Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de octubre de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante considera lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la vida (vivir bien) y a la “legalidad”; alegando que, el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz -ahora demandado-, no dio cumplimiento al mandamiento de libertad ordenado por el Juez de la causa, pese a su notificación con el mismo el 14 de abril de 2023, a horas 15:39; sin embargo, a la fecha de la presentación de la acción tutelar, aún sigue detenido en el referido Centro Penitenciario, restringiéndole ilegalmente su derecho a la libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 084/2023 de 15 de abril, cursante de fs. 13 a 14 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, únicamente en lo referente a la vulneración del derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad, en los mismos términos y alcances a los dispuestos por el Juez de garantías; y, 2° DENEGAR en cuanto a los derechos a la vida “vivir bien”, al debido proceso y del principio de legalidad, en el marco de lo expuesto en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1304/2025-S3 Sucre, 20 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 55396-2023-111-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 084/2023 de 15 de abril, cursante de fs. 13 a 14 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Waldo Germán Ururi Osco en representación sin mandato de Alejandro López Ari contra Edgar Jesús Trujillo Lazarte, Director a.i. del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz.
Por memorial presentado el 15 de abril de 2023, cursante de fs. 6 a 7 vta., el accionante manifestó que:
Dentro del proceso de asistencia familiar seguido por Virginia Chujo Titirico, en su contra, expidieron mandamiento de apremio; por ello, estaría detenido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. El 14 de abril de 2023, presentó acción de libertad, contra el Juez de la causa, quién señaló que, ya expidió mandamiento de libertad; sin embargo, a la fecha de presentación de la presente acción tutelar, aún continúa detenido. El Director del indicado Centro Penitenciario -ahora demandado-, no dio cumplimiento al referido mandamiento; pese a que, el mismo fue de su conocimiento a horas 15:39 de la misma data, restringiéndole ilegalmente su derecho a la libertad.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad vinculado a la celeridad, al debido proceso, a la vida (vivir bien) y “legalidad”, citando al efecto los arts. 15, 23, 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo su inmediata liberación en cumplimiento al mandamiento de libertad.
Celebrada la audiencia pública virtual el 15 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 11 a 12 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolo, manifestó que: a) Los funcionarios de los centros penitenciarios, están en la obligación de comprobar la legitimidad del mandamiento de libertad al contar con medios de comunicación ágiles; sin embargo, no obraron de esa forma vulnerando sus derechos constitucionales; b) La autoridad -ahora demandada- tenía toda la obligación de realizar las diligencias necesarias para ejecutar dicho mandamiento; además, debió tomar en cuenta el reglamento para velar la integridad de los derechos humanos, citando la SCP 0187/2018-S2 de 14 de mayo; c) Se vulneró flagrantemente su derecho a la libertad, al principio de celeridad e inmediatez procesal. Hasta la celebración de la audiencia de garantías, se encuentra ilegalmente detenido; y, d) Asimismo, impetró la acción de libertad en la vía reparadora, con la finalidad que sus derechos transgredidos sean garantizados en todo momento.
Edgar Jesús Trujillo Lazarte, Director a.i. del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, a través de su representante, en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela impetrada, en mérito a los siguientes argumentos: 1) Hasta el 14 de abril de 2023, radicaron veinticinco mandamientos de libertad, de los cuales el Centro Penitenciario, tenía la obligación de verificar cada uno de ellos sobre su autenticidad material e ideológica, trabajo que estaba a cargo de dos funcionarios policiales; 2) El referido mandamiento dispuesto por el Juez de la causa, a favor del ahora impetrante de tutela, no fue objeto de verificación debido a que, fue presentado a horas 15:39 de la misma data; y, 3) Por la carga procesal que viene atravesando el Centro Penitenciario, fue físicamente imposible verificar el mandamiento de libertad, motivo por el que aún se encuentra pendiente de revisión.
El Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 084/2023 de 15 de abril, cursante de fs. 13 a 14 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo que la autoridad demandada en el día proceda a la liberación del ahora impetrante de tutela. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) El Director ahora demandado, alegó que no verificó el origen legal del mandamiento de libertad del ahora accionante; por lo que, no efectivizó su libertad; ii) La comprobación sobre la autenticidad de dicho documento, debió realizarse vía llamada telefónica ante el Juez o Secretaria del Juzgado; iii) El derecho a la libertad de una persona, no puede estar atado a situaciones administrativas, pues su cumplimiento debe ser de forma inmediata; sin embargo, la autoridad demandada, señaló que, no alcanzó a verificar la legalidad del referido mandamiento; por lo que, el accionante aún se encuentra detenido; y, iv) Retardó de manera injustificada la ejecución del mandamiento de libertad, incurriendo en dilación indebida.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 14 de abril de 2023, dirigido ante los jueces de garantías constitucionales de turno de El Alto del departamento de La Paz, Alejandro López Ari -ahora accionante-planteó otra acción de libertad contra de José Luis Hidalgo Guarachi, Juez Público de Familia Sexto de la misma Capital y departamento. De la verificación en sistema de gestión procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, la causa se encuentra pendiente de resolución, identificada como exp. 54915-2023-110-AL, con fecha de ingreso el 3 de mayo de 2023 (fs. 4 a 5). II.2. Cursa mandamiento de libertad de 14 de abril de 2023, emitido por José Luis Hidalgo Guarachi, Juez Público de Familia Sexto de El Alto del departamento de La Paz, ordenando al Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz -ahora demandado-, la libertad de Alejandro López Ari -ahora accionante-, dentro del proceso de asistencia familiar interpuesto por Virginia Chujo Titirico en su contra. Siendo notificada dicha autoridad penitenciaria en la misma fecha, a horas 15:39 (fs. 3).
El accionante considera lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la vida (vivir bien) y a la “legalidad”; alegando que, el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz -ahora demandado-, no dio cumplimiento al mandamiento de libertad ordenado por el Juez de la causa, pese a su notificación con el mismo el 14 de abril de 2023, a horas 15:39; sin embargo, a la fecha de la presentación de la acción tutelar, aún sigue detenido en el referido Centro Penitenciario, restringiéndole ilegalmente su derecho a la libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0536/2023-S4 de 22 de junio, sostuvo que: «Dentro de la clasificación doctrinal de la acción de libertad, respecto a la finalidad que esta persigue, la traslativa o de pronto despacho, se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante dilaciones indebidas que van en menoscabo de la persona privada de libertad; es por ello que, la importancia de esta acción tutelar, radica en la búsqueda de la efectividad del principio de celeridad, el cual se encuentra consagrado en los arts. 178.I y 180.I de la CPE; por tanto, un actuar contrario a este principio, supone vulneración al derecho a la libertad, previsto en el art. 23.I de la Norma Suprema. En ese marco, con relación a la celeridad en las solicitudes de personas privadas de libertad y su protección mediante la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0427/2020-S4 de 9 de septiembre; señaló que: “Al respecto, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, determinó lo siguiente: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’. (…) Si bien dicha postura jurisprudencial fue específicamente elaborada para casos de personas con detención preventiva, su finalidad fue la de asegurar la resolución de las solicitudes de los privados de libertad dentro de los plazos establecidos en la ley y, de no existir estos, dentro de plazos razonables, lo que posibilita que la misma sea aplicable a cualquier circunstancia en la que esté en discusión el derecho a la libertad personal o de locomoción. Por su parte, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, desarrollando doctrina que reconoce a la acción traslativa o de pronto despacho instituyó que se constituye en el mecanismo: ‘…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. En este desarrollo, se advierte que imprimir un trámite rápido y efectivo en los casos en los que se encuentra en discusión la restricción del derecho a la libertad de una persona (personal y de locomoción), constituye una labor primordial a efectos de garantizar