Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 12 de diciembre de 2023
Concede en parte la tutela
La peticionante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la salud, integridad física, psicológica y a la vida, su derecho a la libertad; toda vez que: 1) Dentro del proceso penal -NUREJ 201102012005679- por escrito de 27 de agosto de 2021 solicitó cesación a la detención preventiva por razones humanitarias en virtud a lo estipulado por el art. 239. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 015/2021 de 2 de septiembre, cursante de fs. 66 vta. a 70 pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz; en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer lo siguiente:
a) Dejar sin efecto el Auto Interlocutorio de 30 de agosto de 2021, emitido por el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz; b) Que el mencionado Juez codemandado, en el plazo de cuarenta y ocho horas de notificado con el presente fallo constitucional, conozca y resuelva la solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada de acuerdo a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, si acaso a la fecha no hubiera sido ya resuelto; y, 3° DENEGAR la tutela solicitada respecto al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo y la Directora del Centro de Orientación Femenina de Miraflores, ambos del departamento de La Paz, sobre la base de los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1251/2023-S1 Sucre, 12 de diciembre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 42743-2021-86-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 015/2021 de 2 de septiembre, cursante de fs. 66 vta. a 70, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jeanine Añez Chávez contra Andrés Franz Zabaleta Callisaya, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo; Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Décimo; y, Maribel Barrenechea Zambrana, Directora del Centro de Orientación Femenina de Miraflores, todos del departamento de La Paz.
Mediante memorial presentado el 1 de septiembre de 2021, cursante de fs. 45 a 49 vta., la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que dentro del proceso penal con Número de Registro Judicial (NUREJ) 201102012005679 seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de Lidia Patty Mullisaca por la supuesta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz; mediante escrito de 27 de agosto de 2021 solicitó cesación a la detención preventiva, petición efectuada por razones humanitarias debido a que presenta un delicado cuadro de salud de hipertensión arterial sistémica, gastritis aguda, derrame pericárdico, polineuropatía y depresión severa conforme se tiene de los exámenes e informes médicos emitidos en su caso; solicitud efectuada en virtud a lo estipulado por el art. 239.5 del Código de Procedimiento Penal (CPP) correspondiendo el señalamiento de audiencia dentro el plazo de cuarenta y ocho horas.
Sin embargo, el titular de dicho despacho judicial -ahora codemandado- emitió la “providencia” -lo correcto es Auto interlocutorio- de 30 del mismo mes y año, indicando que no puede señalar audiencia, puesto que existe un trámite de apelación incidental pendiente contra la Resolución 211/2021 de 10 de agosto. Pronunciamiento que no consideró su solicitud, y que determinó rechazar un pedido de cesación de detención preventiva por otras causales, y no así como la actual que se encuentra basada en la necesidad humanitaria de proteger su salud, integridad física, psicológica y su propia vida; por lo que no debió ser rechazada. En cuanto a la otra autoridad judicial codemandada -Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo del referido departamento-, de la misma forma el 27 de agosto de 2021 solicitó cesación de la medida extrema bajo igual fundamento jurídico y fáctico señalado precedentemente, programándose la celebración de dicho acto procesal para el 1 de septiembre de 2021; audiencia que fue suspendida por “…una caída del sistema Cisco Webex…” (sic), sin que hasta el presente exista una reprogramación de esta actuación, y menos intentó que se celebre de forma presencial. Luego, por memorial presentado el 31 de igual mes y año ante la precitada autoridad jurisdiccional -ahora codemandada-, a tiempo de adjuntar mayores elementos probatorios, pidió su traslado a la Clínica Alemana, al amparo del art. 238 del CPP; empero, la citada autoridad judicial respondió que acuda a lo previsto en la Ley de Ejecución Penal y Suspensión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-; asimismo “… en el Oficio de Remisión a Juzgado de Ejecución Primero de la Capital…” (sic); omitiéndose la obligación de fundamentar su negativa a la solicitud de salida médica urgente. Respecto a lo acontecido el 1 de septiembre de 2021, se tiene que a partir de las 14:00 horas se procedió a su total aislamiento; es así que se negó la entrada al recinto penitenciario a sus abogados y médicos, vulnerándose de esta manera sus derechos fundamentales invocados en la presente demanda tutelar.
La peticionante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la salud, integridad física, psicológica y a la vida; citando al efecto, los arts. 15, 35, 73, 114, 256 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 3, 5, 7 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 1, 4, 5 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela impetrada y se ordene: a) Su traslado inmediato a la Clínica Alemana e internación hasta la finalización de su tratamiento hospitalario hasta recibir alta médica; y, b) Se señale en el plazo de veinticuatro horas, audiencia de modificación y cesación a la detención preventiva con la finalidad de precautelar su vida y salud “…SE ADOPTE EL CRITERIO REFORZADO DE VALORACIÓN PARA LA CESACION DE MI DETENCIÓN PREVENTIVA Y LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES…” (sic).
