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SCP 1240/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 4 de diciembre de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
4 de diciembre de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
41835-2021-84-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

Los accionantes, denuncian la lesión de sus derechos a la vida y a la salud; toda vez que: i) La Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Segunda de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada-, en ejecución de fallos, dentro del proceso de nulidad de Escritura Pública y su registro en DD.RR. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 305/2021 de 17 de julio, cursante de fs. 196 a 200, pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° DENEGAR en su totalidad la tutela solicitada en los términos dispuestos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer, llamar la atención al Juez de garantías quien se excedió en sus atribuciones al determinar medidas de protección, disponiendo el desalojo de la imputada; sin que ella incluso hubiere sido citada con la presente acción de tutela.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La naturaleza jurídica de la acción de libertad
  2. III.2. La acción de libertad y el derecho a la vida e integridad personal
  3. III.3. El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género
  4. III.4. Las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1240/2023-S1 Sucre, 4 de diciembre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 41835-2021-84-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 305/2021 de 17 de julio, cursante de fs. 196 a 200, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marco Antonio Callisaya Chura en representación sin mandato de Carlos Ramiro Sejas Morales, María del Rosario Sejas de Andrew y María Gladys de Sejas contra Carolina Enny Terrazas Siles, Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Segunda de la Capital del departamento de La Paz; y, Martha López Gonzáles, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de julio de 2021, cursante de fs. 185 a 187, los accionantes por medio de su representante sin mandato, manifestaron los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Interpusieron dos demandas una civil y otra penal; en la primera demandaron la nulidad de la Escritura Pública 1277/2015 de 12 de mayo, y su registro en las oficinas de Derechos Reales (DD.RR.) del departamento de La Paz, donde Keila Sosa Claure, a través de documentación fraudulenta, procedió a registrarla a su nombre el inmueble con Matrícula Computarizada 2.01.0.99.0130371, una vez tramitada la causa la Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Segunda declaró PROBADA la demanda de Nulidad de Escritura Pública y su registro; fallo que fue ejecutoriado, ante la falta de recurso impugnaticio interpuesto por las partes, adquiriendo calidad de cosa juzgada. En ejecución de sentencia, mediante memorial de 10 de junio de 2021, a través de su apoderada, solicitaron se expida mandamiento de desapoderamiento de la perdidosa del inmueble registrado fraudulentamente; sin embargo, la autoridad judicial ahora demandada, mediante decreto de 14 igual mes y año, negó la solicitud bajo el argumento que la misma debería ser unificada por parte de todos los demandantes, determinación que fue objeto de recurso de reposición por sus personas, el cual fue negado por la autoridad hoy demandada indicando que el mismo debe ir con todas las firmas de los demandantes. Constituyéndose en un acto arbitrario de la autoridad judicial demandada; por el que, se niega a emitir el mandamiento de desapoderamiento sin justificativo alguno, y sin tomar en cuenta que se encuentra en ejecución de fallos. En cuanto al proceso penal, de igual manera, contra Keila Sosa Claure, por el delito de falsedad ideológica, denunciando que la antes mencionada habría fraguado el Testimonio 1277/2015 y con esa documentación falsa procedió a registrarlo en DD.RR. bajo la Matrícula Computarizada 2.01.0.99.01300371, denuncia a cargo de la Fiscal de Materia, Martha López Gonzáles ahora demandada y bajo control jurisdiccional del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz; dentro de esa acción penal, solicitaron se apliquen medidas de protección, en favor de los denunciantes, debido a que son todos de la tercera edad, entre ellos mujeres; solicitud que les fue negada por la autoridad prenombrada bajo el argumento que el investigador debía emitir un informe. Ambas autoridades al negar sus solicitudes, lesionaron su derecho a contar con una vivienda en tiempo de pandemia poniendo en riesgo su vida, ya que al ser de la tercera edad se encuentran en mayor riesgo de infección con el virus del COVID-19. La Fiscal demandada al negarse emitir medidas de protección, olvida que se encuentra vigente la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- que en su art. 32.II establece que las medidas de protección son de aplicación inmediata, y que son emitidas para salvaguardar la vida, la integridad, física, sicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y de sus dependientes; por lo que, la autoridad mencionada con su actuación, revictimiza a mujeres de la tercera edad.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Los impetrantes de tutela consideran lesionado sus derechos a la vida; y, a la salud, citando al efecto el art. 8 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Los solicitantes de tutela solicitaron se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) Se ordene que la Jueza demandada emita el mandamiento de desapoderamiento del inmueble ubicado en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, Achumani Jillusaya, Lote 3, Manzano “A” de 600 m, sea con facultades de allanamiento; y, b) La autoridad Fiscal demandada emita medidas de protección en su favor a efectos de no revictimizar a las víctimas; y se ordene el desalojo de la imputada Keyla Sosa Claure del domicilio citado en el inciso que precede.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Efectuada la audiencia pública el 17 de julio de 2021, según acta de fs. 191 a 195 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

