Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2024 de 15 de mayo, cursante de fs. 38 a 43, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1222/2026-S2 Sucre, 5 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA - Pronto despacho SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 64165-2024-129-AL Departamento: La Paz En revisión de la Resolución 04/2024 de 15 de mayo, cursante de fs. 38 a 43, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Inti Peredo Choque en representación sin mandato de Ramiro Hernández Calumani y Ángel Hernández Calumani contra Ángel René Mendoza Montecinos, Juez; Norah Mamani Mamani, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; y, Sergio Sillerico Blatnik, Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz.
Los accionantes, a través de su representante sin mandato, mediante memorial presentado el 15 de mayo de 2024, denunciaron la lesión de su derecho a la libertad, así como los principios de inmediatez y celeridad; habida cuenta que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de robo agravado, homicidio en grado de tentativa y asociación delictuosa, el 10 de mayo de 2024 se celebró audiencia de cesación de la detención preventiva y se emitió la Resolución 184/2024 de 10 de mayo, que dispuso la cesación de sus detenciones preventivas, condicionada al cumplimiento de ciertas medidas impuestas; asimismo, concluida la audiencia, su abogado intentó comunicarse con la Secretaria codemandada para conocer los requisitos y obtener los oficios necesarios para cumplir el arraigo y acreditar domicilio; sin embargo, esta le indicó que retornara en horas de la tarde, dilación que les impidió acudir oportunamente a Migración, considerando el tráfico de la ciudad. Asimismo, solicitaron al Juez demandado, una salida judicial para realizar los trámites correspondientes, petición que no fue gestionada ni analizada, pese a existir resolución de sobreseimiento, habiéndose registrado un retraso de aproximadamente noventa y seis horas desde la emisión de la decisión de cesación de la detención preventiva sin que se hubiera materializado su libertad. Respecto del Gobernador codemandado, alegaron que, una vez extendidos los mandamientos de libertad, correspondía disponer su libertad inmediata, sin nuevas exigencias o verificaciones que dilataran su salida del recinto penitenciario. Por lo expuesto, solicitaron que se conceda la tutela impetrada y que, el mismo día de la presentación de la acción de defensa, sean puestos en libertad. Ante ello, el Juez demandado, en audiencia de garantías, señaló que mediante Resolución 184/2024 de 10 de mayo, se dispuso la cesación de la detención preventiva de los accionantes, pero que la emisión de los mandamientos de libertad dependía de la verificación previa del cumplimiento de las medidas impuestas. Además, con posterioridad a la interposición de la acción tutelar, los accionantes presentaron memorial adjuntando los arraigos, acreditando recién el cumplimiento de las medidas cautelares; por lo que ese mismo 15 de mayo de 2024 se libraron los correspondientes mandamientos de libertad. A su vez, Norah Mamani Mamani, Secretaria codemandada, en audiencia de garantías, manifestó que, después de celebrada la audiencia de cesación a la detención preventiva, el abogado de los accionantes se apersonó al Despacho judicial, oportunidad en la que se le solicitó fotocopias de las cédulas de identidad y documentación relativa al domicilio habitual, pidiéndole que retorne en horas de la tarde debido a la existencia de otras audiencias. Añadió que luego, el pasante llamó al referido abogado para la entrega de los mandamientos de arraigo. A su turno, Sergio Sillerico Blatnik, Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, en audiencia de garantías, informó que, revisados los expedientes personales y el libro de recepción de documentos, hasta el 13 de mayo de 2024 no cursaba notificación con mandamientos de libertad u otra disposición judicial a nombre de los accionantes; por lo que consideró inexistente cualquier omisión atribuible a su autoridad. El Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, denegó la tutela solicitada al no haberse evidenciado la dilación alegada. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.
En cuanto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, ampliando la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad identificando, además al efectuada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación al hábeas corpus: “1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad”; entendida esta última como el mecanismo idóneo cuando se busca: “…acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del calor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos” (SCP 0011/2014 de 3 de enero [el resaltado es nuestro]).
