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SCP 1285/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de protección de privacidad · Sala Segunda · 28 de octubre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
28 de octubre de 2025
Acción
Acción de protección de privacidad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
75713-2025-152-APP
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de protección de privacidad

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la intimidad, privacidad, honra, honor, propia imagen y dignidad; toda vez que, el demandado obtuvo y difundió sin autorización imágenes y videos de carácter íntimo, extraídos de su teléfono celular. Dicho material fue incorporado de manera indebida como prueba en proceso penal, exhibiéndose públicamente por primera vez mediante un informe, y posteriormente difundido nuevamente a través de grupos de WhatsApp. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución 001/2025 de 16 de julio, cursante de fs. 110 a 114, pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial, de Partido de Trabajo y Seguridad Social Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Alcances de la acción de protección de privacidad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1285/2025-S2 Sucre, 28 de octubre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de protección de privacidad Expediente: 75713-2025-152-APP Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 001/2025 de 16 de julio, cursante de fs. 110 a 114, pronunciada dentro de la acción de protección de privacidad interpuesta por Francisca Janko Cardozo contra Hermógenes Apaza Paniagua.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 27 de junio y 3 de julio de 2025, cursantes a fs. 1; 52 a 55; y, 58, la accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal iniciado por el Ministerio Público, a instancia suya, contra Hermógenes Apaza Paniagua -ahora demandado- por la presunta comisión del delito de violación, se tiene establecido que, tras la imputación formal de 2 de marzo de 2024, en audiencia de aplicación de medidas cautelares celebrada el 19 de septiembre del mismo año, Vicente Ayzama López, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, dispuso la detención preventiva del prenombrado en el Centro Penitenciario San Pedro de Sacaba del mismo departamento. Por memoriales presentados el 19 y 20 de septiembre de 2024, entregó de manera voluntaria a la autoridad fiscal un teléfono celular modelo Samsung Galaxy A10s, color azul. En virtud de dicha entrega, el Fiscal de Materia emitió el requerimiento de 23 del citado mes y año, instruyendo a la División de Laboratorio Técnico Científico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) realizar el desdoblamiento de audio y video, así como el congelamiento y captura de imágenes del referido dispositivo. Como resultado de dicho procedimiento, se elaboró el informe técnico de 1 de octubre de 2024, mediante el cual se remitió a la autoridad fiscal el informe descriptivo de congelamiento y captura de imágenes de 28 de agosto del mismo año. En ese contexto, durante la audiencia de cesación a la detención preventiva celebrada el 10 de octubre de 2024, el imputado presentó como nuevo elemento de convicción el informe descriptivo de 28 de agosto del mismo año. En dicha audiencia, por primera vez, se exhibieron públicamente las imágenes extraídas del teléfono celular, en las que se la muestra en situaciones de índole íntima, sin su consentimiento. Mediante su abogado, objetó la incorporación de dichas imágenes por considerarlas vulneratorias de sus derechos constitucionales a la intimidad, privacidad, honra, dignidad y propia imagen. Sin embargo, el Juez de la causa, mediante resolución dictada en la misma audiencia, dispuso la cesación de la detención preventiva, otorgando valor probatorio a las referidas imágenes y concluyendo que estas desvirtuaban la probabilidad de autoría del imputado en el delito de violación. En consecuencia, las imágenes adquirieron publicidad judicial al quedar incorporadas formalmente al expediente del proceso penal. Tras su libertad, el demandado difundió nuevamente las imágenes a través de sus hermanos y mediante grupos de WhatsApp, vulnerando aún más su derecho a la intimidad. Transcurridos aproximadamente cinco meses, las imágenes fueron nuevamente utilizadas por la Fiscal de Materia, como elemento probatorio para sustentar el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de 24 de marzo de 2025, emitido a favor del demandado. En dicha Resolución, se citaron como medios de prueba ambos informes anteriormente mencionados, señalando que los videos obtenidos -fechados el 2 de abril, 14 de mayo, 18 de julio y 8 de marzo, todos del año 2022- mostraban a su persona manteniendo relaciones sexuales con el prenombrado. Hasta el 10 de octubre de 2024, se continuó difundiendo de manera oficial y pública sus imágenes íntimas, obtenidas sin su consentimiento y mediante actos ilícitos. Dicho material, al exhibirla desnuda y en contextos privados, causó una grave lesión a sus derechos fundamentales a la intimidad, privacidad, honra, honor, propia imagen y dignidad. Además, persiste la probabilidad cierta de una nueva difusión del material, lo que podía ocasionarle un daño moral y material aún mayor, pues el demandado mantiene en su poder las grabaciones e incluso la amenazó con difundirlas nuevamente, incluyendo el envío a su cónyuge, como forma de coacción para impedir la prosecución de la denuncia penal.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la intimidad, privacidad, honra, honor, propia imagen y dignidad, citando al efecto el art. 21.2 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene: a) La supresión de las grabaciones de video: “…en la cuenta golpe y el celular de propiedad de HERMOGENES APAZA PANIAGUA…” (sic), así como su cuenta de Google; b) La eliminación del informe de 28 de agosto de 2024; y, c) Se emita un pronunciamiento sobre la existencia de indicios de responsabilidad civil o penal del demandado.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 16 de julio de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 105 a 109, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de protección de privacidad y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que: 1) Las imágenes obtenidas y exhibidas públicamente por el demandado corresponden a grabaciones y fotografías tomadas sin su consentimiento, a partir del 30 de octubre de 2021, en diferentes fechas. Dicho material la muestra en situaciones de carácter íntimo, que bajo ninguna circunstancia debieron ser divulgadas ni utilizadas en instancias judiciales o públicas, por haber sido adquiridas de manera ilícita y sin su autorización expresa; 2) La acción penal interpuesta contra el demandado data del año 2024 y tiene como antecedente los hechos ocurridos desde el 10 de noviembre de 2019, vinculados con la presunta comisión del delito de violación; y, 3) Fue sometida a amenazas y coacción, siendo inducida a realizar actos de naturaleza sexual contrarios a su voluntad. Durante ese periodo, el demandado obtuvo fotografías y grabaciones que captaron momentos íntimos, sin su conocimiento ni consentimiento, las cuales fueron posteriormente divulgadas sin su autorización, causando una grave afectación a su dignidad, privacidad, honra y reputación.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Hermógenes Apaza Paniagua, a través de su abogado, en audiencia de garantías, sostuvo que: i) Según los antecedentes y la prueba presentada por la impetrante de tutela, ésta tomó conocimiento del informe de desdoblamiento y congelamiento de imágenes el 10 de octubre de 2024, durante la audiencia de cesación de detención preventiva, ocasión en la que manifestó su intención de interponer una acción tutelar respecto a la difusión del mencionado informe. En consecuencia, el plazo para presentar la acción venció el 10 de abril de 2025, habiendo transcurrido los seis meses establecidos por la ley para cumplir con el principio de inmediatez;

ii) La peticionante de tutela interpuso recurso de apelación incidental, impugnando la resolución del Juez de la causa que valoró el informe de desdoblamiento de imágenes; por tanto, al encontrarse dicha resolución pendiente de revisión, la acción de tutela resulta improcedente; iii) La accionante contaba con la vía idónea de exclusión probatoria para impugnar la legalidad de la prueba obtenida mediante desdoblamiento, en caso de considerarla obtenida sin consentimiento o en vulneración de sus derechos, por lo que no corresponde sustituir ese mecanismo procesal con una acción constitucional; iv) No actúa como representante ni personero legal de ninguna institución pública o privada encargada de almacenar o difundir información de carácter personal, por lo que no reúne la condición de sujeto pasivo idóneo para la presente acción; v) En el presente caso, no se demostró la existencia de un banco de datos ni la difusión pública de información personal por parte de la accionante, dado que las imágenes y videos cuestionados formaron parte del informe, en el cual se observan a dos personas manteniendo relaciones sexuales consensuadas, sin evidencia de resistencia o rechazo por parte de la peticionante de tutela; y, vi) Las imágenes no demostraron ausencia de consentimiento y su valoración dentro del proceso penal se realizó en el marco legítimo del derecho a la defensa. Pretender eliminar dicha prueba mediante una acción constitucional vulneraría el derecho del imputado a ejercer una defensa plena y efectiva en la causa seguida en su contra.

