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SCP 1265/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 14 de octubre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
14 de octubre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
55688-2023-112-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la celeridad procesal y a la dignidad; puesto que la Jueza de Instrucción Penal Décima Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, no emitió decreto de señalamiento de audiencia de cesación de su detención preventiva dentro del plazo previsto en el art. 239 -parágrafo segundo- del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/22 de 12 de julio de 2022, cursante de fs. 15 vta. a 16 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que el Juez de garantías, a menos que la misma ya hubiese sido efectivizada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1265/2025-S3 Sucre, 14 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 55688-2023-112-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 10/22 de 12 de julio de 2022, cursante de fs. 15 vta. a 16 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jaime Daniel Campos Villanueva en representación sin mandato de Juan Manuel Putare Tomicha contra María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Décima Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de julio de 2022, cursante de fs. 8 a 9 vta., el accionante a través de su representante, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Décima Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz; el 29 de junio de 2022, impetró solicitud de cesación de su detención preventiva, al amparo del art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, la autoridad judicial demandada omitió pronunciarse dentro los plazos previstos en los arts. 132 y 239 -parágrafo segundo- del CPP; debido a este acontecimiento no se cumplió con la notificación a las partes procesales para su respectivo conocimiento; lo que repercutió en el agravio de su derecho a la libertad por la falta del señalamiento de la audiencia de consideración de su situación jurídica.

A la fecha de la presentación de la acción de libertad, viene cumpliendo detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la celeridad procesal y a la dignidad, consagrados en los arts. 22 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo que la autoridad judicial demandada: a) Emita el correspondiente decreto, señalando fecha y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva; b) Se dé cumplimiento con las notificaciones a las partes procesales al amparo del art. 108 del CPP, concordante con el art. 12.4 de la Ley del Servicio Plurinacional de Defensa Pública -Ley 463 de 19 de diciembre de 2013-; y, c) Se instale la audiencia conforme dispone el procedimiento.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 12 de julio de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 15 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, manifestó que: 1) Mediante memorial solicitó el señalamiento de audiencia de cesación de su detención preventiva al amparo del art. 239.2 del CPP -por cumplimiento del plazo de la medida restrictiva de su libertad-; 2) Se conmine a la autoridad judicial -ahora demandada-, a objeto que emita el decreto de señalamiento de fecha y hora de audiencia en los plazos establecidos; 3) Se proceda con la notificación a las partes procesales bajo el principio de gratuidad; y, 4) Que en aplicación a la SCP 0643/2012 de 23 de julio, la petición sea procesada con celeridad.

I.2.2. Informe de la demandada

María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Décima Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 14.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 10/22 de 12 de julio de 2022, cursante de fs. 15 vta. a 16 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo que, por Secretaría se oficie a la Jueza a quo, ordenándole señale audiencia de cesación de la detención preventiva dentro del plazo de veinticuatro horas de notificada con la Resolución, aplicando el plazo cuarenta y ocho horas conforme dispone el adjetivo penal, salvo que se aplique la suspensión de cómputo de plazos acorde a lo previsto en el art. 130 del CPP, según amerite el caso; de la misma manera la aplicación del art. 160 y ss. del citado Código y ss. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Del memorial se estableció la solicitud de audiencia de cesación a la detención preventiva, misma que tiene sello de cargo de recepción de 29 de junio de 2022; así también, se adjuntó copia del registro del libro diario del Juzgado de origen, en la cual se estableció que “…a la fecha no se dio curso, no se hizo la providencia respectiva a efectos de resolver el memorial que refiere solicitud de cesación a la detención preventiva de conformidad al art. 239…” (sic); y, ii) Se aplicaron los razonamientos jurisprudenciales establecidos en los fallos constitucionales 0134/2018-S4, 1579/2004-R, 0044/2010-R y 0337/2010-R, referentes a la acción de libertad de pronto despacho, la tipología y la naturaleza del hábeas corpus; y, siendo el mecanismo procesal idóneo ante la vulneración de la celeridad en relación a casos de personas privadas de libertad.