La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 2 de septiembre de 2021; según consta en el acta cursante de fs. 61 a 66, produciéndose los siguientes actuados:
La impetrante de tutela a través de sus abogados, en audiencia ratificó de forma íntegra los términos expuestos en su memorial y ampliándolo señaló: 1) De acuerdo a los informes médicos emitidos por el psiquiatra Fernando Zabala Burgos, el cardiólogo Mauricio Arce y el médico internista Fernando Pavel Andrés Mercado, se establece que la ahora impetrante de tutela se encuentra con diagnóstico médico de trastorno depresivo mayor severo, con ideación suicida, síndromes conversivo disociativo-depresivos “post AVC”, hipertensión arterial sistémica, cardiopatía hipertensiva, gastritis crónica y una probable polineuropatía periférica, a cuyo efecto se recomendó tratamiento con supervisión clínica permanente en un centro especializado por la dificultad de control de la medicación al trastorno ansioso depresivo que se actualizó a depresión mayor quedando -a su vez- pendientes de realización el examen de monitorización ambulatoria de la presión arterial; 2) En relación a la autoridad jurisdiccional a cargo del Juzgado Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, se evidencia que no obstante el cuadro clínico de salud presentado dictó el Auto Interlocutorio de 30 de agosto de 2021, rechazando la solicitud de cesación a la detención preventiva solicitada con el fundamento que al encontrarse pendiente de resolución de alzada la apelación incidental formulada contra la Resolución 211/2021 de 10 de agosto, resulta inviable celebrar una nueva audiencia de cesación a la detención preventiva a fin de evitar duplicidad de fallos; determinación que no consideró que el citado incidente cautelar no se trató de la causal de cesación prevista en el art. 239. 5 del CPP contenida en la actual petición de cesación de la medida extrema que es por enfermedad grave conforme lo determina la SCP 725/2014 de 10 de abril, motivo por el cual se debió haber señalado audiencia en el plazo de cuarenta y ocho horas, toda vez que la solicitud se encuentra sustentada en su derecho a la vida vinculado al principio de celeridad garantizada por la acción de libertad de pronto despacho; 3) Respecto al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo del mismo departamento, si “…ha señalado en el tiempo establecido por ley, la audiencia de cesación a la detención preventiva o en el tiempo establecido por ley que debió haber señalado audiencia para el lunes, toda vez que ha interpuesto esta solicitud el día 27 de agosto…” (sic); por otro lado, es de conocimiento público que se registró un “corte” en la plataforma virtual “Cisco Webex” suspendiéndose la audiencia planificada sin que la mencionada autoridad jurisdiccional proceda a su reprogramación, tampoco se instaló la audiencia ni se hizo esfuerzo alguno para que se lleve a cabo este acto en el mismo recinto carcelario, considerándose que la situación involucra el derecho a la salud con riesgo inminente a la vida; sin embargo, ante la presente acción de libertad interpuesta fueron notificados con un señalamiento de audiencia para el tres de septiembre de 2021 a las 11:00 horas; y, 4) Finalmente, también se interpuso la presente demanda tutelar en su ámbito reparador contra la autoridad policial penitenciaria por motivo que el día de ayer no dejó ingresar a sus médicos ni a su defensa técnica al centro de rehabilitación pese a la emergencia de salud que soporta, situación que obviamente no emerge de ninguna sanción disciplinaria.
Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del Departamento de La Paz, mediante informe escrito cursante de fs. 55 y vta. manifestó: i) En el Auto Interlocutorio de 30 de agosto de 2021 se aclaró que la apelación incidental formulada contra la Resolución 211/2021 todavía no fue resuelta por el Tribunal de alzada, lo cual genera la posibilidad de emisión de pronunciamientos paralelos y contradictorios que pueden ocasionar disfunciones procesales en la misma vía ordinaria, razonamiento que se ratifica por la jurisprudencia constitucional establecida en la SCP 0077/2015-S2 de 3 de febrero; y, ii) Se pretende sorprender a la jurisdicción constitucional señalando que la petición de cesación a la detención preventiva sólo se sustentó en el art. 239.5 cuando de la revisión del escrito de solicitud se verifica que también insertó el numeral 1) de la anotada norma adjetiva penal; de ahí que de ninguna manera se debe considerar un rechazo o negación de la petición efectuada, sino que únicamente se debe esperar el resultado de la apelación de la anterior cesación que está pendiente de resolución por parte de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Andrés Franz Zabaleta Callisaya, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito cursante de fs. 57 a 58 vta. señaló: a) El 27 de agosto de 2021 a horas 13:08 se presentó memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva mediante la Oficina de Gestoría de Procesos 3, remitiéndose al despacho judicial a su cargo a las 16:30 señalándose audiencia para el lunes 30 del mismo mes y año mediante providencia de 27 de similar mes y año; sin embargo, debido a que las notificaciones fueron generadas terminada la jornada laboral, la misma no fue recepcionada por la citada oficina administrativa; b) Bajo ese antecedente, en la hora y fecha fijada se procedió a convocar para la realización del acto pero debido al defecto mencionado se procedió a fijar nuevo señalamiento para el 1 de septiembre de 2021 a horas 13:00 