I.2.3. Resolución

El Juez Público Civil y Comercial, de Partido de Trabajo y Seguridad Social Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, por Resolución 001/2025 de 16 de julio, cursante de fs. 110 a 114, declaró “IMPROCEDENTE” la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: a) El art. 61 del Código Procesal Constitucional (CPCo) establece una excepción al principio de subsidiariedad, permitiendo la interposición directa de la acción de protección de la privacidad cuando la vulneración del derecho sea inminente y su finalidad tenga carácter eminentemente cautelar. No obstante, la accionante no acreditó haber reclamado previamente ante la entidad pública o privada responsable de la administración de los datos la eliminación o corrección de la información cuestionada, tal como exige la jurisprudencia constitucional aplicable; b) De acuerdo con la documentación presentada, el informe de 28 de agosto de 2024 fue remitido al Ministerio Público mediante informe de 1 de octubre del mismo año y posteriormente considerado en la audiencia de cesación de detención preventiva del 10 de octubre de 2024, ocasión en la que la impetrante de tutela reconoció haber tenido conocimiento del contenido del material cuestionado. Sin embargo, la acción tutelar fue interpuesta recién el 27 de junio de 2025, transcurridos más de ocho meses desde que tuvo conocimiento de los hechos denunciados, incumpliendo así el principio de inmediatez y el plazo de caducidad de seis meses previsto en el art. 131.I de la CPE, que remite al procedimiento y principios de la acción de amparo constitucional; y, c) Si bien la accionante alegó que el demandado la amenazó con difundir el material íntimo, no se aportó prueba que acreditara la existencia de actos posteriores a la audiencia del 10 de octubre de 2024, ni se proporcionó fecha cierta o indicio que permita establecer un nuevo inicio del cómputo del plazo de interposición. Además, se constató que el Juez de la causa dispuso expresamente, como medida cautelar, la prohibición de comunicación entre el imputado y la víctima, circunstancia que desvirtúa la alegada continuidad de la vulneración.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta informe descriptivo de desdoblamiento y congelamiento de imágenes de 28 de agosto de 2024, elaborado por Gisela Magaly Zuzaño Huanca, funcionaria policial, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Francisca Janko Cardozo -ahora accionante- contra Hermógenes Apaza Paniagua -ahora demandado-, por la presunta comisión del delito de violación, identificado con el Código Único de Denuncias (CUD) 312702122400285 (fs. 63 a 79).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la intimidad, privacidad, honra, honor, propia imagen y dignidad; toda vez que, el demandado obtuvo y difundió sin autorización imágenes y videos de carácter íntimo, extraídos de su teléfono celular. Dicho material fue incorporado de manera indebida como prueba en proceso penal, exhibiéndose públicamente por primera vez mediante un informe, y posteriormente difundido nuevamente a través de grupos de WhatsApp. Estas acciones generan un daño moral y material de carácter permanente, agravado por las amenazas de una futura divulgación con fines de coacción, afectando gravemente su privacidad, honor y tranquilidad. Ante ello, el demandado señala que: 1) La impetrante de tutela tomó conocimiento del informe el 10 de octubre de 2024; por lo tanto, el plazo para interponer la presente acción venció el 10 de abril de 2025, transcurriendo así los seis meses que establece la ley para garantizar el principio de inmediatez; 2) La accionante interpuso un recurso de apelación incidental contra la resolución del Juez de la causa que valoró el informe; dado que dicha resolución se encuentra pendiente de revisión, la acción de tutela resulta improcedente; 3) La peticionante de tutela contaba con la vía idónea de la exclusión probatoria para impugnar la legalidad del informe; 4) Su persona no reúne la condición de sujeto pasivo idóneo para la presente acción; 5) No se acreditó la existencia de ningún banco de datos ni la difusión pública de información personal por su parte; y, 6) Las imágenes no demostraron la ausencia de consentimiento, y su valoración dentro del proceso penal se realizó en el marco del ejercicio legítimo del derecho a la defensa.

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Alcances de la acción de protección de privacidad

Al respecto, la SCP 0316/2025-S2 de 25 de abril, estableció que: “El art. 130.I de la CPE establece que: ‘Toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación, podrá interponer la acción de protección de privacidad’;de lo que se extrae que la garantía del debido proceso y todos sus elementos no es tutelable por la acción de protección de privacidad, sino por la acción de amparo constitucional. Ahora bien, en los casos en los que existe un proceso penal y se requiere la corrección de un dato en un banco o base de datos, con el fin de obtener un efecto dentro del proceso penal, como una cesación a la detención preventiva; corresponde acudir a la autoridad jurisdiccional competente; es decir, al juez competente; quien, en aplicación de los arts. 54.1 y 279 del CPP, es el encargado de velar por el cumplimiento de los derechos de las partes y de los derechos de terceros al interior de un proceso penal. Abierta y agotada la instancia, corresponde acudir a través de la acción de amparo constitucional para proteger la garantía del debido proceso, ello porque: a) El juez que conoce lo principal, en este caso el juez penal, es competente también para conocer lo accesorio, de forma que la acción de protección de la privacidad no es el medio adecuado para resolver cuestiones vinculadas al proceso penal ni con errores administrativos relacionados con este, los cuales deben ser abordados dentro del marco del propio proceso; b) La interposición de la acción de protección de privacidad al interior del proceso penal podría provocar la emisión de resoluciones contradictorias; y, c) Como la acción de protección de privacidad tendrá efecto sobre el proceso penal y existe la posibilidad de que la decisión sea revocada por el órgano de control de constitucionalidad, luego de mucho tiempo, ello podría incidir negativamente en el proceso penal, quitándole certidumbre” (el resaltado es nuestro).

