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SCP 1263/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de agosto de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
5 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
64639-2024-130-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 03/2024-A de 31 de mayo, cursante de fs. 47 a 50 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto, Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal del Distrito Dos de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a José Luis Hidalgo Guarachi, Juez Público de Familia Sexto de El Alto del departamento de La Paz, y Nelson Sergio Ayala Luna, Director del Centro de Custodia y Rehabilitación “Cero Violencia”, disponiendo que, de no haberlo hecho, en el día, viabilicen y efectivicen la ejecución del mandamiento de libertad. 2° DENEGAR la tutela con relación a la Secretaria y demás personal de apoyo del señalado Juzgado de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1263/2026-S2 Sucre, 5 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA - Pronto despacho SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 64639-2024-130-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 03/2024-A de 31 de mayo, cursante de fs. 47 a 50 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Waldo Germán Ururi Osco en representación sin mandato de Wilfredo Cusiquispe Mayta contra José Luis Hidalgo Guarachi, Juez; Jessica Jenny Martínez Aguirre, Secretaria; y, personal de apoyo jurisdiccional, todos del Juzgado Público de Familia Sexto de El Alto del departamento de La Paz; y, Nelson Sergio Ayala Luna, Director del Centro de Custodia y Rehabilitación “Cero Violencia”.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; por cuanto, dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra, el 28 de mayo de 2024 se ejecutó un mandamiento de apremio por falta de pago, y tras cancelar la obligación, presentó un memorial el 29 de ese mes y año a horas 15:34, solicitando la expedición del mandamiento de libertad, cuya emisión debía ser inmediata; no obstante, al no cumplirse dicha solicitud, a horas 16:20 del mismo día, el asistente de su representante sin mandato se apersonó al Juzgado, donde el personal de apoyo lo discriminó por portar un arete y le exigió la suma de $us1 000.- (mil dólares estadounidenses) para tramitar la orden de libertad. Tras el reclamo presentado por el representante sin mandato, recién se logró la notificación con el mandamiento a horas 17:00; sin embargo, al apersonarse al centro de detención, el funcionario policial demandado negó su liberación alegando formalidades previas, lo que prolongó indebidamente su privación de libertad por cuarenta y ocho horas. Por lo expuesto, solicita se conceda la tutela, se disponga su inmediata libertad y se remita antecedentes al Ministerio Público ante el actuar discriminatorio de los servidores judiciales y la dilación en la restitución de su libertad.

El Juez demandado, en audiencia, sostuvo que la privación de libertad no fue ilegal, pues derivó del incumplimiento del pago de asistencia familiar; asimismo, calificó de grave que se acuse sin pruebas al personal de discriminación y cobros indebidos, vulnerando la ética exigida por la Ley del Ejercicio de la Abogacía. Por otro lado, aclaró que la solicitud de libertad fue providenciada en el día con orden de notificación inmediata, la cual fue cumplida por el Oficial de Diligencias a horas 16:59, por lo que la denuncia en su contra carece de fundamento. La Secretaria y el personal de apoyo jurisdiccional codemandados, no se presentaron en audiencia ni remitieron informe pese a su citación cursante a fs. 24. El Director del Centro de Custodia y Rehabilitación “Cero Violencia” -ahora codemandado-, en audiencia, manifestó que el recinto no fue notificado formalmente mediante Ciudadanía Digital ni por el Oficial de Diligencias, requisito indispensable para procesar la libertad. Añadió que, conforme a los acuerdos entre los Directores de recintos penitenciarios y la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la recepción de documentos es hasta las 16:30 y únicamente vía Ciudadanía Digital, Oficina Gestora u Oficial de Diligencias para evitar falsificaciones. Finalmente, observó que el abogado del accionante no precisó ante qué funcionario policial habría presentado el mandamiento. El Juez de garantías, concedió en parte la tutela, respecto a los funcionarios judiciales y denegó con relación al funcionario policial. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. TRÁMITE PROCESAL

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0096/2025-S2 de 10 de marzo, señaló que: “El art. 115.II de la CPE establece que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’; en consecuencia, consagra el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso, lo cual exige que toda causa -sea esta judicial o administrativa- se tramite sin demoras innecesarias; es decir, de manera oportuna. Por su parte, los arts. 178.I y 180.I de la Norma Suprema, instituyen de manera explícita la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia. Con referencia a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…’” (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia que pese a haber cumplido con el pago de asistencia familiar devengada y encontrarse emitido el mandamiento de libertad, el mismo no se ejecutó de forma inmediata, encontrándose recluido por más de cuarenta y ocho horas de manera ilegal. De los antecedentes se constata que, el 15 de marzo de 2024, se libró mandamiento de apremio contra el accionante a objeto de que sea conducido al Centro de Rehabilitación “Cero Violencia” por la suma de Bs36 600.- (treinta y seis mil seiscientos bolivianos) de asistencia familiar adeudada (fs. 36). Posteriormente, el 29 de mayo de igual año a horas 15:34, el impetrante de tutela presentó memorial adjuntando el comprobante de pago y solicitando la expedición de mandamiento de libertad (fs. 7 y 8); solicitud que fue providenciada en la misma fecha, emitiéndose el respectivo ordenamiento y notificándose al accionante a horas 16:59 (fs. 39 a 41). Conforme al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo, toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho.

En el caso concreto, en lo que concierne a la autoridad judicial demandada, debe tenerse en cuenta que como director del proceso su actuación no se agota en la simple firma del mandamiento de libertad, sino que tiene el deber constitucional de garantizar su efectiva comunicación al recinto penitenciario. Al omitir la remisión del documento mediante los canales digitales autorizados (Ciudadanía Digital o comunicación oficial directa), la autoridad judicial generó un obstáculo procedimental que derivó en la indebida prolongación de la privación de libertad, por lo que respecto a la misma corresponde conceder la tutela. En cuanto al Director del Centro de Custodia y Rehabilitación “Cero Violencia”, si bien correspondía a su autoridad verificar los datos del mandamiento de libertad a objeto de su estricto cumplimiento, en el caso tiene que el mismo justificó su inacción en restricciones de horario administrativo (16:30) y exigencias de notificación formal; en ese sentido, al priorizar formalismos administrativos sobre un derecho fundamental y omitir la verificación directa e inmediata de la autenticidad del mandamiento con el órgano jurisdiccional, el mencionado Director incurrió en una dilación indebida contraria a los razonamientos de la SCP 0696/2020-S2 de 19 de noviembre, que establece la ejecución inmediata de la libertad tras el pago de la obligación de asistencia familiar, no siendo exigible al privado de libertad subsanar los canales de coordinación interinstitucional para hacer valer su orden de libertad, por lo que en relación a la citada autoridad igualmente corresponde conceder la tutela solicitada. Por otro lado, respecto a los funcionarios subalternos (Secretaria y personal de apoyo), al no advertirse en su actuación una dilación con nexo causal directo en la falta de ejecución del mandamiento, habiendo tramitado los actuados dentro de la misma jornada bajo la dirección del Juez de la causa, respecto a los mismos corresponde denegar la tutela solicitada. Finalmente, respecto a los supuestos actos de discriminación y cobros indebidos denunciados, no cursan en obrados elementos de prueba que los acrediten; además, el accionante carece de legitimación activa para reclamar agravios sufridos por un tercero, correspondiendo a los involucrados activar las vías penales o disciplinarias pertinentes, al no ser la acción de libertad la vía idónea para dilucidar dicho extremo. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela, aunque en distinto alcance, actuó de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 03/2024-A de 31 de mayo, cursante de fs. 47 a 50 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto, Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal del Distrito Dos de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a José Luis Hidalgo Guarachi, Juez Público de Familia Sexto de El Alto del departamento de La Paz, y Nelson Sergio Ayala Luna, Director del Centro de Custodia y Rehabilitación “Cero Violencia”, disponiendo que, de no haberlo hecho, en el día, viabilicen y efectivicen la ejecución del mandamiento de libertad. 2° DENEGAR la tutela con relación a la Secretaria y demás personal de apoyo del señalado Juzgado de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Boris Wilson Arias López MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1263_2026-S2.pdf · páginas 1 a 5.

Huella digital del PDF (SHA-256): e3871632f1510c29541c8c74d1cc0ea09f18604d199b77bc3c0c730ceba64e83

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