cumpliéndose con las notificaciones correspondientes, sin embargo, en la mencionada fecha, los encargados informáticos informaron sobre una falla en el sistema “Cisco Webex” en todo el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, lo cual lo exime de responsabilidad sobre lo denunciado; c) De oficio, se procedió a fijar nueva fecha para la consideración de la solicitud de consideración de cesación a la detención preventiva para el viernes 3 de septiembre de 2021 a horas 11:00, el mismo que ya fue generado y enviado a la unidad administrativa encargada, cuyos señalamientos de audiencias son dentro de las cuarenta y ocho horas que establece el procedimiento, estando a la fecha pendiente de celebración sobreviniendo la subsidiariedad de la presente acción tutelar; y, d) Con relación al permiso de salida impetrada, el art. 110 de la Ley 2298 prescribe la anticipación con la cual deben pedirse, así como la vía competente que es ante el Juzgado de Ejecución Penal Primero que resuelve problemáticas de emergencia y de pronta asistencia o en su caso mediante trámite administrativo ante el régimen penitenciario. Maribel Barrenechea Zambrana, Directora del Centro de Orientación Femenina de Miraflores del departamento de La Paz, por sí y mediante la abogada de la referida institución indicó en audiencia tutelar: 1) Es su segundo día como responsable del recinto carcelario y resulta falsa la denuncia constitucional presentada; toda vez que, el día de ayer -31 de agosto de 2021- evidentemente se le dio parte que un grupo de personas junto al abogado Alain Canedo Ostria -sin especificar si eran médicos o abogados- pretendieron ingresar sin considerar la emergencia sanitaria que prohíbe que mucha gente se encuentre en un mismo ambiente, resolviéndose con el ingreso de dos en dos, lo cual se halla registrado en el Libro de Ingresos; no siendo cierto que no se haya permitido a los médicos porque no hubo una identificación plena por parte de los profesionales que se presentaron; 2) En referencia a la parte médica, se informó que esta solicitud debe seguir el conducto y procedimiento regular, asimismo se puede verificar del Libro ya citado que a horas 12:40, Alain Canedo Ostría ingresó a visitar a la ahora demandante de tutela, abandonando las instalaciones a las 14:07; luego, ingresó el hijo José Armando Rivera Añez y salió a las 19:02, posteriormente a las 16:47 la abogada Norka Cuéllar Tórrez y se retiró a las 17:45, por último María Ely Añez Chávez a las 18:41 horas, a pernoctar toda la noche con ella, aspectos que demuestran que la parte accionante pretende tergiversar la verdad de los hechos; y, 3) Se refiere que cuenta con un cuadro de hipertensión arterial sistémica, gastritis aguda, derrame policardíaco, depresión severa; sin embargo, de las conclusiones del certificado médico forense de 25 de agosto de 2021, se refiere que al momento de la valoración médico forense se encuentra clínica y neurológicamente estable, hipertensión arterial controlada y en tratamiento, incluyéndose que se encuentra en un área médica con disponibilidad de atención pronta y oportuna, con médicos las veinticuatro horas al día y los siete días de la semana.
El Juez de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 015/2021 de 2 de septiembre, cursante de fs. 66 vta. a 70, denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos: i) En cuanto al Juez de Instrucción Penal Décimo se evidencia que la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada mediante memorial de 27 de agosto 2021 fue resuelta por Auto interlocutorio de 30 del mismo mes y año, notificado el 1 de septiembre de igual año a la defensa técnica de la ahora peticionante de tutela, sin que se haya formulado el recurso correspondiente, por lo que no se agotaron los medios de impugnación ordinarios a los fines del cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige la acción de libertad; omisión que se repite contra el pronunciamiento de 4 de agosto de 2021; ii) En relación al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, cabe precisar que según el Protocolo de Actuación de Audiencias Virtuales en el Órgano Judicial, en su numeral séptimo distinguen las funciones de los distintos servidores públicos judiciales que intervienen en el procedimiento de audiencia virtual, es así que los profesionales en sistemas informáticos de los entes nacionales y departamentales del Órgano Judicial, en casos de problemas técnicos mediante la Oficina Gestora de Procesos tienen la obligación de gestionar y resolver dificultades técnicas para la efectiva realización de la videoconferencia, previa coordinación con el personal jurisdiccional en materia penal, fiscalía y partes, consecuentemente, ante la dificultad técnica denunciada que impidió la celebración de la audiencia virtual extrañada, la solicitante de tutela debió denunciar a los profesionales en sistemas informáticos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y no así a la autoridad jurisdiccional ahora codemandada, máxime si dentro el plazo de ley dictó la providencia de 1 de septiembre de 2021 que reprograma la actuación procesal ahora reclamada; iii) Acerca de la salida judicial urgente a efecto de su traslado a la Clínica Alemana, mediante proveído de 1 de septiembre de 2021 que de manera textual señala: "Al Otrosí 2o.