Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 39/2024 de 12 de junio, cursante de fs. 11 a 12 y vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1309/2026-S2 Sucre, 5 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA - Pronto despacho SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 65161-2024-131-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 39/2024 de 12 de junio, cursante de fs. 11 a 12 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Waldo German Ururi Osco, en representación sin mandato de José Luis Mamani Poma, contra Nelson Sergio Ayala Luna, Director del Centro de Custodio y Rehabilitación “Cero Violencia” del Recinto Penitenciario de Patacamaya del Departamento de La Paz.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la vida y a la garantía del debido proceso en su elemento legalidad y defensa; toda vez que, Nelson Sergio Ayala Luna, Director del Centro de Custodio y Rehabilitación “Cero Violencia” del Recinto Penitenciario de Patacamaya del Departamento de La Paz, -demandado- no dio cumplimiento al mandamiento de libertad emitido por el Juez Público de Familia Segundo de El Alto del departamento de La Paz, a pesar que se apersonó al referido Recinto a horas 16:30; al contrario procedió a recepcionar dicho mandamiento con fecha posterior, es decir 12 del mismo mes y año “a horas 08:00”. Solicitó se conceda la tutela solicitada, disponiendo que el demandado dé inmediata libertad al accionante y se remitan antecedentes disciplinarios de la funcionaria -no especificó nombre-. Ante ello, la autoridad demandada, en audiencia señaló que, la recepción de documentos es hasta 16:00; si bien el Oficial de Diligencias, el 11 de junio de 2024, se apersonó fuera del horario indicado, debido a la distancia existente entre la ciudad de La Paz y la localidad de Patacamaya, solicitó que se le recepcione el mandamiento de libertad, con fecha posterior, es decir, 12 del mismo mes y año a horas 8:00, hecho que efectivamente ocurrió. Por los procedimientos a cumplir, como la verificación del referido mandamiento, la revisión en kardex y la carga laboral existente, se dio cumplimiento al indicado mandamiento de libertad a horas 13:10 del mismo día.
El Juez de garantías, denegó la tutela solicitada por naturaleza jurídica.
En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.
Ahora bien en lo concerniente a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 0619/2023-S4 de 12 de julio, estableció que: «En cuanto al mandamiento de libertad el art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2021-, señala que: “…cumplida la condena, concedida la libertad condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno. El funcionario que incumpla esa disposición, será pasible de responsabilidad penal, sin perjuicio de aplicarse las disposiciones penales que correspondan” En ese orden cabe indicar que este Tribunal, a partir de la SC 0100/2010-R de 10 de mayo, reiteró el entendimiento asumido en la SC 0323/2003-R de 17 de marzo, con relación al art. 39 de la LEPS, estableciendo que; “…ha determinado que, cuando ese precepto falta [...] señala que el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno, se refiere a que el detenido con la sola presentación del mandamiento será dejado en libertad, empero, resulta implícito el deber jurídico que recae sobre la Gobernación de la Cárcel, de tomar las debidas previsiones para evitar que alguien pueda ser puesto en libertad teniendo otros mandamientos pendientes o que el mandamiento de libertad pueda contener alguna falsedad material o ideológica, lo cual le impele a tener que verificar y solicitar la información pertinente y revisar previamente los registros antes de dar curso al mandamiento…’, comprobación y consulta que deberá ser realizada inmediatamente, una vez recibido el mandamiento de libertad” Entendimiento complementado por las SSCC 0192/2004-R y 1696/2004-R, entre otras» (las negrillas corresponden al texto original).
El accionante, denunció que el ahora demandado, no cumplió en el día con el mandamiento de libertad. De antecedentes se advierte que, a fs. 2, cursa mandamiento de libertad, emitido el Juzgado Público de Familia Segundo de El Alto del departamento de La Paz, en el que se ordenó al Gobernador del Centro de Custodia y Rehabilitación “Cero Violencia” de la localidad de Patacamaya del departamento de La Paz, poner en inmediata libertad al accionante, siempre que no estuviera detenido por otra causa. En el presente caso, se puede evidenciar que efectivamente el mandamiento de libertad a favor del accionante, fue pronunciado el 11 de junio de 2024; empero, conforme a lo informado por la autoridad demandada, el Oficial de Diligencias del referido Juzgado, se hizo presente en la fecha indicada, en el Centro de Custodio y Rehabilitación mencionado fuera del horario a atención; es decir, después de horas 16:00, a objeto de notificar con el citado mandamiento; en razón a aquello, se habría acordado su recepción, con fecha posterior, vale decir, 12 de igual mes y año, “a horas 08:00”. Ahora bien, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrada el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro de los plazos razonables; aspecto que, conforme lo informado por el demandado “…en toda oficina administrativa la recepción de documentos es hasta las 16:00…” (sic) lo que impidió que el 11 de mayo de 2024 se realice la entrega del mandamiento de libertad al Centro de Custodio mencionado, no obstante, por el principio de cooperación institucional, además de la dificultad que implica para los funcionarios públicos trasladarse desde la ciudad La Paz hasta la localidad de Patacamaya, se acordó efectivizar la recepción del documento con fecha posterior, es decir, 12 del mismo mes y año. Entonces, si bien se recepcionó el mandamiento de libertad observado con fecha posterior, el mismo fue ejecutado ese día -12 de junio de 2024- luego de generar el informe de respaldo y la verificación requerida, cumpliendo así, conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, con el deber jurídico de corroborar los datos pertinentes y efectuar las diligencias necesarias, procurando que la ejecución del referido mandamiento no presente inconsistencias o errores que puedan comprometer la validez de la actuación, aspectos que como se advierte no necesariamente significa lesión de derechos, más aun considerando que la solicitud de la impetrante de tutela ya fue satisfecha; por lo cual, corresponde denegar tutela impetrada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 39/2024 de 12 de junio, cursante de fs. 11 a 12 y vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
MAGISTRADA Dra. Amalia Laura Villca
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1309_2026-S2.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3b590b132193f7792777637e58dff8a3c70c16c5d5436a938dbc770e6d138264
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