Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de protección de privacidad · Sala Primera · 27 de agosto de 2024
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la privacidad, a la honra y honor, a la propia imagen y a la dignidad; toda vez que, la demandada desde el 17 de agosto de 2023, ha subido y difundido púbicamente en redes sociales un video con contenido fotográfico -sexual y libidinoso- de ella y su persona, incluso con la imagen corporal de su hijo, publicados sin su consentimiento o autorización, ocasionándole daños a su integridad moral. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) Naturaleza jurídica de la acción de protección de privacidad, presupuestos de procedencia y alcances; b) Subsidiariedad y su excepcionalidad en la acción de protección de privacidad; y, c) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la 3/2023 de 21 de septiembre, cursantes de fs. 39 vta. a 41vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada, de conformidad a los fundamentos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que en el plazo de veinticuatro horas siguientes de la notificación con el presente fallo constitucional, la demandada proceda a retirar de sus redes sociales y cualesquier medio de publicidad que le correspondiese, las publicaciones fotográficas y/o en formato video respecto lo denunciado por el accionante, bajo alternativa de ley, caso contrario, debiendo la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz, asegurar el fiel acatamiento de lo dispuesto en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, asumiendo las medidas necesarias para dicho efecto.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0476/2024-S1 Sucre, 27 de agosto de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de protección de privacidad Expediente: 59126-2023-119-APP Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 3/2023 de 21 de septiembre, cursantes de fs. 39 vta. a 41vta., pronunciada dentro de la acción de protección de privacidad interpuesto por Yasir Rodolfo Vilaseca Hervas contra María Maite Flores Umaña.
Por memoriales presentados el 4 y 8 de septiembre de 2023, cursantes de fs. 21 a 25; y, 28 a 29, el accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y derecho:
La demandada desde el 17 de agosto de 2023, ha subido y difundido en sus redes sociales vinculadas a ella, un video con las siguientes especificaciones (Instagram: página.“beishuu90”.https://www.instagram.com/reel/CwEJ4Pes3qz/?igshid=M2M yMzgzODVINw%3%3D; y, Facebook: página “Mayte Flores Bolivia” https://fb.watch/mItKR34c6/?mibextid=4zoUgC); y el 21 del indicado mes y año, por intermedio de sus familiares y amigos, tomó conocimiento de la existencia del enlace del señalado video, que se encontraba circulando en redes sociales con fotografías de su persona y la prenombrada, de contenido sexual y libidinoso, incluso con la imagen corporal de su hijo, publicado sin su consentimiento o autorización, difundiendo imágenes suyas de su intimidad y privacidad, afectando su honra, reserva personal, intimidad y propia imagen, ello porque terminó esa relación.
De las pruebas adjuntas, se establece que se trata de un video con fotografías íntimas, de contenido sexual de su persona junto a la demandada que eventualmente fueron tomadas por ella en su momento, en un ámbito de confianza; empero, no dio su consentimiento para su publicación, lo que afecta su imagen y honra, toda vez que es una persona que vive en un contexto social y familiar; por ello, al haberse publicado sin su consentimiento, vulnera sus derechos a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad garantizados en el art. 21.2 de la CPE.
El impetrante de tutela denunció la vulneración de sus derechos a la privacidad, a la honra y honor, a la propia imagen y a la dignidad, citando al efecto el art. 21.2 de la CPE.
Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se ordene a la demandada: a) Proceda a la eliminación total de sus redes sociales y de las vinculadas a ella, del video donde aparece su imagen corporal desnuda, que han sido difundidas, y que están debidamente descritos en la acción de defensa; y, b) El cese de cualquier publicación en redes sociales u otro medio con su imagen personal y/o prohibir que en el futuro la misma publique por si misma o por terceras personas, fotografías suyas sin su expreso consentimiento.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de protección de privacidad, se celebró el 21 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 35 a 39, produciéndose los siguientes actuados:
El peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó íntegramente su demanda de acción tutelar, y ampliándola refirió que: 1) Lamentablemente una vez concluida su relación sentimental con la demandada, ésta difundió de forma masiva a través de sus redes sociales fotografías que corresponden precisamente a la intimidad sexual de su persona junto a la prenombrada, lo que ha provocado la afectación de sus derechos; y, 2) Por ello solicita se conceda la tutela.
María Maite Flores Umaña, no presentó informe escrito ni se hizo presente a la audiencia de esta acción de defensa, pese a su legal notificación cursante a fs. 34.
La Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución de 3/2023 de 21 de septiembre, cursantes de fs. 39 vta. a 41vta., denegó la tutela solicitada, sin imposición de costas por ser excusable, bajo el siguiente fundamento: i) La jurisprudencia constitucional, entre otros el Auto Constitucional 75/2022-RSA del 26 de abril, que en la misma línea estableció justamente los elementos necesarios para la interposición de la acción de protección de privacidad, y entre ellos se debe considerar el principio de subsidiariedad; así como también se cita a la SCP 0124/2022-S2 del 13 de abril; ii) En ese contexto, ya en el caso en concreto el accionante argumenta, entre otros extremos, que producto de un video subido a las redes sociales por parte de la demandada, en donde aparece su imagen, es que solicita se le conceda la tutela; toda vez que, esas fotografías e imágenes personales fueron mientras era pareja de la demandada, y al momento de ser publicadas en los medios y las la redes sociales afectaron sus derechos fundamentales, por lo cual interpuso la acción de protección de privacidad; iii) Se pudo advertir en principio que el accionante de la documental que acompaña, no habría realizado la solicitud de baja, con carácter previo, “a efectos de romper el principio de subsidiaridad a la demandada, situación que genera en consecuencia, a la luz de la jurisprudencia que también solicita se dé cumplimiento el ahora accionante, la improcedencia de la presente acción de protección de privacidad, debido a que con carácter previo se debió reclamar estos extremos a la persona o a la encargada o a la empresa que subió estas imágenes en las redes que señala el ahora accionante…” (sic); y, iv) Por esta situación se hace aplicable lo dispuesto en la jurisprudencia antes citada; es decir, “causales de improcedencia por subsidiariedad” (sic), por lo cual corresponde denegar la tutela.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en expediente, se establece lo siguiente: II.1. Constan publicaciones como: Disco Compacto (CD) (con contenido gráfico), muestrario fotográfico con contenido de desnudos e información gráfica que denotan relaciones íntimas y sexuales entre Yasir Rodolfo Vilaseca Hervas -ahora accionante- y María Maite Flores Umaña -ahora demandada-; además, de publicaciones en redes sociales (Instagram: página “beishuu90” https://www.instagram.com/reel/CwEJ4Pes3qz/?igshid=M2MyMzgzODVINw %3%3D; y, Facebook: página “Mayte Flores Bolivia” https://fb.watch/mItKR34c6/?mibextid=4zoUgC), correspondiente a la demandada, referente a recuerdos de su relación sentimental que tuvo con el prenombrado (fs. 3 a 14).
II.2. Cursa cédula de identidad correspondiente a Yasir Rodolfo Vilaseca Hervas
-ahora accionante- con fecha de nacimiento el 1 de septiembre de 1976 (fs. 2).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la privacidad, a la honra y honor, a la propia imagen y a la dignidad; toda vez que, la demandada desde el 17 de agosto de 2023, ha subido y difundido púbicamente en redes sociales un video con contenido fotográfico -sexual y libidinoso- de ella y su persona, incluso con la imagen corporal de su hijo, publicados sin su consentimiento o autorización, ocasionándole daños a su integridad moral. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) Naturaleza jurídica de la acción de protección de privacidad, presupuestos de procedencia y alcances; b) Subsidiariedad y su excepcionalidad en la acción de protección de privacidad; y, c) Análisis del caso concreto.
Previamente señalaremos que la acción de protección de privacidad es “Una vía procesal de protección de los datos personales, aquellos que forman parte del núcleo esencial del derecho a la privacidad o intimidad de una persona, frente a la obtención, almacenamiento o distribución ilegal, indebida o inadecuada por entidades u organizaciones públicas o privadas. Esta garantía constitucional otorga a toda persona, sea natural o jurídica, la potestad y facultad de acudir a la jurisdicción constitucional para demandar a los bancos de datos y archivos de entidades públicas y privadas con el fin de que le permitan el conocimiento, la actualización, la rectificación o supresión de las informaciones o datos referidos en ella, que hubiesen obtenido, almacenado o distribuido dichos bancos de datos”. En ese marco conceptual, esta acción tiene por objeto la protección al derecho a la autodeterminación informativa, aspecto que está amparada en la Constitución Política del Estado a través del art. 130, el cual dispone que:
“I. Toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación, podrá interponer la Acción de Protección de Privacidad. II. La Acción de Protección de Privacidad no procederá para levantar el secreto en materia de prensa”, instituye la acción de protección de privacidad como una garantía constitucional” (el resaltado y subrayado son ilustrativos).
Asimismo, el objeto de esta acción se encuentra legislado en el Código Procesal Constitucional en su art. 58; el cual señala que:
“La Acción de Protección de Privacidad tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona a conocer sus datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, que se encuentre en archivos o bancos de datos públicos o privados; y a objetar y obtener la eliminación o rectificación de éstos cuando contengan errores o afecten en su derechos a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación” (las negrillas son añadidas). De igual forma, el Tribunal Constitucional en relación a los derechos a la intimidad y privacidad a través de la SC 1738/2010-R de 25 de octubre, estableció en su Fundamento Jurídico III.2 que:
“…la acción de protección de privacidad, protege los derechos relativos a la personalidad del individuo como son la intimidad, privacidad personal o familiar, la propia imagen, honra y reputación, contra el manejo de datos o informaciones obtenidas y almacenadas en los bancos de datos públicos o privados, por esta misma razón la doctrina señala que esta acción en realidad protege el derecho a la autodeterminación informática, entendido como la facultad de una persona para conocer, actualizar, rectificar o cancelar la información existente en una base de datos pública o privada, y hubiesen obtenido, almacenado y distribuido” (el resaltado y subrayado es añadido). Ahora bien, conforme refiere esta misma Sentencia Constitucional, la procedencia de la acción de protección de privacidad requiere dos presupuestos, las cuales son:
“a) La existencia de un banco de datos, que puede ser público o privado, físico, electrónico, magnético, informático, que tengan como finalidad proveer informes (…). b) Que ese banco de datos contenga información vinculada a los derechos protegidos por la acción de protección de privacidad” (el subrayado nos corresponde). La misma Sentencia señalada líneas arriba, hizo referencia a la SC 0965/2004-R de 23 de junio, respecto a los alcances de esta acción de protección de privacidad, las cuales son:
“1. Conocer la información o ´registro de datos personales obtenidos y almacenados en un banco de datos de la entidad pública o privada, para conocer qué es lo que se dice respecto a la persona que plantea el hábeas data, de manera que pueda verificar si la información y los datos obtenidos y almacenados son los correctos y verídicos; si no afectan las áreas calificadas como sensibles 9 para su honor, la honra y la buena imagen personal`; asimismo, conocer los fines y objetivo de la obtención y almacenamiento; es decir, qué uso le darán a esa información. 2. Actualizar los datos existentes, este es ´el derecho a la actualización de la información o los datos personales registrados en el banco de datos, añadiendo los datos omitidos o actualizando los datos atrasados; con la finalidad de evitar el uso o distribución de una información inadecuada, incorrecta o imprecisa que podría ocasionar graves daños y perjuicios a la persona`. 3. Modificar o corregir la información existente en el banco de datos, cuando son incorrectos o ajenos a la verdad, en otros términos es ´el derecho corrección o modificación de la información o los datos personales inexactos registrados en el banco de datos público o privado, tiene la finalidad de eliminar los datos falsos que contiene la información, los datos que no se ajustan de manera alguna a la verdad, cuyo uso podría ocasionar graves daños y perjuicios a la persona`. 4. Preservar la confidencialidad de la información que si bien es correcta y obtenida legalmente, no se la puede otorgar en forma indiscriminada; esta acción se funda en el derecho a la ´confidencialidad de cierta información legalmente obtenida, pero que no debería trascender a terceros porque su difusión podría causar daños y perjuicios a la persona`.