Los accionantes a través de su abogado patrocinante, procedieron a ratificar el contenido de la acción tutelar presentada.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Carolina Enny Terrazas Siles, Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Segunda de la Capital del departamento de La Paz, en el desarrollo de la audiencia, solicitó se deniegue la tutela, manifestando que: 1) Con anterioridad ya se le interpuso dos acciones de libertad con el mismo argumento de la acción de libertad ahora presentada; 2) Su persona dentro de la causa seguida en su despacho, pronunció una sentencia que resulta declarativa más no modificativa del acuerdo voluntario asumido por Gladys Morales Bustamante, en el proceso de divorcio de su ex esposo Simón Cejas Tordoya; por lo que, no puede emitir mandamiento de desapoderamiento, porque no es el efecto del proceso sustanciado en su juzgado; 3) En el recurso de reposición al que hacen referencia los impetrantes de tutela, en la demanda principal se apersonaron cuatro personas; por lo cual, para plantear cualquier pretensión, debe unificarse la misma, conforme dispone el art. 45 del Código Procesal Civil (CPC); 4) En ningún momento lesionó el derecho a la vida, menos a la vivienda de los solicitantes de tutela, ya que por encima de la nulidad de Escritura Pública, queda subsistente el acuerdo a través del documento, ya mencionado; y, 5) La acción de libertad no es sustitutiva de otros recursos, los accionantes cuentan con los recursos ordinarios pertinentes, una vez unifiquen su pretensión; asimismo, observa que los nombrados no mencionaron que clase de acción de libertad presentaban, si es correctiva, reparadora, innovativa o de pronto despacho. Martha López Gonzáles, Fiscal de Materia audiencia solicitó la denegatoria de la tutela, indicando que: i) No está a cargo de ese caso hace más de un mes; en cuanto a que hubiere emitido una medida de protección, ante esa solicitud mediante memorial de 7 de junio de 2021, requirió del investigador del caso un informe; toda vez que, en todo proceso penal, en el caso falsedad ideológica; decide qué medidas va a adoptar; por lo que la parte debió dar seguimiento y coordinar con el referido funcionario; ii) De manera posterior a la actual acción de tutela, los impetrantes de tutela reiteraron medidas de protección, dirigido a su persona, cuando ella ya no se encuentra a cargo del caso; y, iii) El art. 32 de la Ley 348, indica la situación en que se pueden otorgar medidas de protección, siendo ella, cuando se encuentre en una situación de violencia. En el proceso del cual deviene la presente acción de libertad, es el de falsedad ideológica; si bien de cuerdo al art. 35 de la misma norma la Fiscal está facultada para otorgar medidas de protección; sin embargo, estas obedecen a un análisis integral, por esa situación es que solicitó el informe mencionado.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Instrucción Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías mediante Resolución 305/2021 de 17 de julio, cursante de fs. 196 a 200; denegó la tutela con relación a la demandada Carolina Enny Terrazas Siles, Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Segunda de la Capital del citado departamento; y, concedió la tutela en cuanto a Martha López Gonzáles, Fiscal de Materia; por lo que, se dispuso: a) La emisión de mandamiento de desalojo, de la persona que esté viviendo en el domicilio ubicado en la zona de Achumani, Jillusaya de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, debido a que es uno de los presupuestos de la Ley para evitar la violencia integral; y, b) La anotación preventiva del bien inmueble en favor de las víctimas, en el caso los ahora solicitantes de tutela; y sea con facultades coercitivas, vinculadas al uso de fuerza pública, allanamiento, ruptura de chapas y candados con habilitación de días y horas extraordinarias. Dicha determinación se dio bajo los siguientes fundamentos: 1) El principio de progresividad de la acción de libertad determinó la evolución de los derechos de las personas que se constituyen en grupos vulnerables, para que estos puedan ser tutelados; 2) En el proceso civil según lo explicado por la autoridad demandada, no tiene facultades para la emisión de mandamientos de desalojo; 3) Es evidente que en el caso se encuentran dos mujeres de la tercera edad en situación de vulnerabilidad; y, 4) La representante del Ministerio Público -ahora demandada-, indicó que las medidas de protección solo se encuentran dirigidas a situaciones de violencia; considerando que la misma se constituye solo en violencia física o que esas medidas solo se basan en la Ley 348, olvidándose lo previsto por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- que precisamente precautelan a grupos vulnerables, entendiéndose que las víctimas, merecen protección oportuna desde el inicio del proceso; en cuya norma no expresa que previamente para la emisión de una medida de protección el policía deba consultarle al Fiscal; más al contrario, la citada norma permite que la emisión de una medida de protección pueda ser dispuesta en sede policial, en caso de que las medidas de protección sean necesarias; al igual que el Fiscal. Por lo que, esa autoridad de manera errónea adoptó una decisión en cuanto a la no disposición de una medida de protección, ante un grupo etario vulnerable. Asimismo, pretende abstraerse de responsabilidad indicando que ya no cuenta con legitimación pasiva, porque ya no se encuentra a cargo del caso.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 22 de agosto de 2022 (fs. 205), a solicitud de la Magistrada Relatora se dispuso la suspensión del plazo a objeto de solicitar documentación complementaria para resolver la causa; habiéndose remitido la misma, se reanudó el plazo a partir del día siguiente hábil de la notificación con el Decreto Constitucional (fs. 231) notificado a las partes el 30 de noviembre de 2023, de acuerdo a antecedentes; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de querella presentada por Inés Norberta Castro Alvarado en representación de los ahora accionantes contra Keila Sosa Claure, por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado (fs. 214 a 218 vta.). II.2. Por memorial presentado el 10 de junio de 2021, Alejandra Greiza Sejas

Gonzáles, solicitó desapoderamiento del inmueble ubicado en la zona Achumani, Jilusaya, Lote 3, manzano A con una superficie de 600 m, en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz (fs. 161 y vta.). El cual mereció el decreto de 14 de igual mes y año; por el cual, se ordena a la impetrante deba cumplir con la unificación de su representación de todos los mandantes (fs. 162). II.3. Contra el Decreto citado en la conclusión que precede, Alejandra Greiza

