B.IA.LEGAL

SCP 1235/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 10 de octubre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
10 de octubre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
55421-2023-111-AL
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

La accionante alega la vulneración de los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de su representado, al cual se le siguió un proceso penal por robo agravado, y por el cual actualmente se encuentra cumpliendo una condena; sin embargo, al no haberse remitido el expediente al Juzgado de Ejecución Penal para que pueda gozar de los beneficios que establece la LEPS, solicitó al Juzgado de Instrucción Penal Primero de Riberalta del departamento del Beni, la remisión del expediente y de la sentencia junto al mandamiento de condena; sin embargo, dicha solicitud no fue respondida ni providenciada con la celeridad que corresponde; por ello, pide se cumpla con la remisión de la sentencia y el mandamiento de condena. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, b) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 29 de “abril” -lo correcto es marzo- de 2023, cursante de fs. 15 vta. a 17 vta., emitida por el Juez de Sentencia Penal Primero de Riberalta del departamento del Beni; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1235/2025-S1 Sucre, 10 de octubre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 55421-2023-111-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución de 29 de “abril” -lo correcto es marzo- de 2023, cursante de fs. 15 vta. a 17 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Stefany Quispe Apaza, Defensora Pública dependiente del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) en representación sin mandato de Oscar Saucedo Justiniano contra Selva Aguilera Medina, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Riberalta del departamento del Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de marzo de 2023, cursante de fs. 4 a 5 vta., la parte accionante, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho.

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Oscar Saucedo Justiniano, por la presunta comisión del delito de robo agravado -por el cual se encuentra cumpliendo una condena-, la accionante en representación del citado condenado, mediante memorial de 17 de marzo de 2023, solicitó al Juez de Instrucción Penal Primero de Riberalta, el desarchivo y remisión del expediente al Juzgado de Ejecución Penal de Guayaramerín, ambos del departamento del Beni. Ante la falta de respuesta de la indicada solicitud, reiteró su petición por memorial de 24 del citado mes y año, empero tampoco recibió respuesta alguna; y, realizando el seguimiento de su petición correspondiente, preguntó a la Secretaria -ahora demandada-, respecto al libro diario para verificar el registro del memorial de su solicitud, respondiéndole que no tiene tal libro; de igual forma, le solicitó el libro de seguimiento de causas, y le manifestó que tampoco cuentan con ese libro en su Juzgado; por lo que, siendo que la competencia del Juez de Ejecución Penal empieza cuando el Juzgado o Tribunal de origen, remite mínimamente copias de la sentencia condenatoria ejecutoriada y el mandamiento de condena como establece la SCP 0733/2006 de 26 de julio, todos los beneficios penitenciarios o incidentes como el de redención, se plantean ante ese Juzgado, sin embargo, su representado, como privado de libertad ya condenado y cumpliendo sentencia, no puede acceder a ningún beneficio penitenciario que la Ley establece, porque su expediente no fue remitido hasta la fecha al Juzgado de Ejecución Penal, extremo que no es atribuible a su responsabilidad sino más bien de los servidores públicos del Juzgado de origen.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte accionante denuncia la lesión de los derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la defensa; citando al efecto, los arts. 1, 13, 22, 23, 115, 178 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y que a través de la presente acción de libertad de pronto despacho traslativa, se cumpla con lo solicitado en el memorial presentado, de remisión de sentencia y mandamiento de condena al “Juzgado de Ejecución Penal” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 29 de “abril” -lo correcto es marzo- de 2023, según consta en acta cursante de fs. 13 a 15 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante reiteró in extenso los fundamentos de su demanda tutelar y amplió señalando que: a) Si bien en la presente acción de defensa, se presentaron dos notas del 17 y 24 de marzo de 2023, en los expedientes encontraron que el 27 de octubre de 2022, se solicitó el desarchivo al Juzgado de Instrucción Penal, el cual no tuvo respuesta, por lo tanto en tres oportunidades se solicitó y no se le respondió; y, b) Interpusieron la presente acción tutelar porque pretenden inmediatamente que defensa pública presente incidente de redención de la pena, pero no cuentan con todas las pruebas; y, en plataforma del Juzgado de Ejecución Penal en Guayaramerín, se les indicó que el trámite no está radicado, razón por la cual plantean la presente acción de libertad de pronto despacho, ya que su defendido -privado de libertad-, se encuentra perjudicado por no haberse remitido la Sentencia y el Mandamiento de Condena, y no puede acceder a dicho beneficio, por lo que, solo pide que con celeridad se envíe esos actuados y que el mencionado pueda acceder a ese beneficio.

