Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución S-58 de 23 de abril de 2024, cursante de fs. 14 a 16, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos resueltos por la indicada Sala Constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1289/2026-S2 Sucre, 5 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA - Pronto despacho SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 64839-2024-130-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución S-58 de 23 de abril de 2024, cursante de fs. 14 a 16, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Cornelio Peña Romero en representación sin mandato de Raúl Ángel Pérez contra Julio Nelson Alba Flores y Gladys Alba Franco, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad; toda vez que, encontrándose privado de libertad en cumplimiento de una condena de quince años por la comisión del delito de homicidio; dentro del proceso penal seguido en su contra, el 26 de marzo de 2024 se llevó a cabo la audiencia de apelación incidental contra el Auto 60/2024 de 26 de febrero; sin embargo, transcurrieron veintisiete días sin que los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz remitieran el expediente 75/24 al Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de la Capital, pese a los reiterados reclamos realizados para que se efectúe dicha remisión, generando una dilación que vulneró el principio de celeridad y afectó su situación jurídica al encontrarse privado de libertad. Solicitó se conceda la tutela impetrada y se ordene a los Vocales demandados remitir el expediente 75/24 al Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de la Capital, en el plazo de veinticuatro horas. Ante ello, las autoridades demandadas, Julio Nelson Alba Flores y Gladys Alba Franco, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentaron informe alguno ni estuvieron presentes en la audiencia de acción de libertad, pese a haber sido legalmente citados, conforme consta a fs. 7 y 8. El Juez de garantías concedió la tutela impetrada, ordenado la remisión del expediente al juzgado de origen de forma inmediata. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.
La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, manifestó al respecto que la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, señaló que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…’ (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.”
Delimitada la problemática que motivó la interposición de la presente acción de defensa y conocidos los argumentos expuestos por las partes, se advierte que el accionante pretende que los Vocales demandados remitan el expediente 75/24 al Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de la Capital, al considerar que, una vez celebrada la audiencia de apelación incidental el 26 de marzo de 2024, transcurrieron veintisiete días sin que los antecedentes fueran devueltos al juzgado de origen, generando una dilación en el trámite de una causa correspondiente a una persona privada de libertad.
Conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el deber de celeridad en las actuaciones vinculadas con personas privadas de libertad alcanza a las autoridades jurisdiccionales y a los funcionarios que intervienen en su tramitación, quienes se encuentran obligados a ejercer sus funciones con la debida diligencia y dentro de los plazos establecidos por el ordenamiento jurídico, evitando dilaciones indebidas que puedan incidir en la situación jurídica de la persona sometida a proceso penal. En ese marco, de los antecedentes se tiene que el 26 de marzo de 2024 se llevó a cabo la audiencia de apelación incidental contra el Auto 60/24 de 26 de febrero; sin embargo, hasta la celebración de la audiencia de acción de libertad, el 23 de abril de 2024, no se produjo la devolución del expediente 75/24 al Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de la Capital; a ello se suma que los Vocales demandados, pese a su legal citación, no presentaron informe alguno ni remitieron los antecedentes necesarios que permitieran establecer las razones de dicha demora o desvirtuar los hechos denunciados por el accionante; por lo que, ante la ausencia de elementos que contradigan lo señalado, corresponde tener por acreditada la dilación denunciada. En este contexto, se evidencia que la devolución del expediente al juzgado de origen no se produjo de manera oportuna, pues entre la realización de la audiencia de apelación incidental y la interposición de la presente acción transcurrieron veintisiete días, sin que se hubiera acreditado una causa que justifique razonablemente dicha demora. Tal circunstancia adquiere relevancia constitucional al encontrarse el accionante privado de libertad, toda vez que las actuaciones vinculadas con su situación jurídica deben ser tramitadas con la celeridad y diligencia exigibles en estos casos. Por lo expuesto, al haberse establecido que los Vocales demandados incurrieron en una demora injustificada en la devolución del expediente 75/24 al Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de la Capital, se tiene por vulnerado el principio de celeridad vinculado con el derecho a la libertad del accionante; por lo que corresponde conceder la tutela solicitada.
En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución S-58 de 23 de abril de 2024, cursante de fs. 14 a 16, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos resueltos por la indicada Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1289_2026-S2.pdf · páginas 1 a 4.
Huella digital del PDF (SHA-256): 21619dc251b977313169249e61c49bec42323b24dca73ed63fe1b855eb998cec
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