Sejas Gonzáles, presentó recurso de reposición (fs. 163 y vta.) Memorial que mereció el decreto de 12 de julio de 2021, indicando que previamente “…venga con la firma de todos los intervinientes como parte demandante y se proveerá lo que en derecho corresponda” (sic [fs. 164]). II.4. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de Inés Roberta Alvarado contra Keila Sosa Claure, caso LPZ1804717, mediante memorial de 7 de junio de 2021, María Gladys Sejas de Sejas, solicitó a la Fiscal de Materia Martha López Gonzáles -ahora demandada-aplique medidas de protección y salvaguardando su derecho patrimonial se ordene que la imputada Keila Sosa Claure de Sejas desocupe su domicilio y se le restituya el mismo a su persona (fs. 165 vta.). II.5. Por memorial de 14 de mayo de 2018, el Fiscal Corporativo de Delitos

Patrimoniales, Omar Alcides Mejillones Copana, informó al Juez de Instrucción Penal de Turno de la Capital del departamento de La Paz, el inicio de investigación preliminar en el caso LPZ1804717, teniendo como querellada a Keyla Sosa Claure, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica (fs. 166).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes, denuncian la lesión de sus derechos a la vida y a la salud; toda vez que: i) La Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Segunda de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada-, en ejecución de fallos, dentro del proceso de nulidad de Escritura Pública y su registro en DD.RR. del inmueble ubicado en la zona de Achumani, Jillusaya de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz seguido contra Keyla Sosa Claure, sin justificativo alguno se negó a emitir mandamiento de desapoderamiento del indicado inmueble; de la misma manera, negó el planteamiento de su recurso de reposición; y, ii) La Fiscal de Materia demandada, en el proceso penal contra la antes mencionada, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica, no dio curso a su solicitud de aplicación de medidas de protección; sin considerar que dos de los impetrantes de tutela son personas de la tercera edad; por lo que, se les lesiona su derecho a contar con una vivienda en tiempo de pandemia, olvidando la protección que otorga la Ley 348 en situaciones de violencia; por ende, solicita se conceda tutela y en consecuencia: a) Se ordene que la Jueza demanda emita el mandamiento de desapoderamiento del inmueble ubicado en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, Achumani Jillusaya, Lote 3, Manzano “A” de 600 m, sea con facultades de allanamiento; y, b) La autoridad fiscal emita medidas de protección en su favor, ordenando el desalojo de la imputada. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: 1) La naturaleza jurídica de la acción de libertad; 2) La acción de libertad y el derecho a la vida e integridad personal; 3) El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género; 4) Las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género; y, 5) Análisis del caso en concreto.

III.1. La naturaleza jurídica de la acción de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0800/2022-S1 de 18 de agosto, asumió el siguiente razonamiento: El art. 125 de la CPE con relación a la acción de libertad establece que:

Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. A su vez los arts. 46 y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), con relación al objeto y procedencia de esta acción de defensa disponen:

Artículo 46°.- (Objeto) La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro. Artículo 47°.- (Procedencia) La Acción de Libertad procede cuando cualquier persona crea que: 1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente perseguida; 3. Está indebidamente procesada; 4. Está indebidamente privada de libertad personal. La SCP 0037/2012 de 26 de marzo, refiriéndose a la naturaleza jurídica y los presupuestos para la activación de la acción de libertad estableció que:

La acción de libertad conocida en el derecho comparado y en nuestra legislación abrogada como ´recurso de habeas corpus`, encuentra fundamento en innumerables instrumentos normativos de orden internacional como en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disposiciones normativas que forman parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad a lo dispuesto por el art. 410 de la CPE. Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro (el resaltado fue añadido). Más adelante, la citada SCP 0037/2012 preciso que la acción de libertad está diseñada sobre dos pilares esenciales:

…el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional, antes referida. Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida (el resaltado fue incorporado).

III.2. La acción de libertad y el derecho a la vida e integridad personal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la antes mencionada SCP 0800/2022-S1, al respecto asumió el siguiente entendimiento:

El derecho a la vida, ha sido considerado como uno de los derechos más importantes en el catálogo de los derechos fundamentales de los seres humanos, puesto que este bien jurídico es el soporte físico de los demás derechos fundamentales, es un bien natural, un derecho innato; por lo tanto, si este derecho es lesionado desaparece el titular del mismo; consiguientemente, es deber del Estado proteger la vida humana frente a cualquier agresión de los individuos y sancionar severamente a todas las personas que atenten contra este derecho; este concepto fue recogido y aceptado en todas las Constituciones Políticas y demás normas legales de los diferentes países del mundo, así como en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos que libre y voluntariamente algunos países han integrado a sus respectivas legislaciones.

En ese entendido, nuestro país también asumió tal concepción sobre el derecho a la vida, es así que, la Constitución Política del Estado ha consagrado este derecho en innumerables artículos entre ellos está el art. 15.I., estableciendo que: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual…”, constituyendo así el derecho que tiene toda persona al ser y a la existencia, cuyo valor o bien jurídico protegido es la vida humana que tiene como núcleo fundamental a la dignidad (SCP 0129/2015-S3 de 10 de febrero); en tal sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional como máximo guardián de la Norma Suprema, y en su labor de protección de los derechos y garantías fundamentales, desde sus inicios entendió la importancia de este derecho, así se tiene la SC 687/2000-R de 14 de julio, que estableció la importancia del derecho a la vida y que su sola vigencia es la base para el ejercicio de los demás derechos fundamentales; entendimiento que fue reiterado en la SC 1294/2004-R, la cual además razonó que el derecho a la vida, se traduce en la imposición de ciertos deberes al Estado, entendido en su sentido amplio de conjunto de los poderes públicos; el deber de no lesionar por sí mismo la vida humana y el deber de proteger efectivamente la vida humana frente a agresiones de los particulares.