II. CONCLUSIONES

De la atenta revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial que tiene cargo de recepción de 29 de junio de 2022,

-hora ilegible- y el sello de Andrea Natalia Terrazas Sandagorda, Auxiliar del Juzgado Instrucción Penal Décimo Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz; Juan Manuel Putare Tomicha -ahora accionante-, hizo su apersonamiento en el proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, puntualizando dos aspectos: El patrocinio legal de Jaime Daniel Campos Villanueva, Defensor Público del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) y, la solicitud de audiencia de cesación de la detención preventiva -entre otros petitorios- (fs. 5 y vta.). II.2. Consta copia fotostática del libro diario del Juzgado de Instrucción Penal Décima Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz; de la cual se advierte el registro del memorial de Juan Manuel Putare Tomicha, con suma “Apersonamiento, Solicita Audiencia” (sic [fs. 6]). II.3. La presente acción de libertad fue interpuesta el 11 de julio de 2022 (fs. 9 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la celeridad procesal y a la dignidad; puesto que la Jueza de Instrucción Penal Décima Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, no emitió decreto de señalamiento de audiencia de cesación de su detención preventiva dentro del plazo previsto en el art. 239 -parágrafo segundo- del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0115/2024-S3 de 29 de abril, estableció que: «La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que: “…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: 'La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…' (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas. En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’» (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales

La SCP 0476/2021-S1 de 21 de septiembre, estableció que: «Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, sostiene que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; A su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que:

“La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; Disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia» (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la celeridad procesal y a la dignidad; puesto que la Jueza de Instrucción Penal Décima Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, no emitió decreto de señalamiento de audiencia de cesación de su detención preventiva dentro del plazo previsto en el art. 239 -parágrafo segundo- del CPP. Ahora bien, establecida la problemática planteada por el accionante, de la revisión de los antecedentes del presente caso, se advierte que el ahora accionante tiene un proceso penal en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Décima Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz; mediante memorial de 29 de junio de 2022, se apersonó su nueva defensa técnica perteneciente al SEPDEP, así también, solicitó el señalamiento de audiencia de cesación de su detención preventiva al amparo del art. 239 del CPP; esta aseveración fue constatada con la copia fotostática del libro diario del citado Juzgado, donde fue registrada dicha petición (Conclusiones II.1 y II.2).

Con respecto al razonamiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, referente a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se establece que es el medio legal adecuado para que los litigantes obtengan celeridad en sus procedimientos judiciales o administrativos cuando existan dilaciones indebidas o innecesarias; por lo que, todo administrador de justicia debe desempeñar sus funciones supeditado en los principios previsto en los arts. 178. I y 180.I de la CPE. Con relación al Fundamento Jurídico III.2 del fallo constitucional, los artículos enunciados supra establecen que la facultad de administrar justicia emana del pueblo boliviano y se funda en los principios aplicables en la jurisdiccional ordinaria; siendo idóneo y aplicable al presente caso, el principio de celeridad previsto en los arts. 178.I y 180.I de la Norma Suprema, en concordancia con el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece: “3. CELERIDAD. Comprende la agilidad de los procesos judiciales tramitados, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia”. Bajo ese contexto, la autoridad demandada al tener pleno conocimiento del memorial de solicitud de señalamiento de audiencia de cesación de su detención preventiva, no actuó con la debida diligencia y celeridad; toda vez que, con respecto a la fecha de presentación del memorial, este extremo fue advertido en el cargo de recepción de 29 de junio de 2022 -hora ilegible-, inclusive consta el sello de Andrea Natalia Terrazas Sandagorda, Auxiliar del Juzgado Instrucción Penal Décimo Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz. Siendo evidente que incurrió en una actuación dilatoria, al no atender con prontitud la petición de una persona privada de libertad incumpliendo el plazo previsto en el art. 239 -parágrafo segundo- del adjetivo penal que prevé: “Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas”. Ahora bien, se tiene que la citada autoridad, no remitió ningún pronunciamiento escrito, tampoco asistió a la audiencia de garantías a efecto de brindar su informe con relación a la acción de libertad en su contra; por consiguiente, no existiendo aseveración contraria que desvirtúe los agravios expuestos por el accionante, corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/22 de 12 de julio de 2022, cursante de fs. 15 vta. a 16 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que el Juez de garantías, a menos que la misma ya hubiese sido efectivizada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1265_2025-S3.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): 983d63aaf8a8c6d111e1e9cf62e9241ef8befd46c8a99ea6163b85c68a6a7753

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