Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 211/24 de 29 de mayo de 2024, cursante de fs. 18 a 19 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, ordenando que la audiencia de cesación de la detención preventiva sea programada y resuelta dentro del plazo estipulado en el art. 239.1 del CPP, salvo que por el transcurso del tiempo, dicha audiencia ya se hubiera efectivizado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1283/2026-S2 Sucre, 5 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA - Pronto despacho SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 64802-2024-130-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 211/24 de 29 de mayo de 2024, cursante de fs. 18 a 19 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Fabrizio Ortiz Dorado en representación sin mandato de Jaime Carlos Vargas Siles, contra Pabla Paula Sandoval Pizarro, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial de 28 de mayo de 2024, cursante de fs. 1 a 3, el accionante, mediante representante sin mandato, denuncia la vulneración del debido proceso con relación a sus derechos a la libertad y al acceso a la justicia. Señala que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de feminicidio, solicitó en múltiples oportunidades, desde diciembre de 2023, la fijación de audiencia de cesación a la detención preventiva; no obstante, hasta la interposición de la presente acción tutelar, esta no se llevó a cabo debido a que las providencias salieron de despacho con posterioridad a la fecha programada. Por ello, respecto a su última solicitud, pide que se señale día y hora de audiencia dentro del plazo legal, además del resarcimiento de daños y perjuicios. Pabla Paula Sandoval Pizarro, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, por informe escrito cursante a fs. 9, refirió que, el memorial de cesación a la detención preventiva del accionante ingresó a despacho el 29 de mayo de 2024, siendo el mismo providenciado dentro del plazo establecido en la ley, fijando audiencia para el 3 de junio del indicado año, en virtud a lo cual solicita se deniegue la tutela.
La Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, concedió la tutela impetrada, ordenando a la autoridad demandada dar estricto cumplimiento a los plazos procesales respecto al despacho de memoriales. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.
La SCP 0096/2025-S2 de 10 de marzo, señaló que: “El art. 115.II de la CPE establece que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’; en consecuencia, consagra el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso, lo cual exige que toda causa -sea esta judicial o administrativa- se tramite sin demoras innecesarias; es decir, de manera oportuna. Por su parte, los arts. 178.I y 180.I de la Norma Suprema, instituyen de manera explícita la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia. Con referencia a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…’” (las negrillas corresponden al texto original).
Conforme al objeto procesal, el accionante denuncia como acto lesivo la falta de señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva dentro del término legal, aspecto por el cual los actuados programados no pudieron realizarse debido a un desfase respecto a las fechas establecidas. En ese mérito, solicita que su última petición sea programada dentro del plazo legal correspondiente. De los antecedentes puestos en revisión, se advierte que el accionante, por memorial presentado el 23 de mayo de 2024, solicitó por quinta vez ante el Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz la cesación de su detención preventiva, de conformidad con el art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP) (fs. 15). Al respecto, mediante decreto de 29 de mayo de 2024, la Jueza demandada señaló fecha y hora de audiencia para el 3 de junio del mismo año a horas 15:30 (fs. 16). De lo descrito, se evidencia la clara dilación en la que incurrió la autoridad demandada, pues tratándose de una solicitud formulada en el marco del art. 239.1 del CPP, la audiencia debía llevarse a cabo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su interposición; sin embargo, la providencia de señalamiento se emitió recién tras cuatro días hábiles, lo cual contraviene el marco legal aplicable. Si bien la autoridad demandada alega en su informe que la solicitud ingresó a despacho el 29 de mayo de 2024 y que actuó dentro del término, cabe precisar que el plazo de cuarenta y ocho horas establecido en la norma se computa desde la presentación de la solicitud y no desde su ingreso a despacho. Aceptar la postura de la autoridad implicaría validar una dilación injustificada en perjuicio de los derechos invocados. Asimismo, aunque al momento de la audiencia de garantías se constató que la fecha ya había sido fijada, no existe constancia de la notificación formal al accionante, percibiéndose que dicha providencia se emitió precisamente a causa de la interposición de la presente acción tutelar. En consecuencia, al constatarse que la autoridad demandada no actuó con la celeridad que exige la tutela de la libertad personal, de conformidad al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 211/24 de 29 de mayo de 2024, cursante de fs. 18 a 19 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, ordenando que la audiencia de cesación de la detención preventiva sea programada y resuelta dentro del plazo estipulado en el art. 239.1 del CPP, salvo que por el transcurso del tiempo, dicha audiencia ya se hubiera efectivizado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1283_2026-S2.pdf · páginas 1 a 4.
Huella digital del PDF (SHA-256): 868be0b5694f2c685b450fd71d29b0bfd6fa8454283a11a04e3e0c949df818dd
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