Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de agosto de 2026
Concede en parte la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 02/2024 de 30 de mayo, cursante de fs. 40 a 41, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada respecto de Guido Wilson Inturias Torrico y Roberto Rejas Ribera, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San Borja del departamento de Beni, conforme a los argumentos expuestos precedentemente en el presente fallo constitucional, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías, en complementación y enmienda; y, 2º DENEGAR la tutela respecto de Verónica López Arauz, Juez del citado Tribunal de Sentencia, al no evidenciarse que hubiera intervenido en la omisión denunciada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1253/2026-S2 Sucre, 5 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA – Pronto despacho SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 64564-2024-130-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución 02/2024 de 30 de mayo, cursante de fs. 40 a 41, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Miguel Robert Beyuma Cartagena contra Guido Wilson Inturias Torrico, Roberto Rejas Ribera y Verónica López Arauz, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San Borja del departamento de Beni.
El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, vinculados al principio de celeridad, alegando que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, se dispuso su detención preventiva, determinación contra la cual interpuso recurso de apelación incidental y, pese a haber transcurrido aproximadamente dos meses desde la interposición del recurso, los antecedentes no fueron remitidos al Tribunal de alzada, impidiendo que se revise oportunamente la medida cautelar que restringía su libertad. Solicitó se conceda la tutela y se disponga la remisión inmediata del testimonio de apelación al Tribunal de alzada. Guido Wilson Inturias Torrico, Juez demandado, informó en audiencia de garantías que la apelación incidental ya había sido remitida al Tribunal de alzada. Roberto Rejas Ribera, Juez codemandado, no presentó informe ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su legal notificación cursante a fs. 26.
Verónica López Arauz, Jueza codemandada, solicitó en audiencia de garantías que se deniegue la tutela, señalando que informó que se excusó del conocimiento del proceso penal mediante Auto Interlocutorio 003/2023 de 25 de agosto, determinación puesta en conocimiento de las partes por providencia de 28 del mismo mes y año. El Juez de garantías denegó la tutela solicitada; sin embargo, vía complementación, dispuso que las autoridades demandadas cumplan lo establecido por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y les llamó la atención. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si los hechos denunciados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.
Con referencia a la acción de libertad, en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…”(el resaltado es propio).
En el caso que se revisa, el accionante denunció que la apelación incidental interpuesta contra la resolución que dispuso su detención preventiva no fue remitida al Tribunal de alzada durante aproximadamente dos meses, pese a encontrarse directamente comprometido su derecho a la libertad. Conforme al Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, la remisión de una apelación incidental en materia de medidas cautelares debe efectuarse sin dilaciones indebidas, pues tiene por finalidad garantizar la pronta revisión de la situación jurídica de la persona privada de libertad; en ese sentido, una demora de aproximadamente dos meses excede el plazo legal previsto por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y constituye una dilación indebida. El Juez demandado Guido Wilson Inturias Torrico se limitó a señalar que, al momento de la audiencia de garantías, la apelación ya había sido remitida; sin embargo, no precisó la fecha en que se efectuó dicha actuación ni explicó las razones que justificaron el tiempo transcurrido; asimismo, la remisión posterior del recurso no desvirtúa la dilación ya producida ni acredita que se hubiera cumplido el plazo legal. Por su parte, el Juez codemandado Roberto Rejas Ribera no presentó informe ni aportó elementos que permitan desvirtuar la demora denunciada; si bien su inasistencia a la audiencia de garantías no determina, por sí sola, la concesión de la tutela, el propio reconocimiento efectuado por Guido Wilson Inturias Torrico, en sentido de que la remisión habría sido “subsanada”, permite establecer que el recurso no fue tramitado con la celeridad exigida. A ello se suma que la documental presentada por el Juez Guido Wilson Inturias Torrico (fs. 37) resulta ilegible, por lo que no es posible verificar la fecha en que se efectuó la remisión. En consecuencia, el hecho de que el recurso hubiera sido remitido antes de la audiencia de garantías no permite tener por acreditado el cumplimiento del plazo establecido por el art. 251 del CPP, máxime cuando correspondía a las autoridades demandadas justificar objetivamente la actuación cuestionada. Respecto de Verónica López Arauz, Jueza codemandada, se tiene que acreditó haberse apartado del conocimiento de la causa mediante Auto Interlocutorio 003/2023 de 25 de agosto (fs. 34 a 35), es decir, con anterioridad al periodo en el que se produjo la omisión denunciada; por consiguiente, no corresponde atribuirle responsabilidad por la falta de remisión del recurso. Por lo expuesto, corresponde conceder la tutela respecto de Guido Wilson Inturias Torrico y Roberto Rejas Ribera, por la dilación indebida en la remisión de la apelación incidental; y, denegar respecto de Verónica López Arauz, al no encontrarse vinculada con la omisión denunciada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 02/2024 de 30 de mayo, cursante de fs. 40 a 41, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada respecto de Guido Wilson Inturias Torrico y Roberto Rejas Ribera, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San Borja del departamento de Beni, conforme a los argumentos expuestos precedentemente en el presente fallo constitucional, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías, en complementación y enmienda; y, 2º DENEGAR la tutela respecto de Verónica López Arauz, Juez del citado Tribunal de Sentencia, al no evidenciarse que hubiera intervenido en la omisión denunciada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1253_2026-S2.pdf · páginas 1 a 4.
Huella digital del PDF (SHA-256): c0b43bd8297feae6dfbf61a8412ab518c3283f72acb3bf0d85e4f4847a44e1c8
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