Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de agosto de 2026
Concede en parte la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 14/2024 de 24 de mayo, cursante de fs. 23 a 24 vta., pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto a Rolando Mayta Chui, Elena Gemio Limachi y Reina Uriarte Vila, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, en relación a la acción de libertad por pronto despacho, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a Eduardo Romero Márquez, Secretario del referido Tribunal, conforme a los fundamentos señalados en este fallo constitucional, y también en cuanto a los derechos a la vida y a la dignidad en la vejez.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1250/2026-S2 Sucre, 5 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERATIVA – Pronto Despacho SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 64545-2024-130-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 14/2024 de 24 de mayo, cursante de fs. 23 a 24 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lenny Anahí Pérez Romero en representación sin mandato de Rene Sanabria Oropeza contra Rolando Mayta Chui, Elena Gemio Limachi y Reina Uriarte Vila, Jueces; y, Eduardo Romero Márquez, Secretario; todos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del Departamento de La Paz.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de sus derechos a la vida, a la dignidad en la vejez y a la libertad; alegando que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el delito de ganancias ilícitas, por el cual cuenta con sentencia condenatoria, se encuentra detenido preventivamente en el Recinto Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, por más de tres años. Durante ese tiempo, solicitó la modificación y/o cesación de la medida cautelar, pero sus pedidos fueron denegados sin fundamentación suficiente; pues, en su última solicitud, el Ministerio Público sostuvo que las garantías unilaterales presentadas carecían de efectividad, debido a que una de las personas a cuyo favor se otorgaron había fallecido, criterio que considera absurdo y que desconoce su condición de adulto mayor. En ese contexto, el 6 de mayo de 2024 solicitó al Ministerio Público un requerimiento dirigido a la Unidad Reconvencional de la Fuerza Espacial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para suscribir garantías unilaterales, emitiéndose una citación para el 24 del mismo mes, a horas 9:00; por ello, el 16 de igual mes y año solicitó al Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz salida judicial para cumplir dicha diligencia; sin embargo, las autoridades ahora demandadas señalaron que correspondía al Ministerio Público solicitarla, pese a la documentación presentada y la fundamentación de su pedido. Considerando esta determinación dilatoria y obstructiva, interpuso recurso de reposición, que a la fecha no fue resuelta. En consecuencia, solicitó que se ordene a las autoridades demandadas conceder de forma inmediata la salida judicial, con las formalidades de ley.
Rolando Mayta Chui, Elena Gemio Limachi y Reina Uriarte Vila, Jueces; y, Eduardo Romero Márquez, Secretario; todos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del Departamento de La Paz -ahora demandados-, mediante informe cursante a fs. 19 y vta., señalaron que el accionante presentó su solicitud de salida judicial el 17 de mayo de 2024, a horas 08:43; mediante decreto de 20 del mismo mes y año, se dispuso que dicha solicitud sea formulada expresamente por el Fiscal que autorizó la realización de las garantías unilaterales; no obstante, contra esta determinación, el impetrante de tutela interpuso recurso de reposición, que fue resuelto el 23 de igual mes y año, dando curso a su solicitud y autorizando su salida judicial para el 24 del referido mes y año. El Juez de garantías denegó la tutela por subsidiariedad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.
Con referencia a la acción de libertad, en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…”(el resaltado es propio).
El accionante alega que, ante su última solicitud de cesación de su detención preventiva, el Ministerio Público señaló que las garantías unilaterales presentadas ante el Tribunal carecerían de efectividad, negándosele por ello una medida cautelar menos gravosa; ante lo cual, el 6 de mayo de 2024, pidió a la referida entidad que pronuncie requerimiento para la Unidad Reconvencional de la FELCC, emitiéndose, en consecuencia, una citación para que el 24 del mismo mes y año, a horas 9:00, pueda constituirse a esas instalaciones y firmar las garantías unilaterales; razón por la cual, el 16 del citado mes y año, pidió al Tribunal ahora demandado salida judicial para esa fecha, pero las autoridades demandadas, en un acto de dilación y obstaculización, señalaron que debía ser el Ministerio Público el que solicite la salida judicial; ante ello, el 21 de ese mes y año, interpuso recurso de reposición contra dicho proveído que respondió a la solicitud de salida judicial, el cual, a la fecha, no cuenta con una respuesta. Al respecto, las autoridades ahora demandadas, en su informe presentado en la presente acción de defensa, señalaron que el recurso de reposición había sido ya resuelto por “decreto” de 23 de mayo de 2024, dándose curso a la salida solicitada; empero, de la revisión de los antecedentes cursantes en el expediente constitucional, no se advierte la existencia de la notificación efectuada al accionante con dicha determinación y, al contrario, conforme lo señalado por su abogado en audiencia, y que no fue refutado por la parte demandada, cuando se apersonaron en horas de la tarde del referido día ante el Tribunal demandado, el recurso de reposición aún no había sido resuelto y, por ende, menos aún fueron notificados con alguna determinación, lo que motivó la interposición de la presente acción de defensa. En ese entendido, los Jueces demandados, incurrieron en dilación y omisión indebidas al no resolver oportunamente y con la celeridad que el caso ameritaba el recurso de reposición contra el decreto de respuesta a la solicitud de salida judicial, el cual se encontraba dirigido a obtener el requisito faltante para lograr obtener una medida cautelar menos gravosa; omisión dilatoria que desconoce el lineamiento jurisprudencial descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que señala que toda solicitud administrativa o judicial relacionada con personas que se encuentran privadas de libertad debe ser atendida y tramitada con la mayor celeridad, por estar relacionada con el derecho a la libertad; por lo que corresponde, respecto a dicho Tribunal, conceder la presente acción de libertad de pronto despacho, por lesión del debido proceso en su elemento celeridad, vinculado a la libertad. En cuanto al Secretario codemandado, cabe señalar que no se advierte que dicho funcionario judicial hubiera asumido una conducta contraria a las órdenes impartidas ni al cumplimiento de las funciones inherentes a su cargo; máxime cuando se encuentra sujeto a la dependencia jerárquica de sus superiores, ante quienes el accionante debió acudir en reclamo, si consideraba que dicho funcionario hubiera incurrido en algún incumplimiento de sus funciones; en ese sentido, respecto de dicha autoridad, corresponde denegar la tutela solicitada. Finalmente, en cuanto hace a los derechos a la vida y a la dignidad en la vejez, más allá de su invocación, la parte impetrante de tutela no estableció cómo los hechos reclamados vincularían con dichos derechos, por lo que no corresponde efectuar mayor pronunciamiento sobre los mismos. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 14/2024 de 24 de mayo, cursante de fs. 23 a 24 vta., pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto a Rolando Mayta Chui, Elena Gemio Limachi y Reina Uriarte Vila, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, en relación a la acción de libertad por pronto despacho, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a Eduardo Romero Márquez, Secretario del referido Tribunal, conforme a los fundamentos señalados en este fallo constitucional, y también en cuanto a los derechos a la vida y a la dignidad en la vejez. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1250_2026-S2.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): bd75c86fa370a7e89ba82b5f6d24be3a18cf51c26ef69d045f51525aa3d28c97
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