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SCP 1270/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de agosto de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
5 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
64655-2024-130-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 11/2024 de 31 de mayo, cursante de fs. 61 a 63, pronunciada por la Jueza Cuarta de Partido Liquidador y Sentencia de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia:

1º DENEGAR en todo la tutela impetrada conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.

2º Modular los efectos del presente fallo constitucional, manteniéndose firmes y vigentes todos los actos jurídicos emergentes el cumplimiento de la decisión asumida por la jueza de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1270/2026-S2 Sucre, 5 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA - Pronto despacho SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 64655-2024-130-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 11/2024 de 31 de mayo, cursante de fs. 61 a 63, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Clovis Pavel Díaz de Oropeza Espinoza en representación sin mandato de Ernesto Santiago Díaz de Oropeza Espinoza contra Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Octavo de El Alto del departamento de La Paz.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante, a través de su representante sin mandato, denunció la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de estafa, se emitió la resolución de medidas cautelares por la cual se le impuso detención preventiva. Sin embargo, apeló dicha determinación, recurso que recayó en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, instancia que, mediante Auto de Vista 566/2024 de 27 de mayo, dispuso su detención domiciliaria sin salida laboral, entre otras medidas. No obstante, el Juez ahora demandado, no dio cumplimiento a lo determinado por la referida Sala, toda vez que no libró el mandamiento de detención domiciliaria ni emitió el oficio de arraigo ni las boletas de pago de fianza económica, incurriendo en una dilación indebida. Por lo que, solicitó se conceda la tutela impetrada, y ordene se dé cumplimiento, en el día, a lo dispuesto en el referido Auto de Vista. Ante ello, el Juez demandado manifestó que, a horas 11:57 de 31 de mayo de 2024, la mencionada Sala devolvió el legajo de apelación, habiendo ingresado a despacho en la misma fecha, mereciendo providencia de igual data, por la cual se observó que el Auto de Vista 566/2024 emitió pronunciamiento respecto al art. 237 núm. 7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), como riesgo procesal vigente, cuando dicho artículo no fue considerado en la resolución de medidas cautelares objeto de apelación; por lo que se dispuso la devolución a la referida Sala para que se subsane lo observado. Sin embargo, dicha instancia rehusó recibir la documental argumentando que la remisión se encontraba fuera de horario; ante tal situación la demandada de acción tutelar debió dirigirse contra las autoridades y funcionarios de apoyo del Tribunal de alzada, y no contra su persona, además se debe considerar que su Juzgado no cuenta con auxiliar, por lo que solicitó se deniegue la tutela. La Jueza de garantías, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo la ejecución inmediata del Auto de Vista 566/2024 y en caso de considerar que esta es inaplicable o de confusa ejecución, deberá poner en conocimiento de estas circunstancias a las partes antes de tomar alguna determinación; medida que debía ejecutarse en el plazo de veinticuatro horas de conocida la resolución de la acción tutelar. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. TRÁMITE PROCESAL

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Ahora bien en lo concerniente a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (las negrillas fueron añadidas).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia que el Juez demandado no dio cumplimiento al Auto de Vista 566/2024 de 27 de mayo, por la que, Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dispuso su detención domiciliaria. En el caso de análisis, se advierte que, mediante Auto de Vista 566/2024, la referida Sala dispuso entre otras medidas, la detención domiciliaria sin salida laboral del impetrante de tutela, procediendo con la devolución del legajo de apelación al Juzgado de origen, a las horas 11:57 del 31 de mayo de 2024, conforme consta en el cargo de recepción, cursante a fs. 31. Asimismo, se observa la providencia de idéntica fecha dictada por la autoridad demandada, a través de la cual dispuso la devolución del Auto de Vista 566/2024 al Tribunal de alzada, a efectos de que se aclare los alcances de “'…los riesgos contemplados en el art. 237 núm. 7´'” (sic); devolución que no pudo ser materializada, en virtud de que, según el informe emitido por la secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Octavo de El Alto del departamento de La Paz, la auxiliar de la mencionada Sala se negó a recibir el cuaderno de apelación, argumentando que únicamente se reciben apelaciones hasta horas 12:00; dicha negativa motivó la emisión del decreto de 31 de mayo de 2024, por el que el Juez demandado, llamó la atención a la mencionada funcionaria judicial por causar perjuicios innecesarios, disponiendo asimismo que, por secretaría de su despacho, se proceda con la devolución del cuaderno de control jurisdiccional al Tribunal de alzada que conoció la apelación, conforme a lo determinado en la providencia de 31 del mismo mes y año; finalmente, se observa que la presente acción de libertad, fue presentada a las horas 14:02 de la misma fecha. Conforme se advierte de la relación fáctica precedentemente descrita, el 31 de mayo de 2024 fue recepcionado en el juzgado de origen el cuaderno procesal del recurso de apelación interpuesto por el impetrante de tutela contra la resolución del juez a quo que le impuso medida cautelar de detención preventiva; siendo que, el Tribunal de alzada, si bien revocó en parte el fallo confutado disponiendo la detención domiciliaria del impetrante de tutela -entre otras medidas-; empero, incluyó en su parte resolutiva, como riesgos no enervados y por ende subsistentes “'…los riesgos contemplados en el art. 237 núm. 7’” (sic), sobre los cuales el inferior no emitió pronunciamiento en la decisión apelada y que, consecuentemente, tampoco fueron impugnados por el peticionante de tutela. En el contexto anterior, se observa que, ante la falta de claridad respecto de los alcances de la decisión de alzada, el Juez demandado, en el día y con la finalidad -se entiende- de asegurar el correcto cumplimiento del fallo del Tribunal de alzada, dispuso la devolución al mismo; situación que, al negarse la auxiliar de dicha instancia a la recepción del cuaderno procesal, motivó que nuevamente, por decreto de idéntica data y en virtud al informe de la secretaria de despacho del Juzgado de origen, se devolvieran los antecedentes para la subsanación del Auto de Vista 566/2024. De todo lo anteriormente analizado, este Tribunal no advierte la existencia de dilación alguna ocasionada por la autoridad hoy demandada que, hubiera decantado en perjuicio o detrimento de los derechos del accionante; por el contrario, queda claro que dicha autoridad asumió las medidas pertinentes y necesarias para el buen diligenciamiento de la decisión adoptada en apelación. Estas actuaciones que fueron ejecutadas de forma célere y oportuna, observándose la debida diligencia en la tramitación de la causa, no sólo con la finalidad de sanear debidamente el proceso, sino, por sobre todo, garantizar la correctitud del fallo de alzada; asimismo, se buscó prevenir las posibles implicaciones posteriores respecto a riesgos procesales que no fueron establecidos por el inferior ni se constituyeron en agravios del recurso de apelación y; por ende, estos riesgos no debieron incluirse en la parte dispositiva del Auto de Vista 566/2024, toda vez que su inclusión, definitivamente impedía la ejecución de dicho fallo, en los términos allí dispuestos; correspondiendo por ello, denegar la tutela impetrada. No obstante, siendo que la Jueza de garantías concedió la tutela impetrada, con la finalidad de evitar caos jurídico y por el tiempo transcurrido, habrá de modularse los efectos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, manteniéndose firmes y vigentes todos los actos jurídicos emergentes del cumplimiento de la decisión asumida por la dicha autoridad. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 11/2024 de 31 de mayo, cursante de fs. 61 a 63, pronunciada por la Jueza Cuarta de Partido Liquidador y Sentencia de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia:

1º DENEGAR en todo la tutela impetrada conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.

2º Modular los efectos del presente fallo constitucional, manteniéndose firmes y vigentes todos los actos jurídicos emergentes el cumplimiento de la decisión asumida por la jueza de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1270_2026-S2.pdf · páginas 1 a 5.

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