Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 12/2024 de 24 de mayo, cursante de fs. 24 a 26, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1287/2026-S2 Sucre, 5 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA - Pronto despacho SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 64832-2024-130-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 12/2024 de 24 de mayo, cursante de fs. 24 a 26, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ignacio Calcina Guerrero en representación sin mandato de Eusebio Montaño Peláez contra Lerika Palma Mayta, Secretaria del Juzgado Público Mixto, Civil Comercial de Familia Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de La Asunta del departamento de La Paz.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a una justicia pronta y oportuna, y del principio de celeridad por dilación indebida; toda vez que, el 14 de mayo de 2024, tuvo lugar la audiencia de cesación a la detención preventiva, disponiendo su detención domiciliaria, fecha en la que interpuso recurso de apelación incidental, desde entonces transcurrieron seis días hábiles sin que se hubiera remitido el cuadernillo de apelación en alzada, pese a tratarse de una persona con discapacidad. Solicitó que la Secretaria demandada, remita y entregue el recurso de apelación incidental. Ante ello, Erika Palma Mayta, Secretaria del Juzgado Público Mixto Civil, Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de La Asunta del departamento de La Paz -ahora demandada-, mediante informe cursante a fs. 20 y vta., manifestó que: a) El 14 de mayo de 2024 se llevó a cabo la audiencia de consideración de la cesación a la detención preventiva dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Eusebio Montaño Peláez, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, oportunidad en la que la defensa interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, la parte interesada, sus abogados y tampoco el accionante se apersonaron al juzgado para obtener las copias necesarias para la conformación del legajo de apelación; b) Debido a la carga laboral y a la cantidad de materias atendidas en el juzgado, no le era posible trasladarse a la ciudad de La Paz, considerando que el juzgado cuenta únicamente con un Oficial de Diligencias y que la localidad de La Asunta se encuentra a más de 200 kilómetros de dicha ciudad, con un tiempo de viaje superior a ocho horas; y, c) Tomando en cuenta la situación de discapacidad del imputado y con la finalidad de evitar la vulneración de sus derechos, adjuntó, con los medios a su alcance, copia del oficio de remisión de la apelación, del libro de altas y bajas y demás antecedentes. El Juez de garantías concedió la tutela impetrada, exhortando a la funcionaria demandada no incurrir en conductas dilatorias. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.
Los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE) consagran los principios de debido proceso, seguridad jurídica, celeridad y tutela judicial efectiva, imponiendo a las autoridades jurisdiccionales el deber de garantizar una administración de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones indebidas. En materia penal, dicho deber adquiere mayor relevancia cuando el imputado se encuentra privado de libertad; pues, las autoridades judiciales tienen la obligación de ejercer control jurisdiccional permanente sobre la legalidad y vigencia de la detención preventiva, así como de tramitar con la debida diligencia todas las actuaciones relacionadas con la situación jurídica del procesado.
Con base en ello, la SCP 0561/2024-S2 de 5 de septiembre estableció que: “…dentro de un enfoque de aplicación genérica tanto la autoridad judicial que conoce determinada causa penal como el juez de ejecución penal, tienen la atribución y deber de constituirse en garantes del respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales y/o convencionales de las y los privadas/os de libertad, en el marco de cuya labor de ejercicio del control jurisdiccional, queda afianzado que cualquier situación o circunstancia que pudiese considerarse atentatoria a los mismos, debe ineludiblemente ser puesta a conocimiento de una de dichas autoridades judiciales -según sea pertinente-” (las negrillas corresponden al texto original). En este sentido, inicialmente, corresponde señalar el deber de los jueces de instrucción en lo penal de realizar el control jurisdiccional, facultad que, conforme a la Sentencia Almonacid Arellano vs. Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solo se debe realizar respecto al Ministerio Público y la Policía (art. 279 del Código de Procedimiento Penal [CPP]), sino frente a terceros, como testigos, peritos, etc., y respecto a su propio personal auxiliar, como sucede con secretarios-abogados, notificadores y auxiliares. Por ello mismo, el art. 135 del CPP establece que: “El incumplimiento de los plazos establecidos en este Código dará lugar a la responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente”, precepto concordante con la establecida en el art. 187.2 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece como falta: “No promueva la acción disciplinaria contra su personal auxiliar, estando en conocimiento de alguna falta grave”, lo que denota el poder de control y el deber de resguardo de derechos y garantías de las autoridades judiciales sobre su personal, constituyendo estas el recurso idóneo frente a las actuaciones de dicho personal auxiliar. El reconocimiento de las autoridades judiciales como recurso idóneo frente al personal auxiliar en la jurisprudencia boliviana se produce incluso desde la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, salvo que se presenten subreglas, como sucede con casos en los que se afecta el derecho a la vida, los derechos de menores de edad, etc.