su respeto y ejercicio dentro del marco de la Norma Fundamental y de las leyes aplicables a la materia, que debe ser observada (…) caso contrario, la parte perjudicada tiene el mecanismo de la acción de libertad para lograr que su situación jurídica sea resuelta sin dilaciones” » (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 1109/2025-S3 de 12 de septiembre, reiterando el entendimiento jurídico en la SCP 1349/2013-S3 de 15 de agosto, estableció que: “En el marco de los postulados propios del Estado Constitucional de Derecho, se tiene que las autoridades encargadas de recintos penitenciarios, se encuentran sometidos a las decisiones jurisdiccionales que emanen de las autoridades competentes; en ese orden, a partir de la premisa antes señalada, debe establecerse que dichas autoridades, tienen un deber funcionario ineludible: El cumplimiento eficaz, inmediato y sin dilación alguna de decisiones jurisdiccionales en los términos plasmados en las órdenes expedidas por autoridades competentes y en caso de duda o imposibilidad de cumplimiento no atribuible al privado de libertad, las autoridades encargadas de centros penitenciarios, tienen el deber ineludible de procurar con celeridad y diligencia un cumplimiento de la decisión jurisdiccional en el marco de una interpretación lo más favorable y extensiva a la libertad, postulado que tiene sustento jurídico constitucional en una pauta específica de interpretación de derechos fundamentales como es el pro-libertatis, cuya génesis constitucional se encuentra en los arts. 13.I, y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En ese contexto, se concluye que cualquier dilación en la ejecución inmediata de decisiones jurisdiccionales que dispongan detenciones domiciliarias o la libertad de personas privadas de libertad; o cualquier dilación en la procura y diligencia del cumplimiento eficaz de una decisión judicial en el marco del principio pro-libertatis, implicará una afectación al derecho a la libertad, la cual podrá ser tutelada a través de la acción de libertad en su modalidad expeditiva o de pronto despacho en el marco de los argumentos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Asimismo, debe señalarse que en caso de verificarse una dilación indebida en cuanto a la ejecución y cumplimiento de una decisión judicial por parte de las autoridades encargadas de recintos penitenciarios, aun cuando se haya dado cumplimiento a las decisiones judiciales de manera tardía, el análisis de la problemática a través de la acción de libertad, implicará además establecer los efectos disciplinados por la teoría constitucional para la acción de libertad innovativa, es decir que el efecto de la concesión de tutela implicará la responsabilidad de la autoridad que indebidamente dilató la inmediata ejecución de un mandamiento de detención domiciliaria o de libertad” (las negrillas y el subrayado pertenecen al texto original).
Identificada la problemática planteada; se tiene que, el accionante considera lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la vida (vivir bien) y a la “legalidad”; aduciendo que, el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz -ahora demandado-, no dio cumplimiento al mandamiento de libertad ordenado por el Juez de la causa, pese a su notificación con el mismo el 14 de abril de 2023, a horas 15:39; sin embargo, a la fecha de la presentación de la acción tutelar, aún sigue detenido en el referido Centro Penitenciario, restringiéndole ilegalmente su derecho a la libertad. De forma previa y antes de analizar la problemática planteada, cabe mencionar que el impetrante de tutela, por memorial presentado el 14 de abril de 2023, interpuso otra acción de libertad contra José Luis Hidalgo Guarachi, Juez Público de Familia Sexto de El Alto del departamento de La Paz, en la que, el Juez de garantías, mediante Resolución de esa fecha, concedió la tutela impetrada; hallándose la misma signada en el Sistema de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, con el número de exp. 54915-2023-110-AL (Conclusión II.1). En forma posterior, interpuso la presente acción de libertad -que es ahora tratada- radicada ante el Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz, pero esta vez contra Edgar Jesús Trujillo Lazarte, Director a.i. del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz -ahora demandado-. Elementos que permiten concluir que no existe identidad de sujetos, objeto y causa; entendiendo que, en la primera, se demandó contra el Juez de la causa, aduciendo que, se extendió mandamiento de apremio en su contra, pese a que cumplió sus obligaciones de asistencia familiar de forma oportuna; por lo que, pidió se extienda mandamiento de