En esa misma línea de razonamiento, la SC 0172/2006-R de 16 de febrero, ampliando este concepto señaló que el derecho a la vida implica también otros derechos como el derecho a la seguridad e integridad personal y la satisfacción de las necesidades básicas como la alimentación, vestido y vivienda; y que obliga al Estado a su protección a través de mecanismos efectivos que garanticen el bienestar físico, mental y social; a partir de allí, se fue precisando sobre lo que se entiende por derecho a la vida, señalándose que esta supone una obligación tanto negativa como positiva; es decir, por una parte, el derecho a no ser privado de la vida -a que nadie mate- y, por otra, el derecho a recibir al menos lo mínimo indispensable para sobrevivir; en ese sentido, la SCP 0033/2013 de 4 de enero, asumiendo la igual jerarquía de los derechos, consagrada en el art. 13.III de la CPE, que no reconoce superioridad de un derecho sobre otro; empero, esta Sentencia reconoció que el derecho a la vida es la base fundamental para el ejercicio de los demás derechos, lo cual implica considerar situaciones particulares cuando se demanda su protección, así estableció que el derecho a la vida abarca tres concepciones distintas que son:

i) El derecho a permanecer con vida e interdicción de muerte arbitraria, esta primera línea conceptual se refiere a dos obligaciones que tiene el Estado en relación al ser humano, las obligaciones positivas que están enmarcadas en eliminar en lo máximo posible los índices de criminalidad en la sociedad; es decir, realizar todos los esfuerzos necesarios para que los particulares o el propio Estado no quiten arbitrariamente la vida de otras personas; en cuanto a las obligaciones negativas, se tiene que el Estado se encuentra absolutamente impedido de realizar acciones estatales que culminen comprometiendo el derecho a la vida por intermedio de sus operativos y sobre la tradicional justificación de “la razón de Estado” (persecuciones desproporcionadas, desapariciones forzadas, etc.).

ii) El derecho a vivir bien (que se desprende del principio del suma qamaña), implica la construcción de una sociedad en la que las personas conviven de buena manera, en términos efectivos una vida digna, colaborativa, sin ninguna forma de violencia ni discriminación para asegurar el desarrollo integral particularmente de las mujeres y armónica entre seres humanos y la naturaleza, la convivencia está dada en el marco de lo mejor posible, para ello el Estado asume la obligación positiva de establecer una serie de políticas públicas progresivas de creación de las mejores condiciones de vida. iii) El derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad, implica la obligación positiva del Estado de actuar cuando se encuentra comprometida la vida de las personas y se encuentra en sus ámbitos decisionales, asumir posturas concretas sin escatimar recursos para impedir que se afecte el derecho a la vida de las personas.

Ahora bien, de estos conceptos desarrollados por la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la vida, se puede comprender que ésta no implica, solamente la facultad de impedir que se nos dé muerte, sino también la concurrencia de un conjunto de condiciones, pueden ser estas laborales, sociales, económicas, asistenciales y sanitarias que hagan factible el mantenimiento de la existencia dentro de un nivel propio de la dignidad humana; consecuentemente, el alcance de este derecho a la vida supone también la facultad jurídica, de exigir su conservación y la protección de la vida humana. En este fin, es posible considerar que el derecho a la vida incluye e incorpora necesariamente la protección del derecho a la salud que significa, a lo menos, asegurar aquellas prestaciones mínimas de las cuales depende directamente la vida de las personas, en tal sentido, el derecho a la vida tiene vinculación directa a otros elementos que la conforman como es la salud e integridad física, derechos tutelables a través de la acción de libertad, bajo esa comprensión la SCP 0264/2014 de 12 de febrero, señaló que:

…el derecho a la vida guarda íntima relación con otros Derechos Humanos, como son la integridad física y la salud, los cuales gozan de protección por el orden constitucional vigente, señalando que a través de la acción de libertad es posible tutelar tal derecho, aun cuando este no esté relacionado con el derecho a la libertad, indicando concretamente que: ‘Como se advierte de lo establecido por la jurisprudencia constitucional la vida al ser un derecho primario del ser humano, se encuentra directamente vinculada a otros elementos que la conforman como es la integridad física y la salud, que igualmente es un derecho de la persona, por lo que de igual forma goza de protección por el orden constitucional vigente, toda vez que le impele al Estado no solo la proteja sino también la garantice, efectivizándose, entre una de sus manifestaciones, en la asistencia médica que requiere la persona que se ve afectada en su salud (el resaltado fue añadido). Concluyendo, con relación al derecho a la vida y su vinculación directa a otros elementos que la conforman como es la integridad física y la salud, tutelables a través de la acción de libertad, la SCP 0435/2016-S2 de 9 de mayo, en armonía con la SCP 0129/2015-S3 de 10 de febrero, señalan que:

III.1.1. La Constitución Política del Estado consagra el derecho a la vida como un derecho fundamental en el art. 15.I. indicando que: ‘Toda persona tiene derecho a la vida…’, constituyendo así el derecho que tiene toda persona al ser y a la existencia, cuyo valor o bien jurídico protegido es la vida humana que tiene como núcleo fundamental a la dignidad. Por ello, su titularidad corresponde a todos los seres humanos y es en este sentido, que el Estado está obligado no solamente a su respeto, sino a su protección, creando condiciones indispensables para su observación y cumplimiento.