Delimitada la problemática que originó la interposición de esta acción de defensa y conocidos los argumentos expuestos por las partes, se advierte que el accionante pretende que la Secretaria demandada remita el cuaderno correspondiente al recurso de apelación interpuesto contra la Auto Interlocutorio 62/2024 de 14 de mayo, emitida dentro de la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva. Conforme al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, las autoridades jurisdiccionales que conocen una causa penal tienen el deber de ejercer control jurisdiccional sobre el desarrollo del proceso y, particularmente, respecto de las actuaciones de su personal auxiliar, debiendo garantizar el respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales; en ese marco, cuando la reclamación se encuentra vinculada con actuaciones u omisiones atribuidas al personal auxiliar jurisdiccional, corresponde, en principio, acudir ante el juez que conoce la causa, quien constituye el recurso idóneo para ejercer el control respectivo y adoptar las medidas que correspondan. En tal situación, de los antecedentes traídos en revisión se advierte que, dentro del proceso penal seguido contra Eusebio Montaño Peláez por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, en audiencia de cesación a la detención preventiva de 14 de mayo de 2024, se emitió el Auto Interlocutorio 62/2024, disponiéndose la detención domiciliaria del accionante, determinación contra la cual la defensa interpuso recurso de apelación incidental; no obstante, los antecedentes de dicha impugnación no fueron remitidos dentro del plazo previsto por el art. 251 del CPP, circunstancia que evidencia una demora en su tramitación. Sin embargo, también se tiene que, antes de la celebración de la audiencia de acción de libertad, la Secretaria demandada efectuó la remisión de los antecedentes al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conforme se acredita mediante el oficio de 23 de mayo de 2024. Por tanto, al momento de resolverse la presente acción de defensa, la actuación cuya demora fue denunciada ya había sido cumplida. Por otra parte, si bien la demora atribuida a la Secretaria demandada resulta compatible con el deber de celeridad que debe observarse en la tramitación de los recursos vinculados con personas privadas de libertad; empero, corresponde considerar que, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el juez que conoce la causa tiene el deber de ejercer control sobre su personal dependiente y constituye el recurso idóneo para reclamar las actuaciones u omisiones en las que este pudiera incurrir; en ese sentido, no se advierte en el caso concreto una circunstancia excepcional que permita prescindir de dicho mecanismo de control y activar directamente la acción de libertad contra la funcionaria subalterna. Por consiguiente, la demora denunciada, además de haber sido subsanada durante la tramitación de la presente acción de defensa, corresponde ser sometida al control del juez que conoce el proceso penal, quien, en ejercicio de sus atribuciones, tiene la obligación de adoptar las medidas que considere pertinentes respecto de la actuación de su personal dependiente.
Por lo expuesto, al no concurrir una circunstancia excepcional que justifique la activación directa de la acción de libertad contra la Secretaria demandada y encontrándose cumplida la remisión del recurso de apelación, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 12/2024 de 24 de mayo, cursante de fs. 24 a 26, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1287_2026-S2.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 54f0569d231d0838f2371aadbcfcd13744574820f6f4fbe13b9b1926e1e914f5
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