertas aseveraciones o adjetivos hacia la <accionante, así como se incluyeron fotografías intimas de la nombrada, como también de una niña; por ende, existió convicción de que el teléfono celular le pertenecería a la demandada -Claudia Caroline Rojo Barrero-; iii) A través del aparato celular, se han enviado mensajes y fotografías, las cuales han sido reconocidas por la prenombrada; no obstante, habrían sido borrados, a pesar de ello, son fotografías íntimas desnudas de la solicitante de tutela, así como también de una niña, este Tribunal no puede soslayar ese aspecto, cuando una persona mira u observa una fotografía desnuda no debe enviar a terceras personas; es decir, cuando la demandada tuvo acceso a las fotografías no tenía por qué volver a mandarlas a la solicitante de tutela; iv) Se denunció el derecho a la intimidad, el cual contiene sinónimo de una persona que se encuentra desnuda, circunstancia demostrada en la presente acción tutelar, nadie puede “contrariar” de que esas fotografías vulneran la propia intimidad, tampoco se puede ir en contra de la dignidad de una persona, porque es un ser humano que requiere protección por parte del Estado, las y los bolivianos tienen derechos a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad -art. 21 de la CPE-; v) Estamos frente a una acción de defensa que es eminentemente cautelar; ello significa, precautelar el derecho, dicho de otro modo, que no exista un daño mayor, como la distribución de fotografías intimas por las redes sociales; y, vi) Sostener que la demandada no tuviera una base de datos, es contraria a la que mantiene la SCP 0021/2021-S2 de 7 de abril; las redes sociales constituyen un banco de datos, por ello, no pueden tener almacenadas dichas fotografías a no ser que fueran los directamente interesados; en tal razón, es necesario resguardar la intimidad y la privacidad de la accionante.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tienen impresiones de capturas de pantalla con la descripción del número de celular +59175085766, así como el nombre de Claudia Caroline Rojo Barrero -ahora demandada-; en ese orden, se advierten varios textos e imágenes del cuerpo desnuda de la accionante y una niña, haciendo distintas referencias, como las siguientes: a) Allá en el 2021 “…quizás si te hubieras querido y respetado un poquito más, ahorita ya hubieras conocido otra persona que te dé estabilidad que te dé prioridad donde vos seas su mujer! No LA AMANTE LA PUTA LA CHOLA LA OTRA (…) Querete valórate, estúpida malagradecida etc etc, pero sabes que Massiel Liliana Vega Montes ya me cansaste me canse…” (sic); y, b) “…Te pudiera decir más, pero creo que con eso entenderás, imagino sos inteligente, y ahora si todos conocerán a la verdadera Massiel no creo que demoren en pasar tus fotos por redes sociales y la caja nacional sepa el tipo de funcionaria que tiene…” (sic [fs. 6 a 15; 55 y 104]). II.2. Constan impresiones de captura de imágenes consignando a nombre de “Leonel Vega Papá Massiel - domingo 19 de noviembre” y el número de celular +59169030929, bajo esa descripción, se advierten varios textos, videos e imágenes, bajo la siguiente descripción: 1) “Buenos días mi nombre es Claudia Rojo usted es el papá de la Sra massiel Vega montes? Va disculpar meterlo en esta situación, pero yo estoy más que cansada y ya que a mí ni me hace caso espero que usted si sea autoridad para su hija para que deje en paz No sé si está enterado de esta situación que viene sucediendo desde el junio del año 2021 bueno yo me entere desde cuando vienen juntos no lo sé. Estaba en mi trabajo porque la verdad me demanda mucho tiempo el hospital y me llegan las sgtes fotos…” (sic); ante esa situación, la accionante sostuvo que: y, 2) “…Ya basta de tus amenazas (…) no tenes ningún derecho de meter a mi hija en todo esto (…) Te atreviste a mandar a mi padre mis fotos desnudas… No sabes el daño que causaste a mi persona y a mi familia…” (sic [fs. 51 a 52; y, 56]).
La accionante alega la vulneración de sus derechos a la imagen, a la privacidad personal, a la intimidad, al honor, honra y reputación personal o familiar, así como también de su niña, arguyendo que la demandada amenaza con publicar fotografías de su persona en las redes sociales, cuando se encontraba desnuda y en su fuente de trabajo, desconociendo de qué manera las obtuvo, siendo dichas fotos privadas e íntimas con su expareja; asimismo, denunció que la privacidad de su niña también fue vulnerada; ya que, la demandada también envió las referidas fotografías de su persona y fotos de la mencionada niña a los padres de la impetrante de tutela en forma de amenaza; por tal motivo, solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se ordene a Claudia Caroline Rojo Barrero abstenerse de publicar las referidas fotos en las redes sociales de WhatsApp, Facebook, Instagram y Tik Toks o cualquier otro medio de comunicación, a efecto que no se dañe su imagen o reputación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Posteriormente, ya en el marco normativo de la Constitución Política del Estado vigente desde el 2009, la SC 1978/2011-R de 7 de diciembre confirmó el entendimiento relativo al carácter subsidiario de la acción de protección de privacidad, siendo reiterado por la SCP 2175/2012 de 8 de noviembre. Seguidamente la SCP 1445/2013 de 19 de agosto, moduló dicho entendimiento en base a lo previsto en el art. 61 del Código Procesal Constitucional (CPCo), señalando que si bien es cierto, que por regla general la acción de protección de privacidad tiene carácter subsidiario; sin embargo, se puede hacer abstracción de dicho principio y no exigir el reclamo administrativo previo, cuando exista inminente violación del derecho tutelado y la acción tenga un sentido eminentemente cautelar, debiendo para ello, concurrir necesariamente ambos requisitos; tal cual lo señala en el Fundamento Jurídico III.2:
No se debe perder de vista que para que sea viable la excepción alegada, se deben cumplir de manera simultánea ambos requisitos, dado que se encuentran unidos por la conjunción copulativa “y”, que denota el vínculo o nexo entre ambas, e implica que deben darse a la vez, es decir, se evidencia la inminente de la violación al derecho a la autotutela informativa, lo que se traduce en que exista una extrema proximidad de una lesión o vulneración, y el mecanismo de defensa, pretenda evitar daños y perjuicio irreparables, como una medida preventiva. Dicho entendimiento fue reiterado por la SCP 0428/2016-S2 de 5 de mayo.
En síntesis, la acción de protección de privacidad se encuentra regida por el principio de subsidiariedad; en cuya virtud, el accionante previamente debe agotar la vía administrativa de reclamo ante la entidad pública o privada que tenga a su cargo la base de datos; sin embargo, excepcionalmente, es posible su activación directa cuando exista inminente violación del derecho a tutelar y tenga un sentido cautelar” (negrillas añadidas).
Entendimiento jurisprudencial asumido por la SCP 0247/2018-S2 de 12 de junio.
Interamericano de Derechos Humanos y la jurisprudencia constitucional comparada
El diccionario de la Lengua Española define la intimidad como la “Zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia”, por otro lado, la privacidad es definida como el “Ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión”.
La esfera más íntima de la persona humana, reservada para sí misma y en el que se encuentran sus valores morales, creencias religiosas, tendencias sexuales, amorosas, problemas relacionados a su salud, sus comunicaciones privadas, secretos personales y en general todo aquello relacionado a su fuero interno y que solo puede ser objeto de conocimiento de terceros, por propia voluntad del interesado; constituye la esencia y el núcleo de la intimidad personal a la cual tiene derecho toda persona, como una condición necesaria para el desarrollo de su personalidad y el ejercicio pleno de otros derechos.
Dicho esto, la intimidad podrá ser entendida también como, los ámbitos de la vida privada inaccesible para terceras personas, a partir de ello, todo individuo tiene la potestad de resguardar su intimidad de toda intromisión ilegítima, arbitraria y abusiva externa; ya sea en ámbitos donde desarrolla su vida privada o en los que intercambie o fluya información.
Ahora bien, el derecho a la intimidad constituye una facultad que tiene toda persona para que su vida privada y su esfera íntima sea respetada ante injerencias arbitrarias de terceros, así como la potestad de controlar la información que circule en el ámbito público respecto a uno mismo, toda vez que su titular puede pedir su eliminación o rectificación cuando estos datos resulten lesivos y divulguen información que lesione derechos, como los de privacidad, intimidad, honra, reputación y propia imagen. En ese orden, toda persona tiene derecho a que cierta información íntima relacionada a su propio ser, se mantenga en reserva y no pueda ser objeto de intromisiones externas, como es el caso de datos que reflejen sus preferencias íntimas personales, como sexuales, políticas o religiosas, las cuales son de único y exclusivo interés de su titular. El Tribunal Constitucional de España, estableció una definición de la intimidad a través de la STC 231/2018, además de señalar dos vías a través de las cuales el derecho a la intimidad puede ser amenazado; una mediante la intromisión del espacio de privacidad, y la segunda, por intromisiones informativas en los medios de comunicación, la jurisprudencia constitucional española dispuso que el derecho a la intimidad se puede manifestar en dos ámbitos; en el espacial y personal en los que se da el desarrollo personal de su titular; y en el ámbito de los medios de comunicación. Por otro lado, el derecho a la privacidad es la facultad que tiene toda persona a proteger los distintos ámbitos de su vida privada de cualquier interferencia externa; como ser su domicilio, datos personales, de trabajo, y otros; que si bien son datos personalísimos, generalmente no están dentro de la esfera íntima de un individuo; por lo que, lo privado no siempre constituye un elemento que forma parte de la esfera íntima de una persona; y conforme lo establece el art. 21.2 de nuestra Norma Suprema, ambos constituyen derechos autónomos, que no son sinónimos y que tienen un ámbito de aplicación y alcance distinto el uno del otro. En el ámbito interno el derecho a la intimidad y privacidad encuentran protección legal y constitucional, tanto a nivel sustantivo y por medio de garantías jurisdiccionales y/o acciones de defensa, específicamente la establecida en los arts. 130 y 131 de la CPE. Al respeto el art. 21.2 de la Ley Fundamental dispone que las bolivianas y los bolivianos tienen el derecho a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad; por otro lado, el art. 18 del Código Civil (CC) determina que nadie puede perturbar la vida íntima de una persona, que se debe tomar en cuenta su condición, salvando los casos previstos por ley; de lo que se entiende que la ley permite ciertas intromisiones al derecho a la intimidad, siempre y cuando estas sean legítimas no arbitrarias o abusivas o estén expresamente previstas por ley; lo cual claramente se da en situaciones donde se ejecutan mandamientos de allanamiento sobre bienes inmuebles y por orden de autoridad judicial; supuestos en lo que existe una evidente intromisión del derecho a la privacidad de una persona, y en determinados casos y según las circunstancias también al derecho a la intimidad. Por otro lado, la materialización de este derecho conforme nuestro ordenamiento jurídico se hace efectiva mediante la garantía constitucional de la acción de protección de privacidad, reconocida en la Constitución Política del Estado y en el Código Procesal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en relación a los derechos a la intimidad y privacidad, mediante la SC 1738/2010-R de 25 de octubre, estableció algunas diferencias entre los mismos; respecto al primero, señaló que la intimidad es el derecho a poder participar y controlar la información que concierne a cada persona y en relación a la distinción entre la intimidad y la privacidad señala que la primera: …es el conjunto de sentimientos, pensamientos e inclinaciones más internos, como la ideología, religión o creencias, las tendencias personales que afectan a la vida sexual, problemas de salud que deseamos mantener en secreto y otras inclinaciones; mientras que, la privacidad hace referencia al ámbito de la persona formado por su vida familiar, aficiones, bienes particulares y actividades personales. La referida jurisprudencia constitucional, en el Fundamento Jurídico III.2 establece además que: …la acción de protección de privacidad, protege los derechos relativos a la personalidad del individuo como son la intimidad, privacidad personal o familiar, la propia imagen, honra y reputación, contra el manejo de datos o informaciones obtenidas y almacenadas en los bancos de datos públicos o privados, por esta misma razón la doctrina señala que esta acción en realidad protege el derecho a la autodeterminación informática, entendido como la facultad de una persona para conocer, actualizar, rectificar o cancelar la información existente en una base de datos pública o privada, y hubiesen obtenido, almacenado y distribuido.
En ese entendido, el derecho al respeto de la vida privada y otros derechos que son parte esencial de la personalidad del individuo, como ser la propia imagen, reputación y honra, contra ataques e injerencias externas, ilegales, abusivas o arbitrarias, encuentran reconocimiento en instrumentos internacionales de Derechos Humanos que a la luz del art. 410 de la CPE, forman parte del bloque de constitucionalidad; la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) en su art. 12 establece que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o correspondencia ni de ataques a su honra o reputación y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques, de la misma forma; los art. 11 y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, el art. 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), a su vez, tutelan también otros aspectos que son parte de la vida privada de una persona como la familia, el domicilio y la correspondencia. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos estableció que el ámbito de la privacidad “…se caracteriza por quedar exento o inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública”. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Artavia Murillo y otros Vs. Costa Rica, sostuvo que la: “…vida privada engloba aspectos de la identidad física y social, incluyendo el derecho a la autonomía personal, desarrollo personal y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos y con el mundo exterior…”. Por otro lado, en el caso Fontevecchia y D’amico Vs. Argentina, se estableció que “…el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida privada mediante acciones positivas, lo cual puede implicar, en ciertos casos, la adopción de medidas dirigidas a asegurar dicho derecho protegiéndolo de las interferencias de las autoridades públicas, así como también de las personas o instituciones privadas, incluyendo los medios de comunicación”. La misma Corte IDH, sostiene que la protección de la privacidad está vinculado al derecho a la libertad personal, establecida por el art. 7 de la Convención, entendiendo al elemento libertad como “…la capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté lícitamente permitido…”. En el mismo sentido, la Corte IDH mediante el Informe Anual 2013 de la relatoría especial para la libertad de expresión, indicó que el derecho a la privacidad protege al menos cuatro bienes jurídicos que son: a) El derecho a contar con una esfera de cada individuo resistente a las injerencias arbitrarias del Estado o de terceras personas; b) El derecho a gobernarse por reglas propias según el proyecto individual de vida de cada uno; c) El derecho al secreto respecto de lo que se produzca en ese espacio reservado con la consiguiente prohibición de divulgación o circulación de la información capturada, sin consentimiento del titular, en ese espacio de protección reservada a la persona; y, d) El derecho a la propia imagen (las negrillas son nuestras). Línea jurisprudencial, asumida por la SCP 1104/2019-S2 de 18 de diciembre.
Al respecto la Constitución Política del Estado en su art. 21.2, establece que las y los bolivianos tienen derecho “A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad” (negrillas agregadas). Del mismo modo, los arts. 11 y 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) prevén que: Artículo 11 Protección de la Honra y de la Dignidad 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su art. 12 prevé que: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.”; la Declaración Americana de los Derechos del Hombre en su art. V señala: “Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar”; y, de igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su art. 17 establece: Artículo 17 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”. Entendimiento jurisprudencial sostenido por la SCP 0116/2024-S1 de 15 de mayo. “…el derecho a la honra, es la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida y tratada por los demás miembros de la colectividad que le conocen; es el derecho que tiene toda persona a que el Estado y las demás personas reconozcan y respeten la trascendencia social de su honor. Es un derecho que se gana de acuerdo a las acciones realizadas por cada persona, de manera que en virtud de ellas pueda gozar del respeto y admiración de la colectividad como consecuencia de su conducta correcta e intachable acorde con valores de la ética y la moral, o, por el contrario, carezca de tal imagen y prestigio, en razón a su indebido comportamiento social; cabe advertir que la honra, se constituye en una valoración externa de la manera como cada persona proyecta y presenta su imagen; de manera que las actuaciones buenas o malas, son el termómetro positivo o negativo que la persona irradia para que la comunidad se forme un criterio objetivo respecto de la honorabilidad de cada ser; pues las buenas acciones acrecientan la honra, las malas decrecen su valoración. En este último caso se entiende que no se puede considerar vulnerado el derecho a la honra de una persona, cuando es ella misma quien ha impuesto el desvalor a sus conductas y ha perturbado su imagen ante la colectividad”. Precedente constitucional sobre el derecho a la honra o reputación, mediante la SC 0686/2004-R de 6 de mayo. La esfera más íntima de la persona humana, reservada para sí misma y en el que se encuentran sus valores morales, creencias religiosas, tendencias sexuales, amorosas, problemas relacionados a su salud, sus comunicaciones privadas, secretos personales y en general todo aquello relacionado a su fuero interno y que solo puede ser objeto de conocimiento de terceros, por propia voluntad del interesado; constituye la esencia y el núcleo de la intimidad personal a la cual tiene derecho toda persona, como una condición necesaria para el desarrollo de su personalidad y el ejercicio pleno de otros derechos. Dicho esto, la intimidad podrá ser entendida también como, los ámbitos de la vida privada inaccesible para terceras personas, a partir de ello, todo individuo tiene la potestad de resguardar su intimidad de toda intromisión ilegítima, arbitraria y abusiva externa; ya sea en ámbitos donde desarrolla su vida privada o en los que intercambie o fluya información.
Ahora bien, el derecho a la intimidad constituye una facultad que tiene toda persona para que su vida privada y su esfera íntima sea respetada ante injerencias arbitrarias de terceros, así como la potestad de controlar la información que circule en el ámbito público respecto a uno mismo, toda vez que su titular puede pedir su eliminación o rectificación cuando estos datos resulten lesivos y divulguen información que lesione derechos, como los de privacidad, intimidad, honra, reputación y propia imagen. En ese orden, toda persona tiene derecho a que cierta información íntima y relacionada a su propio ser, se mantenga en reserva y no pueda ser objeto de intromisiones externas, como es el caso de datos que reflejen sus preferencias íntimas personales, como sexuales, políticas o religiosas, las cuales son de único y exclusivo interés de su titular. Entendimiento jurisprudencial respecto al derecho a la intimidad, de acuerdo a la SCP 0071/2019-S2 de 3 de abril. Por otro lado, el derecho a la privacidad es la facultad que tiene toda persona a proteger los distintos ámbitos de su vida privada de cualquier interferencia externa; como ser su domicilio, datos personales, de trabajo, y otros; que si bien son datos personalísimos, generalmente no están dentro de la esfera íntima de un individuo, por lo que lo privado no siempre constituye un elemento que forma parte de la esfera íntima de una persona; y conforme lo establece el art. 21.2 de nuestra Norma Suprema, ambos constituyen derechos autónomos, que no son sinónimos y que tienen un ámbito de aplicación y alcance distinto el uno del otro. El derecho a la privacidad fue asumido por la indicada SCP 0071/2019-S2. El derecho a la imagen personal es un derecho de la personalidad, que faculta a la persona para impedir que su apariencia física sea reproducida sin su consentimiento. La necesidad de su protección surge con la fotografía como mecanismo para captar la imagen de una persona sin que ella se percatara de dicha conducta, y sobre todo cuando su destino fuera crear publicidad o algún desprestigio a la persona o su familia”. En dicho marco, el derecho a la propia imagen contiene dos facetas; una positiva, que nos permite difundir, publicar o distribuir nuestra propia imagen, y una negativa, que faculta impedir la obtención, reproducción, difusión y distribución de nuestra imagen por un tercero, sin nuestro consentimiento. La normativa respecto al derecho a la imagen la encontramos en el art.16 del Código Civil (CC), que señala: “Cuando se comercia, pública, exhibe o expone la imagen de una persona lesionando su reputación o decoro, la parte interesada y, en su defecto, su cónyuge, descendientes o ascendientes pueden, salvo los casos justificados por la ley, que el juez haga cesar el hecho lesivo”. Por lo expuesto precedentemente, se concluye que, el derecho a la privacidad es la facultad que tiene toda persona a proteger los distintos ámbitos de su vida privada de cualquier interferencia externa; como ser su domicilio, datos personales, de trabajo, y otros; el derecho a la intimidad es la facultad que tiene toda persona para cierta información íntima y relacionada a su propio ser, se mantenga en reserva y no pueda ser objeto de intromisiones externas, como es el caso de datos que reflejen sus preferencias íntimas personales, como sexuales, políticas o religiosas, las cuales son de único y exclusivo interés de su titular; el derecho a la honra o reputación es un derecho que se gana de acuerdo a las acciones realizadas por cada persona, de manera que en virtud de ellas pueda gozar del respeto y admiración de la colectividad como consecuencia de su conducta correcta e intachable acorde con valores de la ética y la moral, o, por el contrario, carezca de tal imagen y prestigio, en razón a su indebido comportamiento social; y, el derecho a la propia imagen faculta a la persona para impedir que su apariencia física sea reproducida sin su consentimiento. La necesidad de su protección surge con la fotografía como mecanismo para captar la imagen de una persona sin que ella se percatara de dicha conducta, y sobre todo cuando su destino fuera crear publicidad o algún desprestigio a la persona o su familia (las negrillas son nuestras).
Jurisprudencial constitucional en cuanto al derecho a la imagen, la SCP 1141/2022-S2 de 12 de septiembre.
Sin duda el entorno digital está en constante evolución y expansión, siendo precisamente por ello que reviste importancia para la vida de las y los niños ya que si bien facilitan el acceso al conocimiento y difusión de la información; no obstante, ese mundo digital puede transgredir los derechos a la intimidad, privacidad, imagen y reputación; siendo por ello que, con el objeto de garantizar dichos derechos, el Código de la Niña, Niño y Adolescente establece:
Artículo 143. (DERECHO A LA PRIVACIDAD E INTIMIDAD FAMILIAR).
con prioridad por la familia, el Estado en todos sus niveles, la sociedad, y los medios de comunicación.
Artículo 144. (DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA IMAGEN Y DE LA CONFIDENCIALIDAD).
cualquier tipo de proceso y de restringir el acceso a la documentación sobre los mismos, salvo autorización expresa de la autoridad competente.
IV. Las instancias competentes podrán establecer formatos especiales de difusión, de acuerdo a reglamento (negrillas agregadas).
Por su parte, la Convención de los Derechos del Niño en su art. 16 prevé que: “1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. 2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.” (negrillas agregadas).
Ahora bien, el Comité de los Derechos del Niños, a través de la Observación General 25 (2021) relativa a los derechos de los niños en relación con el entorno digital hace referencia al derecho a la privacidad, estableciendo:
67. La privacidad es vital para la autonomía, la dignidad y la seguridad de los niños y para el ejercicio de sus derechos. Los datos personales de los niños se procesan para ofrecerles prestaciones educativas, sanitarias y de otra índole. Las amenazas a la privacidad de los niños pueden provenir de la reunión y el procesamiento de datos por instituciones públicas, empresas y otras organizaciones, así como de actividades delictivas como el robo de la identidad. Esas amenazas también pueden surgir como resultado de las propias actividades de los niños y de las actividades de los miembros de la familia, sus iguales u otras personas, por ejemplo, cuando los padres publican fotografías en línea o una persona desconocida difunde información sobre un niño.
68. Esos datos pueden incluir información sobre la identidad, las actividades, la ubicación, la comunicación, las emociones, la salud y las relaciones de los niños, entre otras cosas. Ciertas combinaciones de datos personales, como los datos biométricos, pueden identificar a un niño de forma determinante. Las prácticas digitales, como el procesamiento automatizado de datos, la elaboración de perfiles, la selección de comportamientos, la verificación obligatoria de la identidad, el filtrado de información y la vigilancia masiva, se están convirtiendo en procedimientos de rutina. Estas prácticas pueden dar lugar a una injerencia arbitraria o ilegal en el derecho de los niños a la privacidad y pueden también tener consecuencias adversas para estos, cuyo efecto podría continuar en etapas posteriores de su vida. 69. La injerencia en la vida privada de un niño solo es admisible si no es arbitraria o ilegal. Por tanto, toda injerencia de este tipo debe estar prevista por la ley, tener una finalidad legítima, respetar el principio de minimización de los datos, ser proporcionada, estar concebida en función del interés superior del niño y no debe entrar en conflicto con las disposiciones, los fines o los objetivos de la Convención.