- Estese a lo previsto en la Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión, asimismo en el Oficio de Remisión al juzgado de Ejecución Primero de la Capital" (sic), se evidencia que la impetrante de tutela no interpuso recurso de reposición contra dicha providencia consintiendo con el acto reclamado además de no agotar los medios impugnatorios que la ley faculta, haciendo inviable un análisis de fondo a los antecedentes y fundamentos denunciados; y, iv) Respecto a la Directora del Centro de Orientación Femenina de Miraflores resulta necesario señalar que conforme lo previsto por los arts. 54 y 279 del CPP, la autoridad judicial competente a efecto del control jurisdiccional correspondiente, son los jueces de instrucción, tampoco se señala de manera objetiva cuáles son las acciones que hubiera realizado la autoridad demandada, y que sean vulneratorias de derechos, además que de la fotocopia remitida se tiene el registro de ingreso de personas al recinto penitenciario. En la vía de la aclaración, complementación y enmienda, la parte accionante solicitó: a) Respecto al Juez de Instrucción Penal Décimo y el argumento que se debió previamente interponer recurso de apelación contra la resolución de 30 de agosto de 2021 antes de acudir a la jurisdicción constitucional, se aclare su vinculación con el plazo en que se resuelve una impugnación y la emergencia de salud inmediata que requiere; b) La resolución dictada refiere que sólo se interpuso una solicitud de cesación a la detención preventiva con fundamento en el art. 239.5 del CPP; sin embargo, en audiencia tutelar se aclaró que también se sustentó en el numeral 1 de la citada norma adjetiva penal en cuanto a la petición realizada ante el Juez de Instrucción Penal Décimo, asimismo no se indicó en que parte de los antecedentes, la actual petición coincide con la solicitud que resolvió la cesación a la detención preventiva que se encuentra en apelación pendiente de resolución, toda vez que éstas no coinciden en cuanto a lo que se ha solicitado y los motivos; y, c) En cuanto a que la competencia de las autoridades jurisdiccionales demandadas para autorizar la salida judicial por asistencia médica, si bien debe ser autorizada por el Juez de Instrucción Penal, las situaciones a las que se hizo referencia en la resolución dictada deben ser de conocimiento del Juez de Ejecución Penal confundiéndose la acción de libertad interpuesta, reparadora en contra de la funcionaria policial quien no permitió el ingreso reclamado con el de salida judicial a cargo del Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo, antecedentes que deben ser complementados y corregidos. Ante lo cual, el Juez de garantías determinó que las pretensiones no son viables en razón a que los fundamentos presentados fueron desarrollados de manera clara y concisa.
Por Decreto Constitucional de 10 de octubre de 2022 (fs. 74), a solicitud de la Magistrada Relatora se dispuso la suspensión del plazo a objeto de requerir documentación complementaria para resolver la causa; reanudándose el mismo a partir del día siguiente hábil de la notificación con el Decreto Constitucional de 6 de diciembre de 2023 (fs. 121), de acuerdo a los antecedentes; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del plazo.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por nota presentada el 24 de agosto de 2021, Carolina Ribera Añez -hija de la demandante de tutela- solicitó a la Directora del Centro Penitenciario Miraflores “SOLICITUD DE SALIDA PARA REALIZACIÓN DE TAC Y ELECTROMIOGRAFÍA DE MI MAMÁ JEANINE AÑEZ CHAVEZ” (sic) a realizarse en la misma fecha en el centro particular UNIMED ubicado en la Avenida Arce 2630; asimismo, cursan los informes psiquiátricos de 24 de agosto de 2021 emitidos por dicho consultorio especializado (fs. 43, 16 a 19 y 32 a 40). II.2. Cursa memorial de solicitud de audiencia de cesación de la detención preventiva -NUREJ 201102012005679- presentado el 27 de agosto de 2021 por Jeanine Añez Chávez -ahora accionante-; el cual, mereció el Auto Interlocutorio de 30 del mismo mes y año dictado por el titular del Juzgado de Instrucción Penal Décimo -ahora codemandado- quien rechazó su conocimiento y resolución por encontrarse pendiente de pronunciamiento por el tribunal de alzada, la apelación incidental formulada contra la resolución 211/2021 (fs. 2 a 8). II.3. Consta escrito presentado el 27 de agosto de 2021 por Jeanine Añez Chávez ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz -ahora codemandado- por el que solicitó cesación a la detención preventiva -NUREJ 201102012105245- con fundamento en lo establecido por el art. 239.1 y 5 del CPP; asimismo, memorial presentado el 31 de agosto de 2021 con suma “ADJUNTA MAS PRUEBA Y SOLICITA” a los fines del “…contradictorio y a objeto de ser reproducidos en la audiencia de la peticionada CESACIÓN interpuesta el día 27 de agosto del presente…”; además pidiendo en el Otrosí Segundo “…de forma URGENTE solicito PERMISO DE SALIDA DEL CENTRO DE ORIENTACION FEMENINO DE MÁXIMA SEGURIDAD DE MIRAFLORES PARA SER TRASLADADA A LA CLÍNICA ALEMANA, UBICADA EN LA AV. 6 DE AGOSTO N° 2821 EN LA ZONA DE SAN JORGE, SEA CON LA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE, SOLICITUD QUE LA ESTABLECE QUE: …” [(sic) (fs. 11 a 15 y 41 y vta.)]. II.4. Cursa fotocopia del Libro de ingresos del Centro de Orientación Femenina de Miraflores de La Paz en el que consta el ingreso y visita de José Armando Ribera Añez, Alan Mario Raúl Canedo Ostria, Norka Cuéllar Tórrez y María Elly Añez Chávez a la ahora peticionante de tutela el primero de septiembre de 2021 (fs. 60). II.5. Consta Auto de Vista 474/2021 de 9 de septiembre emitido por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que resuelve la apelación incidental formulada contra el Auto interlocutorio 211/2021 de 10 de agosto (fs. 89 a 92).
La peticionante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la salud, integridad física, psicológica y a la vida, su derecho a la libertad; toda vez que: 1) Dentro del proceso penal -NUREJ 201102012005679- por escrito de 27 de agosto de 2021 solicitó cesación a la detención preventiva por razones humanitarias en virtud a lo estipulado por el art. 239. 1 y 5 del CPP; petición que fue postergada mediante Auto interlocutorio de 30 del mismo mes y año por el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, al encontrarse pendiente de resolución de alzada una apelación incidental de cesación a la detención preventiva interpuesta anteriormente; 2) El Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo del mismo departamento, dentro del proceso penal -NUREJ 201102012105245-, si bien señaló audiencia virtual de cesación a la detención preventiva para el primero de septiembre de 2021 a mérito de su solicitud de 27 de agosto del mismo año, ésta fue suspendida por fallas informáticas sin que exista una reprogramación de esta actuación y menos intentó que se realice de forma presencial; además que no resolvió de forma oportuna su solicitud de salida y traslado urgente a una clínica especializada debido a su delicado estado de salud; y, 3) El primero de septiembre de 2021, a partir de las 14:00 horas se procedió al total aislamiento de su persona, sin permitir el ingreso de sus abogados y médicos al recinto penitenciario donde se halla recluida. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: i) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; iii) Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia con las modificaciones introducidas por la Ley 1173; y, iv) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, desarrolló el siguiente entendimiento: Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, dejó establecido que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria, se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad (…) eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30.3 de la LOJ, pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto a la aplicación del principio de celeridad exigida a toda autoridad judicial, que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también la seguridad jurídica, más aun, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:
…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud" (las negrillas nos pertenecen). Jurisprudencia reiterada en numerosas Sentencias Constitucionales como las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010-R de 10 de agosto. Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad fue dispuesta por orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0527/2020-S1 de 18 de septiembre, asumió el siguiente razonamiento: La Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, implementó procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales, descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia; en su Capítulo III, específicamente el art. 8 incluyó modificaciones y sustituciones a las normas del Código de Procedimiento Penal, entre las que se encuentran el art. 239, que en lo relativo al pedido de cesación de la detención preventiva por las causales que se hallaban previstas en los numeras 1 y 4 de dicha norma, establecía que se debía señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco días. Si bien hasta antes de la promulgación de la Ley 586, este Tribunal dejó establecido que para la procedencia de la protección que brinda la acción de libertad, ante la falta de pronunciamiento oportuno dentro de una solicitud de medidas cautelares que afecta el derecho a la libertad física del imputado, dicha petición debía ser atendida dentro del plazo razonable de tres días, en el que debía fijarse día y hora de realización de la audiencia correspondiente y procederse con las notificaciones respectivas -SCP 0110/2012 de 27 de abril-; con la modificación efectuada al 4La detención preventiva cesará:
1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;
2. Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;
3. Cuando su duración exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, asesinato, violación a infante, niña, niño, adolescente, e infanticidio; y,
4. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad terminal.
Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco (5) días.
En el caso de los Numerales 2 y 3, la o el Juez o Tribunal dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, correrá traslado a las partes quienes deberán responder en el plazo de tres (3) días. Con contestación o sin ella, la o el Juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.
En los casos previstos en los Numerales 2, 3 y 4 del presente Artículo, la o el Juez o Tribunal aplicará las medidas sustitutivas que correspondan, previstas en el Artículo 240 de este Código (las negrillas son añadidas). 5El FJ III.3, dispone que: “…tratándose de señalamientos de día y hora de audiencia para considerar este beneficio [cesación de la detención preventiva], debe ser conceptuada como un término brevísimo, de tres días hábiles como máximo, pues el imputado se encuentra privado de su libertad. En este entendido, el plazo razonable para la realización de la audiencia de análisis, consideración y resolución del beneficio de la cesación de la detención preventiva, será el término máximo antes señalado, incluidas las notificaciones pertinentes, lo contrario constituye vulneración del derecho a la libertad, en el entendido en que los jueces no pueden obrar contra los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad (art. 73 y ss de la CPE), bajo el argumento de existencia de `sobrecarga procesal´ para justificar una negligencia e incumplimiento de un deber de servicio a la sociedad”.
art. 239 del CPP por la referida Ley 586, dicho plazo fue regulado a cinco días. Sin embargo, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que entró en vigencia el 4 de noviembre de igual año, introdujo las modificaciones al art. 239 referente a la cesación de las medidas cautelares personales, siendo el texto vigente el siguiente:
Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:
1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;
2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;
4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio;
5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o,
6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria y crímenes de guerra.
Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.
En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.
En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.
La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente.
Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código (las negrillas son añadidas). Por lo tanto, el precepto vigente del art. 239 del CPP, establece que ante la petición de cesación de las medidas cautelares personales basada en la existencia de nuevos elementos que evidencien que no concurren los motivos que la fundaron o se torne conveniente que sea sustituida por otra medida, el juez o tribunal que conozca de tal solicitud deberá señalar audiencia para la resolución del incidente dentro de las cuarenta y ocho horas, debiendo tramitarla con la mayor celeridad posible en el nuevo plazo estipulado. Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud. Respecto del plazo en el cual deben ser providenciadas las peticiones efectuadas mediante los memoriales presentados, de conformidad con el art. 132.1 del CPP, salvo disposición contraria de dicho Código, el juez o tribunal, deberá dictarlas cuando se traten de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme lo entendió la SCP 0110/2012, ya que en el caso de retrasar o aplazar su emisión, no solo se lesiona el derecho a la libertad del impetrante de tutela, sino que el juzgador incurrirá en una falta grave, debido a la demora culpable en la que incurre; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán providenciar los escritos que presenten los imputados dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar las audiencias respectivas dentro del término establecido, a efecto de no lesionar el derecho a la libertad de los detenidos preventivamente, sin que sea una excusa para el incumplimiento de esta obligación la excesiva carga procesal, pues su inobservancia, atenta el derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad.
La demandante de tutela denuncia la lesión de sus derechos invocados en la presente demanda tutelar; toda vez que, el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, por Auto Interlocutorio de 30 de agosto de 2021, dejó pendiente de conocimiento y resolución su solicitud de cesación a la detención preventiva por razones humanitarias así como su traslado e internación en una clínica especializada por su delicado de salud. Asimismo, el titular del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo del mismo departamento, si bien fijó audiencia virtual de cesación de la medida extrema, ésta fue suspendida por falla informática en el sistema, sin reprogramación alguna ni posibilidad de celebración presencial, tampoco resolvió la misma demanda de autorización de salida médica señalada precedentemente. Finalmente, reclamó el total aislamiento en contra de su persona al no permitir el ingreso de sus abogados y médicos al recinto penitenciario donde se halla recluida. Identificada la problemática presentada, con carácter previo resulta necesario precisar que lo denunciado será analizado únicamente dentro el marco de los derechos a la salud, integridad física, psicológica y a la vida que fueron los denunciados como vulnerados; a fin de resguardar la debida coherencia con lo solicitado en la presente demanda tutelar. En relación a la denuncia efectuada contra el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz Al respecto, resulta pertinente establecer los antecedentes de los cuales emerge dicho reclamo. Así de la Conclusión II.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que la ahora peticionante de tutela, dentro el proceso penal con NUREJ 201102012005679 solicitó cesación a la detención preventiva con fundamento en el art. 239.1 y 5 del CPP ofreciendo como elementos de prueba certificados médicos de orden psiquiátrico, cardiólogo e internista que acreditarían su grave estado de salud. A tal efecto, la autoridad jurisdiccional codemandada mediante Auto Interlocutorio de 30 de agosto de 2021, dejó en suspenso el conocimiento y resolución de la petición efectuada con fundamento de que se encuentra pendiente de pronunciamiento la apelación incidental efectuada contra el Auto Interlocutorio 211/2021 que rechaza una anterior petición de cesación de la mencionada medida extrema.