(…)

En virtud a la tutela que brinda la acción de libertad, respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal, esta acción tutelar es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, pudiendo incluso prescindirse del cumplimiento de formalidades procesales. Concluyendo se tiene que, la vida es un derecho fundamental, consagrado en la Norma Suprema así como en los instrumentos internacionales y en todas las legislaciones a nivel mundial, puesto que es un derecho del cual emergen los restantes derechos, constituyéndose el sustento de estos, debido a que si desaparece el titular del derecho a la vida, desaparece cualquier otro derecho posible; a partir de esta conceptualización, el derecho a la vida es inviolable, por lo que, la Ley ampara jurídicamente este derecho y lo protege frente a cualquier agresión de las personas o de la sociedad; es decir, se tutela este derecho tanto en el área privada como en la pública, pues el derecho a la vida está reconocido como un principio indiscutible. El derecho a la vida es universal y es el origen de todos los demás valores humanos, los demás derechos derivan del derecho a la vida que es el fundamental, y está ligado directamente con la dignidad de las personas, ya que la dignidad es base de todo derecho, en especial del derecho a la vida.

III.3. El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, asumió el siguiente razonamiento: La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural, resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; ya que en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad. Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fueron transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello, nos demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades, y que el Estado no puede desatender. Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, establece: “…la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos…”. Asimismo, señala que esta clase de violencia:

…constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto de hombre. Esta Declaración, entiende por violencia contra la mujer, a todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Así los Estados Partes; por una lado, deben identificar los actos que constituyen violencia y su carácter vulnerador de los derechos humanos; y por otro, su procedencia específica de las pautas culturales, en concreto, de la visión patriarcal, que atribuye diferentes características y roles a mujeres y varones, ubicándolos en una jerarquía distinta, en la que el varón ostenta un lugar superior, mientras se perpetúa la condición inferior que se le atribuye a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad. Estos elementos fueron evidentes para el constituyente boliviano, incidiendo en el reconocimiento de derechos; de modo tal, que la Constitución Política del Estado, contienen en su catálogo de derechos fundamentales, específicamente en el art. 15, la disposición que señala:

I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual (…) I. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad; II. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…) tanto en el ámbito público como privado (el resaltado es adicionado). El reconocimiento de los derechos a la integridad física, psicológica y sexual; y, a una vida digna, no podría adquirir efectividad en un escenario de violencia; razón por la que, se requiere del Estado, acciones positivas -medidas legislativas, administrativas, entre otras-, que atenúen esta situación, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los mismos. Ahora bien, una de las pautas que guían a la justicia constitucional, es el principio de interpretación conforme a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos; por el cual, las normas internas deben ser interpretadas sobre la base no solo del texto constitucional, sino también, de las disposiciones normativas consignadas en los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, a partir de lo dispuesto en los arts. 13 y 256 de la CPE y a la aplicación preferente de los Tratados Internacionales en Derechos Humanos, siempre que el reconocimiento o interpretación que derive de éstos, contenga un estándar de protección más favorable al derecho en cuestión. En ese marco, a continuación se anotarán algunos de los estándares más importantes, aplicables al caso, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y las obligaciones que genera para el Estado:

a) Debida diligencia: El Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), supervisa el cumplimiento de las normas contenidas en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la cual, se constituye en el instrumento jurídico internacional del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que significó un importante avance en el reconocimiento de la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres.

El CEDAW, emitió la Recomendación General 19 de 29 de enero de 1992 -sobre La Violencia Contra la Mujer-; la cual, afirma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, que impide gravemente que ésta, goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre; y que dicha violencia, conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres, y cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas.

El mismo CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el Acceso de las Mujeres a la Justicia, encomendó a los Estados a ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar.

Por su parte, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), en su art. 7, establece, entre otras, las obligaciones de los Estados de:

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (…) [las negrillas son añadidas].

Asimismo, el Estado boliviano al ratificar la Convención de Belém do Pará, mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994; por ende, asume la norma de la debida diligencia; en ese sentido, la violencia hacia la mujer es un asunto que compromete y responsabiliza al mismo, que está obligado a realizar acciones -legislativas, administrativas y judiciales- para prevenir, intervenir, erradicar y sancionar los diferentes tipos de violencia ejercidos contra la mujer, entre ellos, la violencia en la familia. Para ello y como punto de partida, se dejó atrás aquella postura pasiva, en la cual, se sostenía que por principio, todas las cuestiones relativas a la familia formaban parte de la esfera privada de sus integrantes, y por lo tanto, estaban exentas de toda intromisión estatal.

En Bolivia, esta problemática inicialmente fue abordada desde la perspectiva privada, a partir de la promulgación de la Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica -Ley 1674 de 15 de diciembre de 1995-.

Posteriormente, a través de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, dada la gravedad e intensidad de la violencia contra la mujer, se visibiliza a la misma como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, en el marco de lo dispuesto en su art. 3.I, que tiene el siguiente texto: “El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género”.

La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones internacionales, define como tareas específicas coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres, tanto en el nivel central como con las entidades territoriales autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género, que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad. b) Protección a las víctimas: El CEDAW, en la referida Recomendación General 19, señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de agresión contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos, para que apliquen la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer .

Por otra parte, la Convención de Belém do Pará, en el art. 7.d. y f. establece que los Estados tienen el deber de:

d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; (…)

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; (…) [las negrillas son nuestras]. c) Sensibilidad de la justicia por temas de género -perspectiva de género-:

El mencionado CEDAW, en la citada Recomendación General 33, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; asimismo, hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia; y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso.