5. Excluir la información sensible, es decir, aquella información que sólo importa al titular, como las ideas políticas, religiosas, orientación sexual, enfermedades, etc.; así la citada Sentencia Constitucional señaló que es el ‘Derecho de exclusión de la llamada ´información sensible’ relacionada al ámbito de la intimidad de la persona, es decir, aquellos datos mediante los cuales se pueden determinar aspectos considerados básicos dentro del desarrollo de la personalidad, tales como las ideas religiosas, políticas o gremiales, comportamiento sexual; información que potencialmente podría generar discriminación o que podría romper la privacidad del registrado‴ (las negrillas y el subrayado son añadidos). Este entendimiento jurisprudencial fue reiterado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2175/2012, 1445/2013, 0426/2015-S3, 0345/2018-S1, 1104/2019-S2 y 0121/2020-S3, entre otras. En ese mismo marco de entendimiento la SCP 0090/2014-S1 de 24 de noviembre, expresó:
“…la acción de protección de privacidad, constituye un medio procesal constitucional de protección de los datos personales, dirigido a la protección efectiva, inmediata y oportuna del derecho a la autodeterminación informática, en los supuestos en que éste sea transgredido por acciones u omisiones ilegales o indebidas. En ese sentido, por intermedio de ella, toda persona natural o jurídica, puede acudir a la jurisdicción constitucional, para demandar a los bancos de datos y archivos de entidades públicas o privadas, persiguiendo el conocimiento, actualización, rectificación o supresión de las informaciones o datos contenidos en éste, que se hubiesen obtenido, almacenado o distribuido en los mismos”. Así como también la SCP 0819/2015-S3 de 10 de agosto, acudiendo a la legislación internacional refirió que:
“…la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que dicha norma obliga a los Estados Partes a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades protegidos por dicho pacto internacional, en ese sentido, los Estados miembros no solo tienen la obligación positiva de adoptar medidas legislativas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos en ella consagradas, sino además deben evitar promulgar aquellas leyes que impidan el libre ejercicio de estos derechos.
En esa estructura lógica, el Estado boliviano, como miembro parte, tiene la obligación de establecer medidas legislativas y administrativas internas que permitan en este caso garantizar la protección y respeto de los derechos inherentes a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad, reconocidos en el art. 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que señala: ´1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad; 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación; 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques ‴(las negrillas nos corresponden). Conforme a los antecedentes precedentemente citados, se establece que esta acción de defensa protege los derechos a la intimidad y privacidad personal o familiar, así también a la propia imagen, honra y reputación, mediante la rectificación o eliminación de información registrada en bases de datos públicos o privados.
Respecto al procedimiento de la acción de protección de privacidad, el art. 131.I de la CPE establece que esta acción tendrá lugar de acuerdo con el procedimiento previsto para la acción de amparo constitucional; en tal sentido, se establece que, son aplicables todos los requisitos de admisión y las causales de improcedencia del amparo constitucional, así como los principios de subsidiariedad e inmediatez. En lo que respecta específicamente al principio de subsidiariedad, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0965/2004-R de 23 de junio, señaló que:
“…el hábeas data se activa exclusivamente cuando la persona demuestra que ha acudido previamente ante la entidad pública o privada para pedir la restitución de su derecho lesionado y no ha podido lograr la reparación a dicha vulneración”. En el mismo sentido, la SC 0188/2006-R de 21 de febrero, establece el carácter subsidiario del hábeas data -ahora acción de protección de privacidad- señalando que:
“…el recurso de hábeas data '…se tramitará conforme al procedimiento establecido para el Recurso de Amparo Constitucional previsto en el art. 19° de esta Constitución'; consiguientemente, al hábeas data le es aplicable la doctrina constitucional sentada para el amparo constitucional, por lo que se debe aplicar el principio de subsidiariedad, establecido en el art. 19.IV de la CPE; lo que significa que sólo se activa cuando el recurrente ha agotado los medios o recursos que tenía a su alcance para lograr conocer, objetar u obtener la eliminación, rectificación de los datos públicos o privados que afectan a su derecho a la intimidad y privacidad personal y familiar, a su imagen, honra y reputación” (el resaltado es añadido)
Asimismo, la SC 2375/2010-R de 19 de noviembre, estableció que:
“…de acuerdo al entendimiento jurisprudencial contenido en la SC 965/2004-R, de 23 de junio, ‘Tomando en cuenta sus fines y objetivos, así como la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 19 de la CPE, dispuesta por el art. 23 parágrafo V antes referido, se entiende que el hábeas data -ahora acción de protección de privacidad- es una acción de carácter subsidiario, es decir, que solamente puede ser viable en el supuesto que el titular del derecho lesionado haya reclamado ante la entidad pública o privada encargada del banco de datos, la entrega de la información o datos personales obtenidos o almacenados, y en su caso, la actualización, rectificación o supresión de aquella información o datos falsos, incorrectos, o que inducen a discriminaciones, y no obtiene una respuesta positiva o favorable a su requerimiento, o sea que la entidad pública o privada no asume inmediatamente la acción solicitada. Dicho de otro modo, el hábeas data se activa exclusivamente cuando la persona demuestra que ha acudido previamente ante la entidad pública o privada para pedir la restitución de su derecho lesionado y no ha podido lograr la reparación a dicha vulneración’” (el resaltado y subrayado es añadido). Siguiendo con el mismo razonamiento respecto a la aplicación del principio de subsidiariedad en la acción de protección de privacidad, la SCP 0247/2018-S2 de 12 de junio, a través de su Fundamento Jurídico III.1, estableció lo siguiente:
“…ya en el marco normativo de la Constitución Política del Estado vigente desde el 2009, la SC 1978/2011-R de 7 de diciembre confirmó el entendimiento relativo al carácter subsidiario de la acción de protección de privacidad, siendo reiterado por la SCP 2175/2012 de 8 de noviembre. Seguidamente la SCP 1445/2013 de 19 de agosto, moduló dicho entendimiento en base a lo previsto en el art. 61 del Código Procesal Constitucional (CPCo), señalando que si bien es cierto, que por regla general la acción de protección de privacidad tiene carácter subsidiario; sin embargo, se puede hacer abstracción de dicho principio y no exigir el reclamo administrativo previo, cuando exista inminente violación del derecho tutelado y la acción tenga un sentido eminentemente cautelar, debiendo para ello, concurrir necesariamente ambos requisitos; tal cual lo señala en el Fundamento Jurídico III.2: No se debe perder de vista que para que sea viable la excepción alegada, se deben cumplir de manera simultánea ambos requisitos, dado que se encuentran unidos por la conjunción copulativa “y”, que denota el vínculo o nexo entre ambas, e implica que deben darse a la vez, es decir, se evidencie la inminente violación al derecho a la autotutela informativa, lo que se traduce en que exista una extrema proximidad de una lesión o vulneración; y el mecanismo de defensa, pretenda evitar daños y perjuicio irreparables, como una medida preventiva (las negrillas son nuestras). Dicho entendimiento fue reiterado por la SCP 0428/2016-S2 de 5 de mayo.
En síntesis, la acción de protección de privacidad se encuentra regida por el principio de subsidiariedad; en cuya virtud, el accionante previamente debe agotar la vía administrativa de reclamo ante la entidad pública o privada que tenga a su cargo la base de datos; sin embargo, excepcionalmente, es posible su excepcionalidad y su activación directa cuando exista inminente violación del derecho a tutelar y tenga un sentido cautelar” (las negrillas y el subrayado son añadidos).
