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SCP 1279/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de agosto de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
5 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
64764-2024-130-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 163/24 de 2 de mayo de 2024, cursante de fs. 17 a 20, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Décimo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, con base en los argumentos desarrollados en los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional disponiendo que la apelación incidental sea remitida en el día, si es que no se hubiera cumplido hasta la fecha.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1279/2026-S2 Sucre, 5 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA - Pronto despacho SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 64764-2024-130-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 163/24 de 2 de mayo de 2024, cursante de fs. 17 a 20, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ernesto Lucio Jauregui Sempertegui y Brian Joel Ruiz Luna en representación sin mandato de Andrés Menacho Choque contra Zacarías Javier Vargas Arancibia, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de robo agravado, el Juez demandado dispuso su detención preventiva el 19 de abril de 2024, por lo que, en la misma audiencia de medias cautelares, su defensa formuló recurso de apelación incidental conforme lo establece el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), empero, hasta el 30 del mismo mes y año no se remitió el legajo de apelación interpuesta; conforme a lo expuesto, solicitó se conceda la tutela impetrada, y se ordene que en el día se remitan los antecedentes de la apelación de medidas cautelares ante el Tribunal de alzada correspondiente, a fin de que este resuelva la misma. Ante ello, el Juez demandado señaló que: a) La audiencia de aplicación de medidas cautelares, donde se dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela, se realizó el 18 de abril de 2024, y no así el 19, como refiere el nombrado; b) Su persona no tiene legitimación pasiva en la acción de libertad, debido a que emitió el Auto Interlocutorio 109/2024 en el día, en cuyo contenido dispuso que el recurso planteado sea remitido por Secretaría al Tribunal de alzada; y, c) Por otra parte, el peticionante de tutela no cumplió con agotar los medios intraprocesales previstos por ley, ni demostró los requisitos de procedencia de la acción de libertad. Por lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela. El Juez de garantías denegó la tutela solicitada por falta de legitimación pasiva e inexistencia de fundamentos que demuestren la vulneración de derechos por parte de la autoridad demandada, quien, en audiencia ordenó que por secretaria se proceda a la remisión de la apelación ante el Tribunal de alzada; siendo el sorteo y remisión labor de dicha funcionaria judicial, misma que a la fecha de la audiencia de garantías ya había procedido con la remisión. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. TRÁMITE PROCESAL

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Ahora bien en lo concerniente a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (las negrillas fueron añadidas).

III.2. Análisis del caso concreto

De la pretensión procesal expuesta por el accionante, se advierte que el reclamo que motivó la interposición de la presente acción de defensa, converge en que, interpuesto el recurso de apelación incidental en contra del Auto Interlocutorio 109/2024 que dispuso su detención preventiva, la misma no fue remitida al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas establecido en el art. 251 del CPP. Al respecto, del informe presentado por la autoridad demandada, se tiene que en efecto, en la audiencia de 18 -según lo aclarado por el demandado- de abril de 2024, una vez emitida la resolución de medida cautelar, el impetrante de tutela interpuso el recurso de apelación incidental contra dicha determinación, por lo que se ordenó la remisión al Tribunal de alzada, pero, lejos de asumir la responsabilidad sobre la dilación en el cumplimiento de la norma, el Juez demandado señaló que carecía de legitimación pasiva, pues la remisión extrañada estaba a cargo tanto de la Secretaría como de la Auxiliatura del Juzgado y no de su autoridad. En ese contexto, es evidente la existencia de una dilación indebida e incumplimiento de la norma procesal penal, lo que transgrede los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional contenida en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la cual subraya que todas las autoridades, ante petitorios o trámites donde se vea involucrada la libertad, deben atenderlos y/o tramitarlos de forma célere y en los plazos procesales establecidos, lo que no ocurrió en el presente caso, pues la apelación incidental fue interpuesta en audiencia oral de 18 de abril de 2024; sin embargo, no fue remitida sino hasta el día siguiente a la activación de esta acción de libertad; extremo que se evidencia en el Oficio suscrito por la Secretaria de la autoridad demandada (fs. 10 y vta.), el cual da cuenta de que el legajo fue remitido a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 2 de mayo del mismo año a horas 08:30; es decir, al día siguiente de la notificación realizada con la presente acción tutelar a la autoridad demandada. Lo que corrobora que en la presente acción existió una dilación injustificable desde el 19 de abril al 2 de mayo de dicho año, sin que el Juez demandado pueda justificar dicha omisión alegando que la remisión no sería su responsabilidad, pues dicha autoridad judicial es quien ordenó la remisión de la apelación a la Secretaria de su Juzgado, quien si bien tiene la obligación de labrar actas y de remitir el legajo de apelación, ello no inhibe ni libera la responsabilidad de la autoridad titular del Juzgado, que como director del proceso, tiene el deber de hacer el seguimiento del cumplimiento de las actuaciones ordenadas para que se desarrollen sin dilaciones. Por lo que, al ser evidente la omisión y dilación en el envío de la apelación para su trámite y resolución ante la Sala correspondiente, incumpliéndose el plazo establecido por la norma procesal penal, corresponde conceder la tutela solicitada por pronto despacho al evidenciarse la lesión al debido proceso en su elemento celeridad, vinculado a la libertad. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 163/24 de 2 de mayo de 2024, cursante de fs. 17 a 20, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Décimo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, con base en los argumentos desarrollados en los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional disponiendo que la apelación incidental sea remitida en el día, si es que no se hubiera cumplido hasta la fecha. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1279_2026-S2.pdf · páginas 1 a 4.

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