Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de agosto de 2026
Concede en parte la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2024 de 15 de mayo, cursante de fs. 45 a 49, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada respecto a Gustavo Naylzon Tovar Calle, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción, contra la Violencia hacia las Mujeres Décimo de El Alto del departamento de La Paz, en los términos dispuestos por el Juez de garantías; y, DENEGAR la tutela solicitada respecto al Juez del señalado Juzgado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1290/2026-S2 Sucre, 5 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERATIVA - Pronto despacho SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 64844-2024-130-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 09/2024 de 15 de mayo, cursante de fs. 45 a 49, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Michael Adolfo Riveros Revollo en representación sin mandato de Junior Freddy Salas Calle contra René Eduardo Foronda Escobar, Juez; y, Gustavo Naylzon Tovar Calle, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción contra la Violencia hacia las Mujeres Décimo de El Alto del departamento de La Paz.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la “seguridad jurídica”; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, fue sometido a la medida cautelar de detención preventiva en audiencia pública desde el 5 de marzo de 2024; posteriormente, tras retirar el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio 341/2024 de 6 de mayo, que resolvió su solicitud de cesación de la detención preventiva, mediante memorial presentado el 7 de igual mes y año solicitó nuevamente la cesación de dicha medida, sin que hasta la presentación de la presente acción de libertad -14 de mayo de 2024- se hubiera emitido respuesta respecto al señalamiento de audiencia, menos aún se hubiera celebrado la misma, incurriendo en una indebida dilación procesal y una conducta negligente que afecta su derecho a la libertad. Solicitó se conceda la tutela, disponiendo el señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva, la condenación en costas y la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura. Ante ello, René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Penal Anticorrupción contra la Violencia hacia las Mujeres Décimo de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito cursante a fs. 37 y vta., solicitó se deniegue la tutela solicitada, señalando que: a) Respecto a la solicitud de cesación de la detención preventiva de 7 de mayo de 2024, la audiencia fue señalada, por lo que no existe lesión a ningún derecho o garantía; y, b) No es su responsabilidad que los funcionarios de apoyo desconozcan la norma, señalando audiencias fuera del plazo establecido por ley. Por su parte, Gustavo Naylzon Tovar Calle, Secretario del referido Juzgado, por informe escrito cursante a fs. 41 y vta., solicitó se deniegue la tutela requerida, señalando que: 1) Por un error involuntario de la Auxiliar del Juzgado y la recarga de memoriales de ambas partes, no le pasaron el despacho oportunamente; y, 2) La audiencia para la solicitud del accionante fue señalada para el 16 de mayo de 2024 a horas 15:30, habiéndose generado por auxiliatura las notificaciones, así como la orden de conducción del detenido al Centro Penitenciario de Patacamaya. El Juez de garantías concedió en parte la tutela impetrada contra el Secretario codemandado, en la modalidad de acción de libertad innovativa. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.
La SCP 0096/2025-S2 de 10 de marzo, señaló que: “El art. 115.II de la CPE establece que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’; en consecuencia, consagra el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso, lo cual exige que toda causa -sea esta judicial o administrativa- se tramite sin demoras innecesarias; es decir, de manera oportuna. Por su parte, los arts. 178.I y 180.I de la Norma Suprema, instituyen de manera explícita la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia.
Con referencia a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…’” (el resaltado nos corresponde).
Efectivamente, dentro del proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se dispuso su detención preventiva (fs. 15 a 21). Posteriormente, mediante memorial de 7 de mayo de 2024, el impetrante de tutela retiró expresamente el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio 341/2024 de 6 de mayo, que rechazó su petición de cesación de la detención preventiva; asimismo, en la misma fecha, presentó solicitud de cesación de dicha medida (fs. 22 a 23). En ese contexto, conforme al reconocimiento expreso efectuado por los servidores judiciales demandados al momento de presentar sus informes en la presente causa constitucional (fs. 37 y vta.; y, 41 y vta.), no se señaló audiencia para la consideración y resolución de la cesación de la detención preventiva solicitada por el accionante, presuntamente debido a la recarga procesal existente en el Juzgado, que habría impedido pasar los memoriales presentados a despacho, según el Informe emitido el 15 de “abril” de 2024 por el Secretario codemandado (fs. 34); empero, sin adjuntar elemento de convicción alguno que respalde dicha afirmación. En cuyo mérito, se señaló audiencia de cesación de detención preventiva para el 16 de mayo del mencionado año y se emitió mandamiento de conducción del accionante al Centro Penitenciario de Patacamaya (fs. 35 a 36). En esa comprensión, resulta evidente la inobservancia del principio constitucional de celeridad procesal y la dilación en la que incurrió, específicamente, el Secretario codemandado, al incumplir la obligación común de pasar en el día los memoriales presentados a despacho para su providencia, prevista en el art. 94.I.1 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); extremo que ocasionó la dilación en el señalamiento de la audiencia solicitada por el accionante, aspecto que adquiere especial relevancia al encontrarse vinculado con su derecho a la libertad.
Además, puede inferirse que el referido decreto de señalamiento de audiencia fue emitido como consecuencia de la notificación con la presente acción de libertad, cumplida el 15 de mayo de 2024, en horas de la mañana (fs. 31 a 32), lo que da mérito para conceder la tutela solicitada respecto al Secretario codemandado, sin establecer responsabilidad del Juez demandado, ya que el memorial reclamado por el impetrante de tutela, no le fue puesto en su conocimiento en tiempo oportuno para su atención. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2024 de 15 de mayo, cursante de fs. 45 a 49, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada respecto a Gustavo Naylzon Tovar Calle, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción, contra la Violencia hacia las Mujeres Décimo de El Alto del departamento de La Paz, en los términos dispuestos por el Juez de garantías; y, DENEGAR la tutela solicitada respecto al Juez del señalado Juzgado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1290_2026-S2.pdf · páginas 1 a 4.
Huella digital del PDF (SHA-256): d977f146d94125c7a68e426ec2a6c8cff82782435fff07db0d4cee8840ec7f19
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