En ese contexto procesal, se advierte que el acto lesivo que se denuncia, recae en la negativa del Juez demandado, de llevar adelante la audiencia de cesación de la medida de última ratio relacionada con las causales de cesación previstas en el art. 239. 1 y 5 del CPP, que se refieren a los nuevos elementos que demuestren que ya no concurren los motivos que fundaron la detención preventiva o se torne conveniente que sea sustituida por otra medida; así como en la acreditación que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal. En relación a ello, se hace necesario precisar que la naturaleza jurídica de la cesación a la detención preventiva resulta de la imposición de la medida extrema ante la verificación de presupuestos concretos establecidos en la ley; consecuentemente, es también la norma adjetiva penal la que establece objetivamente la procedencia de su finalización cuando determina las causales que deben ser acreditadas para dar curso a la pretensión invocada. En la especie, de la relación expuesta, la petición de cesación a la detención preventiva se sustentó en los numerales 1 y 5 ya anotados; en relación al primer numeral, se tiene que conforme la Resolución 211/2021 quedan como riesgos procesales a desvirtuar los contenidos en los arts. 234.2.3 y 4 y 235.1 y 2 del CPP, aspectos sobre los cuales justamente la defensa técnica de la solicitante de tutela formuló apelación incidental y el Tribunal de alzada revisó y analizó en función a la contrastación con los nuevos elementos acompañados en la audiencia de cesación a la detención preventiva. Por otro lado, en relación a la causal contenida en el art. 239.5 del CPP, la parte solicitante debe demostrar que la salud de la procesada se encuentra de forma tal que su estado es terminal o su enfermedad grave. En conclusión, la solicitud de cesación a la detención preventiva solicitada se circunscribe y tiene como objeto concreto, la verificación del cumplimiento de las causales bajo las que precisamente realizó la petición; es decir, el análisis de los nuevos elementos de juicio acompañados, así como la verificación de la salud de la impetrante de tutela siendo este el objeto y finalidad de la solicitud impetrada. Bajo ese contexto, la importancia del énfasis que se realiza radica en que la parte demandante de tutela, solicitó cesación de la detención preventiva y la autoridad demandada dejó en suspenso la citada audiencia argumentando que se encuentra pendiente de pronunciamiento un recurso de apelación, demostrando con ello una actuación que es contraria a las normas previstas en la norma adjetiva penal y a la jurisprudencia glosada en los Fundamentos Jurídicos III.2 y 3 del presente fallo constitucional. Esto porque, la existencia de una impugnación incidental en trámite, no suspende la investigación ni la competencia para el conocimiento y resolución de medidas cautelares; consecuentemente, no concernía el rechazo del señalamiento de audiencia arguyendo dicha causa, sino más bien, que la petición sea materializada sin dilaciones innecesarias dentro los plazos previstos por ley. Omisión que no consideró la naturaleza de las medidas cautelares que no causan estado y pueden ser interpuestas, modificadas e incluso cesar antes de la ejecutoria de la sentencia, no obstante se encuentre en trámite un medio de impugnación, conforme el procedimiento previsto en el Código de Procedimiento Penal, máxime si se encuentra de por medio una persona privada de libertad. En ese orden de ideas, se concluye que la autoridad judicial demandada lesionó los derechos alegados por la ahora peticionante de tutela, al incurrir en dilaciones indebidas que impidieron que se resuelva con celeridad su situación jurídica, máxime si presentó como causal de cesación una presunta enfermedad grave. Circunstancia que no se enmarca en la jurisprudencia constitucional y el ordenamiento jurídico penal boliviano ya señalado. Consecuentemente, al evidenciarse en el caso concreto que la autoridad judicial codemandada no respondió eficaz y oportunamente mediante el Auto Interlocutorio de 30 de agosto de 2021, corresponde sobre este punto de agravio conceder la tutela solicitada, en su modalidad de pronto despacho. Respecto a la actuación del Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz Ahora bien, del examen de los antecedentes adjuntos al expediente constitucional, se advierte que la solicitante de tutela mediante memorial presentado el día viernes 27 de agosto de 2021 a horas 13:08, solicitó señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva. Posteriormente, a través de otro escrito presentado el 31 de igual mes y año a horas 16:13 adjunto prueba literal médica para su consideración en la audiencia cautelar peticionada (Conclusión II.2); en respuesta, el Juez de control jurisdiccional ahora demandado, programó audiencia para el primero de septiembre del mismo año; empero, dicha actuación virtual se suspendió por problemas técnicos en la plataforma digital, reprogramándose la audiencia para el tres del mismo mes y año a horas 11:00, siendo notificados con dicha providencia el dos de igual mes y año conforme la defensa técnica de la ahora impetrante de tutela lo reconoció en audiencia tutelar.
De lo relacionado precedentemente, se advierte que efectivamente, la autoridad demandada, cumplió con el plazo de cuarenta y ocho horas previsto por el art. 239 del CPP. Esto en consideración a que la misma demandante de tutela dentro el término para fijar día y hora de audiencia cautelar presentó un nuevo memorial de ofrecimiento de prueba documental a los fines de su producción en la audiencia de cesación impetrada. Consecuentemente, el señalamiento del acto procesal para el primero de septiembre de 2021 a horas 11:00 se encuentra dentro el plazo establecido por ley. Por otro lado, habiéndose suspendido la audiencia fijada para dicha fecha por dificultades técnicas, conforme se da cuenta en el informe de la citada autoridad jurisdiccional así como por la parte peticionante de tutela, el nuevo señalamiento respeta el plazo de las cuarenta y ocho horas, ya que se ha fijado la audiencia para el 3 de septiembre de 2021 a horas 11:00, con lo cual se cumplió el plazo legal previsto en el art. 239 del CPP; razón por la cual se debe denegar la tutela solicitada, en lo referente a la citada autoridad jurisdiccional. Finalmente, sobre la negativa de salida médica urgente a la Clínica Alemana cuya respuesta carece de fundamento; toda vez que la providencia de 31 de agosto de 2021 sólo señala que se remita a lo previsto en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. Al