III.2. Análisis del caso concreto

Delimitada la problemática planteada, corresponde precisar que el objeto procesal de la presente acción tutelar, conforme a los hechos expuestos y al petitorio formulado, se circunscribe a dos aspectos específicos: i) La obtención de los videos que motivaron la elaboración del informe descriptivo de desdoblamiento y congelamiento de imágenes de 28 de agosto de 2024; y, ii) La presunta divulgación de dichas imágenes por parte de Hermógenes Apaza Paniagua -ahora demandado-, a través de sus hermanos y de grupos de la aplicación WhatsApp, así como a la afirmación de que este aún conserva las grabaciones y hubiera amenazado con difundirlas nuevamente.

En relación con el punto i), corresponde precisar que el objeto del reclamo se circunscribe a un proceso penal, en el cual la pretensión de Francisca Janko Cardozo -ahora accionante- se orienta, esencialmente, a la supresión de un elemento de convicción que fue producido y valorado tanto en sede fiscal como judicial. En ese contexto, debe recordarse que toda actuación vinculada con la obtención, incorporación o valoración de medios de prueba o elementos de convicción dentro de un proceso penal está sujeta al control jurisdiccional del Juez de la causa, quien, en el ejercicio de sus atribuciones, tiene el deber de garantizar la observancia de los derechos y garantías de las partes procesales. Es así que, la reserva o “supresión” de las actuaciones procesales que la parte considere lesivas a sus derechos -como la producción del informe descriptivo de desdoblamiento y congelamiento de imágenes de 28 de agosto de 2024- debió ser puesta en conocimiento de la autoridad judicial competente dentro del proceso penal. Es dicha autoridad, y no la jurisdicción constitucional, la llamada a verificar la regularidad y validez de los actos de investigación, en ejercicio de su función de control jurisdiccional del proceso, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. Desde esa perspectiva, no resulta procedente acudir a la acción de protección de privacidad para cuestionar actuaciones propias del proceso penal, máxime cuando el diseño constitucional de dicha acción no tiene por finalidad la tutela del derecho al debido proceso, sino la protección específica frente a intromisiones ilegítimas en la vida privada. Pretender que la jurisdicción constitucional actúe como una instancia paralela o como juez de garantías dentro del proceso penal implica desnaturalizar la función subsidiaria y excepcional del control constitucional, el cual no puede sustituir la competencia del juez ordinario. Por consiguiente, toda alegación referida a la presunta vulneración de derechos en la obtención, producción o utilización de un elemento de convicción debe ser planteada y resuelta en el marco del proceso penal principal, mediante los mecanismos de control previstos por el ordenamiento procesal penal. Solo una vez agotadas dichas vías, y de persistir la afectación alegada, podría eventualmente activarse la competencia del juez constitucional, pero a través de la acción de amparo constitucional.

En virtud de lo anterior, y con el propósito de preservar la coherencia funcional entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional, corresponde denegar la tutela solicitada en este extremo; toda vez que, la peticionante de tutela debe canalizar sus reclamos ante la autoridad judicial del proceso penal, conforme al principio de subsidiariedad y a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Respecto al punto ii), corresponde señalar que los alegatos de la accionante carecen de sustento probatorio que permita acreditar su veracidad. En efecto, si bien se sostiene que el demandado habría difundido los videos a través de sus hermanos y grupos de WhatsApp, que aún conservaría dichas grabaciones y que incluso habría amenazado con volver a divulgarlas, tales afirmaciones no se encuentran respaldadas por elementos objetivos, como capturas de pantalla, registros de comunicación, informes técnicos u otros medios idóneos que permitan verificar la existencia de la supuesta difusión o amenaza. En el presente caso, la sola manifestación de la impetrante de tutela, sin respaldo probatorio que permita corroborar los hechos denunciados, resulta insuficiente para tener por acreditada la lesión alegada. En esa línea, corresponde recordar que, en materia constitucional -y particularmente respecto de la acción de protección de privacidad-, la carga de la prueba recae en quien afirma la vulneración de sus derechos, siendo su obligación demostrar de manera clara, concreta y objetiva la existencia de la conducta lesiva. Así pues, al no haberse cumplido con dicha carga probatoria, el agravio invocado carece de sustento, no correspondiendo, por tanto, la concesión de la tutela solicitada. Finalmente, en cuanto a la eventual determinación de responsabilidad civil o penal, si la peticionante de tutela considera que los hechos denunciados configuran una vulneración que amerita la imposición de sanciones o la reparación de daños, dispone de las vías ordinarias y expeditas establecidas por el ordenamiento jurídico para promover las acciones que correspondan ante las autoridades competentes. Por ende, este extremo deberá ser tramitado ante la jurisdicción respectiva, no siendo procedente su dilucidación en sede constitucional. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución 001/2025 de 16 de julio, cursante de fs. 110 a 114, pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial, de Partido de Trabajo y Seguridad Social Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1285_2025-S2.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): 969f69efde66d4f67aae4eab6fcdc842ef1a18ee7883daebeb41522410ba13fe

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