libertad en su favor. Ahora bien, en la segunda presentada, lo que cuestiona es que, una vez obtenido el citado mandamiento, el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, no efectivizó el mismo, continuando detenido, por la demora en la que se incurrió, en restricción ilegal de su derecho a la libertad. En ese orden, advirtiéndose únicamente la existencia de dos causas constitucionales en trámite y pendientes de resolución, no existe óbice procesal para analizar el fondo de la problemática. En ese contexto, contrastada la problemática identificada con la prueba presentada a la jurisdicción constitucional; se entiende que, el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz -ahora demandado-, recibió el 14 de abril de 2023, a horas 15:39, el mandamiento de libertad expedido en favor del impetrante de tutela, teniendo; en consecuencia, la obligación de dar cumplimiento al mismo de forma inmediata; empero, no lo hizo, justificando dicha omisión en la excesiva carga administrativa; además que, debió cumplir ciertos requisitos como la verificación de la autenticidad del referido documento; situación que, a criterio del impetrante de tutela, motivó una dilación en la ejecución de dicho mandamiento, en desmedro de su libertad quien hasta el momento de la celebración de la audiencia de garantías se encontraba detenido.
Consiguientemente, al advertirse una dilación en la ejecución del mandamiento de libertad, por parte del Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz -ahora demandado-, a favor del accionante, indudablemente restringe su derecho a la libertad, conforme al entendimiento plasmado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; en ese sentido, toda autoridad que conozca de una petición en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables.
El hecho de realizar la verificación pertinente del mandamiento de libertad, no debe implicar una dilación injustificada en su ejecución; toda vez que, a la luz de la jurisprudencia constitucional desglosada en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, las autoridades encargadas de los centros penitenciarios, tienen el deber ineludible de dar cumplimiento a la ejecución de un mandamiento de libertad con celeridad y diligencia, lo que no ocurrió en el caso analizado, pues quedó demostrado que, el mandamiento de libertad no fue cumplido de forma eficiente e inmediata, exponiendo el ahora demandado una serie de justificativos no valederos respecto de su accionar, que no pueden ser convalidados por esta jurisdicción.
En ese sentido, conforme se tiene de antecedentes, los hechos denunciados por el impetrante de tutela son evidentes. El demandado incumplió sus obligaciones como Director del Centro Penitenciario, en la ejecución de dicho mandamiento, incurriendo en una dilación injustificada; además vulneró el derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad; resaltando que, la verificación de las medidas de seguridad necesarias antes de dar ejecución a un mandamiento, no debe superar una demora injustificada en su materialización. En ese marco concierne conceder en parte la tutela requerida, en relación al citado derecho; precisando que, en lo concerniente a los derechos a la vida (vivir bien), compele denegarla, al haber sido solo citado en la acción tutelar sin adjuntar prueba alguna sobre su supuesta lesión, o argumento que posibilite un control tutelar. Por otra parte, en cuanto al derecho al debido proceso, el impetrante de tutela, no expresó argumento que explique cómo fue lesionado ese derecho. Por ello, concierne denegar la tutela. Finalmente, si bien el accionante en su memorial de acción de libertad alegó la vulneración del principio de “legalidad”, se debe aclarar que el mencionado precepto no se encuentra dentro del ámbito de protección de la acción de libertad previsto por el art. 125 de la CPE. Por lo que, al no corresponder su análisis a través de la presente acción de defensa, corresponde su denegatoria.
En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 084/2023 de 15 de abril, cursante de fs. 13 a 14 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, únicamente en lo referente a la vulneración del derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad, en los mismos términos y alcances a los dispuestos por el Juez de garantías; y, 2° DENEGAR en cuanto a los derechos a la vida “vivir bien”, al debido proceso y del principio de legalidad, en el marco de lo expuesto en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1304_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): e5e56b4858ad4b76d4e4069fdebe5a72880c2ad9f47d54ccfa2d78a4ef035294
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