Sobre el cumplimiento de las medidas cautelares y la correspondiente emisión de mandamiento de libertad, la SCP 0745/2013 de 7 de junio, estableció lo siguiente: “…cuando se trata de un fallo que determina la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; el único requisito exigible para materializar la libertad del imputado, será el cumplimiento de las últimas medidas impuestas, claro está que se deben discriminar dos tiempos procesales en su consecución; de un lado, las exigencias establecidas para ser acatadas antes de otorgarse la libertad, entre ellas, las fianzas, los arraigos y garantías reales o personales; y de otro lado, están las posteriores, como ser, presentaciones periódicas ante ciertas autoridades o instancias, prohibición de concurrir a ciertos lugares y frecuentar a determinadas personas o sujetos procesales. Entonces, es lógico suponer que la exigencia de cumplimiento previo de las medidas sustitutivas debe estar referida a las que son materialmente posibles de realizarse antes de la obtención de la libertad. La jurisprudencia constitucional refiriéndose a la efectividad de la libertad después de la aplicación de medidas cautelares sustitutivas a la detención preventiva, a través de la SC 0473/2004-R de 30 de marzo, señaló: ‘…lo establecido en el art. 245, en sentido de que la libertad sólo se hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza, sólo puede ser aplicado a los supuestos en que el imputado hubiera estado detenido preventivamente en virtud a una resolución judicial debidamente fundamentada, y en forma posterior se le concede la cesación de su detención, sustituyéndola con una fianza real, por presentarse alguno de los casos establecidos en el art. 239 del CPP. Cuando no se reúnen estos supuestos, se ha determinado que lo que corresponde a la autoridad judicial es ordenar la libertad de quien se encuentra aprehendido por orden fiscal y concederle un plazo razonable para el cumplimiento de las medidas sustitutivas a la detención preventiva que le fueron impuestas…’. En el mismo sentido, las SSCC 0318/2003-R, 0679/2003-R y 1085/2003-R. En ese mismo orden, las SSCC 0550/2010-R y 1242/2010-R, entre otras, recogiendo el razonamiento de la SC 1447/2004-R de 6 de septiembre, determinaron: ‘…para otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación de la detención preventiva sólo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se hubieren aplicado, pues esa es la única condición que ha previsto el legislador, lo que implica que no puede exigirse el cumplimiento de otras condiciones, requisitos o realización de diligencias, como condición previa a viabilizar la libertad de los imputados beneficiados con la cesación de la detención preventiva’’”.
La jurisdicción constitucional se ha pronunciado respecto la actuación de las autoridades encargadas de los centros penitenciarios, ante los mandamientos de libertad librados en favor de los internos, que se benefician con su liberación, previa verificación de la existencia de otros mandamientos contra el imputado. Así, entre otras, la SCP 0798/2018-S2 de 3 de diciembre, señaló:“…el Tribunal Constitucional Plurinacional, en su uniforme línea jurisprudencial sobre la inmediata ejecución del mandamiento de libertad y el deber jurídico de los encargados o directores de las cárceles o centros penitenciarios, precisó en las SSCC 0323/2003-R de 17 de marzo y 0192/2004-R de 9 de febrero, entre otras, que una vez cumplida la condena, concedida la libertad condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno; resaltando que la autoridad encargada de recintos penitenciarios, debe tomar las debidas previsiones para evitar que alguien pueda ser puesto en libertad, teniendo otros mandamientos pendientes o que el mandamiento de libertad pueda contener alguna falsedad material o ideológica; comprobación y consulta que deben realizarse inmediatamente de recibido el mismo. En ese sentido, la SC 0442/2007-R de 4 de junio, enfatizó el deber que tienen los encargados de las prisiones, de disponer la libertad inmediata del detenido frente a un mandamiento de libertad, que emana de autoridad competente; y si bien, previo a ello, de manera inmediata, debe verificar la existencia o no de otros mandamientos contra el imputado, así como determinar si el mandamiento de libertad presentado es auténtico, esto no implica, que deba existir una dilación injustificada en su ejecución. Esta verificación de medidas de seguridad, debe responder a una eficaz y eficiente labor de coordinación entre el órgano jurisdiccional que emitió dicha orden y el centro penitenciario a cargo de su ejecución -SCP 0381/2015-S3 de 8 de abril-” (las negrillas fueron añadidas).
