Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2024 de 13 de junio, cursante de fs. 33 a 35 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los términos dispuestos por el Juez de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1298/2026-S2 Sucre, 5 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERATIVA - Pronto despacho SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 64936-2024-130-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 13/2024 de 13 de junio, cursante de fs. 33 a 35 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mónica Clemencia Ramírez Marquez en representación sin mandato de Juan Elías Cocarico Santander contra Luis Fernando García Mamani, Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Séptimo de la Capital del departamento de La Paz.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa y a una justicia pronta y oportuna, vinculados al principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de allanamiento de domicilio y otro, se encuentra detenido preventivamente por un año y siete meses. El 30 de abril de 2024, presentó solicitud de cesación de la detención preventiva y reiteró la misma mediante diversos memoriales; empero, el Juez demandado, hasta la fecha, no señaló día y hora de audiencia, pese a que dicha autoridad tiene competencia en la causa, porque el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz no emitió decreto de radicatoria ante la remisión de la acusación en su contra. Solicita se conceda la tutela solicitada, disponiendo que en el día señale día y hora de audiencia de cesación de detención preventiva, sin mayor trámite ni formalidad vinculada a la remisión de obrados al señalado Tribunal. Ante ello, el Juez demandado, mediante informe escrito cursante a fs. 19 y vta., solicitó se deniegue la tutela solicitada, expresando que: a) En respuesta al memorial de su solicitud de cesación de detención preventiva, se proveyó citando jurisprudencia constitucional, que dispone con claridad que, existiendo una apelación pendiente de medidas cautelares, no se puede llevar adelante una audiencia que considere similar objeto, con la finalidad de emitir pronunciamientos contradictorios; b) Sus memoriales de reiteración merecieron respuesta, aludiendo a que se adjuntó una copia simple de la resolución que habría resuelto el recurso de apelación incidental y el Tribunal de Alzada no devolvió los antecedentes de la apelación, por lo que la dilación no es atribuible a su autoridad; y, c) El 31 de mayo de 2024, se remitieron obrados originales con la acusación al Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz para el trámite del juicio oral y, el 5 de junio del citado año, recién devolvieron del Tribunal de apelación los antecedentes del recurso de apelación, sin que, a la fecha, haya en su Juzgado solicitud de cesación de la detención preventiva, por lo que no existe lesión de derechos denunciada. El Juez de garantías concedió la tutela, disponiendo que, en el día, la autoridad demandada señale audiencia pública para considerar la solicitud de cesación a la detención preventiva, si es que aún no se hubiera fijado. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.
Respecto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, como una de las modalidades de esta acción de defensa, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (el resaltado nos corresponde). Entendimiento que tiene relación con la celeridad, uno de los principios rectores de la potestad de impartir justicia del Órgano Judicial, previsto en el art. 178.I de la CPE que, conforme al entendimiento desarrollado en la SCP 0023/2013 de 4 de enero, “…persigue como principal objetivo que el proceso se concrete a las etapas esenciales y que cada una de ellas se cumpla dentro de los plazos dispuestos por la norma legal, razonamiento del cual puede inferirse que a partir de la observancia de este principio, no es posible concebir la adición de términos de manera unilateral a una determinada etapa del proceso, situación que podrá darse; sin embargo, en los casos en los que estos plazos surjan como resultado de prórrogas o ampliaciones legalmente establecidas; por lo que, este principio lleva implícita la obligación de llevar adelante los actos procesales de la manera más sencilla posible a efectos de evitar dilaciones innecesarias; es decir, la administración de justicia debe ser rápida y oportuna en la tramitación de las causas puestas en su conocimiento; una actuación contraria, conlleva no sólo la vulneración de derechos y garantías, sino también el fomento del crecimiento de uno de los mayores problemas de la administración de justicia cual es la retardación” (el énfasis es agregado).
De la revisión de los antecedentes, se evidencia que, efectivamente, el accionante se encuentra sometido a un proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de incendio y otros estragos, en el que, mediante Auto de Vista 157/2024 de 22 de marzo, se resolvió el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 25/2024 de 29 de enero, que consideró y resolvió la petición de cesación de detención preventiva (fs. 3 a 4); en base a nuevos elementos de convicción, mediante memorial presentado el 30 de abril de 2024, solicitó cesación de la detención preventiva ante la autoridad judicial demandada (fs. 6 a 11). Ante las reiteraciones efectuadas por el accionante, la autoridad judicial se pronunció mediante decreto de 3 de mayo de 2024, señalando que “…deberá estar a lo dispuesto en la Sentencia Constitucional N° 0256/2017-S3…” (sic); posteriormente, mediante decreto de 17 del mismo mes y año, manifestó que el Tribunal de apelación aún no había devuelto los antecedentes correspondientes al recurso interpuesto contra el Auto Interlocutorio 25/2024, por lo que la demora no sería atribuible a su autoridad; este último pronunciamiento fue emitido en respuesta al memorial presentado el 16 de mayo de 2024, mediante el cual se hizo conocer la existencia del Auto de Vista 157/2024, que resolvió la apelación contra el referido Auto Interlocutorio 25/2024. En ese contexto, el accionante denuncia que la falta de señalamiento de audiencia para considerar y resolver su solicitud de cesación de la detención preventiva constituye una dilación indebida. Ahora bien, la propia autoridad judicial, al presentar su informe dentro de la presente acción de libertad, reconoció que no señaló ni celebró la audiencia pública de cesación de la detención preventiva solicitada por el accionante el 30 de abril de 2024, justificando dicha omisión en la posterior remisión del expediente al Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, efectuada el 31 de mayo del mismo año; sin embargo, no se adjuntó prueba que acredite que dicho Tribunal hubiera radicado la causa mediante el correspondiente decreto, determinando la pérdida de competencia del Juez demandado, ni que hubiera devuelto los antecedentes al juzgado de origen con alguna observación. En consecuencia, al no existir respaldo documental sobre tales extremos, la justificación expuesta por la autoridad demandada carece de sustento objetivo y no permite establecer que hubiera perdido competencia para señalar y celebrar la audiencia solicitada. En ese entendido, la inobservancia del principio de celeridad y la dilación indebida en el trámite de la solicitud de cesación de la detención preventiva presentada el 30 de abril de 2024, pese a que la autoridad judicial tomó conocimiento, mediante memorial de 17 de mayo del mismo año, de que el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio 25/2024 ya había sido resuelto por el Tribunal de alzada, determina que correspondía al Juez demandado corregir dicha omisión, señalando y celebrando la audiencia solicitada; en consecuencia, conforme a los razonamientos expuestos, corresponde conceder la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2024 de 13 de junio, cursante de fs. 33 a 35 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los términos dispuestos por el Juez de garantías.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1298_2026-S2.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 562cb3499a915c2145b1c4629857fda321ea81a98a797e5abd22a0b4efd34b23
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