En el mismo sentido, la Convención de Belém do Pará, en su art. 8, establece que los Estados Partes deben adoptar, entre otras, medidas específicas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, para contrarrestar prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas, que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer, que legitimizan o exacerban la violencia contra la misma; así, como para fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal, a cuyo cargo esté la concreción de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.

En el marco de lo anotado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Gonzáles y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, en la Sentencia de 16 de noviembre de 2009, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, estableció que debían removerse todos los obstáculos de jure o de facto -de derecho y hecho- que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales; además, que debía incluirse una perspectiva de género en la investigación.

Por ende, en los procesos penales, la perspectiva de género debe ser adoptada desde el inicio de la etapa preparatoria, tanto en el control jurisdiccional como en la fase de la investigación. d) Reparación integral a la víctima: El CEDAW, también recomienda a los Estados Partes, establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos; atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos, que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación –atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Por su parte, la Convención de Belém do Pará, señala en su art. 7.g, la obligación para los Estados de establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia, tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Por tanto, la protección que otorgan los Estados, a través de este instrumento internacional, se extiende a los distintos momentos en los que se identifiquen indicios de violencia que afecta el ejercicio de los derechos de las mujeres, pero va más allá, ya que la simple sanción al agresor no resulta suficiente; pues lo que se busca, es la reparación y compensación justa del daño causado, superando la naturaleza sancionadora del hecho de violencia, encaminándose hacia un enfoque integral para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. Todo lo cual, representa la obligación de los Estados de adecuar sus estructuras orgánicas, procesos y procedimientos; y, de armonizarlos con la Convención de Belém do Pará; lo cual, aconteció con la Ley 348 en el caso boliviano, conforme se analizará en el punto siguiente.

III.4. Las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género

Al respecto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la antes mencionada SCP 0017/2019-S2, asumió el siguiente entendimiento: Los estándares anotados en el anterior Fundamento Jurídico, deben guiar la actuación de las y los servidores públicos de las diferentes instituciones y órganos del Estado, siendo necesario resaltar al estándar de la debida diligencia; pues, se generaron normas de desarrollo internas, contenidas en la Ley 348, que deben ser aplicadas de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género. Así, la Ley 348, en el Título IV sobre Persecución y Sanción Penal, en el Capítulo I, hace referencia a la denuncia, estableciendo específicamente en su art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellas:

ARTÍCULO 45. (GARANTÍAS). Para asegurar el ejercicio de todos sus derechos y su efectiva protección, el Estado garantizará a toda mujer en situación de violencia: (…)

3. El acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de las autoridades ordinarias o indígena originario campesinas y afrobolivianas. (...)

7. La protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la investigación del hecho.

8. La averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia.

La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones -del mismo Título I-, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante; norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razón género dentro del ámbito público y no privado; por ello, aun la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público; pues, dichas afirmaciones vulneran no solo la norma expresa contenida en el citado art. 59 de la Ley 348, sino también, el principio de la debida diligencia; la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres; y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

De igual modo, en el Capítulo III sobre Persecución Penal -del referido Título I-, específicamente en el art. 61 de la Ley 348, se determina que además de las atribuciones comunes establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones, entre otras, las siguientes medidas:

1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito.

2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad.

3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer.

En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción.

Por otra parte, en el Título V sobre Legislación Penal, en el Capítulo III, específicamente en el art. 86 de la Ley 348, se establecen los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que:

ARTÍCULO 86. (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales:

1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortes, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas.

2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento.

3. Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales.

4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad.

5. Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima.

6. Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos.

7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia.

8. Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización.

9. Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables.

10. Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente.

11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. 12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público.

13. Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas.

14. Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho.

15. Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia (el resaltado es nuestro).

En el mismo Capítulo III -del referido Título V-, respecto a las directrices de procedimiento, en el art. 87.4 de la referida Ley 348, se dispone que en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos (IOC), se aplicarán, entre otras, la siguiente directriz: “Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres” .

Esta obligación se complementa con lo previsto en el art. 90 de la Ley 348, que determina que todos los delitos contemplados en el referido cuerpo normativo, son de acción pública; de ahí, el deber no solo de perseguir de oficio, sino también, de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de los hechos de violencia hacia las mujeres; obligación, que se refuerza con lo previsto por el art. 94 de dicha Ley 348, que con el nombre de Responsabilidad del Ministerio Público, señala que:

Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización.

En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención.

La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo. De lo anotado, se concluye que en el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la misma, la prohibición de revictimización y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima.

Además, cabe señalar, que en la adopción de medidas cautelares, se debe privilegiar la protección y seguridad de la mujer durante la investigación; entendimiento que ya fue plasmado en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, que al momento de establecer los criterios de peligro para la víctima, contenidos en el art. 234.10 del CPP, señaló en su Fundamento Jurídico III.2, que:

a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante.

III.4.1. El enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa

Los principios y garantías procesales a favor de las víctimas mujeres de violencia, que fueron descritos en el anterior Fundamento Jurídico, no solo se aplican a los procesos penales, sino, como manda la misma Ley 348, a todas las causas por hechos de violencia contra las mujeres, en todas las materias; consiguientemente, también en la justicia constitucional; pues, en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano.

Entendimiento, que es coherente con el principio de verdad material contemplado en el art. 180.I de la CPE, a partir del cual, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la o el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos, encontrando la verdad de los hechos, por encima de mecanismos formales o procesales; con la finalidad que las partes, accedan a una justicia material, eficaz y eficiente. Así, la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, entendió en el Fundamento Jurídico III.3, que el contenido del principio de verdad material:

…implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja, parcialice o distorsione la percepción de los hechos a la persona encarga de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta e irrazonable que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos de aplicar, entre ellas, al principio de verdad 8El principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal, se vincula con el principio de verdad material, conforme lo entendió la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, al sostener en el FJ III.3, que: “…el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez”.

material, por sobre la limitada verdad formal (el resaltado es ilustrativo).

El principio de verdad material no solo es predicable respecto a las o los jueces, sino, que como todo principio, se irradia hacia la actividad de las y los diferentes operadores jurídicos, cuyas actuaciones se enmarcan en la debida diligencia, en el marco de los estándares de la Corte IDH y lo previsto expresamente por el art. 86.11 de la Ley 348; según el cual, las decisiones administrativas o judiciales, que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, deben considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple.

En mérito a lo anotado, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, considera que en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia.

III.5. Análisis del caso concreto

Los accionantes, denuncian la lesión de sus derechos a la vida y a la salud; toda vez que: 1) La Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Segunda de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada-, en ejecución de fallos, dentro del proceso de nulidad de Escritura Pública y su registro en DD.RR. del inmueble ubicado en la zona de Achumani, Jillusaya de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz seguido contra Keyla Sosa Claure, sin justificativo alguno se negó a emitir mandamiento de desapoderamiento del indicado inmueble; de la misma manera, negó el planteamiento de su recurso de reposición; y, 2) La Fiscal de Materia demandada, en el proceso penal contra la antes mencionada, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica, no dio curso a su solicitud de aplicación de medidas de protección; sin considerar que dos de los impetrantes de tutela son personas de la tercera edad; por lo que, se les lesiona su derecho a contar con una vivienda en tiempo de pandemia, y, olvidando la protección que otorga la Ley 348 en situaciones de violencia; por lo que, solicita se conceda tutela y en consecuencia: i) Se ordene que la Jueza demanda emita el mandamiento de desapoderamiento del inmueble ubicado en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, Achumani Jillusaya, Lote 3, Manzano “A” de 600 m, sea con facultades de allanamiento; y, ii) La autoridad fiscal emita medidas de protección en su favor, ordenando el desalojo de la imputada.

III.5.1. En cuanto a los hechos y actuaciones de la Jueza

Pública Civil y Comercial Vigésima Segunda de la Capital del departamento de La Paz

Los hechos endilgados a la autoridad mencionada y sobre los cuales radica la problemática planteada refieren a que la antes nombrada conociendo que el proceso se encontraría en ejecución de fallos, de manera arbitraria no emitió el mandamiento de desapoderamiento solicitado, situación que lesionaría los derechos de los impetrantes de tutela, al no contar estos con una vivienda en tiempo de pandemia, lo que les ocasionaría poner en riesgo su derecho a la vida

Ahora bien de acuerdo a los antecedentes que rigen el caso de análisis, se observa que los solicitantes de tutela denuncian la lesión de los derechos a la vivienda vinculado con el derecho a la vida y salud; empero, no repararon que si bien estos últimos derechos se encuentran amparados por la acción de libertad.

De acuerdo a la naturaleza jurídica citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, esta acción tutelar procede cuando el derecho a la vida esté en riesgo inminente, es lo mismo decir, ante la existencia de actos ilegales u omisiones indebidas que afecten el núcleo esencial del derecho a la vida, circunstancia que en el caso no se advierte; toda vez que, los accionantes, en su pretensión y a través de esta acción de tutela, solicitan se revise si las decisiones emitidas por la Jueza demandada a través de los decretos de 14 de junio y de 12 de julio ambos de 2021, fueron correctamente pronunciados o si ellos fueron arbitrarios; circunstancias que no pueden ser, de ninguna manera considerados ni definidos mediante la acción de libertad; toda vez que, su protección alcanza a los derechos a la vida y a la libertad, los cuales no se advierten haber sido lesionados a través de la emisión de los referidos decretos; además, de considerar el hecho de que los impetrantes de tutela ante esos actos que presuntamente les habrían causado agravio, contaban con otros mecanismos de defensa como es la acción de amparo constitucional; pero de ninguna manera corresponde su tratamiento a través de la acción de libertad.

Consecuentemente, con relación a los hechos y autoridad demandada precitada corresponde denegar la tutela solicitada.

III.5.2. En cuanto a los actos denunciados contra la Fiscal de Materia demandada

Al respecto, los solicitantes de tutela alegan que la Fiscal de Materia demandada, en el proceso penal seguido por sus personas contra Keila Sosa Claure, por el presunto delito de falsedad ideológica, no dio curso a su solicitud de aplicación de medidas de protección; sin considerar que dos de los accionantes son mujeres de la tercera edad, a su vez olvidando la protección que otorga la Ley 348, en situaciones de violencia.

Ahora bien, resulta evidente conforme se tiene desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.3 y III.4 del presente fallo constitucional que la justicia constitucional tiene como guía de actuación el principio de interpretación conforme a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, en el caso de autos los estándares aplicables en materia de derecho de las mujeres libres de violencia, obligan a los estados a: a) La debida diligencia; b) La protección de las víctimas; c) Sensibilidad de la justicia por temas de género; y, d) Reparación integral a la víctima; situaciones que tienen relación con violencia en razón de género; situaciones que merecieron atención del Estado Boliviano a través de la Ley 348; de la cual se derivó guías de actuación como es el protocolo para juzgar con perspectiva de género, documento que principalmente, se encuentra destinado a su aplicación en procesos penales; sin que los tratados de derecho internacional sobre Derechos Humanos en el caso de violencia contra la mujer no sean desconocidos dentro de otros procesos judiciales.

Así entonces en la Ley 348 se establecieron garantías amplias y favorables durante todo el proceso judicial de violencia en favor de las mujeres las cuales se encuentran destinadas a asegurar el ejercicio de todos los derechos de ese grupo y su efectiva protección. No obstante lo anterior, la jurisdicción constitucional también se sustenta en el principio de verdad material, en ese mérito se encuentra en la obligación de analizar en su integralidad el problema jurídico planteado; ante ello, la jurisprudencia determinó incluso que la actuación de la jurisdicción constitucional no estará supeditada a las denuncias de los impetrantes de tutela -que podrían ser en algunos casos el imputado-, sino también se debe velar por los derechos de la víctima, pudiendo observar las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales; a contrario sensu, también en procura y protección de los derechos fundamentales dentro de un proceso penal, deberá observarse en las actuaciones de tutela los derechos de los imputados.

Así entonces, del análisis integral de la problemática hoy planteada se observa que la misma deviene de una denuncia penal por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica contra Keyla Sosa Claure, en cuya denuncia, no refiere a ninguna situación de violencia patrimonial, como ahora refiere misma que cuenta con informe de inicio de investigación preliminar ante el Juez de Instrucción Penal de turno (Conclusión II.4.).

En el marco de los antecedentes y normativa mencionados, la problemática que plantea la presente acción de defensa, al igual que como en el anterior punto de análisis la relaciona con la vida y salud; en especial de dos de los accionantes mujeres adultas mayores; por ende, procuran se otorgue un trato interseccional; direccionando su denuncia como actos relacionados a su vez con hechos de violencia, patrimonial, cometidos presuntamente contra la dos impetrantes de tutela, ante la decisión de la Fiscal de Materia de diferir su decisión de otorgar las medidas precautorias, previo informe del oficial de policía investigador asignado al caso.

Sobre el particular, no se observa de ninguna manera que se hubiere lesionado el núcleo esencial del derecho a la vida ni a la salud de los solicitantes de tutela o que con esa determinación se hubiere afectado a los derechos a libertad física o que el mismo se hubiere constituido en un procesamiento indebido o persecución indebida de ninguno de ellos que puedan ser tutelados a través de la acción de libertad; toda vez que, de antecedentes se observó que el acto presuntamente violatorio de sus derechos fundamentales deviene un proceso penal de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; en el que no se evidencia que se les estuviere afectando a los accionantes ninguno de los derechos mencionados; así como tampoco se evidencia que se les hubiere lesionado en su derecho a contar con una vivienda en tiempo de pandemia; toda vez que no demostraron que el inmueble del cual requieren el desalojo se constituiría en aquel único con el que cuentan que les brinde protección en tiempo de pandemia.

Así entonces, resulta reprochable que los impetrantes de tutela instrumentalicen Tratados de Derechos Humanos relacionados con la mujer; y así pretendan se apliquen criterios interseccionales en su favor a situaciones que como en el caso de autos no ameritan; por lo que, la decisión de la Fiscal de Materia hoy demandada de diferir su petición, no así de negar, como afirman los antes nombrados, resulta correcta; pues solo el informe del investigador dará luces si es evidente que el proceso penal por el delito de uso de instrumento falsificado y falsedad ideológica además les estaría ocasionando situaciones de violencia como las que ahora denuncia. En consecuencia la Jueza de garantías al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma no correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 305/2021 de 17 de julio, cursante de fs. 196 a 200, pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° DENEGAR en su totalidad la tutela solicitada en los términos dispuestos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer, llamar la atención al Juez de garantías quien se excedió en sus atribuciones al determinar medidas de protección, disponiendo el desalojo de la imputada; sin que ella incluso hubiere sido citada con la presente acción de tutela. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 La SC 1294/2004-R, señaló que: “El derecho a la vida es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección. La autoridad estatal está constitucionalmente impedida de hacer cosa alguna que destruya o debilite el contenido esencial de esos derechos, debiendo crear las condiciones indispensables para que tengan cabal observación y pleno cumplimiento”. 2La SC 1294/2004-R, señaló que: “El derecho a la vida es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección. La autoridad estatal está constitucionalmente impedida de hacer cosa alguna que destruya o debilite el contenido esencial de esos derechos, debiendo crear las condiciones indispensables para que tengan cabal observación y pleno cumplimiento”.

3 Este derecho comprende entre otros el derecho a la seguridad e integridad personal, la satisfacción de las necesidades básicas (alimentación, vestido, vivienda), que los ciudadanos pueden exigir de los órganos del Estado, en cuanto a sujetos pasivos, que establezcan las condiciones adecuadas para que aquellos puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y garanticen el mantenimiento de esas condiciones. 4Sobre qué es lo que se protege en relación al derecho a la vida, se le ha asignado tres concepciones distintas, que son: a) El derecho a permanecer con vida, interdicción de muerte arbitraria (obligaciones positivas y negativas del Estado); b) El derecho a vivir con dignidad o vivir bien (suma qamaña) (Obligaciones positivas del Estado); y, c) el derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad (obligaciones positivas del Estado).

5 Preámbulo de la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx 6Ibídem.

7 Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su Resolución 34/180 de 18 de diciembre de 1979. Ratificada por Bolivia mediante Ley 1100 de 15 de septiembre de 1989. Depósito del instrumento de ratificación de 8 de junio de 1990.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1240_2023-S1.pdf · páginas 1 a 27.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6537d26382b2559e610fcf8704ab31bdabf5f1257df85158daedab565f5aa73f

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