70. Los Estados partes deben adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para garantizar que la privacidad de los niños sea respetada y protegida por todas las organizaciones y en todos los entornos en que se procesen sus datos. La legislación debe incluir salvaguardias sólidas, transparencia, supervisión independiente y acceso a recursos. Los Estados partes deben exigir la integración de la privacidad desde la fase del diseño en los productos y servicios digitales que afectan a los niños. Deben revisar periódicamente la legislación sobre privacidad y protección de datos y asegurarse de que los procedimientos y las prácticas impidan toda infracción deliberada o violación accidental de la privacidad de los niños. Cuando se estime que el cifrado es un medio apropiado, los Estados partes deben considerar la adopción de medidas adecuadas que permitan detectar y denunciar la explotación y los abusos sexuales de niños o el material que muestre abusos sexuales de niños. Estas medidas deben estar estrictamente limitadas con arreglo a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
(…)
72. Los Estados partes deben garantizar que los niños y sus padres o cuidadores puedan acceder fácilmente a los datos almacenados, rectificar los que sean inexactos u obsoletos y eliminar los datos almacenados de forma ilegal o innecesaria por autoridades públicas, particulares u otras entidades, con sujeción a limitaciones razonables y legales. Deben garantizar asimismo el derecho de los niños a retirar su consentimiento y a oponerse al procesamiento de datos personales cuando la persona encargada de procesarlos no demuestre que existen motivos legítimos e imperiosos para ello. Además, deben proporcionar información a los niños, padres y cuidadores sobre estas cuestiones, en un lenguaje adaptado a los niños y en formatos accesibles.
(…) 74. La legislación y las medidas de protección de la privacidad y los datos no deben limitar arbitrariamente otros derechos de los niños, como su derecho a la libertad de expresión o a la protección. Los Estados partes deben velar por que la legislación sobre protección de datos respete la privacidad y los datos personales de los niños en relación con el entorno digital. Debido a la continua innovación tecnológica, el ámbito del entorno digital se está ampliando para incluir un número cada vez mayor de servicios y productos, como ropa y juguetes. A medida que los entornos en que los niños pasan el tiempo se van “conectando”, mediante el uso de sensores incorporados, conectados a sistemas automatizados, los Estados partes deben asegurarse de que los productos y servicios que contribuyen a crear esos entornos estén sujetos a un estricto régimen de protección de datos y a otras regulaciones y normas en materia de privacidad. Ello incluye los entornos públicos, como calles, escuelas, bibliotecas, lugares de deporte y esparcimiento y locales comerciales, como tiendas y cines, además del hogar. (…) 77. Muchos niños utilizan avatares o seudónimos en línea que protegen su identidad, prácticas que pueden ser importantes para proteger también su privacidad. Los Estados partes deben exigir un enfoque que integre tanto la seguridad como la privacidad desde la fase del diseño en relación con el anonimato, garantizando al mismo tiempo que las prácticas anónimas no se utilicen sistemáticamente para ocultar comportamientos nocivos o ilegales, como la ciberagresión, el discurso de odio o la explotación y los abusos sexuales. Proteger la privacidad del niño en el entorno digital puede ser vital en circunstancias en que los propios padres o cuidadores representen una amenaza para la seguridad de este o estén en conflicto por su cuidado. Estos casos pueden requerir una mayor intervención, así como orientación familiar u otros servicios, a fin de salvaguardar el derecho del niño a la privacidad (negrillas añadidas).
Por lo referido, es evidente que, los derechos a la privacidad, a la intimidad familiar, a la propia imagen de la niña, niño y adolescente se encuentran resguardados por nuestra legislación doméstica (Código Niña, Niño y Adolescente), así como por instrumentos internacionales, los cuales a fin de resguardar los derechos de personalidad del menor establecen -en lo relevante- que: i) Las autoridades judiciales, servidores y servidores públicos tiene la obligación de mantener reserva y resguardar la identidad de la niña, niño y adolescente, que se vea involucrado en cualquier tipo de proceso y restringir el acceso a la documentación sobre los mismos; ii) Cuando se difundan o ser transmitan noticias que involucren a niñas, niños o adolescentes, los medios de comunicación están obligados a preservar su identificación, así como la de su entorno familiar, en los casos que se afectare su imagen o integridad; y, iii) Los Estado deben garantizar que los niños y sus padres o cuidadores puedan acceder fácilmente a los datos almacenados, rectificar los que sean inexactos u obsoletos y eliminar los datos almacenados de forma ilegal o innecesaria por autoridades públicas, particulares u otras entidades, con sujeción a limitaciones razonables y legales.
El precedente constitucional, fue citado por la SCP 0116/2024-S1 de 15 de mayo en su Fundamento Jurídico III.3.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la imagen, a la privacidad personal, a la intimidad, al honor, honra y reputación personal o familiar, así como también de su hija menor, ello debido a que la demandada envió fotografías de su persona y a sus padres cuando se encontraba desnuda, desconociendo de qué manera las obtuvo, siendo dichas fotos privadas e íntimas con su expareja; asimismo, denunció que la privacidad de su hija menor también fue vulnerada ya que la demandada también envió fotografías de su hija menor a los padres de la impetrante de tutela, y la amenazó de publicar las mismas por redes sociales para mancillar su imagen y que le afecte en su trabajo. Con carácter previo a ingresar al presente análisis, cabe referirse a la cuestión de improcedencia sobre el principio de subsidiariedad; al respecto, es necesario traer a colación el entendimiento asumido por el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la cual estableció que la acción de protección de privacidad se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, en cuya virtud y por regla general, el demandante de tutela, previamente debe agotar la vía administrativa de reclamo ante la entidad pública o privada que tenga a su cargo la base de datos; sin embargo, excepcionalmente es posible su activación directa, cuando exista inminente violación del derecho tutelado y ésta tenga un sentido cautelar, que conforme a los datos del presente caso; además, de que se encuentran involucrados los derechos de una niña menor, por lo que corresponde hacer abstracción del principio de subsidiariedad; puesto que, se advierte la inminencia de la vulneración de los derechos cuya tutela se pretende, como también el carácter cautelar de la misma; en tal razón, corresponde examinar el fondo de la denuncia en revisión.
Aclarada dicha situación, la accionante alega la vulneración de sus derechos a la imagen, a la privacidad personal, a la intimidad, al honor, honra y reputación personal o familiar, arguyendo que la demandada, público fotografías desnudas en las redes sociales y en su fuente de trabajo, desconociendo de qué manera las obtuvo, siendo dichas fotos privadas e íntimas de pareja; asimismo, denuncia que la privacidad de su hija menor también fue vulnerada. Ahora bien, de la jurisprudencia constitucional desarrollada en los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece que la presente acción de defensa protege el derecho a la intimidad, que se encuentra en la zona espiritual íntima de una persona y de su familia, generando una facultad a la persona para que su vida privada sea respetada, así como controlar la información que circule en el ámbito público respecto a uno mismo, generando una protección para que no sea objeto de intromisiones externas; mientras que, la privacidad es el ámbito de la vida privada que se debe proteger de cualquier intromisión, involucrando, en general, todo aquello relacionado al fuero interno de una persona, que solo podría ser de conocimiento de terceros por voluntad propia del interesado, debido al vínculo directo con el desarrollo de su personalidad. Realizadas dichas precisiones, esta Sala concluye, ser viable la tutela pretendida a través de la acción tutelar, por cuanto, de las pruebas adjuntas al expediente, consistentes en imágenes impresas y mensajes de texto, que fueron enviados del número de celular +59175085766 de propiedad de la demandada, haciendo referencia a que, “…LA AMANTE LA PUTA LA CHOLA LA OTRA (…) Querete valórate, estúpida malagradecida etc etc, pero sabes que Massiel Liliana Vega Montes ya me cansaste me canse (…) ahora si todos conocerán a la verdadera Massiel no creo que demoren en pasar tus fotos por redes sociales y la caja nacional sepa el tipo de funcionaria que tiene” (sic [Conclusión II.1]), así como imágenes desnudas de la accionante enviadas a su progenitor, circunstancia que fue refutada y cuestionada a la demandada por la misma accionante “…Te atreviste a mandar a mi padre mis fotos desnudas… No sabes el daño que causaste a mi persona y a mi familia” (Conclusión II.2.). Resulta innegable que, la demandada lesionó claramente los derechos a la imagen, a la privacidad personal, a la intimidad, al honor, honra y reputación personal o familiar de la peticionante de tutela, inmiscuyéndose en la esfera de su vida privada, publicando y divulgando fotografías contenidas en su teléfono celular (+59175085766); máxime, si la propia demandada en su informe presentado el 12 de marzo de 2024, ante la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, indicó que: “Recalcar señores vocales, que esas fotografías jamás fueron subidas a ninguna red social y tampoco compartidas con terceras personas, únicamente las envié a ella y a su padre…” (sic), generándose de esa manera lesiones a la imagen y reputación de la accionante, afectando asimismo a su entorno familiar, en franca inobservancia que, tanto la intimidad como la privacidad son la base fundamental para la protección de todos los datos personales de las personas, que sólo le atingen a cada ser humano, correspondiendo a uno mismo determinar cuándo y dentro de qué límites pueden revelarse situaciones referentes a su propia vida; protegiendo en ese orden, la acción de protección de privacidad, la intromisión por parte de personas particulares y/o jurídicas a la vida íntima del ser humano que le corresponden como consecuencia del reconocimiento a su dignidad, por la indudable vulneración que genera aquello, en los derechos a la imagen, honra y reputación precitados, con el consiguiente daño irreparable al honor producido. Por otro lado, conforme al Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional; es evidente que, los derechos de la niña, niño y adolescente, se encuentran resguardados por la legislación boliviana, así como por instrumentos internacionales; los cuales, a fin de resguardar los derechos de personalidad del menor establecen -en lo relevante y pertinente- que:
i) La niña, niño y adolescente tiene derecho al respecto de su propia imagen-; ii) Las autoridades judiciales, servidores y servidoras públicos tiene la obligación de mantener reserva y resguardar la identidad de la niña, niño y adolescente, que se vea involucrado en cualquier tipo de proceso y restringir el acceso a la documentación sobre los mismos; y, iii) Cuando se difundan o ser transmitan noticias que involucren a niñas, niños o adolescentes, los medios de comunicación están obligados a preservar su identificación, así como la de su entorno familiar, en los casos que se afectare su imagen o integridad. En el caso presente, de las pruebas aportadas, se tiene que la demandada inmiscuyó a la hija de la impetrante de tutela, lo que sin duda afecta de sobre manera la privacidad e imagen de la citada niña, siendo evidente que ha momento de enviarse imágenes privadas de la accionante a su progenitor, también se compartió imágenes de la misma, circunstancia que debió mantenerse con la reserva que amerita el resguardo de los derechos de una niña, que forma parte de un grupo vulnerable de la sociedad. En virtud a todo lo expuesto, es evidente que la demandada, afectó los derechos invocados como transgredidos por la accionante, incurriendo en un comportamiento que no condice con el marco constitucional e internacional sobre derechos humanos, quien por la publicación y divulgación de imágenes privados y mensajes de texto, se vio afectada la vida íntima y privada de la solicitante de tutela, así como la de su hija menor, por lo que, al haberse comprobado la vulneración de los derechos denunciados, corresponde conceder la tutela impetrada. Finalmente, sobre la solicitud de medidas de “restricción” y protección en favor de la demandada y su familia; cabe aclarar que, el objeto de la presente acción tutelar según prevé el art. 58 del CPCo, no está orientada a tales pretensiones, sino que la tutela se enfoca en los derechos para garantizar el conocimiento, la objeción, supresión y eliminación o rectificación de datos registrados en archivos, bancos y asientos de datos públicos o privados, ahora incluso de una red social, cuando contengan errores o afecten los derechos a la intimidad, a la privacidad personal o familiar, a la imagen, a la honra y a la reputación; por cuanto, la prenombrada confunde a la jurisdicción constitucional con la ordinaria, no advirtiéndose en definitiva vinculación con el objeto y la naturaleza jurídica de la acción de protección de privacidad.
En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 52/2024 de 12 de marzo, cursante de fs. 115 a 117, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por la citada Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El FJ III.4, establece: “La jurisprudencia constitucional, ha desarrollado el carácter subsidiario del recurso de habeas data, ahora denominado acción de protección de privacidad, a través de la SC 0188/2006-R de 21 de febrero, que debe cumplir los siguientes requisitos: ʽEl art. 23.V de la CPE, determina que el recurso de hábeas data «…se tramitará conforme al procedimiento establecido para el Recurso de Amparo Constitucional previsto en el art. 19° de esta Constitución»; consiguientemente, al hábeas data le es aplicable la doctrina constitucional sentada para el amparo constitucional, por lo que se debe aplicar el principio de subsidiariedad, establecido en el art. 19.IV de la CPE; lo que significa que sólo se activa cuando el recurrente ha agotado los medios o recursos que tenía a su alcance para lograr conocer, objetar u obtener la eliminación, rectificación de los datos públicos o privados que afectan a su derecho a la intimidad y privacidad personal y familiar, a su imagen, honra y reputación´”.
2 Vía jurisprudencia el Tribunal Constitucional Español dispuso la existencia de una serie de asuntos que en razón de su contenido pueden asociarse con la intimidad de una persona, como ser la intimidad corporal (STC 37/1989, FJ 7), la desnudez (STC 56/2001, FJ 4), las relaciones sexuales (STC 151/1997, FJ 5), situaciones de acoso sexual (STC 224/1999), el ejercicio de la prostitución (STC 121/1999, FJ 2), la relaciones afectivas (STC 121/2002, FJ 2), la salud personal (STC 20/1992, FJ 3), la información sobre el consumo de bebidas alcohólicas y drogas (STC 234/1997, FJ 9 A), la filiación como parte integrante de lo propio o intimo (STC 197/1991, FJ 3), y la historia penal (STC 144/1999, FJ 8); todas estos se incluyen como expresión del derecho a la intimidad.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0299_2025-S3.pdf · páginas 1 a 22.
Huella digital del PDF (SHA-256): a4744573fc6fab908145d52fdd4d9a174f8c9a285b6b0210bb28139fbd1d53e6
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