Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 016/2024 de 18 de junio, cursante de fs. 13 a 15, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo la remisión del recurso de apelación incidental promovida por el accionante contra el Auto Interlocutorio de 15 de mayo de 2024, que rechazó su petición de cesación de detención preventiva, siempre y cuando no se haya cumplido.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1306/2026-S2 Sucre, 5 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERATIVA - Pronto despacho SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 65082-2024-131-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 016/2024 de 18 de junio, cursante de fs. 13 a 15, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Benedicto Tancara Castillo en representación sin mandato de Ovidio Rodolfo Cayaya Aruquipa contra Ronald Laura Tonconi, Juez del Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad personal, vinculado con el principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de infanticidio -posteriormente modificado a homicidio-, fue sometido a la medida cautelar de detención preventiva. En audiencia pública de 15 de mayo de 2024, el Juez demandado declaró improcedente su solicitud de cesación de la extrema medida, contra cuya determinación interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, desde esa fecha no fueron remitidos los antecedentes de la apelación al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pese a los reiterados reclamos efectuados por sus abogados defensores, habiendo transcurrido más de treinta días de dilación, con el consecuente incumplimiento de los plazos procesales. Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la remisión inmediata de los antecedentes de su apelación incidental y se establezca la responsabilidad administrativa del demandado.
Ante ello, el Juez demandado, en audiencia de garantías solicitó se deniegue la tutela solicitada, señalando que: a) El Juzgado no contaba con recursos económicos para cubrir las fotocopias y remisión del recurso de apelación incidental, por lo que correspondía coordinar dichos gastos con la parte apelante; al no haberse concretado esa coordinación, se dispuso la remisión de los antecedentes originales; b) Su autoridad cumplió con las actuaciones correspondientes a la audiencia de cesación de la detención preventiva, siendo responsabilidad de la Secretaria del Juzgado ejecutar las tareas dispuestas, entre ellas, la remisión del recurso de apelación, por lo que debió informársele sobre su incumplimiento y, en su caso, identificarse correctamente al sujeto pasivo o demandarse al Tribunal en su conjunto; y, c) Pese a no haberse provisto los recaudos necesarios para la remisión, dispuso el envío de los antecedentes al Tribunal de apelación el mismo día de la audiencia de la acción de libertad. El Juez de garantías denegó la tutela solicitada por carecer de legitimación pasiva la autoridad judicial demandada. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.
La SCP 0096/2025-S2 de 10 de marzo, señaló que: “El art. 115.II de la CPE establece que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’; en consecuencia, consagra el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso, lo cual exige que toda causa -sea esta judicial o administrativa- se tramite sin demoras innecesarias; es decir, de manera oportuna. Por su parte, los arts. 178.I y 180.I de la Norma Suprema, instituyen de manera explícita la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia.
Con referencia a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…’” (el resaltado nos corresponde).
En el caso objeto de revisión, el accionante, a través de su representante sin mandato, no adjuntó prueba alguna que respalde su pretensión; sin embargo, las partes, de manera coincidente, señalan que la presente acción de defensa deriva del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, quien se encuentra con detención preventiva, radicado en el Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz, cuya Presidencia se encuentra a cargo del Juez demandado. Asimismo, resulta evidente que, en audiencia pública de 15 de mayo de 2024, el Juez demandado rechazó la solicitud de cesación de la extrema medida presentada por el accionante, decisión contra la cual interpuso recurso de apelación. En ese contexto, el accionante denuncia que la autoridad judicial demandada incurrió en dilación indebida, con inobservancia del principio de celeridad en el proceso penal señalado, al omitir la remisión de su apelación incidental contra la decisión que rechazó su petición de cesación de la detención preventiva, desde la celebración de la audiencia, es decir, el 15 de mayo de 2024, hasta el 17 de junio del citado año, fecha de presentación de la acción de libertad. Este aspecto fue reconocido expresamente por el Juez demandado en el informe presentado dentro de la presente acción de defensa, al señalar: “…no se ha podido cubrir los gastos por la parte apelante, en ese sentido se tiene por cumplida la remisión en el entendido que se la ha hecho en originales” (sic), pretendiendo justificar la dilación denunciada en la falta de provisión de recaudos por parte del apelante/accionante. Por consiguiente, resulta evidente la denuncia de dilación en los actos procesales, la inobservancia del principio de celeridad y el incumplimiento del plazo para la remisión de la apelación incidental al Tribunal de apelación, previsto en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), al encontrarse directamente vinculada con el derecho a la libertad.
Sin embargo, al respecto, corresponde efectuar la siguiente precisión: el Juez demandado no adjuntó prueba alguna que acredite la recepción de la referida apelación incidental por el Tribunal de apelación, por lo que no existe certeza respecto a su efectiva remisión; consiguientemente, tampoco puede establecerse el trámite que, en su caso, deba cumplirse ante dicho Tribunal para la consideración y resolución del referido recurso. En ese entendido, corresponde conceder la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada, a través de su personal de apoyo, cumpla con la remisión del recurso de apelación incidental al Tribunal de apelación, en caso de persistir la omisión denunciada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 016/2024 de 18 de junio, cursante de fs. 13 a 15, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo la remisión del recurso de apelación incidental promovida por el accionante contra el Auto Interlocutorio de 15 de mayo de 2024, que rechazó su petición de cesación de detención preventiva, siempre y cuando no se haya cumplido. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1306_2026-S2.pdf · páginas 1 a 4.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1163ce0537914a9a5e477c56e03f17de3bc10fb3fb2932e4975443cd98a08a81
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