Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de agosto de 2026
Concede en parte la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 18/2024 de 13 de junio, cursante de fs. 86 a 89 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto a Alejandro Gamboa Mendoza, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, en los términos dispuestos por el Juez de garantías; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a Fabiola Turpo Mamani, Secretaria del referido Juzgado, conforme a los argumentos expuestos precedentemente.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1297/2026-S2 Sucre, 5 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERATIVA - Pronto despacho SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 64913-2024-130-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 18/2024 de 13 de junio, cursante de fs. 86 a 89 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Ricardo Mertens Olmos contra Alejandro Gamboa Mendoza, Juez; y, Fabiola Turpo Mamani, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz.
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, vinculado al principio de celeridad, puesto que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de delitos financieros, en el que se encuentra cumpliendo detención preventiva, solicitó la cesación de dicha medida, la cual fue considerada y resuelta en la audiencia de 31 de mayo de 2024; no obstante, al haber sido rechazada, interpuso recurso de apelación incidental; empero, hasta la fecha de presentación de la presente acción de libertad, este no fue remitido en alzada, pese a haber presentado memorial solicitando su remisión el 3 de junio del señalado año, incumpliéndose el plazo previsto en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP) para el efecto. Solicitó que se conceda la tutela, disponiendo que los demandados remitan en e l día su recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 31 de mayo de 2024. Ante ello, el Juez codemandado no presentó informe alguno ni concurrió a la audiencia de garantías pese a su legal notificación cursante a fs. 74. Fabiola Turpo Mamani, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito cursante a fs. 76, solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que el accionante no se apersonó a efectos de proveer recaudos, pretendiendo que sea ella quien corra con los gastos; además, que se trata de un caso complejo, con cincuenta y nueve cuerpos procesales y más de quince “procesados”, quienes presentan memoriales de manera constante y se llevan a cabo audiencias de manera permanente; no obstante, ya se procedió con la remisión del cuaderno de apelación a la Sala Penal Cuarta, conforme la nota adjunta. El Juez de garantías concedió la tutela solicitada contra ambos demandados, al haberse evidenciado el incumplimiento del plazo previsto en la mencionada norma, inclusive con la flexibilización de 3 días previsto en la jurisprudencia constitucional (SC 0542/2010-R de 12 de junio) en la remisión de la apelación incidental de la decisión vinculada a medida cautelar. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.
Respecto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, como una de las modalidades de esta acción de defensa, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (el resaltado nos corresponde). Entendimiento que tiene relación con la celeridad, uno de los principios rectores de la potestad de impartir justicia del Órgano Judicial, previsto en el art. 178.I de la CPE que, conforme al entendimiento desarrollado en la SCP 0023/2013 de 4 de enero, “…persigue como principal objetivo que el proceso se concrete a las etapas esenciales y que cada una de ellas se cumpla dentro de los plazos dispuestos por la norma legal, razonamiento del cual puede inferirse que a partir de la observancia de este principio, no es posible concebir la adición de términos de manera unilateral a una determinada etapa del proceso, situación que podrá darse; sin embargo, en los casos en los que estos plazos surjan como resultado de prórrogas o ampliaciones legalmente establecidas; por lo que, este principio lleva implícita la obligación de llevar adelante los actos procesales de la manera más sencilla posible a efectos de evitar dilaciones innecesarias; es decir, la administración de justicia debe ser rápida y oportuna en la tramitación de las causas puestas en su conocimiento; una actuación contraria, conlleva no sólo la vulneración de derechos y garantías, sino también el fomento del crecimiento de uno de los mayores problemas de la administración de justicia cual es la retardación” (el énfasis es agregado).
En el caso en cuestión, el reclamo del accionante se circunscribe a la demora en la remisión del recurso de apelación incidental contra la decisión que resolvió la solicitud de cesación de la detención preventiva en la audiencia de 31 de mayo de 2024 al Tribunal de apelación, incumpliéndose el plazo de remisión previsto en el art. 251 del CPP. Ahora bien, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en el marco normativo del art. 251 del CPP, una vez que ha sido interpuesto el recurso de apelación contra una medida cautelar, este debe ser remitido ante el Tribunal superior en grado en el plazo de veinticuatro horas; de lo contrario, el afectado se halla facultado para acudir a esta vía constitucional a través de la acción traslativa o de pronto despacho, que se constituye en el mecanismo procesal idóneo en los casos en los que exista vulneración al principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad. La Secretaria del Juzgado -codemandada en la presente causa- reconoce de manera expresa en su informe que la apelación incidental fue remitida el mismo día de la audiencia de garantías, es decir, el 13 de junio de 2024, a horas 09:25; empero, después de su citación con la acción de libertad, realizada a horas 09:00 del mismo día, mes y año (fs. 68 y 75 y vta.). En ese entendido, se advierte que la autoridad judicial demandada, quien ejerce jurisdicción en el proceso penal seguido contra el accionante, y tiene a su cargo la dirección del mismo y el control del personal de apoyo, incurrió en dilación en la remisión de la apelación incidental formulada el 31 de mayo de 2024 por el impetrante de tutela, puesto que la referida remisión recién fue cumplida el 13 de junio del señalado año, sin observar el principio constitucional de celeridad que rige la función de impartir justicia, pese a que el peticionante de tutela solicitó la remisión del recurso de apelación incidental mediante memorial presentado el 4 del mismo mes y año (fs. 59) sin respuesta alguna de la autoridad judicial; es decir, después de trece días de haberse planteado el recurso de apelación incidental y, como consecuencia de la citación con la presente acción de defensa, recién fue remitido el señalado recurso de apelación incidental, incumpliendo el plazo de remisión previsto en el art. 251 del CPP, mereciendo conceder la tutela respecto del Juez demandado. En cuanto a la Secretaria codemandada, es necesario tener presente que, por estar bajo dependencia del Juez de la causa, es esta autoridad quien debe ejercer control y dirección de los actos del personal de apoyo de su juzgado; en cuyo mérito, corresponde denegar la tutela solicitada respecto de esta servidora judicial. En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 18/2024 de 13 de junio, cursante de fs. 86 a 89 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto a Alejandro Gamboa Mendoza, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, en los términos dispuestos por el Juez de garantías; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a Fabiola Turpo Mamani, Secretaria del referido Juzgado, conforme a los argumentos expuestos precedentemente. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1297_2026-S2.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7ecc6aa3f186065d47713d857a14d15329cf703b4ab1e6b5e5135af0afea6e81
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →