Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de protección de privacidad · Sala Tercera · 14 de octubre de 2025
Concede la tutela
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la honra, al honor, a la imagen, a la dignidad, a la intimidad y privacidad y a la autodeterminación informativa; toda vez que, desde el mes de diciembre de 2024, la demandada, a través de sus cuentas de redes sociales -Facebook y TikTiok- realizó publicaciones continuas y de manera sistemática, usando su imagen y datos personales sensibles sin su autorización, propagando descalificaciones y difamaciones, difundiendo conversaciones privadas, datos identificativos y manifestaciones despectivas respecto a su orientación sexual, reproduciendo y manipulando información, atribuyéndole hechos y/o conductas inexistentes que se configuran en la difusión de información falsa que le desprestigia. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución AAC-001/2025 de 31 de enero, cursante de fs. 105 a 110 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que la precitada Sala Constitucional, conforme a los fundamentos precedentes.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1250/2025-S3 Sucre, 14 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de protección de privacidad Expediente: 70857-2025-142-APP Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución AAC-001/2025 de 31 de enero, cursante de fs. 105 a 110 vta., pronunciada dentro de la acción de protección de privacidad interpuesta por Andrea Bruna Barrientos Sahonero contra Ninón Campos Landavery.
Por memorial presentado el 27 de enero de 2025, cursante de fs. 50 a 60 vta., la accionante manifestó lo siguiente:
La demandada, quien utiliza el denominativo de “Mamba Negra”, es exesposa de su primo hermano, e inició sistemáticamente una campaña de hostigamiento, difamación y difusión de datos sensibles sin su consentimiento, mediante publicaciones realizadas en sus cuentas personales de TikTok, Facebook, Youtube y otras plataformas digitales bajo su control, utilizando su imagen sin autorización, exponiéndola públicamente ante sus seguidores y al público general, realizando aseveraciones que lesionan sus derechos. Esas publicaciones, responderían a una entrevista que realizó en un pódcast, en el cual abordó el tema de las denuncias falsas con relación a la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, sin hacer referencia a ninguna persona; sin embargo, la prenombrada malinterpretó sus declaraciones como un ataque personal, manifestando abiertamente su intención de “…no detenerse hasta que me ‘escupa disculpas públicas’…” (sic) y deje su cargo como Senadora Nacional.
Desde el mes de diciembre de 2024, la demandada realizó publicaciones continuas y de manera sostenida en redes sociales que contienen su imagen, y datos personales y sensibles, sin su autorización. Además, propagó descalificaciones y difamaciones, difundiendo conversaciones privadas, capturas de pantalla del Sistema de Registro Judicial (SIREJ) con datos identificativos y manifestaciones despectivas respecto a su orientación sexual. También reprodujo y manipuló información, anunciando la divulgación de datos adicionales, incrementando el daño a su reputación y esfera íntima. De igual manera, le atribuyó hechos y/o conductas inexistentes que se configuran en la difusión de información falsa que le desprestigia.
Denunció la lesión de sus derechos a la honra, al honor, a la imagen, a la dignidad a la intimidad y privacidad y a la autodeterminación informativa; citando al efecto los arts. 21.2, 256 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 2, 11 y 14.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); y, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia: a) Se dispongan medidas cautelares prohibiendo a la “accionante” hacer publicaciones en sus redes sociales hasta la celebración de la audiencia correspondiente; y, b) Se ordene a la demandada, elimine de forma inmediata de sus cuentas de redes sociales de TikTok, Facebook, Youtube y otras, sus publicaciones, transmisiones en vivo, así como todos los videos que contengan su imagen o se refieran a su persona, prohibiéndole que en el futuro incurra de nuevo en actos similares que decanten en la lesión de los derechos invocados; y que por su cuenta y costo haga eliminar cualquier publicación que haya derivado.