I.2.2. Informe de la funcionaria demandada

Selva Aguilera Medina, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Riberalta del departamento del Beni, a través de su abogado, en audiencia informó lo siguiente: 1) La accionante alega que se interpuso la presente acción de libertad de pronto despacho, por no haberse remitido el cuaderno, y que el memorial que presentó el 17 de marzo de 2023, fue recepcionado de manera manual, dado que de manera excepcional se puede realizar cuando no está vigente la interoperabilidad para la recepción de los memoriales; 2) Se presentó un memorial reiterando la solicitud, el cual fue proveído por el Juez indicando que se necesita hacer el desarchivo de la causa; sin embargo, se pretende atribuirle responsabilidades que no le correspondían, porque existía otro Secretario en ese entonces, y cuando se emitió la Sentencia, el Juez señaló que las remisiones se deben realizar, y quien debió haber cumplido con ello era el anterior Secretario; sin embargo, se hizo el desarchivo inmediatamente como se ordenó el 28 de marzo de 2023, teniendo que poner todo en orden ya que la causa no estaba ni en el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), y se remitió la causa; y, 3) No puede remitir de oficio, sino que tiene que autorizarse el desarchivo correspondiente, y en base a ello realizar las remisiones que solicitó la accionante. En audiencia, el Juez de garantías preguntó a la funcionaria demandada, si el expediente se desarchivó y si el memorial de solicitud de la accionante fue providenciado o si todavía no entró a despacho, habiendo respondido la misma que: “está para desarchivo” (sic).

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Primero de Riberalta del departamento del Beni, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución de 29 de “abril” -lo correcto es marzo- de 2023, cursante de fs. 15 vta. a 17 vta., denegó la tutela solicitada, exhortando a la funcionaria demandada, proporcionar las copias de las remisiones tanto al Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), como al Juez de Ejecución Penal, para que la accionante haga su seguimiento respectivo y que por el sistema SIREJ remita el expediente, no siendo suficiente que la secretaria lo envíe, sino que también el referido Juez tiene que aceptar la remisión, por lo cual la parte accionante podrá hacer el seguimiento correspondiente; ello con base a los siguientes fundamentos: i) El ingreso de memoriales al SIREJ, que es un sistema computarizado en el cual se debe realizar dichas actuaciones, y en el presente caso es un proceso por el presunto delito de robo agravado, en el cual el acusado Oscar Saucedo Justiniano hubiese sido condenado, mediante Sentencia 24/2020 de 29 de octubre, por lo cual se libró mandamiento de condena, imponiéndole una pena de tres años y seis meses, y que el reporte de desarchivo fue realizado el “5 de julio de 2022”;

además se puede evidenciar un memorial presentado el 24 de marzo de 2023, reiterando la solicitud de desarchivo, el cual no lleva la providencia que establece la norma al momento de pasar la citada solicitud a conocimiento del Juez; ii) Los Secretarios son funcionarios subalternos regidos por atribuciones conferidas en la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, una de ellas es pasar los memoriales a la autoridad superior, que vendría a ser el mencionado Juez de Instrucción Penal Primero de Riberalta, pero el memorial de solicitud no fue decretado por el citado Juez, siendo que debería estar en su despacho y debió ordenar la remisión; de dicha situación se activa la acción de libertad de pronto despacho, para subsanar dichos elementos; sin embargo, la legitimación activa al momento de solicitar una acción de libertad contra un funcionario debe estar agotada; es decir, que primeramente debe existir la providencia de la autoridad jurisdiccional que ordena a la Secretaria que remita en el día, porque la misma tiene que hacerlo a través de su superior y no de oficio; en este caso, la Secretaria demandada presentó unas hojas de ruta de la remisión de la sentencia ejecutoriada al Juez de Ejecución Penal, el 29 de marzo de 2023, así también al responsable del REJAP del Tribunal Departamental respectivo, en la misma fecha, firmados dichos oficios por la autoridad jurisdiccional; es preciso señalar que los memoriales de solicitud de archivo o desarchivo tienen que pasar por la autoridad jurisdiccional; en ese sentido, no existe una legitimidad activa en la presente acción de libertad, para indicar que la Secretaria hubiese incumplido la orden del Juez; sin embargo, al mismo tiempo se puede evidenciar que de manera correcta fue remitido en la presente fecha la Sentencia Condenatoria al Juez de Ejecución Penal, y el mandamiento de condena, al REJAP. En vía de aclaración, la accionante en audiencia, solicitó se aclare respecto a que la acción de libertad debería estar dirigido al mencionado Juez de Instrucción Penal, por no haber respondido o porque la Secretaria no ingresó el memorial, porque tiene recurrentemente ese problema. El Juez de garantías, respondió señalando que los fundamentos son claros y que las funciones del Juez y de la Secretaria, están establecidas en la citada Ley del Órgano Judicial, por lo que, de acuerdo a lo establecido en la normativa, podrá presentar acción de libertad, y si el memorial de solicitud no entró a despacho “no sé quién” (sic) puede resolver, teniendo la accionante que realizar seguimiento, no pudiendo señalar a quién debe demandar.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 17 de marzo de 2023, Stefany Quispe Apaza, Defensora Pública dependiente del SEPDEP y en representación sin mandato de Oscar Saucedo Justiniano dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de robo agravado, se apersonó al Juzgado de Instrucción Penal Primero de Riberalta y solicitó fotocopias legalizadas en doble ejemplar de la sentencia y mandamiento de condena y se remita el expediente a la brevedad posible al Juzgado de Ejecución Penal, alegando que de acuerdo a antecedentes se tuviera que el privado de libertad fue sentenciado y cumple condena en el Centro Penitenciario de Riberalta, asimismo informó que no puede acceder al beneficio penitenciario que otorga la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2021-, ya que el expediente no se encontraría radicado en el Juzgado de Ejecución Penal de Guayamerín, ambos del departamento del Beni (fs. 3). II.2. Por memorial de 24 de marzo de 2023, Stefany Quispe Apaza, Defensora Pública dependiente del SEPDEP, y en representación sin mandato de Oscar Saucedo Justiniano, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de robo agravado, reiteró la solicitud de 17 del citado mes y año, toda vez que con la referida solicitud no fue notificado con ningún proveído de respuesta, y al realizar el seguimiento de la citada solicitud, pidió a la Secretaria del Juzgado, los libros diario y de seguimiento, para verificar si registró el memorial, respondiéndole que no cuenta con esos libros (fs. 2).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante alega la vulneración de los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de su representado, al cual se le siguió un proceso penal por robo agravado, y por el cual actualmente se encuentra cumpliendo una condena; sin embargo, al no haberse remitido el expediente al Juzgado de Ejecución Penal para que pueda gozar de los beneficios que establece la LEPS, solicitó al Juzgado de Instrucción Penal Primero de Riberalta del departamento del Beni, la remisión del expediente y de la sentencia junto al mandamiento de condena; sin embargo, dicha solicitud no fue respondida ni providenciada con la celeridad que corresponde; por ello, pide se cumpla con la remisión de la sentencia y el mandamiento de condena. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, b) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando 1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente…”.

El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente…”.

El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad…”. 2El FJ III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.

Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´(…)

Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.

III.2. Análisis del caso concreto

De la problemática presentada se evidencia que la accionante alega la vulneración de los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de su representado, al cual se le siguió un proceso penal por robo agravado y que actualmente se encuentra cumpliendo condena; sin embargo, al no haberse remitido el expediente al Juzgado de Ejecución Penal para que pueda gozar de los beneficios que establece la LEPS, solicitó al Juzgado de Instrucción Penal Primero de Riberalta, la remisión del expediente y de la sentencia junto al mandamiento de condena; sin embargo, dicha solicitud no fue respondida ni providenciada con la celeridad que corresponde por ello, solicita se cumpla con la remisión de la sentencia y mandamiento de condena.

Conforme se ha explicado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad tiene como propósito tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebidamente o ilegalmente perseguida, detenida o procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro.

Asimismo, dentro de sus modalidades se encuentra la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, como garantía idónea para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando se incurra en una demora indebida e injustificada, ocasionando retardación en la definición de la situación jurídica del impetrante de tutela, con la consecuente vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso, al no respetarse ni justificar los plazos establecidos por el Código de Procedimiento Penal. Ahora bien, de las Conclusiones anotadas en el presente fallo constitucional, se tiene que por memorial de 17 de marzo de 2023, la accionante Stefany Quispe Apaza, Defensora Pública dependiente del SEPDEP en representación sin mandato de Oscar Saucedo Justiniano, al cual se le siguió proceso penal por el delito de robo agravado, y que actualmente se encuentra cumpliendo condena en el Centro Penitenciario de Riberalta; sin embargo, al no poder acceder al beneficio penitenciario que otorga la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), ya que el expediente no se encontraría radicado en el Juzgado de Ejecución Penal de Guayamerín; solicitó al Juzgado de Instrucción Penal Primero de Riberalta, ambos del departamento del Beni, fotocopias legalizadas en doble ejemplar de la sentencia y mandamiento de condena, y se remita el expediente a la brevedad posible al Juzgado de Ejecución Penal; sin embargo, al no recibir respuesta con ningún proveído, reiteró su solicitud por memorial de 24 del citado mes y año (Conclusiones II.1. y II.2). De acuerdo a lo informado en audiencia, por la Secretaria demandada a través de su abogado, se habría desarchivado lo solicitado por la accionante inmediatamente como se ordenó por el Juez de Instrucción Penal Primero de Riberalta, el 28 de marzo de 2023, teniendo que poner la misma todo en orden, ya que la causa no estaba ni en el SIREJ, y se remitió la causa; sin embargo, si bien el Juez de garantías le preguntó a la citada funcionaria demandada, si el expediente se desarchivó, y la misma respondió que “está para desarchivo” (sic); no es menos evidente que el mismo Juez de garantías señaló en su fundamentación que la mencionada Secretaria demandada presentó “unas hojas de ruta de la remisión de la sentencia ejecutoriada al doctor Ángel Cordero, Juez de Ejecución Penal de fecha 29 de marzo, así también al responsable de REJAP del tribunal departamental de fecha 29 marzo realizada dichos oficios por la autoridad jurisdiccional Javier Rivert Antelo” (sic). En consecuencia, en virtud a lo referido, se evidencia que la Secretaria demandada, dio cumplimiento a lo solicitado por la parte accionante en los memoriales de 17 y 24 de marzo de 2023, cual fue remitir el expediente y la Sentencia ejecutoriada, junto al mandamiento de condena, al Juez de Ejecución Penal; razón por la cual no corresponde otorgar la tutela solicitada a través de la acción de libertad que ahora se analiza en su modalidad de pronto despacho, por cuanto se dispuso la remisión de la documentación solicitada por la parte accionante. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 29 de “abril” -lo correcto es marzo- de 2023, cursante de fs. 15 vta. a 17 vta., emitida por el Juez de Sentencia Penal Primero de Riberalta del departamento del Beni; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1235_2025-S1.pdf · páginas 1 a 9.

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