Conforme a los antecedentes jurisprudenciales citados precedentemente, que previo a acudir ante la jurisdicción constitucional, de manera general se debe actuar conforme dispone la jurisprudencia, es decir, reclamar ante la entidad pública o privada encargada del resguardo y administración de la información, la entrega, actualización, rectificación o supresión de la información o datos falsos, incorrectos o que induce a discriminaciones; y en caso de no obtener una respuesta positiva favorable a su petitorio, y por ende, la reparación de sus derechos, entonces recién quedará expedita la vía constitucional; empero, de acuerdo al texto contenido en el precitado art. 61 del Código Procesal Constitucional (CPCo), podrá hacerse abstracción de la aplicación del principio de subsidiariedad, en virtud a lo cual, no se exigirá el reclamo administrativo previo, por la inminencia de la violación del derecho tutelado y la acción tenga un sentido eminentemente cautelar.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la privacidad, a la honra y honor, a la propia imagen y a la dignidad; toda vez que, la demandada desde el 17 de agosto de 2023, ha subido y difundido púbicamente en redes sociales un video con contenido fotográfico -sexual y libidinoso- de ella y su persona, incluso con la imagen corporal de su hijo, publicados sin su consentimiento o autorización, ocasionándole daños a su integridad moral. Expuesta la problemática, corresponde analizar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, conforme se tiene de la delimitación procesal-constitucional realizada de manera precedente; en ese sentido, es preciso efectuar una contrastación de los antecedentes; de los cuales, se tiene que en mérito a los datos consignados en la Conclusión II.1 de este fallo constitucional, se advierte un CD y muestrario fotográfico, que de acuerdo al contenido de la demanda tutelar corresponden a la relación sentimental -ya terminada-entre el accionante y la demandada, que dan cuenta de relaciones íntimas entre ambas partes, que habrían sido publicadas por la prenombrada merced a la conclusión de su relación amorosa, publicaciones con contenido sexual.
Es del caso, precisar que la demandada, no presentó informe escrito ni oral ante la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz, a fin de confirmar o rebatir lo argumentado por la parte accionante.
En ese marco fáctico, corresponde considerar el criterio jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que expresó en relación a los derechos a la intimidad y privacidad, y la SC 1738/2010-R de 25 de octubre que estableció que la acción de protección de privacidad protege los derechos relativos a la personalidad del individuo como son la intimidad, privacidad personal o familiar, la propia imagen, honra y reputación contra el manejo de datos o informaciones obtenidas y almacenadas en los bancos de datos públicos o privados; que por esa razón, la doctrina señala que la acción de protección de privacidad protege el derecho a la autodeterminación informática, concebida como la facultad de una persona para conocer o cancelar la información existente en una base de datos pública o privada.
De igual modo, en cuanto concierne al principio de subsidiariedad establecido en el Fundamento jurídico III.2 de este fallo constitucional, se tiene que ese principio, obligaba al accionante a agotar los medios recursivos previstos en la normativa aplicable al caso, a efectos de acudir a la justicia constitucional; sin embargo, la citada jurisprudencia señaló que la SCP 1445/2013 de 19 de agosto, moduló dicho entendimiento en base a lo previsto en el art. 61 del CPCo, señalando que si bien es cierto, que esta acción tiene carácter subsidiario; no obstante, se puede hacer abstracción de dicho principio, y no exigir el reclamo administrativo previo, cuando exista inminente violación del derecho tutelado y la acción tenga un sentido eminentemente cautelar, debiendo para ello, concurrir necesariamente ambos requisitos como: 1) Se evidencie la inminente violación al derecho a la auto tutela informativa, lo que se traduce en que exista una extrema proximidad de una lesión o vulneración; y, 2) El mecanismo de defensa, pretenda evitar daños y perjuicio irreparables. Por ello, tomando en cuenta que en el caso en revisión existe inminencia de violacion del derecho a tutelarse por la difusión de imágenes con contenido sexual y libidinoso del accionante y la demandada, corresponde hacer abstraccion de la excepción del principio de subsidiariedad, debiendo en base a estas consideraciones, ingresarse al análisis del fondo de la problemática planteada.
En ese contexto factico y jurisprudencial, en el caso en revisión, de los antecedentes que componen el expediente constitucional, y los elementos de prueba presentados por el accionante, se tiene que éste, tenía una relación sentimental -ahora concluida- con la demandada, quien, se dio a la tarea de difundir en sus redes sociales (Instagram: página.“beishuu90”.https://www.instagram.com/reel/CwEJ4Pes3qz/?igshi d=M2MyMzgzODVINw%3%3D; y, Facebook: página “Mayte Flores Bolivia” https://fb.watch/mItKR34c6/?mibextid=4zoUgC), imágenes intimas de contenido sexual, que afecta los derechos ahora alegados de vulnerados, con publicaciones e información gráfica y explícita de un video con fotografías de su persona y la demandada con contenido sexual y libidinoso (Conclusión II.1), de lo que se advierte que dichas publicaciones expuestas en sus redes sociales, fueron realizadas sin su consentimiento o autorización; es decir, de forma ilegal, lo que resulta un extremo, que de forma alguna no fue aclarado o rebatido por la parte demandada, quien pese a ser notificada con la acción tutelar, no se hizo presente ante la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz para presentar un informe escrito u oral a efectos de dar explicaciones sobre la demanda constitucional interpuesta; extremo que de acuerdo a lo previsto en la vasta jurisprudencia constitucional, entre ellas, la SCP 0161/2023-S1 de 29 de marzo, se constituye en una presunción de veracidad los hechos denunciados en la acción de amparo constitucional, “…sobre el cual la parte demandada, sea persona natural o jurídica, pública o privada, no haya presentado informe escrito o verbal concurriendo a la audiencia, que controvierta aquellos hechos, pese a que tuvo conocimiento con su notificación de acuerdo a las formalidades previstas por ley, siempre que no hayan otros elementos probatorios que generen una conclusión diferente”.
Lo expresado, decanta en una intromisión a la vida personal e íntima del impetrante de tutela, y se constituyen en acciones que innegablemente conculcaron sus derechos a la privacidad, honra, honor, propia imagen y a la dignidad; lo que amerita asumir medidas tendientes a la rectificación o eliminación de la información registrada en bases de datos públicos y/o privados, tal cual también lo prevé la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al Estado boliviano, como miembro parte, a establecer medidas para garantizar la protección y respeto de los derechos inherentes a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad, reconocidos en el art. 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Consecuentemente, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, no actuó de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la 3/2023 de 21 de septiembre, cursantes de fs. 39 vta. a 41vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada, de conformidad a los fundamentos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que en el plazo de veinticuatro horas siguientes de la notificación con el presente fallo constitucional, la demandada proceda a retirar de sus redes sociales y cualesquier medio de publicidad que le correspondiese, las publicaciones fotográficas y/o en formato video respecto lo denunciado por el accionante, bajo alternativa de ley, caso contrario, debiendo la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz, asegurar el fiel acatamiento de lo dispuesto en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, asumiendo las medidas necesarias para dicho efecto. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA
1 José Antonio Rivera Santivañez, en su libro Jurisdicción Constitucional, pág. 434.
2 El FJ III.4, establece: “La jurisprudencia constitucional, ha desarrollado el carácter subsidiario del recurso de habeas data, ahora denominado acción de protección de privacidad, a través de la SC 0188/2006-R de 21 de febrero, que debe cumplir los siguientes requisitos: ʽEl art. 23.V de la CPE, determina que el recurso de hábeas data «…se tramitará conforme al procedimiento establecido para el Recurso de Amparo Constitucional previsto en el art. 19° de esta Constitución»; consiguientemente, al hábeas data le es aplicable la doctrina constitucional sentada para el amparo constitucional, por lo que se debe aplicar el principio de subsidiariedad, establecido en el art. 19.IV de la CPE; lo que significa que sólo se activa cuando el recurrente ha agotado los medios o recursos que tenía a su alcance para lograr conocer, objetar u obtener la eliminación, rectificación de los datos públicos o privados que afectan a su derecho a la intimidad y privacidad personal y familiar, a su imagen, honra y reputación”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0476_2024-S1.pdf · páginas 1 a 12.
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