Celebrada la audiencia pública virtual el 31 de enero de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 99 a 104 vta.; se produjeron los siguientes actuados:
La peticionante de tutela, ratificó in extenso los argumentos esgrimidos en su demanda tutelar y ampliándola, señaló lo siguiente: 1) Si la demandada tendría algo en su contra, esos elementos tienen que definirse en la vía judicial, mediante los medios que le franquea la ley, para iniciar las acciones correspondientes y no así utilizar de manera arbitraria y abusiva las redes sociales, para funestar su imagen; 2) Existió conculcación al derecho al honor, en lo que involucra la valoración interna y subjetiva que cada persona tiene de sí mismo, al decir que nunca fue víctima de violencia machista, haciendo alusión a su orientación sexual, que es un aspecto totalmente intrínseco suyo; 3) Con relación a que habría comprado su cargo y que estaría influyendo en autoridades judiciales de Santa Cruz, la demandada debió haber efectuado la denuncia correspondiente ante las instancias pertinentes y no así utilizar Tiktok, Facebook y otras redes sociales para involucrar sus derechos a la imagen, a la honra, a la intimidad y divulgar a su manera en sus redes sociales; 4) Lo que la demandada expuso fue con el objetivo de insultar transgredir y lesionar sus derechos fundamentales; 5) Evidentemente es lamentable la violencia contra los menores, y lo repudia desde todo punto de vista; pero eso, se tiene que definir por las autoridades competentes y no así, acudir a la opinión pública a través de publicaciones maliciosas, falsas y que además involucran aspectos de su intimidad; 6) Como se evidenció de las pruebas, en ningún momento mencionó a la demandada ni a su hijo, ni dijo de qué familiar estaba hablando en esa entrevista, la cual no tiene más de cinco segundos; pero, fue prueba suficiente para que la nombrada melle su dignidad, su lugar de trabajo y la amenace de manera permanente; 7) Nadie debería estar sometido al acoso y violencia que vivió de parte de la prenombrada, de forma tan desmedida que se atrevió a mencionar a su hijo que es también un menor de edad; y, 8) La demandada pretende servirse de su cargo, para tratar de sacar un rédito personal.
Ninón Campos Landavery, mediante su abogada, en audiencia de garantías, manifestó lo siguiente: i) La accionante omitió muchos hechos y existen contradicciones en su exposición; ii) De la lectura de la acción de protección de privacidad, en la relación de hechos, hizo mención a dos fechas, pero no señala ubicación de tiempo ni espacio, de todo lo que supuestamente realizó contra la impetrante de tutela; iii) De las pruebas que fueron reproducidas, no se estableció de manera eficiente y directa que las publicaciones le pertenezcan, y si evidentemente apareció en los videos mostrados, en ninguno de sus videos se pudo advertir o evidenciar que existió algún hecho de discriminación u hostigamiento porque en todos los videos se habló en su calidad de senadora y no así de persona; iv) Como Senadora Nacional, la impetrante de tutela es una persona pública y está sujeta a la opinión del pueblo que votó por ella; v) La peticionante de tutela indicó que las publicaciones responden a una entrevista que habría realizado en un podcast, pero sin señalar qué fecha fue, para determinar una fecha posterior a la que supuestamente habría realizado las publicaciones; vi) El motivo que haga estos actos de protesta, es porque es madre de un hijo del primo hermano de la peticionante de tutela, que sufrió un hecho de violencia cuando estaba bajo el cuidado de éste, es por ello que la prenombrada tiene un interés particular en la denuncia que interpuso; vii) Las aseveraciones en el pódcast cuando opinó sobre un proceso concreto en el cual la víctima es un niño menor de edad de un año y siete meses, lo hizo en calidad de Senadora. Es por eso que, reaccionó en simetría a esos actos en un modo público, en sentido de protesta y en ambientes públicos que no le pertenecen a la solicitante de tutela; viii) Si algún ciudadano vierte cualquier tipo de expresión, ya sea en favor o contra cualquier autoridad, lo protege la sentencia Kimel vs. Argentina de 2 de mayo de 2008, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), porque estas autoridades están sujetas a la opinión pública; y, ix) Más de la mitad de los videos que mostró la peticionante de tutela, no corresponden a su propiedad, algunos recién los está conociendo porque fue el personal de la accionante quien los grabó; por lo que pide se deniegue la tutela
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Resolución AAC-001/2025 de 31 de enero, cursante de fs. 105 a 110 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la demandada elimine de todas sus cuentas y redes sociales todas las publicaciones, fotografías y videos que contengan la imagen o se refieran a la persona de Bruna Andrea Barrientos Sahonero, pudiendo mantener las mismas para otros fines legítimos y ajenos a la accionante; y, se abstenga de realizar en el futuro la misma actividad vulneradora de los derechos amparados en la presente acción tutelar. Decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: a) Si bien la demandada tiene derecho a realizar los reclamos que estime pertinentes ante lo que considera una acción irregular de una funcionaria pública; no es menos evidente que, para ello debe acudir a las vías legales que prevé el ordenamiento legal, tal como ya lo ha hecho al presentar varias denuncias ante el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo, en las que también consta que por sí misma ofreció como pruebas la cobertura otorgada a su persona por canales digitales y medios de comunicación, donde han sido ampliamente difundidos sus criterios personales respecto a la conducta supuestamente asumida por una Senadora, lo que necesariamente debe ser sujeto a investigación, bajo las reglas de la presunción de inocencia que prevé el art. 116.I de la CPE; y, b) Por último, respecto a que las acciones asumidas por la demandada constituyen ejercicio de su derecho a la protesta; tal como se ha explicado, de ninguna manera la libre expresión que involucra la protesta, puede estar dirigida a vulnerar otros derechos fundamentales, por lo que necesariamente debe ejercerse en pleno respeto a los derechos o a la reputación de los demás, lo que no ocurre en este caso.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursan impresiones de capturas de pantalla de las redes sociales: 1) De Facebook, que corresponde a la cuenta de “Campos Ninon” asociada a Ninón Campos Landavery -ahora demandada-, en la que se hace una publicación extensa con el título “EXHIBIENDO A LA SENADORA BARRIENTOS - Parte 1 de 1000” (sic), enlazada a un video en la plataforma Youtube; y, 2) De TikTok, bajo el nombre de “Mamba Negra” asociada también a la prenombrada demandada, en las que se hace alusión a Andrea Bruna Barrientos Sahonero -hoy accionante-mostrando conversaciones de WhatsApp, capturas del SIREJ, fotos del hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el curul de la peticionante de tutela; así como, su imagen dentro una entrevista y otra con un bebé, usando el hashtag “#andreabarrientos” en varias de ellas. De igual forma, se tienen publicaciones en la red social de Tiktok, de los usuarios “Circo Político”, “CLICK NEWS” y “Animus Criticandi”, esta última etiqueta a la Senadora “@Andrea Barrientos”. También se tiene impresión de la red social X, de 23 de enero de 2025, de la cuenta de Agencia de Noticias Fides (ANF), que informa que la hoy demandada denunció a la accionante por cometer injerencia en su calidad de Senadora para proteger a un familiar acusado de violencia (fs. 4 a 27). II.2. En Disco Compacto (CD) se tienen videos de: i) Ninón Campos Landavery -demandada- en la Asamblea Legislativa Plurinacional buscando a la accionante con gritos y acusaciones e insultos. También un mensaje de video al WhatsApp de la peticionante de tutela en la que eleva la voz con ofensas señalando que se sentó en su curul “para desearte la peor de las suertes y que Dios te maldiga”. Posteriormente, la solicitante de tutela sale a confrontar a la demandada y pedir que cese el acoso; y, ii) Videos de publicaciones efectuadas por la demandada con relación a la impetrante de tutela y la Ley 348, en los que responde comentarios y también hace un “en vivo” en el que se refiere al caso como “chisme” (fs. 47). II.3. Se tienen notas manuscritas presentadas el 23 y 24 de enero de 2025, de puño y letra de la demandada dirigidas al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, al Presidente del Comité Nacional contra el Racismo y toda Forma de Discriminación y al Ministro de Gobierno, denunciando injerencia de la hoy accionante en el proceso interpuesto contra su primo hermano, por el presunto delito de violencia intrafamiliar y doméstica, así también por discriminación (fs. 95 a 97 vta.) II.4. Consta Nota presentada el 29 de enero de 2025, por la demandada, dirigida a la peticionante de tutela, con la referencia: “CESE Y DESISTA DE EMITIR EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DECLARACIONES QUE DESCALIFIQUEN, DESACREDITEN Y/O DESLEGITIMEN LA CALIDAD DE VICTIMA DE MI BEBÉ DE 1 AÑO Y 7 MESES, EN EL MARCO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL PRESUNTO DELITO DE ‘VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DOMÉSTICA’ RECONOCIDO POR LA LEY NRO. 348 EN LA CUAL SU PRIMO HERMANO FIGURA COMO SINDICADO” (sic)
señalando que el 24 de diciembre de 2024, la aludida hizo declaraciones en plataformas digitales del medio de comunicación digital “PRESENTE BOLIVIA”, cuestionando la veracidad de una denuncia y descalificando públicamente el caso (fs. 94).
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la honra, al honor, a la imagen, a la dignidad, a la intimidad y privacidad y a la autodeterminación informativa; toda vez que, desde el mes de diciembre de 2024, la demandada, a través de sus cuentas de redes sociales -Facebook y TikTiok- realizó publicaciones continuas y de manera sistemática, usando su imagen y datos personales sensibles sin su autorización, propagando descalificaciones y difamaciones, difundiendo conversaciones privadas, datos identificativos y manifestaciones despectivas respecto a su orientación sexual, reproduciendo y manipulando información, atribuyéndole hechos y/o conductas inexistentes que se configuran en la difusión de información falsa que le desprestigia. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Con relación a este tópico, la SCP 0044/2019-S1 de 3 de abril, estableció que: […la SCP 1283/2016-S3 de 22 de noviembre, manifestó que: «La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su art. 11 dispone que: “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”, por su parte, en el art. 14.1, estipula que: “Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley”. El art. 21.2 de la CPE, reconoce que las bolivianas y los bolivianos tienen los derechos fundamentales a la privacidad, a la intimidad, a la honra, al honor, a la propia imagen y a la dignidad, cuyo marco de protección específico está regulado por el art. 130 de la misma Norma Suprema, que instituye a la acción de protección de privacidad, como un mecanismo de defensa específico al que toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer datos, podrá recurrir a fin de objetar u obtener la eliminación o rectificación de los que fueron registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación, siguiendo el procedimiento previsto en el art. 58 y ss. del Código Procesal Constitucional (CPCo). Así, la SC 1738/2010-R de 25 de octubre estableció lo siguiente: “Del art. 130 de la CPE, se concibe que tanto las personas naturales y jurídicas tienen acceso a los derechos a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad reconocido en el art. 21.1 de la CPE, entre uno de esos derechos esta la intimidad, que sin duda es uno de los bienes más susceptibles de ser lesionados o puesto en peligro por el uso de las nuevas tecnologías, por lo que se hace necesario colocar un límite a la utilización de la informática y las comunicaciones ante la posibilidad de que se pueda agredir a la intimidad de los ciudadanos y con ello se pueda coartar el ejercicio de sus derechos (Conde Ortíz Concepción, ‘La protección de datos personales: un derecho autónomo en base a los conceptos de intimidad y privacidad’), por lo mismo este mismo autor citando a Albaladejo, señaló que la intimidad consiste en ‘el poder concebido a la persona sobre el conjunto de actividades que forma su círculo íntimo, poder que le permite excluir a los extraños de entrometerse en él y de darle una publicidad que no desee el interesado’, así la jurisprudencia de España en su STC 134/1999, de 15 de julio, señaló que: ‘El derecho a la intimidad garantiza al individuo un poder jurídico sobre la información relativa a una persona o a su familia, pudiendo imponer a terceros, sean éstos simples particulares o poderes públicos, su voluntad de no dar a conocer dicha información o prohibiendo su difusión no consentida’. Ahora bien en lo que respecta a la privacidad personal o familiar, el mismo autor citando a Ruano Albertos, señaló que es ‘el poder de ejercer un control sobre las informaciones que le atañen a uno, teoría que viene a considerar la intimidad como el derecho a poder participar y controlar las informaciones que concierne a cada persona’, de igual forma hace una distinción entre intimidad y privacidad, señalando que la intimidad es ‘el conjunto de sentimientos, pensamientos e inclinaciones más internos, como la ideología, religión o creencias, las tendencias personales que afectan a la vida sexual, problemas de salud que deseamos mantener en secreto y otras inclinaciones’; mientras que, privacidad hace referencia al ‘ámbito de la persona formado por su vida familiar, aficiones, bienes particulares y actividades personales’. De todo lo anterior se tiene que tanto la intimidad como la privacidad son la base fundamental para la protección de todos los datos personales de las personas, que solo le atingen a él o a ella, por lo mismo se encuentra facultado para determinar cuándo y dentro de qué límites pueden revelarse situaciones referentes a su propia vida, entendiéndose en consecuencia de que la acción de protección de privacidad, entre otros protege la intromisión por parte de personas particulares y/o jurídicas a la vida íntima del ser humano que le corresponde como consecuencia del reconocimiento a su dignidad, por lo que la vulneración de estos derechos afectan directamente a su imagen, honra y reputación”. Para mayor ilustración, la Corte Constitucional de Colombia delineó ciertas concepciones respecto a la honra y al honor en la Sentencia C-063/94 de 17 de febrero, manifestando lo siguiente: ‘Aunque honra y honor sean corrientemente considerados como sinónimos, existe una diferencia de uso entre ellos. El honor se refiere a la conciencia del propio valor, independiente de la opinión ajena; en cambio la honra o reputación es externa, llega desde afuera, como ponderación o criterio que los demás tienen de uno, con independencia de que realmente se tenga o no honor; uno es el concepto interno -el sentimiento interno del honor-, y otro el concepto objetivo externo que se tiene de nosotros – honra-’. (…) Finalmente, la SCP 0819/2015-S3 de 10 de agosto, en cuanto a la interposición directa de esta acción tutelar, enunció que conforme al art. 61 del CPCo “…la acción de protección de privacidad podrá interponerse ante ‘…la inminencia de la violación del derecho tutelado…’ denotando además su sentido estrictamente cautelar, no obstante y en base a lo referido previamente, cabe diferenciar entre tutela transitoria y tutela inmediata, siendo que la primera procederá en caso que exista otro mecanismo para la protección del derecho, pero que ante la gravedad e inminencia de la vulneración será necesario acudir a la misma, (…) por su parte la tutela inmediata responde a la inminencia de vulneración del hecho tutelado (…). Sin embargo, cabe aclarar que la aplicación de la tutela transitoria e inmediata de la acción de protección de privacidad, dependerá siempre de cada caso concreto y responderá a la evaluación de los antecedentes y supuestos fácticos para determinar si procede o no la interposición directa”»] (las negrillas fueron añadidas).
La SCP 0304/2025-S3 de 24 de abril, con relación al primer tema anunciado, citando a la SCP 0941/2022-S1 de 13 de septiembre, señaló que: «…la SCP 0021/2021-S2, entendió que, la protección de los derechos que tutela la acción de protección de privacidad, que tiene que ver precisamente con la privacidad, intimidad, honra, honor, imagen y a la dignidad de las personas, debe ir a la par del desarrollo progresivo emergentes de los avances de la tecnología, entre otras, el internet y las redes sociales, ello, con el fin de garantizar el cabal y efectivo ejercicio de tales derechos; al efecto estableció que, esta acción de defensa: “…se encuentra propensa a las transformaciones y desarrollo progresivo emergentes de los avances de la tecnología -internet redes sociales- lo que sitúa al individuo en un escrutinio y seguimiento por los usuarios y terceros sobre información sensible, muchas veces con trascendencia social; por lo que, no pueden ser ajenas al derecho, justificándose en ello la activación de mecanismos que busquen proteger los derechos de los ciudadanos sobre conductas que constituyen una amenaza para mantener la privacidad debido a su dinamicidad sobre todo en plataformas de comunicación -entre ellas Facebook-, y la enorme facilidad para su viralización a escala global, que suelen a menudo desembocar en usos negativos con efectos desfavorables, desencadenando una inminente afectación material e irreparable de los derechos a la privacidad, intimidad, honra, honor, imagen y a la dignidad de las personas, lo que puede dificultar incluso determinar la identidad real de los sujetos actuantes en el ciberespacio (perfiles falsos, trolls, entre otros). En ese contexto, se torna imprescindible la garantía jurisdiccional constitucional de la acción de protección de privacidad establecida en nuestro ordenamiento jurídico, cuyo desarrollo debe estar acompañado de instrumentos a la par de la tecnología con mecanismos empleados al manejo de la información, propendiendo evitar una desprotección a su cabal y efectivo ejercicio; por consiguiente, queda claro que no es limitativa la existencia solo de un banco de datos, siendo innegable -por el desarrollo tecnológico- la posible transgresión por contenidos que se almacenan en otros tenedores y/o administradores de los datos de una persona natural o jurídica, cuya cobertura incluso alcanza a una red social, como una plataforma digital de comunicación global que pone en contacto a gran número de usuarios, entendiéndose en su máxima extensión” “(…) En consecuencia, resulta irrefutable que la acción de protección de privacidad constituye un medio procesal constitucional de resguardo como parte del núcleo esencial de los derechos de la personalidad espiritual, como son los datos personales de la intimidad, privacidad (personal y familiar), imagen, honra, reputación, dignidad y honor, frente al indebido o ilegal uso de datos personales inmerso o contenido en un simple registro, archivo, bancos o bases de datos, e incluso redes sociales o cualquier medio o asiento causante de lesión de los mismos, activándose la precitada acción tutelar como una vía procesal idónea de protección del manejo o uso ilegal o indebido de información o datos personales…”. Bajo esos razonamientos, el mencionado fallo constitucional entendió que la acción tutelar de protección de privacidad otorga la potestad y facultad a toda persona de acudir a la jurisdicción constitucional para demandar el resguardo, restitución o restablecimiento inmediato de sus derechos a la intimidad, privacidad (personal y familiar), imagen, honra, reputación, dignidad y honor, ante el manejo o uso ilegal o indebido de información o datos personales, pudiendo exigir el conocimiento, obtención, rectificación, corrección, eliminación o mantenimiento en confidencialidad de los datos privados recogidos o almacenados, así como objetar su uso; otorgándole al efecto, el siguiente alcance: “1) Protege a toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático; se tratan de datos referidos y vinculados a los derechos de la personalidad; 2) Toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados en archivo, registro, banco de datos o base de datos; referidos y vinculados a los derechos de la personalidad; 3) Cuando el dato o datos registrados, afecten los derechos fundamentales a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra, reputación, dignidad y el honor; 4) Le rige el principio de subsidiariedad, mismo que puede ser flexibilizad[o] cuando se presente daño actual, irreparable o irremediable; 5) Dependiendo de las circunstancias del caso, la tutela puede ser transitoria o inmediata (SCP 0819/2015-S3 de 10 de agosto); y, 6) De acuerdo al art. 130.II de la CPE, no procederá para levantar el secreto en materia de prensa”. Con relación al segundo tema anunciado en el presente título, la misma SCP 0941/2022-S1 dispuso: Respecto a este derecho, el cual se entiende en el derecho a emitir libremente ideas y opiniones, posibilitando, además, la libertad de hacerlas públicas por cualquier medio de difusión, en la normativa nacional se encuentra garantizada en el art. 106.II de la CPE, el cual establece que: “El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa’; consecuentemente, la libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales que sostienen el proceso democrático y su protección es esencial para vivir en una sociedad justa e igual para todas las personas, por ello, el ejercicio de estas libertades tiene la base para su sustento tanto en la Constitución Política de Estado, la Ley de Imprenta así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la legislación y convenios internacionales vigentes; no obstante, dicha protección no es absoluta, precisamente, por el fin que se busca al garantizarla, en ese sentido, es la misma Norma Fundamental que establece límites para su ejercicio al establecer en el art. 107.II que: ‘La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad…’; precepto que obliga y exige a que toda opinión o información sea emitida con responsabilidad y veracidad a efectos de evitar afectaciones, daños o el respeto a una convivencia pacífica. Sobre esta base normativa, la SCP 0664/2021-S2 de 12 de octubre, señaló que estos límites a la libertad de expresión, también fue establecida por la CIDH, en el caso Kimel vs. Argentina del 2 de mayo de 2008, en el cual se determinó que: ‘En torno a las restricciones, la Corte (IDH) ha señalado, pese a que la libertad de expresión goza de cierta prevalencia, no obstante esto no significa que est[é] exento de limitaciones, de ahí que, la persona que ejerza la libertad de expresión, también está sujeta a las consecuencias que conlleven afectación a terceros, por esa razón debe abstenerse de utilizar frases injuriosas, insultos o insinuaciones insidiosas y vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de la persona a quien se refieran, aspectos que no están protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bajo esa perspectiva, los derechos mencionados ut supra, serán limitados en la medida en que se incurra en las situaciones fácticas señaladas, omitir estas circunstancias derivaría en la lesión de los derechos a la intimidad, a la honra, el honor, a la propia imagen y a la dignidad, entre otros derechos vinculados’. De igual forma, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional se refirió sobre la libertad de expresión en las redes sociales, explicando que por la dinamicidad y alcance que tienen estas conlleva a un cambio en la forma en que se lleva a la práctica dicho derecho, señalando que, por tales razones, las expresiones manifestadas a través de estas también deben sujetarse a las limitaciones desarrolladas, es decir, a que su difusión sea con la debida responsabilidad y las consecuencias que podrían generar dicha omisión a terceros, aspectos que indico que, también fueron establecidos por la Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión en Internet, de 1 junio 2011, la cual dispuso que la libertad de expresión alcanza también al Internet (redes sociales), pero que sin embargo, las restricciones a la libertad de expresión en este medio solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales y deberán ser previstas por ley y que persiga una finalidad legítima y necesaria reconocida por el derecho internacional; concluyendo luego de ese desarrollo que: ‘…el derecho a la libertad de expresión, información y opinión gozan de una protección reforzada, reconocido por la Constitución Política del Estado y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, de ahí que se prohíbe la censura; no obstante, estos derechos no están exentos de limitaciones, por lo que podrán ser restringidos cuando: a) Se compruebe que, en la información divulgada exista una intención dañina o una negligencia al presentar hechos parciales incompletos o inexactos; y, b) Las manifestaciones realizadas por una persona, conlleve expresiones insultantes, difamatoria, groseras y desproporcionadas respecto del hecho que se quiere comunicar. Asimismo, estas limitaciones serán analizadas a partir de un caso concreto, mediante valoraciones objetivas y neutrales, las cuales también serán extensibles al ámbito del internet y las redes sociales, por cuanto a través de estas, los usuarios también se expresan, amparados en la libertad de expresión”’» (las negrillas nos corresponden).
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la honra, al honor, a la imagen, a la dignidad, a la intimidad y privacidad y a la autodeterminación informativa; toda vez que, desde el mes de diciembre de 2024, la demandada, a través de sus cuentas de redes sociales -Facebook y TikTiok- realizó publicaciones continuas y de manera sistemática, usando su imagen y datos personales sensibles sin su autorización, propagando descalificaciones y difamaciones, difundiendo conversaciones privadas, datos identificativos y manifestaciones despectivas respecto a su orientación sexual, reproduciendo y manipulando información, atribuyéndole hechos y/o conductas inexistentes que se configuran en la difusión de información falsa que le desprestigia. De los antecedentes venidos en revisión y plasmados en las Conclusiones de este fallo constitucional, se pudo evidenciar la existencia de impresiones de capturas de pantalla de las redes sociales: a) De Facebook, que corresponde a la cuenta de “Campos Ninon” asociada a Ninón Campos Landavery -ahora demandada-, en la que se hace una publicación extensa con el título “EXHIBIENDO A LA SENADORA BARRIENTOS - Parte 1 de 1000” (sic) enlazada a un video en la plataforma Youtube; y, b) De TikTok, bajo el nombre de “Mamba Negra” asociada también a la prenombrada demandada, en las que se hace alusión a Andrea Bruna Barrientos Sahonero -hoy accionante-mostrando conversaciones de WhatsApp, capturas del SIREJ, fotos del hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el curul de la peticionante de tutela; así como, su imagen dentro una entrevista y otra con un bebé, usando el hashtag “#andreabarrientos” en varias de ellas. De igual forma, se tienen publicaciones en la red social de Tiktok, de los usuarios “Circo Político”, “CLICK NEWS” y “Animus Criticandi”, esta última etiqueta a la Senadora “@Andrea Barrientos”. También se tiene impresión de la red social X, de 23 de enero de 2025, de la cuenta de ANF, que informa que la hoy demandada denunció a la accionante por cometer injerencia en su calidad de Senadora para proteger a un familiar acusado de violencia. Por otro lado, en CD se tienen videos de: 1) Ninón Campos Landavery -demandada- en la Asamblea Legislativa Plurinacional buscando a la accionante con gritos y acusaciones e insultos. También un mensaje de video al WhatsApp de la peticionante de tutela en la que eleva la voz con ofensas señalando que se sentó en su curul “para desearte la peor de las suertes y que Dios te maldiga”. Posteriormente, la solicitante de tutela sale a confrontar a la demandada y pedir que cese el acoso; y, 2) Videos de publicaciones efectuadas por la demandada con relación a la accionante y la Ley 348, en los que responde comentarios y también hace un “en vivo” en el que se refiere al caso como “chisme” (Conclusiones II.1 y II.2). También saltan a la vista, las notas manuscritas presentadas el 23 y 24 de enero de 2025, de puño y letra de la demandada dirigidas al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, al Presidente del Comité Nacional contra el Racismo y toda Forma de Discriminación y al Ministro de Gobierno, denunciando injerencia de la hoy accionante en el proceso interpuesto contra su primo hermano por el presunto delito de violencia intrafamiliar y doméstica, así también por discriminación y la Nota presentada el 29 de enero de 2025, por la demandada, dirigida a la peticionante de tutela, con la referencia: “CESE Y DESISTA DE EMITIR EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DECLARACIONES QUE DESCALIFIQUEN, DESACREDITEN Y/O DESLEGITIMEN LA CALIDAD DE VICTIMA DE MI BEBÉ DE 1 AÑO Y 7 MESES, EN EL MARCO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL PRESUNTO DELITO DE ‘VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DOMÉSTICA’ RECONOCIDO POR LA LEY NRO. 348 EN LA CUAL SU PRIMO HERMANO FIGURA COMO SINDICADO” (sic), señalando que el 24 de diciembre de 2024, la aludida hizo declaraciones en plataformas digitales del medio de comunicación digital “PRESENTE BOLIVIA”, cuestionando la veracidad de una denuncia y descalificando públicamente el caso (Conclusiones II.3 y II.4). Como punto inicial de análisis, conforme se expresa en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, es pertinente recordar que la acción de protección de privacidad, entre otros, protege la intromisión por parte de personas particulares y/o jurídicas a la vida íntima del ser humano que le corresponde como consecuencia del reconocimiento a su dignidad; por lo que, la vulneración de estos derechos afecta directamente a su imagen, honra y reputación, siendo esta acción tutelar, un mecanismo de defensa específico al que toda persona individual o colectiva podrá recurrir a fin de objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos que fueron registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación, siguiendo el procedimiento previsto en el art. 58 y ss. del Código Procesal Constitucional (CPCo). En consonancia con lo indicado precedentemente, es menester también señalar que la protección de los derechos que tutela la acción de protección de privacidad, tiene que ver precisamente con la privacidad, intimidad, honra, honor, imagen y a la dignidad de las personas, que debe ir a la par