En el caso que se revisa, los accionantes cuestionan la supuesta demora en la materialización de su libertad después de que, mediante Resolución 184/2024 de 10 de mayo, se dispuso la cesación de sus detenciones preventivas. La controversia exige establecer si la demora denunciada fue atribuible al Juez, a la Secretaria o al Gobernador demandados, o si respondió a la falta de cumplimiento oportuno de las condiciones previas impuestas para ejecutar la cesación.
Conforme a la jurisprudencia constitucional contenida en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, la cesación de la detención preventiva no produce automáticamente la salida del recinto penitenciario cuando la propia resolución impone medidas que deben ser cumplidas o verificadas previamente. En tal supuesto, la autoridad judicial debe librar el mandamiento de libertad una vez acreditado el cumplimiento de esas condiciones, sin exigir requisitos adicionales ni incurrir en demoras injustificadas. En el presente caso, el Juez demandado informó que los accionantes presentaron el memorial adjuntando los arraigos y acreditando el cumplimiento efectivo de las medidas cautelares recién el 15 de mayo de 2024, con posterioridad a la interposición de la acción de libertad. También señaló que ese mismo día se libraron los mandamientos de libertad. Estos extremos no fueron desvirtuados por la parte accionante. Por ello, no se evidencia que el Juez demandado hubiera omitido librar los mandamientos de libertad pese a encontrarse cumplidas las medidas previas. Al contrario, de los antecedentes expuestos se advierte que la emisión de dichos mandamientos se produjo el mismo día en que se acreditó el cumplimiento de las condiciones impuestas, lo que descarta la existencia de una dilación indebida atribuible a esa autoridad. Respecto de la Secretaria codemandada, la denuncia se circunscribe a que hubiese pedido al abogado de los accionantes retornar en horas de la tarde para la entrega de los oficios o mandamientos de arraigo. Sin embargo, de su informe se tiene que solicitó documentación necesaria para su elaboración y que el personal del Juzgado comunicó al abogado para la entrega correspondiente. No se acreditó que dicha actuación hubiera impedido materialmente el cumplimiento del arraigo ni que, por causa atribuible únicamente a la funcionaria, los accionantes no hubieran podido presentar oportunamente la documentación exigida por la Resolución 184/2024 de 10 de mayo, menos aún, cuando la libertad dependía de la acreditación de varias medidas previas y no únicamente de la emisión de un oficio. En cuanto al Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, se advierte que, hasta la presentación de la acción de libertad, no fue notificado con mandamiento de libertad alguno a favor de los accionantes. En consecuencia, no existía una orden judicial pendiente de ejecución cuya omisión pueda atribuírsele. La alegación referida a que eventualmente podría realizar verificaciones antes de disponer la salida no constituye un acto actual, cierto y lesivo del derecho a la libertad. Así, si bien la acción de libertad de pronto despacho protege frente a demoras en trámites vinculados con la libertad, en el presente caso no se acreditó que los demandados hubieran retardado injustificadamente la emisión o ejecución de los mandamientos de libertad. La demora denunciada estuvo relacionada con el cumplimiento y acreditación de las medidas previas impuestas para hacer efectiva la cesación de la detención preventiva.
Por consiguiente, corresponde denegar la tutela solicitada, sin que ello implique desconocer que, una vez emitidos y notificados los mandamientos de libertad, las autoridades judiciales y penitenciarias se encuentran obligadas a ejecutarlos con la máxima celeridad y sin requisitos ajenos a la resolución que dispuso la cesación. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2024 de 15 de mayo, cursante de fs. 38 a 43, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1222_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 966b787cc0a3f2e20f68f8173ef39ac2d4e5bed4291dbb7df567812a0dc3329b
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →