Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad: · Sala Segunda · 5 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 18 de mayo de 2024, cursante de fs. 10 a 11, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Primero de Cobija del departamento de Pando; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos resueltos por el Juez de garantías; exhortando al ahora demandado que, en el futuro evite incurrir en acciones que decanten en lesión de derechos de personas privadas de libertad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1233/2026-S2 Sucre, 5 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA - Pronto despacho SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad: Expediente: 64426-2024-129-AL Departamento: Pando En revisión la Resolución de 18 de mayo de 2024, cursante de fs. 10 a 11 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Melvin Tabo Saavedra contra Iván Adolfo Patton Núñez Vela, Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Pando.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a libertad; toda vez que, el Iván Adolfo Patton Núñez Vela, Juez de Ejecución Penal de la Capital del departamento de Pando -demandado-, no señaló audiencia de consideración de incidente de suspensión condicional de la pena interpuesto el “18” de diciembre de 2023, aduciendo que, la víctima no fue encontrada a efectos de su notificación. Solicitó se conceda la tutela impetrada, ordenando se señale de manera inmediata día y hora de audiencia para resolver dicho incidente. Ante ello, el Juez demandado en audiencia informó que, dicho señalamiento se dilató porque la fiscalía no brindó los datos necesarios para establecer la edad de la víctima, y “…el suscrito no sabía si aplicar la 1173 o la 1443…” (sic), disponiéndose la notificación a la referida a través del Comando de la Policía rural fronteriza, para el cómputo del plazo de los cinco días que tiene para responder al incidente, y ante el memorial del accionante, señaló audiencia para el martes -21 de mayo de 2024-. El Juez de garantías concedió la tutela, disponiendo que la autoridad demandada resuelva lo solicitado por el impetrante de tutela, en el plazo de cinco días hábiles previa notificación a las partes.
En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.
La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, manifestó al respecto, que la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, señaló que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…’ (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas” (énfasis añadido)
La denuncia se centra en la demora del Juez demandado en señalar audiencia de consideración del incidente de suspensión condicional de la pena, siendo que se encuentra privado de su libertad por más de diez años.
Del contenido de la resolución emitida por el Juez de garantías, quien tuvo acceso al cuaderno procesal del caso en cuestión, se tiene que, el 18 de diciembre de 2023, el accionante planteó incidente de suspensión condicional de la pena, sin que hasta la fecha -se entiende de la presentación de esta acción- se hubiera celebrado la audiencia para resolver el mismo, habiendo transcurrido cinco meses sin que dicho trámite se concretara, deviniendo dicha conducta, por parte del Juez demandado en lesiva de los derechos del peticionante de tutela.
En ese contexto, es importante considerar lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1, de este fallo constitucional, siendo que, toda autoridad que conozca cualquier solicitud relacionada a la libertad debe tramitarla con la mayor celeridad posible, lo que no ocurre en el presente caso, tomando en cuenta que, la solicitud de señalamiento de audiencia de consideración de incidente de suspensión condicional de la pena data de 18 de diciembre de 2023; y el señalamiento de la referida audiencia se estableció para el 21 de mayo de 2024; es decir que, entre la fecha de solicitud y la fecha señalada de audiencia, existe un lapso de tiempo superior a los cinco meses, lo que habilita la protección tutelar que brinda esta acción de defensa en su modalidad traslativa o de pronto despacho, constituida en el mecanismo constitucional idóneo para reclamar acciones u omisiones que generan dilaciones indebidas o innecesarias que generan lesión o perjuicio a los derechos de los privados de libertad, tal como se evidencia en el presente caso.
Finalmente, y teniendo presente que la pretensión del accionante, es viable activar los alcances de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, al estar involucrado el derecho a la libertad física y concurrir una demora indebida, en el señalamiento de audiencia; por lo que, corresponde conceder tutela.
En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 18 de mayo de 2024, cursante de fs. 10 a 11, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Primero de Cobija del departamento de Pando; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos resueltos por el Juez de garantías; exhortando al ahora demandado que, en el futuro evite incurrir en acciones que decanten en lesión de derechos de personas privadas de libertad.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1233_2026-S2.pdf · páginas 1 a 4.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9eb08aa3acb9a88f96995c8f6925a1e85c7c9ad10569f439407a8c25e69cf8b8
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