del desarrollo progresivo emergente de los avances de la tecnología, entre otras, el internet y las redes sociales, ello, con el fin de garantizar el cabal y efectivo ejercicio de tales derechos; lo que sitúa al individuo en un escrutinio y seguimiento por los usuarios y terceros sobre información sensible, muchas veces con trascendencia social; por lo que, no pueden ser ajenas al derecho, justificándose en ello la activación de mecanismos que busquen proteger los derechos de los ciudadanos sobre conductas que constituyen una amenaza para mantener la privacidad debido a su dinamicidad sobre todo en plataformas de comunicación -Facebook, WhatsApp, Tiktok, X, entre otras-, y la enorme facilidad para su viralización a escala global, que suelen a menudo desembocar en usos negativos con efectos desfavorables, desencadenando una inminente afectación material e irreparable de los derechos a la privacidad, intimidad, honra, honor, imagen y a la dignidad de las personas, lo que puede dificultar incluso determinar la identidad real de los sujetos actuantes en el espacio virtual (Fundamento Jurídico III.2). En este contexto, bajo las consideraciones precedentes, y tomando en cuenta que en el caso concreto, la problemática radica esencialmente en que la demandada, a través de sus cuentas de redes sociales -Facebook y TikTiok- realizó publicaciones referentes a la accionante, usando su imagen y datos personales sensibles, propagando descalificaciones y difamaciones, difundiendo conversaciones privadas, datos identificativos y manifestaciones despectivas respecto a su orientación sexual, reproduciendo y manipulando información, atribuyéndole hechos y/o conductas que se configuran en la difusión de información falsa que le desprestigia; conforme a la prueba aportada por la impetrante de tutela, es evidente que la demandada enmarcó sus actos a las limitaciones censurables en el marco de la libre expresión -que ésta alega-, que permiten la protección de esta acción tutelar; por cuanto, de antecedentes se puede determinar objetivamente que, en la información divulgada por la demandada existe una intención dañina y perjudicial; toda vez que involucra aspectos íntimos de su vida y alude aspectos inherentes a su cargo como Senadora; y, a su vez, las manifestaciones realizadas, conllevan expresiones insultantes, difamatorias, groseras y desproporcionadas respecto del hecho que la prenombrada pretende reclamar con relación a declaraciones efectuadas por la peticionante de tutela en un pódcast; puesto que, incluso se presentó en el lugar de trabajo de la solicitante de tutela para confrontarla de forma agresiva y ofensiva. En virtud de lo expuesto, queda demostrado que la demandada vulneró los derechos invocados por la solicitante de tutela al incurrir en un comportamiento contrario al marco constitucional e internacional de derechos humanos. Toda vez que, la publicación y divulgación de imágenes y videos con la imagen de la accionante -valga la redundancia- con alusiones groseras y subidas de tono, afectaron la vida íntima y privada de ésta, sometiéndola a un escrutinio público en menoscabo de su imagen personal, su sexualidad y su desenvolvimiento profesional. Este uso indiscriminado de las redes sociales bajo la bandera de la “libertad de expresión” sin demostrar el mínimo respeto por los derechos fundamentales, no puede acoger la injerencia en el honor, intimidad, dignidad, privacidad y reputación de una persona, por mucho que la misma sea una autoridad o servidora pública que está expuesta al rol mediático. En consecuencia, la persona que ejerza la libertad de expresión, se halla sujeta a las consecuencias que conlleva la afectación a terceros; por lo que, la misma no es absoluta, sino que está limitada en el marco de lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, no pudiendo contener expresiones insultantes, difamatorias, groseras y desproporcionales al hecho que se quiere comunicar, con una intención dañina e irresponsable, en desmedro de los indicados derechos fundamentales. Por lo tanto, al haber comprobado la vulneración de los derechos invocados -a la honra, al honor, a la imagen, a la dignidad, a la intimidad y privacidad y a la autodeterminación informativa-, corresponde confirmar la Resolución dictada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, siendo lógica la disposición en sentido que la demandada elimine de todas sus cuentas y redes sociales todas las publicaciones, fotografías y videos que contengan la imagen o se refieran a la persona de Bruna Andrea Barrientos Sahonero -accionante- y, se abstenga de realizar en el futuro la misma actividad vulneradora de los derechos amparados en la presente acción tutelar. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber concedido la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución AAC-001/2025 de 31 de enero, cursante de fs. 105 a 110 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que la precitada Sala Constitucional, conforme a los fundamentos precedentes. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1250_2025-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4f464382068281b8d2afa81147b743a94f160f2549a9fceed8a138cbab0c5b70
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