respecto, se reitera que este agravio será analizado en relación con los márgenes de protección de los derechos invocados en la presente demanda tutelar; habida cuenta que la solicitante de tutela solicita que sea la jurisdicción constitucional la que ordene al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo disponga su traslado inmediato a la Clínica Alemana para que sea internada hasta que concluya su tratamiento médico y sea beneficiada con el alta hospitalaria. Bajo ese entendido, toda persona que se encuentre bajo la medida de última ratio tiene el derecho a recibir atención médica oportuna y pertinente; a tal efecto, todo centro penitenciario debe contar con la asistencia médica general además que a fin de garantizar este derecho fundamental los directores de un centro o recinto penitenciario están facultados a otorgar excepcionalmente el permiso de salida o traslado de los internos a un centro de salud en casos de extrema urgencia, cuando por la premura en la atención sea inadecuado solicitar la autorización de la autoridad judicial competente (art. 94 de la LEPS). En el caso particular, si bien la providencia dictada por el Juez ahora codemandado no respondió de forma adecuada su petición de salida al centro hospitalario especializado al estar vinculado a su derecho a la salud que constituye ser un derecho conexo al derecho a la vida; toda vez que debió considerar los antecedentes de su salud existentes en el cuaderno jurisdiccional o en su caso ordenar se recabe el criterio médico emitido por el galeno del Centro Penitenciario a los fines de establecerse si su estado de salud requería el internamiento en un centro de atención médica privado; sin embargo, la impetrante de tutela ante el presunto riesgo a la salud y la vida tenía la opción autorizada por Ley, de acudir a la Directora del Centro Penitenciario donde se halla recluida para que disponga su traslado al centro de salud de manera inmediata conforme anteriormente lo hizo mediante Nota de 24 de agosto de 2021 respecto a la necesidad de informes psiquiátricos (Conclusión II.1), evidenciándose de ello que la prenombrada fue atendida en base a los requerimientos que presenta. Esto sin perjuicio, que de forma posterior se ponga en conocimiento a la brevedad posible a la autoridad de control jurisdiccional, agregándose a ello que la citada autoridad policial penitenciaria puede conceder visitas extraordinarias cuando el interno se encuentre aquejado por una enfermedad, caso excepcional que también responde a la necesidad de precautelar el derecho a la salud de las personas privadas de libertad. Bajo esa comprensión, de la valoración del argumento alegado en la presente acción tutelar, se advierte que la demandante de tutela, se limitó a exponer que el Juez codemandado le negó la salida médica solicitada mediante escrito de 31 de agosto de 2021, sin que se advierta de manera objetiva para esta jurisdicción constitucional en qué medida o cómo la aludida ilegal actuación del prenombrado, colocó de manera cierta e irreparable en riesgo su vida. Pues conforme se anotó precedentemente tenía la posibilidad de acudir de forma directa e inmediata a la Directora del centro penitenciario a fin de su traslado a la clínica de atención especializada conforme ya lo realizó anteriormente. Por tal razón, la citada Ley de Ejecución Penal y Supervisión prescribe que los recintos carcelarios deben contar con un servicio de asistencia médica general, así en caso de que ocurran enfermedades o dolencias que precisen tratamiento especializado, previo informe del señalado servicio médico a la autoridad del régimen penitenciario, los privados de libertad pueden acceder a la mencionada atención clínica para el restablecimiento de su salud conforme la emergencia suscitada. Casos de emergencia que obligan ordenar el traslado del interno a un centro de salud adoptando las medidas de seguridad necesarias para que reciba el respectivo tratamiento, debiendo informar de forma inmediata, al Juez competente; ello conforme lo previsto por el art. 94 de la LEPS. Así, se evidencia que no existe vulneración al derecho a la salud de la peticionante de tutela vinculado a su derecho a la vida, correspondiendo denegar la tutela impetrada. Sobre la denuncia contra la Directora del Centro de Orientación Femenina de Miraflores
De la revisión de antecedentes, no se advierte que dicha autoridad hubiera ordenado el aislamiento de la solicitante de tutela; toda vez que conforme las Conclusiones II.3 del presente fallo constitucional consta que el primero de septiembre de 2021 ingresaron y visitaron a la prenombrada distintos familiares, así como sus abogados a cargo del proceso penal que se tramita en su contra. En tal sentido, no se evidencia la vulneración alegada por la impetrante de tutela respecto al derecho fundamental a la vida con relación a la salud, al haber estado asistida por su defensa técnica así como por su parentela, correspondiendo también denegar la tutela solicitada sobre este agravio. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 015/2021 de 2 de septiembre, cursante de fs. 66 vta. a 70 pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz; en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer lo siguiente:
a) Dejar sin efecto el Auto Interlocutorio de 30 de agosto de 2021, emitido por el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz; b) Que el mencionado Juez codemandado, en el plazo de cuarenta y ocho horas de notificado con el presente fallo constitucional, conozca y resuelva la solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada de acuerdo a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, si acaso a la fecha no hubiera sido ya resuelto; y, 3° DENEGAR la tutela solicitada respecto al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo y la Directora del Centro de Orientación Femenina de Miraflores, ambos del departamento de La Paz, sobre la base de los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Georgina Amusquivar Moller es de Voto Aclaratorio.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2El FJ III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto
identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
3 El FJ III.2, refiere que: “…el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido” (…).
6 El FJ III.3, expresa: “…ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1251_2023-S1.pdf · páginas 1 a 21.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9b5f932a3f0a76c835459a582f91aee6abfb38731a01e5c3fe98c2901a5e76db
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →